Ciudad de México, 4 de agosto del 2014–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) insta al Poder Legislativo del estado de Sinaloa a derogar una disposición legal aprobada el miércoles pasado, la cual limitaría seriamente la capacidad de la prensa de transmitir informaciones sobre la escena de un delito y sobre investigaciones penales. Legisladores sinaloenses presentaron el viernes un proyecto de ley que derogaría la disposición, según un comunicado oficial. Debido a que el Congreso estatal se encuentra en receso legislativo, el proyecto de ley no sería sometido a votación sino hasta el 21 de agosto, precisó el comunicado.
La disposición restrictiva está incluida en una ley que restructura la Procuraduría General de Justicia del Estado. La ley fue aprobada por los congresistas estatales junto con una reforma nacional del sistema de justicia penal. Periodistas que revisaron la ley posteriormente a su aprobación, observaron una sección que estipula que los funcionarios solamente pueden hablar con la prensa acerca de las investigaciones si cuentan con la autorización previa del Procurador General del Estado. Además, la disposición le prohíbe a un periodista ingresar a la escena de un delito, así como tomar fotos o filmar en ella, según despachos de prensa.
La información sería divulgada “a discreción de la Procuraduría General del Estado”, manifestó al CPJ Gabriel Mercado, director de la organización pro libertad de prensa Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio. “Lo que quieren es que publiquemos la versión oficial”, aseguró Javier Valdez Cárdenas, uno de los fundadores del semanario independiente Ríodoce, de Culiacán, capital del estado, y periodista ganador del Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ en su edición del 2011.
Ante la condena generalizada por parte de la prensa y organizaciones de la sociedad civil, varios legisladores estatales anunciaron el viernes que habían introducido un proyecto de ley para derogar la disposición. Una legisladora que había votado a favor de la ley afirmó desconocer la disposición restrictiva, de acuerdo con Ríodoce.
“Intentar restringir la cobertura informativa sobre la violencia en un lugar tan asolado por la delincuencia organizada como Sinaloa, perjudica a la sociedad sinaloense”, declaró desde Nueva York Joel Simon, director ejecutivo del CPJ. “La prensa debe tener la facultad de informar sobre asuntos clave de interés público. El Congreso del estado de Sinaloa debe votar a favor de la derogación de esta disposición”.
El gobernador sinaloense Mario López Valdez declaró en un comunicado el jueves pasado: “No es la intención del gobierno cometer excesos, y mucho menos coartar el libre ejercicio periodístico en Sinaloa, sino por el contrario, propiciar condiciones para que se garantice un ejercicio libre y seguro de la profesión”, según versiones de prensa. No obstante, el gobernador aseveró que respetaría las decisiones del Legislativo.
Sinaloa –sede del cartel de Sinaloa– durante mucho tiempo ha sido escenario de la violencia desatada por el narcotráfico y es un lugar muy peligroso para el ejercicio del periodismo. El diario Noroeste ha sufrido varias amenazas, ataques y actos de hostigamiento por su cobertura informativa de la captura a fines de febrero del notorio jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien por mucho tiempo estuvo prófugo de la justicia.