Cubrir corrupción en México implica vivir con la impunidad
Por Adela Navarro Bello
Es un sentimiento de frustración que acompaña con frecuencia. Leer noticias en México hoy día equivale a adentrarse en dos temas y nada más. Corrupción e impunidad. En uno de esos dos escenarios está el origen de cualquier reportaje, revelación o nota. Peor aún ejercer el periodismo significa hacerlo en un clima de corrupción e impunidad. Es decir, lo que lees es lo que es. Es la forma y el fondo de este país.
A un periodista le pueden arrebatar la tranquilidad y, en el peor de los casos, la vida, por investigar la corrupción y publicar la impunidad. Y lo más seguro es que tras su asesinato, encuentre en el destino de un expediente ministerial inacabado, precisamente, corrupción e impunidad.
No es un juego de palabras, ni un galimatías, es la triste y fatal realidad de México producto de la ausencia de un estado de derecho. En México no hay justicia.
En diez años, de 2006 a 2016, 21 periodistas fueron asesinados por ejercer la libre expresión con total impunidad, ubicando a México sexto en Índice Global de Impunidad que se centra en los países donde asesinan a periodistas y los responsables de tales crímenes continúan impunes. El sistema parece estar corrompido de fondo, es eso o simplemente que arrastra una incapacidad sistemática en la procuración de justicia.
Ejercer el periodismo en México significa aprender a vivir con la impunidad. Con la que se investiga y se reporta, y con la que se padece en carne propia. El mensajero termina siendo víctima de su oficio a manos de impunes gobernantes, comandantes de la policía, criminales comunes y narcotraficantes. No hay castigo para ninguno de ellos.
El periódico Zeta, a 36 años de fundación, ha acumulado décadas de impunidad y corrupción. Durante 29 años la Procuraduría de Justicia de Baja California no ha podido indagar lo suficiente para probar quién fue el asesino intelectual del periodista Héctor Félix Miranda. En 20 años, en la Procuraduría General de la Republica no han sido capaces de procesar y sentenciar a uno solo de los 10 asesinos materiales que pretendieron acabar con la vida de Jesús Blancornelas o enjuiciado a quienes ordenaron matarle. Mientras han transcurrido 13 años desde el asesinato del editor Francisco Javier Ortiz Franco, tiempo en el cual ninguno de sus asesinos, materiales o intelectuales, han sido ya no digamos juzgados, ni siquiera identificados.
Como expresé durante el discurso de aceptación del Premio Internacional a la Libertad de Prensa del CPJ en 2007, “continuaremos haciendo nuestro trabajo, investigando y buscando la verdad. Tampoco somos suicidas. Somos profesionales que queremos responder a las necesidad de una sociedad informada”.
En una época donde la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en prioridad global, el atraso en este país permite la gestación de gobernadores intocables, de acaudalados policías convertidos en verdugos de la verdad, de mercenarios al servicio del narcotráfico que compran protección.
Hacer periodismo de investigación en temas de corrupción en las corporaciones policíacas es enfrentarse a la amenaza cuando la autocensura no tiene cabida. Esto es lo que vivimos todos los días, reporteros de pueblos o de grandes ciudades.
Hacer en los estados resulta más peligroso. Alejados del centro del País, del presidencialismo, en las localidades está enraizada la corrupción que provee impunidad oculta en una provincia. Ahí empieza. Aparatos locales con funcionarios que se cubren unos a otros han de sepultar la justicia, ante una federación incapaz de hacer valer el Artículo 7 de la Constitución Mexicana: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.
La Presidencia de Enrique Peña Nieto, como lo fue la de Felipe Calderón Hinojosa, (y habrán de notar que no es una cuestión de partidos sino de voluntades), no ha tenido ni el compromiso, ni la capacidad, ni la autoridad, para hacer valer la ley y encontrar, investigar y procesar, a los asesinos de periodistas. En pocas ocasiones ejerce la facultad de atracción para que las investigaciones de crímenes contra la libertad de expresión se investiguen en el fuero federal y no en el local. Aunque en ninguno de los dos fueros esté asegurada la justicia, la insensibilidad federal es notoria al acumular expedientes a lo largo y ancho del país, sobre periodistas asesinados.
Los periodistas en México han de sufrir la ausencia del Estado. Ignorados sus casos, minimizada su labor, solos han de enfrentar las embestidas de los corruptos y los impunes. El periodista se aleja de su vida familiar, de su vida pública, en tanto que tiene que cuidar la propia.
Contra esta falta de voluntad y, en algunas regiones, una corrupción arraigada, los mecanismos de protección ofrecidos a la prensa –un chaleco antibalas, un casco, un botón de pánico, dos escoltas de la Policía Federal–, no significan nada.
Los periodistas están atrapados en el binomio insano de la corrupción y la impunidad, provocado por uno aún más fatal: la unión de Gobierno y crimen organizado contra la prensa libre, contra la verdad revelada en una investigación, contra el reportaje y la crítica.
Para ejercer el periodismo de investigación en México hacen falta más que contactos, redes, capacidad, preparación, talento y un medio libre, conocimientos de seguridad, de leyes y procesos judiciales, tener algo de activismo y estar dispuesto a morir de distintas formas por el oficio.
En el camino del ejercicio de la libertad de expresión hemos de aprender a vivir con la impunidad, a ser testigos de la injusticia. A recurrir al activismo de los organismos de protección y defensa de los periodistas en un intento externo porque la voz que no se escucha en el País, se advierta desde el extranjero: Queremos justicia para nuestros muertos para que los homicidas de Félix Miranda, Ortiz Franco y del resto de los periodistas asesinados en México, sean procesados y sentenciados. Que los crímenes contra la libertad de expresión, un derecho inalienable, no queden en la impunidad y trágicamente en el olvido.