Casi 30 años después de que el corresponsal de guerra peruano Hugo Bustíos Saavedra fuera acribillado a balazos, el acusado de su autoría intelectual es sometido a juicio. Daniel Urresti Elera, acusado por el asesinato, planea ser candidato a la presidencia. Un informe especial de John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina
Publicado el 17 de septiembre de 2015
LIMA
Los aspirantes a la presidencia peruana están apurándose para recaudar dinero y obtener las candidaturas partidarias con vistas a las elecciones de abril de 2016, pero Daniel Urresti Elera enfrenta un reto adicional. Urresti, ex ministro del Interior y general del ejército que intenta postularse a la presidencia por el gobernante Partido Nacionalista, está sometido a juicio por el asesinato del corresponsal de guerra Hugo Bustíos Saavedra, ocurrido en 1988.
Bustíos era reportero de Caretas, el semanario de actualidad más influyente de Perú, y presidente de la Asociación Nacional de Periodistas en la ciudad de Huanta, asolada por la guerra y situada en la cordillera andina. El reportero con frecuencia escribía sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por ambos bandos durante la campaña de contrainsurgencia del gobierno contra la guerrilla de Sendero Luminoso. A Bustíos, de 38 años de edad, lo mataron el 24 de noviembre de 1988, en una emboscada en las afueras de Huanta.
El asesinato causó conmoción en Perú y en el exterior porque los testigos afirmaron que Bustíos y otro reportero herido en el ataque, fueron blanco deliberado de los disparos de una patrulla del ejército. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), junto a Human Rights Watch y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), interpuso el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 halló al Estado peruano responsable del asesinato de Bustíos.
Pero al igual que la mayoría de las demandas relativas a violaciones de los derechos humanos durante la guerra, no hubo ninguna condena en el caso Bustíos, que durante muchos años estuvo pasando de manos entre tribunales de justicia militares y civiles.
Finalmente, en 2007, un tribunal peruano halló culpables del asesinato de Bustíos al comandante de la base militar de Huanta y a otro oficial, veredicto que fue ratificado al año siguiente por la Corte Suprema. La decisión pareció ponerle fin al caso, pero, en 2011, uno de los oficiales condenados implicó a Urresti, quien era el jefe de inteligencia de la base de Huanta en 1988. En febrero de 2015, Urresti fue acusado formalmente de asesinato. De ser condenado, Urresti podría ser sentenciado a una pena de hasta 25 años de cárcel.
Urresti, de 59 años de edad, insiste en su inocencia y atribuye el proceso judicial a una campaña llevada a cabo por organizaciones de derechos humanos y políticos rivales con el objetivo de aplastar sus ambiciones presidenciales.
“Hemos demostrado a lo largo de los años, por medio de testigos y hechos, que estas acusaciones son falsas”, declaró Urresti al CPJ durante una entrevista de dos horas realizada en abril en Lima, la capital peruana. “No tengo nada que ocultar”.
Independientemente de que Urresti sea o no hallado culpable, defensores de la libertad de prensa manifestaron al CPJ que se sienten esperanzados por el hecho de que el sistema judicial peruano, que ha sido perseguido por denuncias de corrupción y favoritismo político, esté intentando descubrir toda la verdad sobre del asesinato de Bustíos.
No sólo se trata del caso de asesinato de un periodista que causó gran conmoción, sino que Urresti es amigo del presidente Ollanta Humala, ex militar quien también hizo frente a acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Es un mensaje a todos los peruanos, un mensaje firme en el sentido de que nadie es sagrado, sostiene Ricardo Uceda, director ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), con sede en Lima.
“El asesinato de Bustíos es nuestro caso más importante y el hecho de que Urresti haya sido sometido a juicio por ello, demuestra que el sistema judicial puede funcionar”, Uceda expresó al CPJ.
‘Ningún ser humano merece eso’
Una pequeña cruz verde al borde de un camino de gravilla que comunica a Huanta con el pueblo de Erapata marca el lugar donde Hugo Bustíos murió hace 27 años. Cerca yacen los derrumbados restos de una casa de adobe. Alejandro Coronado, veterano periodista de Huanta que ha cubierto el asesinato, relató al CPJ que los soldados se ocultaron detrás de esa casa mientras se alistaban a dispararle al periodista.
Bustíos no se propuso la meta de ser un mártir del periodismo. De joven, estudió la carrera de Derecho en Ayacucho, la misma ciudad andina del sur de Perú donde Abimael Guzmán dictaba clases de Filosofía antes de fundar la guerrilla maoísta Sendero Luminoso en 1980. En vez de ejercer el Derecho, Bustíos se asentó en la cercana Huanta, su ciudad natal, donde se casó y se dedicó a la venta de cochinillas, insectos que se alimentan del cactus y producen un popular colorante rojo utilizado para teñir productos textiles.
“Hugo era un hombre de negocios”, afirmó Abilio Arroyo, periodista natural de Huanta que cubrió la guerra contra la guerrilla para la revista Caretas y otros medios en las décadas de los 80 y 90. “Pero también era una fuente de información”.
Ello se debía a que, inclusive a medida que el conflicto se intensificaba, Bustíos continuaba adentrándose en zonas rurales para comprarles cochinillas a los cultivadores de cactus, Margarita Patiño, la viuda del periodista, explicó al CPJ. En dichos viajes, Bustíos con frecuencia escuchaba relatos de cómo los guerrilleros de Sendero Luminoso habían obligado a los campesinos a proporcionarles alimentos y refugio; y cómo los campesinos, a su vez, eran catalogados de terroristas y eran detenidos y a veces muertos por efectivos militares peruanos.
Mucho después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú concluyó que casi 70 mil personas, la mayoría civiles, habían muerto o desaparecido –y que tanto la guerrilla como las fuerzas de seguridad habían sido culpables de violaciones masivas– en el conflicto, que duró de 1980 al año 2000. Sin embargo, en esa época, investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército era difícil y riesgoso porque los militares controlaban la zona de Huanta y su periferia en virtud de un estado de emergencia.
“Los militares eran extremadamente violentos. Desaparecían a cualquiera”, sostuvo Arroyo, quien fue detenido en tres ocasiones por las fuerzas de seguridad en la década de los 80 mientras intentaba informar sobre las atrocidades cometidas. “Actuaban de esa manera porque no tenían idea de qué tipo de enemigos combatían. No estaban preparados para una guerra de contrainsurgencia”.
Haciendo uso de sus conocimientos jurídicos, Bustíos ayudaba a los familiares de los desaparecidos presentando recursos de habeas corpus para averiguar si los tenían detenidos en Castropampa, una base militar en las afueras de Huanta que albergaba a unos 600 efectivos.
“En la ciudad solamente había dos o tres abogados y ninguno quería enemistarse con los militares”, señaló Coronado. “Hugo intentó ayudar y los militares estaban muy molestos por eso. Decían que él defendía a los terroristas”.
En 1984, Bustíos tuvo su propio contacto con la brutalidad de los militares cuando efectivos del ejército lo detuvieron. Patiño pasó los 11 días siguientes buscando a su esposo desesperadamente y rogándoles a los oficiales militares que le dieran alguna información. Resultó que Bustíos estaba detenido en el estadio de fútbol de Huanta junto con docenas de presos políticos. El periodista fue interrogado, sometido a torturas y luego liberado sin explicación. Patiño afirmó que el periodista entró a su casa descalzo, en harapos y completamente traumatizado.
“[T]enía cicatrices en la espalda, en las nalgas y porque le pusieron monedas calientes para marcarlo”, declaró Hugo Bustíos Patiño, uno de los cuatro hijos del periodista, a la revista digital peruana La Mula. “Estaba lleno de excremento, de picaduras”.
Para recuperarse, precisó Patiño, su esposo se dirigió a Lima para recibir tratamiento sicológico. Allí se reunió con los editores de Caretas. Debido a la intensificación del conflicto, la revista buscaba un corresponsal en Huanta y contrató a Bustíos.
“Él regresó a casa muy contento”, Patiño contó al CPJ. “Dijo: ‘Ahora voy a denunciar todos estos abusos que están destruyendo mi ciudad'”.
Pronto Bustíos creó una relación profesional con el comandante de la base de Castropampa, Víctor La Vera Hernández, a quien utilizaba con frecuencia como fuente periodística. En ocasiones La Vera pasaba a visitar la casa de Bustíos para jugar con sus cuatro hijos, recordó Patiño.
Pero siempre hubo tensión entre Bustíos y el ejército. A menudo el periodista escribía sobre violaciones de los derechos humanos y a veces fotografiaba fosas comunes y cadáveres mutilados. Arroyo afirmó que el ejército comenzó a ver a Bustíos como un testigo de sus atrocidades y un aliado de Sendero Luminoso.
Y, sin embargo, Bustíos también denunció abusos cometidos por los guerrilleros. El día de su muerte, el periodista investigaba la muerte de una campesina y su hijo, quienes presuntamente habían sido asesinados por Sendero Luminoso en el poblado de Erapata. Dado que en un primer momento los efectivos militares tenían bloqueado el camino, Bustíos y otro periodista de Huanta, Eduardo Rojas Arce, se dirigieron rápidamente a la base de Castropampa, donde La Vera les dio permiso para que se trasladaran a la casa de las víctimas, afirmó Patiño.
Bustíos y Rojas entonces regresaron a Erapata en motocicleta. Patiño, Coronado, Arroyo y testigos citados en artículos de la época todos describieron la siguiente secuencia de acontecimientos: justo antes de llegar a la casa de las víctimas, los dos periodistas fueron acribillados a balazos. Ellos gritaron que eran periodistas, pero los atacantes continuaron disparando. Bustíos cayó de bruces, sin poder moverse. Rojas, pese a recibir tres disparos, logró huir, corriendo en zigzag por los campos para escapar de las balas. Entonces uno de los atacantes colocó un explosivo sobre el herido Bustíos y lo mató al instante.
“Cuando fui a recogerlo, su cuerpo estaba destrozado”, afirmó Patiño. “Ningún ser humano merece eso”.
Arroyo, quien entonces trabajaba para Caretas en Lima, de inmediato voló a Huanta para ayudar a dirigir la investigación de la revista. En declaraciones al CPJ, Arroyo sostuvo que desde el principio estuvo claro que los militares estaban implicados. Por una razón, sostuvo, y era que no había casquillos de balas en el lugar donde mataron a Bustíos. Los guerrilleros de Sendero Luminoso, observó, nunca se quedaban atrás para limpiar la escena del crimen.
Caretas con posterioridad publicó los testimonios de Rojas y otros seis testigos presenciales. Todos ellos declararon que el ejército había sido responsable del ataque.
“El individuo que disparaba tenía piel blanca, cabello crespo y bigote. Sé que es uno de los oficiales del Ejército de la base de Castropampa”, el campesino Alejandro Ortiz Serna declaró en testimonio bajo juramento tres semanas después del asesinato. “Luego de disparar contra Bustíos, vi al mismo hombre arrojar una granada sobre su cuerpo”.
Los testigos del asesinato de Bustíos pronto comenzaron a recibir amenazas de muerte. Ortiz fue asesinado. Según Pablo Rojas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con sede en Lima, en las décadas de los 80 y 90 era casi imposible procesar a los oficiales militares en Perú. Rojas manifestó que los oficiales militares se adherían a un estricto código de silencio y utilizaban seudónimos para ocultar su identidad de los residentes locales, los periodistas y las autoridades civiles.
En 1991, un tribunal militar absolvió a La Vera y a uno de los presuntos atacantes, el capitán Amador Vidal Sanbento, de toda responsabilidad por la muerte de Bustíos. Posteriormente los dos oficiales resultaron blindados contra el sistema de justicia ordinario gracias a la adopción de la ley de amnistía de 1995, que abarcaba las violaciones de los derechos humanos cometidas por los efectivos militares durante los 15 años previos.
“Actuaron con impunidad porque pensaron que no pasaría nada”, expresó al CPJ Miguel Huerta, abogado de la familia Bustíos.
Sin embargo, la puerta que llevaba a la justicia quedó entreabierta a principios de los años 2000 cuando Perú regresó completamente a la democracia luego de la renuncia del presidente Alberto Fujimori, cuya gestión se caracterizó por los escándalos. En 1992, Fujimori había disuelto el Congreso, había suspendido la Constitución, había purgado el Poder Judicial y les había otorgado a las fuerzas armadas amplios poderes para combatir a Sendero Luminoso. Pero ante la presión de la Organización de los Estados Americanos, la Corte Suprema peruana anuló la ley de amnistía en 2002 y los jueces reabrieron unos 200 de los casos de derechos humanos más notorios, entre ellos el de Bustíos.
En 2007, el Juzgado Penal Nacional de Lima halló culpable a La Vera de conspirar para asesinar a Bustíos, y condenó a Vidal por participar en el asesinato. La Vera y Vidal recibieron penas de cárcel de 17 y 15 años, respectivamente, aunque ambos fueron liberados por buen comportamiento tras solamente cuatro años de encierro.
No obstante, al mismo tiempo el tribunal resolvió que los investigadores gubernamentales debían determinar si otras personas estaban implicadas en el crimen. Al salir de la cárcel en 2011, Vidal rompió el código de silencio de los militares implicando a un compañero oficial cuyo nombre nunca antes había estado vinculado con el asesinato: Daniel Urresti.
Una ardua batalla para obtener justicia
Vidal declaró a los investigadores que Urresti, quien era conocido por el seudónimo de “capitán Arturo”, era el jefe de inteligencia y segundo al mando en la base de Castropampa en 1988. Sobre la base de esta información así como del testimonio de otros antiguos soldados y de civiles, en febrero Luis Landa Burgos, fiscal de Lima, acusó oficialmente a Urresti de ser uno de los autores intelectuales de la operación en la que mataron a Bustíos e hirieron a Rojas.
En la acusación, Landa afirma que poco antes de que mataran a Bustíos, Urresti había interrogado a un guerrillero de Sendero Luminoso que le dijo que el periodista colaboraba con la guerrilla. Patiño refirió al CPJ que su esposo no tuvo nada que ver con la organización guerrillera. Según Landa, entonces Urresti le pasó la información dada por el detenido de Sendero Luminoso al comandante de la base, La Vera, quien dio la orden de ejecutar a Bustíos.
“Era así parte de la élite de la Jefatura del Estado Mayor Operativo, entonces Urresti tuvo pleno conocimiento del execrable asesinato de Bustíos”, declaró Landa en entrevista con el periódico limeño Diario 16 en febrero. “[…] [N]inguna patrulla actúa sin orden superior”.
En la entrevista otorgada en abril al CPJ, Urresti estuvo cordial y animado, pero claramente lo exasperaba el hecho de que un incidente tan antiguo hubiese resurgido para poner en peligro su floreciente carrera política.
Luego de estar destacado en Huanta, Urresti fue escalando de grado militar y fue ascendido a general. En 2011, dejó el ejército para incorporarse al gobierno del presidente Humala, un ex teniente coronel del ejército. Urresti estuvo a cargo de una unidad especial encargada de perseguir la extracción ilegal del oro y fue nombrado ministro del Interior el año pasado a pesar de que era objeto de investigación por el asesinato de Bustíos.
Urresti declaró que el presidente simpatizaba con su situación ya que el propio Humala había enfrentado un proceso judicial que databa de 1992, cuando soldados de la base que él comandaba ejecutaron a dos rebeldes. Humala finalmente fue exonerado. Cuando el año pasado los periodistas le preguntaron por la investigación a Urresti, Humala declaró: “Creemos en la presunción de inocencia”.
Impetuoso y enérgico como ministro del Interior, Urresti declaró la “guerra a la delincuencia“, manifestó estar “obsesionado” por perseguir a los políticos corruptos y regañó en público a agentes de la policía cuando pensaba que no estaban cumpliendo con su trabajo. Las encuestas indicaban que era el miembro más popular del gobierno de Humala. Cuando Urresti renunció en febrero debido a una reorganización ministerial, se incorporó al gobernante Partido Nacionalista con la meta de convertirse en su candidato presidencial.
“En el ejército, mi sueño era convertirme en general”, declaró Urresti al CPJ. “Como político, mi sueño es convertirme en presidente”.
Urresti fue igual de directo a la hora de defenderse respecto al caso Bustíos. Afirmó que el Poder Judicial peruano estaba lleno de funcionarios leales a un partido político opositor y que la acusación judicial contra él había sido concebida para echar por tierra sus aspiraciones presidenciales. También sostuvo que el fiscal Landa lo había perseguido para congraciarse con las organizaciones de los derechos humanos.
Durante su servicio de un año en Huanta en 1988, insistió Urresti, casi nunca dejaba el escritorio. El día en que Bustíos murió, Urresti declaró al CPJ, él se encontraba encerrado en la oficina y ni siquiera se enteró de la muerte sino hasta el día siguiente. Urresti describió a Bustíos como informante del ejército y conjeturó que los guerrilleros de Sendero Luminoso lo habían ultimado en venganza.
“Bustíos le daba información al ejército y criticaba abiertamente a Sendero Luminoso”, expresó Urresti. “¿Entonces por qué el ejército estaría molesto con él?”
Los críticos argumentan que las declaraciones de Urresti están repletas de contradicciones. Glatzer Tuesta, representante del Instituto de Defensa Legal, una organización de derechos humanos con sede en Lima, describió a Urresti como un ministro del Interior “hiperactivo” que a menudo aparecía en los allanamientos policiales y las confiscaciones de drogas y era una presencia constante en los noticieros de televisión.
“Si él es así ahora, ¿cómo habría sido en los 80?”, indicó Tuesta. “Es difícil imaginárselo sentado en su escritorio en Huanta sin hacer nada”.
Carlos Romero, abogado del Instituto de Defensa Legal, señaló que el sistema judicial peruano ha dictaminado dos veces que el ejército mató a Bustíos y que es poco probable que acepte la versión de Urresti de que la culpa recae en Sendero Luminoso. Se espera que el juicio dure entre seis y ocho meses. Sea condenado o no Urresti, la controversia parece haber mermado su popularidad.
Un sondeo divulgado en agosto por la encuestadora Datum indica que Urresti tendrá muchas dificultades para obtener la presidencia. En el sondeo, apenas el 5 % de los peruanos indicaron que votarían por él.
Los líderes del Partido Nacionalista elegirán a su candidato presidencial en las próximas semanas, pero ya algunos se están poniendo en contra de Urresti. Uno de ellos, el congresista Omar Chehade, se refirió a Urresti como “candidato espurio” y declaró que, de ser elegido como candidato, “el nacionalismo se estaría poniendo una daga en el cuello”.
El día que su juicio dio comienzo en julio, un desafiante Urresti llegó con una demostración de fuerza. El acusado estaba rodeado por un grupo de simpatizantes que coreaban “Urresti es inocente” y le gritaron a la viuda de Bustíos.
Pero Patiño, testigo de la parte acusadora, continúa optimista. Tras décadas de silencio, intriga e impunidad, Patiño declaró al CPJ que la historia completa de cómo y por qué mataron a su esposo finalmente está saliendo a la luz.
“Fue hace tanto tiempo que muchas personas piensan que simplemente debemos pasar la página”, afirmó Patiño. “Pero nunca hubo una investigación a fondo sobre lo que sucedió. Para nosotros, fue una gran sorpresa cuando el nombre de Urresti salió a relucir”.