Por Sara Rafsky, investigadora asociada del programa de las Américas del CPJ
Hace casi siete meses, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó su primer informe exhaustivo sobre la libertad de prensa en Estados Unidos y llegó a la conclusión de que los reiterados intentos de procesar judicialmente a personas acusadas de filtrar información confidencial, los programas de vigilancia indiscriminada y las medidas para frenar la divulgación rutinaria de información a la prensa por parte del gobierno de Obama, significaban que el presidente había incumplido notablemente su promesa electoral de liderar el gobierno más transparente de la historia de Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado desde entonces? No mucho, de acuerdo con un breve repaso de recientes acontecimientos.
Lo cual no quiere decir que el panorama sea aburrido. Al contrario, es probable que los reporteros que cubren la fuente de la Seguridad Nacional hayan dormido tan poco en los últimos meses como durante el período inicial que siguió a las revelaciones de Edward Snowden, en junio del 2013. Los medios de prensa de todo el mundo han continuado publicando primicia tras primicia con base en los documentos filtrados. La sociedad estadounidense, el Congreso y el gobierno de Obama han sostenido un apasionado debate sobre el equilibrio entre la privacidad y la seguridad. Pese a los intentos del CPJ por entablar un diálogo con el gobierno respecto a algunas de estas cuestiones, la única respuesta recibida hasta el momento ha sido la declaración efectuada al sitio web Politico por parte de un vocero de la Casa Blanca: “Desde el día que asumió el cargo, el presidente comprometió a su gobierno a trabajar con miras a una apertura sin precedentes en la gestión gubernamental”. Sin embargo, dos meses después y a raíz de un cúmulo de críticas de la prensa acreditada para cubrir la Casa Blanca sobre restricciones a la cobertura de actividades oficiales, el secretario de prensa Jay Carney declaró a los reporteros: “Vamos a trabajar para encontrar formas de ser receptivos y ofrecer mayor acceso”.
Y, no obstante, los acontecimientos de las últimas semanas ilustran cómo, pese a las promesas de reformar las políticas de vigilancia, el deseo profeso del gobierno de ser más transparente en cuestiones relacionadas con la seguridad nacional no se ha hecho realidad en general. El 21 de abril, Steven Aftergood, del Proyecto contra el Secretismo Gubernamental (Project on Government Secrecy) de la Federación de Científicos de Estados Unidos (Federation of American Scientists), publicó una entrada de blog que hacía mención a una directiva de inteligencia suscrita a finales de marzo que había pasado desapercibida. La directiva, suscrita por el Director de Inteligencia Nacional James Clapper, prohíbe cualquier tipo de comunicación sin permiso explícito entre funcionarios de los organismos de inteligencia y los periodistas. La prohibición abarca toda “la información relacionada con inteligencia, inclusive fuentes, métodos, actividades y decisiones de inteligencia” y no distingue entre información de carácter confidencial y no confidencial.
Shawn Turner, el vocero de Clapper, expresó al diario The Guardian que la directiva “sencillamente consolida a un nivel jerárquico superior las normas vigentes en los distintos organismos de inteligencia”. Ciertamente, la directiva no causa sorpresas a raíz de las revelaciones acerca del Programa contra Amenazas Internas (Insider Threat Program) difundidas el año pasado por la corresponsalía en Washington de la cadena de periódicos McClatchy. El Programa contra Amenazas Internas dispone que todos los empleados federales deben contribuir a prevenir la divulgación no autorizada de información vigilando el comportamiento de sus colegas. No obstante, como argumenta Aftergood: “No existe ninguna razón en particular para pensar que las interacciones de rutina entre los empleados de los organismos de inteligencia y los periodistas –especialmente acerca de asuntos no confidenciales– representan algún tipo de amenaza a la seguridad nacional, ni de que limitarlas reportará algún beneficio. Sin embargo, es probable que la nueva norma adoptada sea eficaz para reducir la calidad, independencia y el contenido crítico de la información relacionada con inteligencia que está a disposición de la prensa y la sociedad”.
Los periodistas que cubren los tribunales militares conformados a raíz de los atentados terroristas del 11-S y que cubren el centro de detención estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, durante mucho han enfrentado las restricciones y los desafíos de intentar informar sobre casos sumamente sensibles. Entre las restricciones se encuentran la prohibición de instalar cámaras en el tribunal, un retraso de 40 segundos en el audio de los testimonios de los juicios y, recientemente, la prohibición de publicar el conteo diario de detenidos en huelga de hambre, de acuerdo con informes de prensa.Carol Rosenberg, reportera del diario The Miami Herald que ha seguido de cerca los procesos judiciales, afirma que lo que siempre ha sido un proceso extremadamente controlado se ha vuelto recientemente inclusive más restrictivo. En un video publicado a finales de abril, un equipo de periodistas del Miami Herald informaron de una serie de reglas nuevas e inescrutables que prohíben la filmación de escenas en principio inocuas como el cruce en ferry a la base naval y una presentación PowerPoint ofrecida por funcionarios de la oficina de prensa (aunque se permitió grabar el audio). El reportaje resultante es un montaje absurdo y casi surrealista de iguanas, torsos truncados de soldados y piernas que marchan por separado –con muy poca información sobre las condiciones del centro de detención–. Los periodistas se sintieron particularmente frustrados cuando una búsqueda posterior de imágenes en Google arrojó como resultado imágenes de soldados de la base mucho más fáciles de identificar, publicadas en sitios web oficiales, que las imágenes que los periodistas habían sido autorizados a filmar.
En el último tropiezo de los procesos judiciales, el equipo de abogados defensores afirmó a mediados de abril que el FBI investigaba la filtración de un manifiesto redactado por el acusado Khalid Sheikh Mohammed al noticiero del Canal 4 del Reino Unido y al sitio web The Huffington Post, los que publicaron el documento. El FBI negó que investigara la filtración, aunque confirmó haber interrogado a uno de los abogados del acusado y la existencia de una investigación que sigue rodeada de misterio. Si el caso trae como resultado un proceso judicial por filtración de información, solamente será el último de una campaña sin precedentes contra la filtración a la prensa de información de carácter sensible. Los reporteros de la fuente de Seguridad Nacional entrevistados para el informe especial del CPJ confirmaron que los ocho procesos judiciales iniciados por el gobierno de Obama de conformidad con la Ley de Espionaje contra personas acusadas de filtrar información –así como la disposición del gobierno de perseguir a los periodistas para averiguar sus fuentes confidenciales– ha inhibido gravemente el flujo informativo y ha reducido la capacidad de la prensa de informar sobre las medidas en materia de seguridad nacional que el gobierno ejecuta en nombre de la sociedad. Si el efecto inhibidor sobre la divulgación de informaciones a la prensa y a la sociedad ha sido intenso en Washington, ha sido inclusive más intenso en Guantánamo, lo cual demuestra porqué un documento que ofrece una poco frecuente mirada a los tribunales ha despertado tanto interés.
Al menos los periodistas ganaron una prolongada batalla en favor de la transparencia cuando un tribunal de apelaciones federal dictaminó el 21 de abril que el gobierno debe cumplir con una solicitud de información presentada en virtud de la Ley Federal de Acceso a la Información (Freedom of Information Act, FOIA) por dos periodistas del diario The New York Times y por la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union). Revocando un dictamen anterior, el tribunal ordenó la divulgación de partes de un memorando confidencial del Departamento de Justicia que detallaba el fundamento jurídico empleado por el gobierno para matar a ciudadanos estadounidenses con ataques ejecutados por aviones no tripulados (“drones”). El mensaje transmitido al gobierno fue significativo, escribió en la revista TheNew Yorker Amy Davidson, por cuanto señaló que “el gobierno puede mantener secretos, pero no puede mantener leyes secretas”.
La reticencia del gobierno a publicar el memorando estuvo acorde con la actitud en general del gobierno para con las solicitudes de información en virtud de la ley FOIA, según reveló en marzo un estudio de la agencia Associated Press que constató que el gobierno denegó más solicitudes en el 2013 que en años anteriores. La aversión a divulgar información fue común en los organismos gubernamentales, pero en particular se citó que los organismos de seguridad nacional “denegaron información en 8,496 casos, una cifra récord –y un aumento del 57 % respecto al año anterior y más del doble la cifra del primer año del gobierno de Obama”. Cuando el gobierno sí decide divulgar información, no descansa en sus intentos por controlar el mensaje. Cuando funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug Administration) el mes pasado les dieron a los periodistas un adelanto de unas nuevas directivas, la oferta vino acompañada de la advertencia de que a los periodistas les estaba prohibido obtener comentarios de fuentes externas respecto a las directivas antes de su difusión pública, con lo cual los funcionarios procuraban que la primera ronda de noticias tuviera solamente la narrativa oficial.
En un clima en que los organismos gubernamentales son poco transparentes, no sorprende que los periodistas dependan de denunciantes y filtraciones informativas para obtener datos de carácter sensible. Y, no obstante, en los últimos seis meses, el gobierno ha sentenciado a otro acusado de filtrar información a una pena de 13 meses de cárcel de conformidad con la Ley de Espionaje y se ha negado a retirar una orden judicial que intenta obligar al periodista James Risen del New York Times a testificar sobre su fuente informativa en otro caso de filtración. El 25 de april, el Departamento de Justicia interpuso una petición que insta a la Corte Suprema de Justicia a no aceptar la apelación de Risen y argumenta en contra del concepto del privilegio del periodista de proteger sus fuentes. El fallo de la Corte Suprema, pronunciado en 1972, en el caso Branzburg v. Hayes (descrito en una ocasión por un juez federal de apelaciones como “tan claro como el lodo”), en la opinión del Departamento de Justicia “no dejó lugar a duda alguna de que rechazaba todo argumento sustentado en la Primera Enmienda en el ámbito penal con el propósito de asegurar que el interés de la sociedad en la aplicación de la ley pueda ser reivindicado… Nada ha cambiado desde el caso Branzburg que pudiera justificar la modificación de la norma consagrada en la jurisprudencia que sostiene que los periodistas no tienen ningún privilegio para negarse a suministrar pruebas directas de actos ilícitos cometidos por fuentes confidenciales”. El Departamento de Justicia aludió a la reciente modificación de sus directivas sobre la emisión de órdenes judiciales dirigidas a la prensa, así como a iniciativas legislativas para consagrar en la ley el privilegio del periodista a proteger sus fuentes, pero destacó “el interés exclusivamente federal en evitar la divulgación ilícita de información confidencial en materia de defensa nacional”, informó el sitio web Politico. En marzo, en una conferencia en la sede del New York Times, el senador Charles Schumer aseguró que Risen se beneficiaría si se adoptara una ley federal de protección de las fuentes periodísticas, ya que le permitiría comparecer ante un juez que evaluaría la necesidad de su testimonio, mientras que el gobierno tendría que probar que la filtración informativa había causado “daño a futuro”. No obstante, muchos periodistas presentes en la misma conferencia cuestionaron si sería posible que alguna vez los beneficiara una ley que contemple una excepción con motivo de la seguridad nacional. Mientras tanto, el destino del periodista Risen se mantiene en vilo.
A pesar de los riesgos que podría sufrir Risen, el gobierno aparentemente continúa ratificando, al menos por ahora, la tímida declaración del Fiscal General Eric Holder, quien sostuvo que no procesaría judicialmente a los periodistas que publicaron los documentos del caso Snowden. Precedidos por una gran expectativa, a principios de abril los periodistas Glenn Greenwald y Laura Poitras regresaron brevemente a Estados Unidos desde su exilio autoimpuesto para recibir un premio de periodismo, sin que tuvieran ningún contratiempo. El viaje de ellos tuvo lugar tras meses de comentarios inflamatorios por parte de altos funcionarios de los organismos de inteligencia como Clapper, quien se había referido a los periodistas como “cómplices”, y como el general Keith Alexander, exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional (National Security Agency, NSA), quien había acusado a los periodistas de “vender” los documentos y había elogiado a jueces del Reino Unido que, en la opinión de Alexander, habían determinado que “las cuestiones de seguridad nacional no son competencia de los periodistas”.
En lugar de utilizar a los periodistas como chivos expiatorios, la mejor oportunidad que tienen los organismos de inteligencia de recuperar la confianza de la sociedad pudiera radicar en aumentar la transparencia en sus propios términos. Como el columnista David Ignatius (firme defensor de los organismos de inteligencia), apuntara en el diario The Washington Post: “En un mundo donde nada es absolutamente secreto, ¿qué países tendrán ventaja? Algunos podrían argumentar que serán los verdaderos estados policiales, tales como Rusia (el absurdo refugio de Snowden) o China, los que serán capaces de amordazar a la sociedad y proteger los secretos oficiales. Por mi parte, pienso que es probable que lo opuesto sea lo cierto: los beneficiados en un mundo sin secretos serán las sociedades relativamente transparentes, como Estados Unidos, que poco a poco están creando una cultura de rendición de cuentas y divulgación para sus organismos de inteligencia, por muy doloroso que pueda ser el proceso. Mientras haya menos secretos, menos habrá que proteger”.