La lucha contra la impunidad debe ser prioridad para el gobierno mexicano
La violencia vinculada con el narcotráfico y el crimen organizado ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desde 2010, el CPJ ha documentado más de 50 casos de periodistas y trabajadores de medios asesinados o desaparecidos. En prácticamente todos los casos de periodistas asesinados en represalia directa por su labor informativa, la justicia sigue ausente y la impunidad continúa siendo la norma.
El puntaje de impunidad de México ha aumentado en más del doble desde 2008, cuando el CPJ divulgó la primera edición del índice de impunidad. Pero pese a condenar públicamente la violencia contra la prensa, el presidente Peña Nieto, cuyo mandato concluirá en poco más de un año, ha hecho poco para asegurar que su legado incluya erradicar este problema endémico.
Durante más de una década, las campañas del CPJ y sus contactos con el Gobierno federal mexicano durante los sucesivos mandatos de los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, han llevado a la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), al establecimiento de un mecanismo de protección federal dirigido a periodistas y defensores de los derechos humanos amenazados, y a la promulgación de una enmienda constitucional en 2013 que amplió el ámbito de competencia de las autoridades federales para ejercer la acción penal en casos de delitos contra la libertad de expresión.
Sin embargo, las condenas en los casos de asesinato de periodistas son inusuales y cuando se dictan –como en el caso de un exjefe de la policía sentenciado en marzo a una pena de cárcel de 30 años por asesinar al periodista Marcos Hernández Bautista, del estado de Oaxaca, cuyo caso se analiza en este informe– con frecuencia se limitan al autor material, y las autoridades no logran determinar el motivo del crimen.
Al no determinar un vínculo claro con la actividad periodística ni proporcionar ningún motivo de los asesinatos, la mayoría de las investigaciones continúan rodeadas de opacidad. Esta ausencia de rendición de cuentas perpetúa un clima de impunidad que deja a los periodistas en una situación de vulnerabilidad ante los ataques.
Las investigaciones del CPJ para este informe sobre los asesinatos de tres periodistas, entre ellos Hernández, resalta las fallas de un sistema judicial que al mismo tiempo es disfuncional y está abrumado. Pero también demuestra que se necesita una firme voluntad política de parte del Gobierno federal para convertir la impunidad en una tarea prioritaria en los casos de ataques contra la prensa y para garantizar la seguridad de los periodistas.
Dos de los casos, el de Gregorio Jiménez de la Cruz y el de José Moisés Sánchez Cerezo, ocurrieron en el estado de Veracruz, una de las regiones más mortales del mundo para el ejercicio del periodismo. Entre 2010 y 2016 –durante el mandato del exgobernador Javier Duarte de Ochoa– por lo menos seis periodistas de Veracruz fueron asesinados en represalia directa por su labor informativa, mientras que otros tres desaparecieron. El CPJ investiga otros 11 casos para determinar si los periodistas fueron asesinados por su trabajo periodístico. Ya en lo que va de año, un periodista ha sido asesinado a balazos y un editor ha sido herido de gravedad en Veracruz. El CPJ investiga para determinar si ambos ataques estuvieron vinculados con el ejercicio de la profesión.
Duarte renunció al cargo de gobernador 48 días antes del término de su mandato, en octubre de 2016, en medio de denuncias de malversación y vínculos con carteles del narcotráfico, según despachos de prensa. El gobernador, quien según los críticos contribuyó a un clima de impunidad que permitió la proliferación de los asesinatos, negó las acusaciones pero desapareció antes de que las autoridades pudieran investigarlo. Al 17 de abril, Duarte estaba aguardando ser extraditado a México luego de ser arrestado en Guatemala en una operación conjunta entre Interpol y la policía guatemalteca que utilizó inteligencia facilitada por las autoridades mexicanas, según informes de prensa.
Justicia denegada
Las fallas estructurales del sistema penal mexicano implican que se pueda identificar, arrestar o hasta condenar a los sospechosos, pero las investigaciones no se pueden resolver a plenitud y los motivos no se determinan completamente. Los casos abarcados en este informe muestran no solamente la violencia y las amenazas que enfrentan los medios mexicanos, sino también los efectos que los retrasos y las ineficiencias presentes en los mecanismos creados para proteger a los periodistas y luchar contra la impunidad, tienen sobre la justicia. Por ejemplo, en el caso de Sánchez la policía identificó al autor intelectual del crimen –el alcalde de una localidad– pero los retrasos burocráticos le permitieron evadir la justicia. El caso de Jiménez es un ejemplo de cómo las autoridades de Veracruz sistemáticamente se niegan a reconocer la relación entre el trabajo periodístico de una víctima y su asesinato, y tratan de presentarlo como un delito común.
Los Gobiernos mexicanos, desde los expresidentes Fox y Calderón hasta el presidente Peña Nieto, han reconocido públicamente que la violencia contra la prensa es una problemática de preocupación nacional e internacional. Los tres condenaron los asesinatos y la impunidad. Pero hasta ahora, sus intentos por enfrentar la problemática han sido insuficientes, y la lucha por lograr justicia ha fracasado rotundamente.
Pese a que Peña Nieto ha promulgado las disposiciones legales complementarias para poner en práctica la enmienda constitucional que les otorga facultades adicionales a las autoridades para ejercer la acción penal en casos de delitos contra la libertad de expresión, el nivel de violencia sigue siendo alto. La ausencia de condenas en los delitos contra la prensa le impide a la ciudadanía, entre ellos los periodistas, el pleno ejercicio de la libertad de expresión, garantizado en los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Muchos periodistas sostienen que los mecanismos establecidos para enfrentar la impunidad y la violencia son insuficientes. La FEADLE es objeto de críticas, pues ha obtenido justicia solamente en tres casos. Y, aunque el mecanismo de protección está concebido para responder en menos de tres horas del recibo de un aviso de amenaza seria, los periodistas que lo utilizan han declarado al CPJ que las medidas de emergencia son insuficientes. Las evaluaciones de riesgo, que se realizan en Ciudad de México, carecen de la experticia de especialistas regionales que puedan asesorar sobre las necesidades específicas de la localidad donde se encuentra el periodista, y los periodistas están reacios a confiarles a las autoridades su integridad física.
A Peña Nieto y su Gobierno se les está acabando el tiempo para resolver estos problemas. Su gestión se ha visto plagada por escándalos de corrupción y un deficiente historial en materia de derechos humanos, que incluye la incapacidad de resolver la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014. Sin embargo, si la justicia no prevalece antes del término de su mandato, Peña Nieto corre el riesgo de dejar un legado de impunidad endémica.
Violencia localizada
Otro factor destacado por este informe es cómo el clima de violencia hace que sea peligroso para los periodistas locales investigar los asesinatos de sus colegas. Al igual que en otros países peligrosos, los periodistas mexicanos están en la línea de batalla de la violencia y generalmente no pueden realizar investigaciones a fondo sin exponerse a graves riesgos para su integridad física. Los datos del CPJ sobre periodistas asesinados en todo el mundo desde 1992, muestran que en casi 9 de cada 10 casos las víctimas ofrecían cobertura noticiosa sobre acontecimientos de sus regiones de origen.
Cuando el CPJ viajó a Veracruz y a Oaxaca en enero, se apoyó en periodistas locales para la realización de entrevistas y para las reuniones con periodistas, organizaciones de prensa, familiares de los periodistas asesinados y funcionarios. Miguel Ángel Díaz, director editorial de Plumas Libres de Xalapa, Veracruz, y Pedro Matías, corresponsal de Oaxaca del semanario noticioso Proceso y del sitio web Página 3, contribuyeron en gran medida a las investigaciones y facilitaron apoyo logístico crucial. Al mismo tiempo, colaborar estrechamente con el CPJ debe contribuir a proporcionarles a estos periodistas locales cierto grado de seguridad al informar sobre los casos de colegas asesinados.
Romper el ciclo de impunidad en los delitos contra la prensa es el principal desafío que enfrenta el Gobierno federal para restablecer la confianza en el sistema judicial. Las reformas para corregir las deficiencias de un sistema que les otorga impunidad a los asesinos de periodistas son vitales, pero cualquier cambio será imposible sin la plena voluntad política del actual Gobierno. La creación de nuevos organismos del Ministerio Público, la implementación de mecanismos de protección, y la promulgación de reformas legales tienen como limitación la ausencia de firme voluntad política para asegurar que estas medidas tengan éxito. Si el Gobierno mexicano está comprometido seriamente a enfrentar la impunidad, resolver estos delitos y asegurar la seguridad y la protección de los periodistas debe convertirse en una tarea prioritaria en la agenda nacional de Peña Nieto.