Gregorio Jiménez de la Cruz: Silenciado por un acto de barbarie
Gregorio Jiménez de la Cruz no era un periodista que buscara el peligro. Pero vivir y trabajar en un pequeño pueblo del estado de Veracruz –región asolada por las guerras entre bandas criminales, la trata de personas y la lucrativa actividad del secuestro a cambio de rescate– significaba que cubría noticias que podían ponerlo en peligro.
Su condición de único periodista de Villa Allende, cercana a la ciudad de Coatzacoalcos, también le dejaba poco espacio para ocultarse, aun cuando Jiménez firmaba los artículos con otro nombre para distanciarse de sus trabajos más críticos.
La policía no ha determinado el motivo definitivo del secuestro del periodista, ocurrido el 5 de febrero de 2014, y de su posterior asesinato, pero la crueldad con que trataron su cuerpo, que fue encontrado decapitado y con la lengua cortada, dejó poca duda entre sus colegas y amigos de que se trataba de una tentativa directa de silenciar al periodista.
Aunque el caso ha llevado al arresto de cinco presuntos sicarios y de la supuesta autora intelectual del crimen –algo inusual en los casos de asesinato de periodistas en México– la investigación ha distado mucho de ser perfecta y no se han logrado condenas. El CPJ no tuvo acceso al expediente del caso, pero una misión de investigación compuesta por periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa halló que las autoridades no habían investigado plenamente otras pistas y posibles sospechosos, y que habían tratado de desvincular el asesinato del trabajo periodístico de la víctima.
Los familiares del periodista viven con una guardia policial permanente y afirman que les han advertido que la presunta autora intelectual del crimen dice que planea vengarse.
Informar sobre los delitos por necesidad, no por elección
Incluso en invierno, el clima húmedo de Coatzacoalcos puede castigar a las personas acostumbradas al templado clima de Ciudad de México y de la capital estatal, Xalapa. Los representantes del CPJ se demoraron cuatro horas en llegar a la segunda ciudad portuaria en importancia del estado de Veracruz, luego de viajar por llanos tropicales y pasar vastas extensiones de cultivos y tierras agrícolas.
Coatzacoalcos se encuentra en la desembocadura del río del mismo nombre. La ciudad es dura, está abarrotada de personas y es ruidosa, y tiene pocos lugares de interés que ofrecer. Su ancha y profunda vía navegable alberga uno de los puertos de mayor movimiento de México y la zona periférica contiene enormes plantas petroquímicas y es un importante eje de la industria petrolera nacional.
La vivienda de la familia Jiménez en Villa Allende se encuentra al cruzar el río, en una colonia de clase trabajadora que nunca se ha incorporado formalmente a la ciudad.
“Es una de las razones por las cuales no habíamos instalado cámaras de seguridad luego de la muerte de Goyo”, expresó Carmela Hernández, de 37 años de edad y viuda del periodista, refiriéndose a Jiménez por su apodo. “Las autoridades nos dijeron que necesitábamos tener un medidor eléctrico, pero no tenemos uno. Apenas recibimos electricidad de manera intermitente mediante un cable conectado a unas cuadras de aquí”.
Carmela Hernández vive en la casa con tres de los cuatro hijos de la pareja, con una nuera, un yerno que también es periodista, y un agente de la policía estatal armado que permanentemente protege la vivienda. Un retrato del esposo todavía cuelga en la puerta del cuarto que ella comparte con las hijas. Otro retrato, de ella y Jiménez cuando eran una joven pareja, yacía en una de las camas.
“Esta casa era el trabajo de la vida de Goyo”, agregó señalando con un gesto a la sala. “Cuando no estaba allá afuera buscando noticias, estaba trabajando aquí, ya fuera con los deberes escolares de los hijos o en la casa. Le gustaba trabajar, casi nunca cogía un día de descanso”.
Pero Jiménez, quien también tenía tres hijos de una relación anterior, nunca verá en lo que se ha convertido su vivienda. La nueva capa de pintura en las paredes y las láminas corrugadas que cubren una espaciosa sala construida en lo que era un patio, fueron añadidas luego de que el periodista, quien tenía 43 años de edad, fuera secuestrado de la casa.
Los arreglos fueron un gesto de Joaquín Caballero Rosiñol, alcalde de Coatzacoalcos, a raíz de que el asesinato de Jiménez provocara la indignación de los periodistas del estado en torno a lo que se ha convertido en uno de los asesinatos de periodistas más notorios del estado de Veracruz de que se tenga memoria. La irritación por lo que, según muchos, se trató de una investigación deficiente, llevó a un grupo de 16 periodistas y varios miembros de organizaciones defensoras de la libertad de prensa a viajar a la región en febrero de 2014 para investigar el asesinato. El grupo, conocido como la Misión de Observación, publicó un informe crítico sobre la base de sus hallazgos el 19 de marzo de 2014.
La investigación oficial ha recibido críticas por su indefinición, pero los detalles del secuestro y brutal asesinato de Jiménez son de amplio conocimiento. Cerca de las 7 a.m. del 5 de febrero de 2014, Jiménez regresó a casa luego de dejar a los hijos en la escuela. Luego de que Jiménez entrara a la casa en compañía de sus dos otras hijas, un SUV gris se estacionó afuera de la casa y cinco sujetos enmascarados, armados con pistolas y cuchillos, irrumpieron a la fuerza, les apuntaron las armas a las hijas de Jiménez y le sacaron un cuchillo y una pistola a Jiménez.
Una de las hijas del periodista, Flor, quien presenció el secuestro, declaró al CPJ que los secuestradores se llevaron el radioteléfono de su padre e intentaron llevarse su cámara, pero Jiménez logró arrojarla lejos. Entonces lo sacaron arrastrado de la casa, lo metieron a empujones en el SUV y se alejaron, expresó.
Seis días después, el 11 de febrero, las autoridades encontraron el cadáver de Jiménez cerca de Las Choapas, un pueblo situado unos 55 kilómetros al sureste de Villa Allende. Estaba enterrado en una fosa poco profunda junto a otros dos cadáveres: el de Ernesto Ruiz Guillén, líder sindical local sobre cuyo secuestro Jiménez había informado el mes anterior, cuando había criticado la investigación policial; y el de un taxista cuya identidad no se había dado a conocer en los informes. Jiménez había sido decapitado, según declaraciones del entonces Procurador General de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo. Los informes de prensa agregaron que al periodista le habían cortado la lengua.
“El hecho de que le cortaran la lengua era significativo, era simbólico”, declaró Sayda Chiñas, quien era la editora de Jiménez en Notisur. “Era una manera de mostrar que lo habían silenciado”.
Los periodistas entrevistados por el CPJ sostuvieron que Jiménez era conocido en Coatzacoalcos por ser el único reportero radicado en “el otro lado”, frase que los periodistas de la ciudad suelen emplear para referirse a Villa Allende. Antes de que Jiménez se convirtiera en periodista, él y su esposa eran fotógrafos profesionales que cubrían actividades sociales y escuelas.
Jiménez tenía que trabajar duro porque ganaba poco dinero como periodista. Había comenzado a ejercer la profesión dos años antes de su muerte, desempeñándose como colaborador freelance de los periódicos locales Liberal del Sur, La Red y Notisur, este último el periódico más leído de Villa Allende.
“El periódico le pagaba muy poco dinero. Él ganaba 20 pesos (USD 1.00) por noticia, si la noticia era publicada”, señaló Chiñas. Como su trabajo de periodista no le bastaba para mantener a su familia, él y Carmela Hernández continuaron el trabajo de fotógrafos. Mientras Jiménez recorría las calles en busca de noticias, su esposa tomaba fotografías de bodas y otras actividades, indicó.
Jiménez no era dado a correr riesgos como periodista, expresó Chiñas, quien lo describió como “temeroso”. Su viuda lo confirmó, diciendo: “Él nunca salía a buscar problemas, y nunca se metió en problemas con nadie. Era una persona afable”.
Pero para un periodista que cubre una región donde abunda la violencia y el crimen organizado, y con su singular condición de ser el único periodista radicado en Villa de Allende, no tenía otra opción que cubrir estos temas, expresaron Chiñas y Carmela Hernández. Villa Allende es una pequeña comunidad y, en los años anteriores al asesinato del periodista, la violencia estaba en auge y el crimen organizado era omnipresente, según informes de prensa, sus familiares y periodistas locales entrevistados por el CPJ.
“Había muchos secuestros y muchas balaceras aquí”, indicó Carmela Hernández. “Él salía a cubrirlos. Nunca le pregunté en lo que estaba trabajando porque, honestamente, me asustaba”.
Además de las prolongadas guerras entre carteles del narcotráfico rivales por conseguir la supremacía en la región de Coatzacoalcos, la zona es un objetivo de los traficantes de personas, quienes se aprovechan de los inmigrantes indocumentados que utilizan el ferrocarril que atraviesa el estado, para intentar llegar a Estados Unidos, según versiones periodísticas.
En el sur de Veracruz, Los Zetas comenzaron a dominar lucrativas rutas del narcotráfico y el contrabando de personas y se especializaron en la extorsión de comerciantes y en los secuestros. La industria petroquímica de Coatzacoalcos les proporciona una continua fuente de ingresos a los secuestradores. “Es fácil para los miembros de las bandas secuestrar a empleados de esas fábricas”, señaló Chiñas. “Los empleados de Pemex a menudo son el blanco. Las bandas los secuestran por un breve período, las familias pagan un rescate y las bandas los dejan ir”. Solamente en los primeros dos meses de 2017, tres empleados de Pemex habían sido secuestrados, según informes periodísticos.
Jiménez informó sobre esos delitos, aunque familiares y colegas admitieron que frecuentemente decía que temía las consecuencias. Cuando una noticia era particularmente “caliente”, llevaba simplemente la firma de “equipo editorial”. El periodista a veces utilizaba la firma El Pantera como un alias para protegerse, según informes de prensa. Pese a sus intentos por mitigar los riesgos de noticias especialmente peligrosas, su condición de ser el único periodista radicado en Villa Allende significaba que en general cualquiera sabía si Jiménez era el autor, expresó Chiñas.
Periodista amenazado
Ese fue el caso el 23 de octubre de 2013, cuando Liberal del Sur y Notisur publicaron un artículo de Jiménez sobre un apuñalamiento ocurrido no lejos de El Palmar, bar perteneciente a una mujer llamada Teresa de Jesús Hernández (sin ningún parentesco con la esposa de Jiménez). El artículo llevaba la firma de “equipo editorial”, pero, según Chiñas y la familia del periodista, Teresa Hernández supo de inmediato que Jiménez era el autor.
El artículo ya no se puede consultar en los sitios web de ninguno de los dos periódicos, pero contenía poco más que la descripción de una riña cerca del bar. Tanto Chiñas como la viuda de Jiménez afirmaron que Teresa Hernández se enojó por el artículo porque los vendedores de periódicos habían exagerado el titular y habían descrito a la riña como que había ocurrido en un “bar de mala muerte”. “Los habitantes locales sabían que era un lugar donde los miembros del crimen organizado se reunían y hablaban de sus actividades”, indicó Chiñas.
Cuando el CPJ visitó Villa Allende en enero de 2017, el bar estaba cerrado y el CPJ no pudo ubicar a ninguna persona vinculada con el bar para solicitarle declaraciones.
“Si lees el artículo, en realidad no había nada especial en él. Goyo simplemente describió lo que había sucedido”, comentó la viuda de Jiménez. “Pero los vendedores de periódicos necesitan vender ejemplares, y por ello dijeron cosas que no eran necesariamente exactas”.
La viuda indicó que la propietaria del bar se había aparecido enojada y embriagada en la casa poco después de la publicación del artículo, y había amenazado al periodista, quien estaba en casa con una de sus hijas. Según versiones periodísticas, Teresa Hernández le espetó: “Tú, tú, me la debes, ¿recuerdas el artículo que escribiste sobre mí?”, relató la hija. Un artículo citó que la hija de Jiménez, Cindy, les había mencionado a las autoridades que Teresa Hernández le había dicho a Jiménez que “ella conocía a Los Zetas” y lo había amenazado con que haría que la banda lo matara. Los familiares de Jiménez le ratificaron al CPJ que la amenaza había ocurrido. Ellos también afirmaron que las relaciones entre el periodista y Hernández ya estaban tensas debido a una discordia personal entre las familias.
Si bien el informe de la Misión de Observación sostiene que las autoridades habían arrestado a las personas indicadas por el asesinato, las criticó por no haber investigado más a fondo las denuncias de la familia respecto a otras amenazas.
Por el asesinato de Jiménez, entre el 6 y el 12 de febrero la policía arrestó a Teresa Hernández y a otros cinco sospechosos presuntamente vinculados con Los Zetas. Uno de los sospechosos, José Luis Márquez Hernández –conocido como “El Pony”– (sin ningún parentesco conocido con la esposa del periodista ni con la propietaria del bar) confesó el secuestro del periodista y declaró que lo había matado a cambio del pago de 20,000 pesos (USD 1,000) entregado por Teresa Hernández, según el informe de 2014 de la Misión de Observación, que cita el expediente del caso. Todos los sospechosos han negado las acusaciones contra ellos.
La teoría de que Teresa Hernández tenía vínculos con el crimen organizado se fortaleció en marzo de 2015, un año luego de su arresto, cuando medios de prensa informaron sobre el asesinato de su yerno, Sergio Montalvo López. Los medios informaron que el agente policial, quien había sido asesinado a golpes y su cadáver hallado cerca de la ciudad de Córdoba en marzo de 2015, integraba un grupo criminal y que él había protegido a Teresa Hernández, quien utilizaba el bar para realizar actividades ilícitas.
De acuerdo con el informe de la Misión de Observación, no está claro que fue lo que condujo a la policía al cadáver del periodista. Los documentos del caso revisados por los miembros de la misión no especificaban si el interrogatorio de alguno de los sospechosos había conducido a las autoridades hasta el paradero del cadáver.
Investigación bajo escrutinio
En un país donde la impunidad es endémica y las autoridades raramente descubren a los autores intelectuales de los crímenes, las investigaciones transparentes y exhaustivas son una necesidad. Sin embargo, pese a los rápidos arrestos de los presuntos autores materiales y la presunta autora intelectual, la investigación ha sido deficiente, concluyó la Misión de Observación.
Algunos periodistas y la Misión de Observación declararon que la policía no había investigado lo suficiente las declaraciones de Carmela Hernández sobre una amenaza recibida por su esposo. La posibilidad de que la cobertura informativa general de Jiménez sobre el crimen organizado pudiera haber sido un motivo, tampoco había sido investigada a fondo.
Los periodistas de todo el estado, especialmente los de Coatzacoalcos, criticaron la reacción de las autoridades frente al asesinato. Muchos periodistas afirmaron que habían quedado consternados cuando Erick Lagos, el entonces secretario de Gobierno del estado, declaró al diario Milenio, el 11 de febrero de 2014, que Jiménez había sido asesinado por diferencias personales con Teresa Hernández. Gina Domínguez, vocera del entonces gobernador Duarte, había rectificado esa declaración al día siguiente, y había declarado a los medios que no se había descartado el trabajo periodístico de la víctima como un posible motivo del crimen.
La familia, los periodistas locales entrevistados por el CPJ y Laura Borbolla, entonces titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), sostuvieron todos que “sin duda” Jiménez había sido asesinado debido a su actividad periodística.
El Fiscal General del Estado, Amadeo Flores Espinosa, y Domínguez renunciaron al cargo el 19 y el 20 de febrero de 2014, respectivamente. Funcionarios estatales declararon a la prensa que las renuncias no estaban relacionadas con la polémica en torno a la renuencia de ellos a vincular el asesinato con la profesión de Jiménez.
En última instancia, la Misión de Observación acepta que la policía identificó a los verdaderos sospechosos que ejecutaron el asesinato, pero los hallazgos del informe indicaban que no estaba claro cómo las autoridades habían descubierto la identidad de los secuestradores de Jiménez. Además, cuestionaba la rapidez con la que los sospechosos aparentemente habían confesado. Uno de los sospechosos declaró ante un juez que los habían torturado para que confesaran el asesinato, según versiones periodísticas.
El CPJ se comunicó con la Fiscalía General de Justicia del Estado para obtener declaraciones, pero no ha recibido respuesta.
Chiñas comentó que comparte algunas de las dudas planteadas por la Misión de Observación. Ella dejó Notisur en 2015 y fue designada comisionada para Coatzalcoalcos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) en diciembre de 2016. Según ella, se necesita repetir la investigación. “Varias líneas de investigación deben explorarse más a fondo”, señaló.
Los familiares de la víctima indicaron que, pese a que los presuntos responsables estaban encarcelados, ellos no se sentían seguros. Luego del asesinato, la familia se reubicó a una casa de seguridad en Xalapa, pero regresó poco tiempo después. Ellos todavía viven cerca de la familia de Teresa Hernández y del bar que pudiera haber llevado al secuestro, la tortura y el asesinato de Jiménez.
Tres años después del asesinato, un agente armado de la policía estatal protege permanentemente la vivienda. No se trata de una medida de seguridad redundante: la viuda de Jiménez señaló que le habían dicho que Teresa Hernández buscaría vengarse al salir de la cárcel. La viuda no mencionó a la persona a quien Hernández presuntamente le comunicó eso. Teresa Hernández está acusada de ser la autora intelectual del secuestro y del asesinato y, de ser condenada, podría recibir una pena de hasta 30 años de cárcel. Ni ella ni los demás detenidos por cometer los delitos de secuestro y homicidio han sido condenados. En septiembre de 2015, un juez rechazó una apelación que pretendía exonerarlos de un proceso federal.
Perdidos en la burocracia
El 15 de febrero de 2014, el entonces Procurador General de Justicia del Estado, Amadeo Flores, declaró a organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa, entre ellas el CPJ, que se les otorgaría acceso al expediente del caso. El CPJ nunca llegó a ver los documentos del caso y el cargo de Fiscal General de Estado se ha visto afectado por una serie de renuncias. Las autoridades aludieron a cambios en el Gobierno como una razón para no hablar con el CPJ.
El sucesor de Amadeo Flores, Bravo, renunció en noviembre de 2016 y fue sustituido por Jorge Winckler Ortiz, quien no respondió a una solicitud para ofrecer declaraciones. Jaime Cisneros, el fiscal especial estatal para cuestiones de libertad de expresión, en un inicio aceptó conceder una entrevista al CPJ, pero posteriormente se negó, citando reglas del nuevo gobierno encabezado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que solamente le permitían declarar a la secretaría de Comunicación Social. El CPJ varias veces intentó comunicarse con la Fiscalía General por vía telefónica para obtener declaraciones, pero sus llamadas no recibieron respuesta.
La FEADLE declaró al CPJ que había realizado una investigación paralela en torno al asesinato, pero el caso en última instancia permanece bajo el control de las autoridades estatales de Veracruz. Ricardo Nájera Herrera, actual titular de la FEADLE, declaró en febrero que no objetaba los resultados de la investigación de las autoridades estatales de Veracruz.
La viuda y las hijas de Jiménez expresaron que están convencidas de que Teresa Hernández es la autora intelectual del asesinato y de que los demás detenidos son responsables de la ejecución del crimen. Carmela Hernández afirmó que, ahora, su principal esperanza es que los condenen.
“Hace varias semanas me dijeron que yo debía comparecer en el juzgado nuevamente para testificar”, declaró ella en enero. “Pero desde entonces no he escuchado nada. Honestamente, solamente quiero que esto termine”.
Su prioridad es sobrevivir sin disponer de los ingresos de su difunto esposo. Carmela Hernández continúa trabajando de fotógrafa, pero afirma que no gana suficiente dinero para pagar las cuentas y que no recibe ninguna ayuda financiera del Gobierno.
“La muerte de Goyo ha sido un gran golpe para la familia porque realmente no sabemos cómo salir adelante”, señaló. “Tendremos que encontrar la manera de sobrevivir”.