Por Jan-Albert Hootsen, corresponsal del CPJ en México
Sergio Aguayo, uno de los más destacados comentaristas políticos de México, afirmó que quedó sorprendido al escuchar que lo estaban demandando por causar “daños morales”. El demandante, Humberto Moreira, es un exgobernador que ha enfrentado acusaciones de que, durante su gestión, fue responsable del mal manejo de las finanzas del estado, estuvo implicado en manejos ilícitos y actos de corrupción, y estuvo vinculado con el crimen organizado. Moreira siempre ha negado las acusaciones contra su persona, tanto cuando ocupaba el cargo de gobernador como luego de que renunciara para convertirse en presidente del Partido Revolucionario Institucional.
El centro de la demanda, que fue presentada el 30 de junio, es una columna que Aguayo escribió para el diario Reforma el 20 de enero, en la cual describió a Moreira como “un político que despedía el tufo de la corrupción”. La columna fue publicada cinco días después del arresto de Moreira en Madrid por sospecha de lavado de dinero. El exgobernador negó la acusación y fue liberado por las autoridades españolas sin ser procesado, debido a la falta de pruebas.
En la demanda por daños morales, el exgobernador argumentó que Aguayo había atacado “su imagen, honor y vida privada” y “herido los sentimientos [de Moreira] y su reputación ante los demás”. Moreira solicitó que Aguayo pagara una indemnización de 10 millones de pesos (USD 535,000) por concepto de daños y perjuicios. La demanda no menciona a Reforma.
“Me desconcerté cuando me enteré por primera vez de la querella. Muchas personas y medios han publicado artículos acusatorios sobre Moreira. El mío fue publicado cinco meses antes de que él decidiera demandar”, declaró Aguayo, académico del Colegio de México. “Ello levanta interrogantes. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Cuando pienso en ello, la única diferencia real entre yo y otros críticos de Moreira es mi participación en la investigación de Allende”.
El caso Allende es una investigación que dirige Aguayo sobre el secuestro masivo y supuesto asesinato de 300 personas cometido en 2011 por una banda criminal en un pequeño pueblo del estado fronterizo de Coahuila, del cual Moreira fue gobernador. De ser probada, la presunta masacre podría ser una de las peores atrocidades cometidas durante la guerra antidrogas librada por el gobierno mexicano. Una asociación de víctimas ha acusado a funcionarios, entre ellos Moreira y su hermano Rubén, actual gobernador, de negligencia en la protección del pueblo, según versiones de prensa. Los hermanos han negado las acusaciones. Sin embargo, Rubén Moreira ofreció compartir los expedientes sobre el caso Allende con la investigación de Aguayo, con lo cual se distanció implícitamente de la demanda por daños morales entablada por el hermano, el periodista declaró a Reforma.
El CPJ realizó varias llamadas a las oficinas de los representantes legales de Moreira pero no fueron atendidas. Los representantes y su cliente no han efectuado ningún comentario público sobre el asunto.
Moreira también ha presentado una demanda civil por difamación contra Vanguardia, un conocido diario de Saltillo, la capital del estado de Coahuila. El CPJ informó en mayo que el exgobernador había entablado demandas contra el periódico y una periodista, Roxana Romero, por daños morales en relación con un artículo del 18 de febrero que afirmaba que el gobierno le había otorgado indebidamente a Moreira, un exmaestro, una pensión en diciembre de 2015. Moreira no ha efectuado ningún comentario público sobre la acusación.
El derecho civil mexicano define el daño moral, que es similar a la difamación por lo civil, como “el efecto adverso sobre los sentimientos, los afectos, las creencias, la dignidad, el honor, la reputación y la privacidad de una persona”, así como el concepto que otros pudieran tener de una persona. Periodistas y analistas políticos sostienen que políticos y empresas emplean las demandas por daño moral, que fueron concebidas para proteger la reputación de ciudadanos particulares de la calumnia, para intentar silenciar o intimidar a periodistas. Recientes modificaciones a una ley de Ciudad de México que abarca la protección de la vida privada y la imagen pública han permitido la imposición de multas más elevadas a la prensa.
“Espero que estas demandas se volverán en algo más generalizado en el futuro cercano”, declaró Javier Quijano, abogado de Ciudad de México. “Sólo hacen falta varios de estos casos para hacer que los periodistas se sientan lo suficientemente temerosos como para pensar en autocensurarse”.
Quijano representa a Carmen Aristegui, quien enfrenta una demanda por daños morales interpuesta por Joaquín Vargas, propietario de la empresa de medios audiovisuales MVS. Aristegui era la presentadora de un programa radial matutino en la radioemisora hasta su despido en marzo de 2015 por lo que MVS catalogó de incumplimiento de contrato. Aristegui ha declarado en entrevistas que ella fue despedida luego de que el gobierno presionara a la empresa de medios debido a sus investigaciones periodísticas. Tanto MVS como el gobierno han negado reiteradamente la acusación.
Meses antes del despido de Aristegui, su equipo había informado sobre denuncias de un posible conflicto de interés que involucraba a la esposa del presidente, la exactriz Angélica Rivera, quien había comprado una mansión multimillonaria a una empresa que tenía estrechos vínculos con el presidente y que había recibido miles de millones de dólares en contratos gubernamentales de infraestructura. Una investigación interna adelantada por el organismo federal anticorrupción exoneró a la pareja presidencial de todo acto ilícito, pero el escándalo, denominado la “Casa Blanca”, continúa siendo un bochorno para el Gobierno de Peña Nieto.
El escándalo de la Casa Blanca es narrado en el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, escrito por dos integrantes del equipo investigativo de Aristegui y publicado por Penguin Random House. En el prólogo, Aristegui declaró que MVS era “dócil y sumisa” ante el gobierno federal. Según el prólogo, ella escribió que MVS fue obligada a despedirla por el gobierno federal para proteger lucrativos contratos de transmisión audiovisual. MVS y el Gobierno de Peña Nieto han rechazado reiteradamente las acusaciones.
El CPJ realizó varias llamadas a MVS para que declarara al respecto, pero no fueron atendidas.
En conferencia de prensa conjunta efectuada el 21 de julio, a la cual el CPJ asistió, Aristegui declaró que MVS había interpuesto una demanda civil que exigía que Penguin Random House eliminara el prólogo del libro, solicitaba un monto “indeterminado” como indemnización, e intentaba prohibirle a Aristegui hablar sobre el caso Casa Blanca por radio y televisión. El director editorial de la casa editora, Ricardo Cayuela, declaró que apoyaba plenamente a Aristegui y que no se estaba cuestionando la información contenida en el libro.
MVS ha confirmado en versiones de la prensa mexicana que ha entablado una demanda, pero la empresa ha dicho que no se propone obtener una indemnización monetaria. Además, declaró que buscaba obtener un pedido de disculpas por parte de Aristegui y que había exigido que la periodista probara sus acusaciones.
De acuerdo con Aristegui, casos como el suyo pudieran marcar un peligroso precedente. “Ellos pueden abrir la puerta a más y más casos”, declaró al CPJ. “En última instancia ellos pudieran traer como resultado un instrumento que puede ser utilizado repetidamente para imponerles la autocensura a los periodistas”.
Los periodistas también pudieran verse afectados por un fallo dictado en mayo por la Corte Suprema que revocó un marco jurídico de Ciudad de México que protegía a los ciudadanos de la calumnia y protegía a los periodistas de multas que pudieran provocar la ruina financiera. Los artículos del 39 al 41 de la ley, conocida popularmente como “Ley de Periodistas”, estipulaban que las multas máximas no podían superar los 25,000 pesos aproximadamente.
En la demanda entablada por la actriz Lucía Méndez contra el cómico televisivo Javier Parra Cortés, el tribunal declaró tales artículos como inconstitucionales. Como resultado, no existen límites jurídicos sobre el monto por daños y perjuicios que se le puede ordenar pagar a un periodista.
“Veremos cómo entablarán más demandas como ésta”, declaró el abogado Quijano. “Las personas comenzarán a demandar indemnizaciones excesivas. Se ha allanado el camino en México para una cultura de demandas al estilo de Estados Unidos. En México, los abogados con frecuencia trabajan por una remuneración basada en un porcentaje del monto exigido por el demandante. Ello podría equivaler a cientos de miles de pesos por caso. A Sergio Aguayo lo están demandando por 10 millones de pesos, pero en casos futuros esos montos pudieran ascender hasta incluso 30 millones de pesos”.
En una columna publicada el 28 de julio en Reforma, Lorenzo Meyer, historiador y comentarista político, emitió un sombrío panorama de lo que pudiera significar un “instrumento disuasivo financiero”. “Si, para evitar ser demandado, cada opinión o cada señalamiento crítico emitido por un comentarista tuviera que sostenerse en el tipo de prueba utilizada en un juicio”, escribió Meyer, “entonces criticar al poder y a los que ocupan el poder sería casi imposible”.
[Informaciones desde Ciudad de México]