Bogotá, 13 de mayo de 2019 – Las autoridades colombianas deben realizar una investigación exhaustiva y celera sobre el asesinato del documentalista Mauricio Lezama Rengifo y asegurar que los responsables sean enjuiciados, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 9 de mayo, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta asesinaron a tiros a Lezama en la localidad de La Esmeralda, una zona del departamento de Arauca plagada por la violencia y cercana a la frontera con Venezuela, mientras el cineasta realizaba entrevistas, según informaciones de prensa.
En el ataque, una bala rozó al camarógrafo Ricardo Llaín, quien fue trasladado a un hospital del cual fue dado de alta posteriormente, según esas informaciones.
“El asesinato de Mauricio Lezama Rengifo es el último y más alarmante incidente de una ola de amenazas y violencia contra los que informan cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades colombianas deben investigar a fondo el asesinato de Lezama y garantizar que los periodistas puedan ejercer la profesión de manera segura en esta tensa región”.
Lezama realizaba un trabajo audiovisual sobre Mayo Villarreal, una activista política y enfermera de la región que trataba a las víctimas durante el prolongado conflicto armado colombiano, según el periódico de Arauca El Mirador. Lezama también era consejero departamental de cine de Arauca, según el periódico.
En un video publicado por Twitter, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, atribuyó el asesinato a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Luego de sostener una lucha armada por varias décadas, las FARC acordaron entregar las armas de conformidad con un acuerdo de paz de 2016, pero desde entonces varios miles de excombatientes se han rearmado y se estima que 1700 están presentes en Arauca, según informaciones de prensa.
Alvarado declaró a los reporteros que las FARC podían haber creído que Lezama era un informante del Gobierno, según esas versiones periodísticas.
El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, condenó el ataque por Twitter y expresó que se habían enviado a la zona tropas adicionales así como investigadores de la Fiscalía General de la Nación.
El CPJ envió un correo electrónico a la sede de la Fiscalía General en Arauca para solicitar una declaración sobre el caso, pero no recibió inmediatamente una respuesta.
Durante mucho tiempo Arauca ha sido una zona peligrosa para el ejercicio del periodismo debido a la presencia de grupos guerrilleros y de narcotraficantes, según datos del CPJ. Daniel Martínez, corresponsal en Arauca de la cadena colombiana RCN Televisión, declaró al CPJ que había huido de la región el 1 de mayo luego de recibir una amenaza de muerte del Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero colombiano.