Por John Otis
Al igual que el fascinante párrafo introductorio de uno de sus artículos sobre traficantes de cocaína y jefes de grupos mafiosos, el periodista paraguayo Cándido Figueredo deja una dramática primera impresión.
Cuando Figueredo se reúne con un representante del CPJ en su ciudad natal de Pedro Juan Caballero, situada en la frontera oriental de Paraguay, limítrofe con Brasil, dos guardaespaldas con subametralladoras ocupan el asiento trasero de su camioneta. El vehículo del periodista es seguido por otro lleno de agentes de la policía, mientras que al frente dos escoltas de la policía en motocicleta avanzan en camino al hogar y la oficina de Figueredo. Un total de 16 cámaras de vigilancia monitorean su casa de un solo piso; en el escritorio del periodista yace su fiel pistola Browning.
La protección es merecida. Figueredo, veterano reportero a cargo de la cobertura de la frontera de ABC Color, el diario paraguayo de mayor circulación, afronta constante peligro. En dos ocasiones sujetos armados han acribillado a balazos su casa y el periodista ya ha perdido la cuenta de las muchas amenazas de muerte que ha recibido. Desde 1995, ha vivido rodeado de escoltas policiales y, debido a lo complicado que resulta desde el punto de vista logístico desplazarse por la ciudad, rara vez sale de casa.
“Es como vivir en prisión”, Figueredo, de 58 años de edad, expresa al CPJ.
Pero ese esquema de estricta seguridad ha mantenido vivo a Figueredo en una de las regiones más peligrosas de Latinoamérica para el ejercicio del periodismo. Pedro Juan Caballero y otras localidades fronterizas de Paraguay se han convertido en santuarios para el contrabando de cualquier cosa: desde la cocaína y la marihuana hasta los cigarrillos y los aparatos electrónicos. Abundan las denuncias de pactos entre los políticos y los narcotraficantes, algunos de los cuales reaccionan con violencia cuando se les somete al escrutinio de los medios.
Por ejemplo, el 16 de octubre de 2014, otro periodista de frontera de ABC Color, Pablo Medina Velázquez, murió al recibir cuatro disparos y un tiro de gracia en el rostro con una escopeta. Medina había recibido numerosas amenazas de muerte en respuesta a sus artículos sobre el tráfico de cocaína y marihuana en la frontera. Su asistente, Antonia Almada, también fue asesinada.
Los fiscales del Ministerio Público declararon que el principal sospechoso de los asesinatos es Vilmar Acosta Marques, el alcalde de la localidad fronteriza de Ypehú. En algunos de sus artículos Medina había vinculado al alcalde con el tráfico de cocaína; según versiones periodísticas, en 2010 Acosta había amenazado al periodista en un mensaje telefónico, con las palabras: “Cuidado con lo que escribes […] todos te conocen”.
Acosta pasó a la clandestinidad pero fue detenido por las autoridades brasileñas en marzo de 2015. Las autoridades paraguayas han dicho que están trabajando en tener el alcalde extraditado a Paraguay. Acosta negó la acusación de asesinato, según informes de prensa.
En Pedro Juan Caballero, dos periodistas han sido asesinados a balazos en los últimos dos años. Uno de estos homicidios –el asesinato del periodista radial Fausto Gabriel Alcaraz Garay, ocurrido el 18 de mayo de 2014– está vinculado directamente con el trabajo periodístico del reportero, según datos del CPJ.
En total, las estadísticas recopiladas por el CPJ muestran que cinco periodistas han muerto por su labor informativa en Paraguay desde 1992, entre ellos el hermano de Medina, el periodista radial Salvador Medina, quien fue asesinado en 2001 tras denunciar actos de corrupción política.
En total, las estadísticas recopiladas por el CPJ muestran que cinco periodistas han muerto por su labor informativa en Paraguay desde 1992, entre ellos el hermano de Medina, el periodista radial Salvador Medina, quien fue asesinado en 2001 tras denunciar actos de corrupción política.
Como resultado de factores que van desde investigaciones negligentes hasta la falta de ética de funcionarios públicos, ninguno de los autores intelectuales de estos asesinatos ha sido condenado ni encarcelado, afirmaron funcionarios del aparato judicial en entrevista con el CPJ. En el caso de Medina, el fiscal Néstor Cañete fue retirado de la investigación presuntamente por haber intervenido a favor de Acosta en procesos penales anteriores, según versiones periodísticas.
Entrevistas que el CPJ realizó en septiembre en Pedro Juan Caballero han revelado que la impunidad generalizada se suma a la sensación de peligro y vulnerabilidad y ha conllevado a la autocensura generalizada entre los reporteros que ofrecen cobertura informativa de la frontera entre Paraguay y Brasil.
“Hay muchas cosas sobre las que no informo”, expresó al CPJ Raúl Ortiz, presentador de un noticiero de la radioemisora local Radio Oasis. “Soy muy prudente porque temo por mi vida”.
Pese a todo, Figueredo ha logrado publicar importantes primicias sobre los carteles del narcotráfico y la corrupción política y se ha convertido en uno de los periodistas paraguayos más respetados. Al mismo tiempo, él está muy consciente de que un paso en falso podría colocarlo en la lista de los periodistas asesinados.
“Este es un lugar donde existe el crimen perfecto”, señaló Figueredo, quien ha escogido como tono de timbre para su teléfono inteligente el premonitorio tema de la película “El Padrino”. “El Estado simplemente se lava las manos. Lo más que sucede es que te asignan un guardaespaldas”.
Al principio, las grandes fotos a color de los bosques de pino, las montañas y los fiordos de Noruega que adornan las paredes de la casa de un piso de Figueredo en la calurosa Pedro Juan Caballero parecen un poco fuera de lugar. Figueredo explica que, después de casarse con una noruega, él se mudó a ese país en 1973 y encontró trabajo en una empresa siderúrgica. Sin embargo, el matrimonio se derrumbó y para ese entonces Figueredo estaba ansioso de regresar a Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner finalmente había sido depuesto tras 35 años en el poder.
Lo esperaba un panorama chocante. Aunque similar en tamaño y población, Paraguay parecía exactamente el polo opuesto de Noruega, un país seguro, organizado y próspero. Paraguay es la nación más pobre de Sudamérica y una de las más corruptas del mundo, según Transparencia Internacional. Durante mucho tiempo ha ejercido de zona de tránsito de la cocaína andina que viaja con destino a Brasil y a Europa y en la actualidad es el segundo mayor productor latinoamericano de marihuana después de México, de acuerdo con InSight Crime, un centro de investigación que vigila el crimen organizado en Latinoamérica.
Consternado por la ausencia de la ley y el orden en su ciudad natal, Figueredo se sintió atraído por el periodismo y fue contratado como corresponsal de la frontera del relanzado ABC Color, diario con sede en Asunción que había sido cerrado entre 1984 y 1989 por orden de Stroessner. A finales de la década de 1990, según Figueredo, la nueva atmósfera de libertad de prensa alentó a los periodistas a comenzar a investigar a fondo cuestiones como el crimen organizado y la corrupción política.
“Durante Stroessner no existía ninguna cobertura a fondo de estas cuestiones. Era imposible”, sostiene Anibal Gómez Caballero, presentador de noticieros de Radio América, así como del canal de cable Gosi TV de Pedro Juan Caballero, “pero, después, hubo enorme competencia para conseguir noticias y primicias, y ello elevó la proyección y el prestigio de los periodistas en Paraguay”.
Sin embargo, la reacción contraria fue inmediata. En 1991, Santiago Leguizamón, el reportero de la frontera del ya desaparecido periódico Noticias y propietario de una radioemisora local, fue abatido a disparos en Pedro Juan Caballero. Leguizamón, quien a menudo se enfocaba en el narcotráfico, fue el primer periodista asesinado en la era posterior a Stroessner.
“De este modo, la mafia les enviaba una orden a los medios: silencio”, observó un artículo de 2012 publicado en ABC Color en ocasión del vigésimo primer aniversario de la muerte de Leguizamón, cuyo asesinato sigue sin resolverse.
Figueredo recibió su primera amenaza de muerte en 1995, apenas cuatro meses después de incorporarse a ABC Color. Desde entonces, ha vivido y trabajado en la presencia de un grupo de escoltas policiales que se relevan. Figueredo afirma que los delincuentes “lo piensan dos veces antes de dispararte si estás con la policía”, porque matar a un agente de las fuerzas de seguridad puede llevar a un intenso operativo policial y perjudicar las operaciones de contrabando en la frontera.
A pesar de todo, sus escoltas no han evitado todos los ataques. Sujetos armados tirotearon la casa de Figueredo por primera vez en 1997. Un ataque más grave ocurrió en 2003, cuando su casa fue blanco de 14 disparos de bala. Una bala fue detenida por el marco de una foto de la cocina; otra bala se incrustó en un libro que Figueredo había traído de Noruega. Trece años después, la luz solar atraviesa tres orificios de bala presentes en la puerta de entrada de la casa de Figueredo.
En 2012, la policía brasileña informó a Figueredo sobre una llamada telefónica interceptada en la cual un prófugo paraguayo, Barón Escurra, hablaba de planes para asesinar a Figueredo en represalia por sus artículos sobre los vínculos de Escurra con pistas de aterrizaje clandestinas. La amenaza de muerte más reciente se registró en mayo, según Figueredo.
Para no convertirse en blanco fácil, Figueredo evita salir. El periodista y su actual esposa, Patricia Bellenzier, prácticamente no tienen vida social. Miran películas de DVD en casa y cocinan sus propias comidas en una amplia cocina dotada de un congelador extra y de una cafetera de expreso, una máquina de hacer hielo y una máquina de hacer pan. Con frecuencia ellos comen junto con sus escoltas, con quienes hablan en guaraní, la lengua indígena comúnmente hablada en Paraguay. El único momento en que de veras se relajan, según Bellenzier, es cuando viajan periódicamente a Asunción.
La rutina cotidiana de Figueredo consiste en hacer llamadas telefónicas y en monitorear la Internet, las radioemisoras y un escáner de la policía. También recurre a colaboradores y fotógrafos, así como a Bellenzier –sicóloga de profesión– para reunir datos en las escenas de crimen. En ocasiones se arriesga a salir junto con los escoltas para realizar entrevistas importantes, pero trata de realizar la mayor parte de su trabajo desde la oficina.
Y hay mucho que investigar.
El narcotráfico es el sustento de ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero, una localidad de 115 mil habitantes que limita con la ciudad brasileña de Ponta Porã, al otro lado de la frontera. Es fácil traficar por la frontera porque no hay controles migratorios ni aduaneros. Al recorrer estas ciudades fronterizas gemelas, es difícil distinguir si se está en Paraguay o en Brasil.
Otros factores están incrementando el peligro en la zona de la frontera.
El jefe antidrogas paraguayo, Luis Rojas, sostiene que Pedro Juan Caballero y otros puntos fronterizos se han convertido en centros de operaciones de organizaciones criminales brasileñas tales como el Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV, en portugués) y Amigos de los Amigos. Dado que no existe un tratado de extradición entre los dos países, los delincuentes brasileños a menudo se ocultan en Pedro Juan Caballero, mientras que los delincuentes paraguayos con frecuencia se esconden en Ponta Porã, de acuerdo con funcionarios de la seguridad pública que efectuaron declaraciones al CPJ.
“Aquí, los narcotraficantes son los que mandan”, declaró José Carlos Acevedo, alcalde de Pedro Juan Caballero, en entrevista con el CPJ en la sede del gobierno municipal. “Son un poder paralelo. Deciden si uno vive o muere”.
Además, muchos políticos paraguayos han sido acusados de proteger a narcotraficantes a cambio de sobornos y otros favores. Por ejemplo, los medios paraguayos han denunciado que la diputada María Cristina Villalba, conocida como “la Reina del Norte”, era una cercana amiga de Acosta, el alcalde acusado de asesinar a Medina, y lo ayudó a escapar, una acusación que ella ha rechazado.
“Los narcotraficantes les dan dinero a los políticos a cambio de favores y de protección. También compran a la policía”, expresó al CPJ Katia Estela Uemura, fiscal del departamento de Amambay a cargo de casos de narcotráfico. “Cuando la policía antidroga realiza una misión, no le dice nada a la policía regular, porque sus integrantes avisan a los narcos”.
Al escribir sobre estas cuestiones, Figueredo frecuentemente se relaciona con delincuentes, políticos corruptos y agentes de la policía. Como él observa con ironía: “No les vas a sacar información a los curas”.
Esas figuras a veces buscan a los periodistas para desprestigiar a organizaciones del narcotráfico rivales, para negar acusaciones o justificar sus actos. Figueredo recordó una masiva redada policial que se ordenó en Pedro Juan Caballero para capturar a un traficante de cocaína. Como un modo de burlarse de la ineptitud de las autoridades, el narcotraficante se puso de acuerdo con Figueredo para que lo entrevistara en una finca en las afueras de la ciudad.
Las cuestiones éticas de tales encuentros pueden ser delicadas. Delincuentes que procuran obtener un tratamiento informativo favorable o la promesa de que no se redactará ningún artículo sobre ellos, le han ofrecido a Figueredo autos, dinero en efectivo y otros regalos. Los narcotraficantes también han acusado a Figueredo de exigir sobornos a cambio de comprometerse a no publicar artículos sobre ellos, acusaciones que el periodista rechaza.
“Si no te pueden sobornar, tratan de atacar tu credibilidad”, expresó Figueredo, quien añadió que los políticos sobre los cuales él escribe, con frecuencia van a programas de la radio local y afirman que Figueredo es homosexual.
Figueredo sostiene que él ignora los insultos y trata de utilizar el acceso que ha conseguido para arrojar más luz sobre el mundo de la delincuencia. El periodista recuerda cuando recibió una llamada telefónica del narcotraficante brasileño Fernandinho Beira-Mar, quien elogió al periodista por un artículo que había redactado porque, a diferencia de la mayoría de los artículos noticiosos sobre el narcotraficante, señaló Beira-Mar, era exacto. Beira-Mar le preguntó a Figueredo cómo podría devolverle el favor y éste, a cambio, le solicitó y recibió una entrevista exclusiva en una prisión brasileña.
“Tú tienes que utilizarlos”, explicó Figueredo, “y no dejar que los narcotraficantes te utilicen”.
A pesar de todos los peligros y privaciones que le ocasiona su trabajo, admite Figueredo, él tiene una posición privilegiada entre los periodistas de la frontera. Tiene empleo fijo de reportero y como tal recibe un salario estable y cuenta con el firme apoyo del periódico más prestigioso de Paraguay.
Sin embargo, la misma condición no le salvó la vida a Pablo Medina, el periodista de ABC Color asesinado en octubre, y la amplia mayoría de los colegas de Figueredo son inclusive más vulnerables porque tienen empleo a tiempo parcial, son muy mal remunerados y tienen poca formación periodística, si es que la tienen, al decir de funcionarios de la seguridad pública.
“Cándido informa sobre agentes de la policía y empresarios corruptos y menciona nombres, y por ello ha recibido amenazas. Pero al menos él cuenta con el respaldo de ABC Color“, observó José Gabriel Valiente, juez penal de Pedro Juan Caballero. “La mayoría de los periodistas de aquí están solos, y por ello las fuerzas del crimen organizado no tienen miedo de atacarlos”.
Además, muchos periodistas producen noticias y venden anuncios para los programas de radio y TV donde trabajan. El papel fiscalizador que desempeñan puede quedar en tela de juicio si aceptan dinero para publicidad de las instituciones públicas. Y periodistas inescrupulosos a veces les exigen pagos a los políticos, empresarios y narcotraficantes a cambio de ignorar o bajarles el tono a los escándalos, actividades delincuenciales y demás actos ilícitos.
“Hay periodistas serios aquí, pero hay muchos otros que extorsionan a la gente”, sostuvo Pedro González Ramírez, gobernador del departamento de Amambay, donde se encuentra Pedro Juan Caballero. “Cuando un periodista comienza a hablar de una cuestión, y se enfoca totalmente en esa cuestión y en nada más, probablemente es porque la persona sobre la cuál informa no le pagó ningún dinero –y luego los artículos no se publican y las personas dicen que probablemente se le pagó al periodista–“.
Semejante conducta reñida con la ética puede provocar represalias. No obstante, Figueredo y otros periodistas también culpan a políticos que son propietarios de varios medios y se valen de ellos para atacar a sus contrincantes. A su vez, los demás pueden identificar a los periodistas que trabajan para estos medios con las ideas políticas, las causas y las manías de estos políticos-propietarios de radioemisoras, lo cual hace correr mayores riesgos a los periodistas.
Un ejemplo claro es el asesinato, ocurrido el 16 de mayo de 2014, de Alcaraz, quien tenía 28 años de edad y era uno de los presentadores de un programa matutino de Radio Amambay llamado “De frente a la mañana”. Cuando Alcaraz regresaba a casa del trabajo, dos atacantes no identificados que se desplazaban en una motocicleta le propinaron 17 tiros, según informes de la prensa local.
Radio Amambay es propiedad de la familia del alcalde Acevedo, cuyo hermano, Roberto Acevedo, es senador nacional. Los Acevedo son contrincantes políticos del gobernador González, cuya familia es propietaria de Gosi TV. Los políticos con frecuencia emplean las radioemisoras para atacarse entre sí, según Gómez, el presentador de Gosi TV que solía trabajar para Radio Amambay. Estos clanes políticos rivales, sostiene Gómez, con frecuencia se han acusado el uno al otro de estar en el bolsillo de los narcotraficantes.
“Compramos la radioemisora para defendernos” de los ataques del gobernador González y otros políticos, declaró el alcalde Acevedo durante una entrevista en la sede del gobierno municipal.
Poco antes de morir asesinado, Alcaraz había denunciado a varios narcotraficantes por su nombre en su programa matutino. Figueredo, Gómez y otros periodistas expresaron al CPJ que la familia Acevedo probablemente se lo había ordenado a Alcaraz. Samuel Valdez, el fiscal que investiga el caso, afirma que probablemente atentaron contra la vida de Alcaraz en represalia por sus denuncias y que los asesinos “le estaban transmitiendo un mensaje” a la familia Acevedo.
Pero en entrevista con el CPJ, el senador Roberto Acevedo, quien resultó herido en un intento de asesinato en 2010, negó haberle ordenado a Alcaraz denunciar a los narcotraficantes por su nombre. Acevedo indicó que Alcaraz era responsable de sus propias declaraciones y que, por causa del peligro, Acevedo le había advertido con frecuencia al periodista que se contuviera.
“Gabriel no percibió los poderosos intereses que estaba tocando”, señaló Acevedo.
El asesinato de Alcaraz sigue sin resolverse. Valdez argumentó que en tales casos es casi imposible persuadir a los testigos a ofrecer su testimonio porque temen por la vida. Según él, otro problema es que a menudo los fiscales y los agentes de la policía judicial son trasladados abruptamente cuando comienzan a investigar a influyentes figuras locales sospechosas de cometer actividades ilícitas.
Ante la pregunta de lo que le sucedería si investigara a algún político prominente de Pedro Juan Caballero, Uemura, la fiscal antidrogas, declaró con franqueza: “Tratarían de lograr mi despido”.
En estas condiciones, el periodismo investigativo parecería una tarea casi imposible en Pedro Juan Caballero y otras localidades fronterizas de Paraguay, pero 19 años después de haber publicado su primer artículo en ABC Color, Figueredo todavía disfruta publicar primicias y denunciar los actos ilícitos.
“No hay alternativa”, afirma Figueredo, quien admite que le aburriría informar desde una ciudad más tranquila como Asunción, “así que no me puedo golpear la cabeza contra la pared”.
Ortiz, el presentador de noticias de Radio Oasis, describió al CPJ: “No queremos ser espectadores de toda esta violencia. Queremos ser protagonistas del cambio”.
Al igual que Ortiz, Figueredo se ha vuelto más cauteloso. Para evitar sobresalir, con frecuencia espera a que un escándalo de corrupción o una redada antidrogas adquiera resonancia en el ciclo noticioso antes de denunciar la implicación de políticos locales o narcotraficantes.
Pero Figueredo también sabe que, al igual que le sucedió a su colega Pablo Medina, la suerte se le podría acabar. Señalando su pistola Browning, declara que él no se dejará vencer sin dar batalla. Entonces recuerda una reciente conversación que sostuvo con un narcotraficante que lo había amenazado:
“Le dije: ‘Si vas a intentar matarme, primero yo te meto una bala en la cabeza. Soy un periodista, no un santo'”.
John Otis, corresponsal del programa de las Américas del CPJ para la región andina, es un periodista estadounidense radicado en Bogotá, Colombia, desde donde informa para la Radio Pública Nacional (NPR) de Estados Unidos, The Wall Street Journal y otros medios.