Bogotá, Colombia, 25 de agosto de 2016-Los fiscales hondureños deben abandonar los procesamientos en la justica bajo cargos de difamación penal contra periodistas y los legisladores deben revocar de manera oportuna las leyes que permiten dichos procesos, afirmó hoy el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Si su reciente condena por difamación es confirmada en la apelación, el reportero de televisión Ariel Armando D’Vicente enfrentara tres años de prisión y una prohibición de otros tres años en ejercer el periodismo.
D ‘Vicente, presentador de televisión y director del programa “Prensa Libre” en el canal independiente Libertad TV Canal 21 en la ciudad hondureña de Choluteca, fue sentenciado por un juez local el 26 de julio pero apenas fue informado de la decisión la semana pasada, según informó Leonardo Rodas Contreras, el abogado del periodista, al CPJ.
La condena del periodista se originó con una serie de informes en 2014 en los cuales D’Vicente vinculó a Oquelí Mejía Tinoco, el entonces comandante de la policía del departamento de Choluteca, con pandillas criminales. D’Vicente señaló al CPJ que había informado que Mejía y los policías bajo su mando recibieron sobornos de pandillas involucradas en traficar ganado de contrabando por Centroamérica hasta México.
Mejía denegó las acusaciones y lo demandó por difamación. D’Vicente, de 48 años, quien informa con frecuencia sobre corrupción gubernamental en Choluteca y quien denunció haber recibido amenazas de muerte en 2012, afirmó que pretende apelar la decisión.
“Instamos a las autoridades hondureñas retirar todos los cargos de difamación criminal contra Ariel Armando D’Vicente y a retirar también la prohibición absurda para ejercer su trabajo como periodista”, expresó Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas, en Nueva York. “Honduras debe descriminalizar las leyes arcaicas sobre difamación que están imponiendo restricciones graves en la capacidad de los medios informar sobre temas de interés publico”.
Si la sentencia de la corte es confirmada, D’Vicente todavía podría evitar ir a la prisión pero tendrá que pagar 10 lempiras, o aproximadamente 45 centavos de dólar estadounidenses por cada día de su sentencia. Sin embargo, D’Vicente expresó al CPJ que no podría sostenerse económicamente si no pudiese ejercer su profesión por tres años. La corte también ordenó al periodista a pagar los honorarios legales de Mejía.
Mejía, quien ya no es el comandante de Choluteca pero sigue empleado como policía, fue investigado este año por razones no declaradas por una comisión disciplinaria interna de la policía. La comisión no tomó acción en su contra, según el diario El Heraldo.
Wendy Funes, quien trabaja por la organización de libertad de prensa basada en Tegucigalpa Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre), indicó al CPJ que además de las condenas por difamación (calumnia e injuria son delitos criminales no civiles), cada vez con más frecuencia los jueces están aplicando una cláusula que prohíbe ejercer el periodismo a los condenados por difamación.
En 2014, por ejemplo, Julio Ernesto Alvarado del la estación de televisión Globo TV fue condenado por difamación criminal y prohibido de ejercer su labor informativa por 16 meses. Funes señaló al CPJ que varios otros periodistas enfrentan cargos parecidos sobre difamación y si son condenados podrían ser prohibidos temporalmente de cumplir con la tarea de informar.
“Esta crea un precedente legal que otros jueces pueden seguir”, afirmó Funes.
Los tribunales y los legisladores en las Américas han encontrado que las leyes civiles ofrecen reparación suficiente en casos de supuesta difamación. Sin embargo, algunos gobiernos en la región siguen usando estas leyes de difamación criminal para silenciar críticas, según la investigación por CPJ.
Para consultar un estudio comparativo de las disposiciones penales sobre la difamación en las Américas, visite la campaña del CPJ Los críticos no son delincuentes.