La preocupación del gobierno brasileño por la seguridad de un periodista estadounidense contrasta con su oscuro desempeño en la protección de sus propios periodistas. Por Carlos Lauría
Violencia y censura judicial empañan el horizonte en Brasil
Por Carlos Lauría
Las autoridades brasileñas, resentidas por las revelaciones sobre el espionaje de las comunicaciones llevado a cabo por Estados Unidos, se apuraron a ofrecer protección al reportero estadounidense Glenn Greenwald, quien vive en Brasil, luego de que divulgara detalles de las actividades de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) en el país.
El Senado brasileño comenzó una pronta investigación sobre las acusaciones filtradas a Greenwald por el ex contratista de la NSA Edward Snowden, en el sentido que la agencia de espionaje estadounidense inclusive había interceptado comunicaciones personales de la Presidenta Dilma Rousseff. Para mostrar su enojo con el gobierno de Obama, Rousseff pospuso una visita de estado planificada para el 23 de octubre a Estados Unidos y posteriormente denunció el espionaje en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La declarada preocupación del gobierno por la seguridad de un periodista estadounidense quien entonces trabajaba para el Guardian de Londres, contrasta en forma dramática con el oscuro desempeño del país más grande de América Latina en la protección de sus propios periodistas ante la violencia o en la eliminación de las arcaicas leyes de difamación penal en el país.
Brasil ha visto un marcado aumento en el número de periodistas caídos en cumplimiento de su labor y de forma impune en años recientes, convirtiéndose en uno de los países más peligrosos para los reporteros en el mundo. Al menos cuatro periodistas fueron asesinados en 2013, tres de ellos en represalia directa por su labor informativa.
Además de este clima de violencia, periodistas y defensores de la libertad de prensa han identificado a la censura judicial, en segundo lugar, como el problema más crítico que afecta a reporteros y medios de Brasil. En los últimos cinco años, cientos de demandas judiciales fueron presentadas por personalidades políticas, funcionarios de gobierno y empresarios, alegando que periodistas críticos dañaron su reputación o invadieron su privacidad, según revela la investigación del CPJ. La práctica se ha vuelto tan habitual que se la conoce como “la industria de la compensación”. Los demandantes buscan órdenes judiciales que impidan a los periodistas publicar cualquier otra cosa sobre ellos y los obliguen a quitar material que esté publicado en la Internet.
Medios de prensa y periodistas están a menudo sujetos a intimidaciones bajo múltiples juicios, que agotan sus recursos financieros y los obligan a detener sus críticas. Los jueces de tribunales de primera instancia suelen admitir dichos demandas y eventualmente fallan contra la prensa, según la investigación del CPJ. Estos fallos judiciales suelen ser revocados ante una apelación, pero para entonces, el daño financiero ya fue consumado y la información ha sido censurada.
Rousseff, ex rebelde marxista que luchó contra el régimen militar en la década del ‘60 y está preparando su reelección en 2014, prometió reformas y creó un grupo de trabajo para estudiar el problema de los ataques contra periodistas. Las medidas concretas fueron tan inadecuadas como ineficaces, periodistas y activistas de derechos humanos señalaron al CPJ.
“Aunque las autoridades brasileñas identificaron a la violencia como uno de los problemas que afectan la libertad de prensa, los esfuerzos realizados para combatir este problema han sido claramente insuficientes”, afirmó Celso Schroder, presidente de la Federación Nacional de Periodistas, conocida como FENAJ.
Más allá del número de víctimas fatales en 2013, cuatro periodistas cayeron por su labor informativa en 2012 y otros tres en 2011. Como resultado, por segundo año consecutivo, Brasil aparece en el Índice de Impunidad del CPJ, que llama la atención sobre los países en donde los periodistas son asesinados con frecuencia y los asesinos quedan libres
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Un total de 27 periodistas cayeron en represalia por su trabajo en Brasil desde 1992, según revela la investigación del CPJ. Nueve de 10 periodistas caídos por su labor periodística en los últimos tres años habían informado sobre corrupción o delitos oficiales, y todos, excepto uno de ellos, trabajaban en regiones fuera de los grandes centros urbanos.
La reacción oficial de Brasil a la ola creciente de violencia contra de los medios de prensa–no diferente a su respuesta en relación con las masivas protestas callejeras de 2013 por los crecientes costos en el transporte público, la corrupción política, el crimen y los gastos en estadios para la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016–ha sido pura retórica.
La Ministra de Derechos Humamos del gobierno federal federal, Maria do Rosário Nunes, estableció un grupo de trabajo en marzo de 2013 con el objetivo de debatir la violencia contra periodistas, derivando los casos a las autoridades competentes y haciendo un seguimiento de las investigaciones judiciales. Sus miembros–diversos grupos de la sociedad civil, representantes de la presidencia, y ministros de comunicaciones y justicia–mantuvieron varias reuniones durante el año.
La idea, según afirmó Do Rosário, es “evaluar y medir los riesgos para los periodistas amenazados y crear un sistema de monitoreo que pueda efectivamente rastrear las violaciones a la libertad de prensa”. Do Rosário, cuya labor es supervisada por la presidenta, reconoció que la situación para los reporteros que trabajan en áreas aisladas es terrible. Victoria Balthar de Souza Santos, vocera del ministerio, indicó al CPJ que el grupo está considerando seriamente instalar un cuerpo de vigilancia permanente para monitorear a los periodistas amenazados.
Un miembro del grupo de trabajo, Artículo 19, una organización con sede en el Reino Unido que defiende la libertad de expresión, ha recomendado la creación de un programa federal para proteger a periodistas amenazados en peligro inminente, según relató Paula Martins, directora de Article 19 para Sudamérica. La evaluación del riesgo y las medidas de protección las decidiría un grupo compuesto por miembros de la sociedad civil con experiencia en cuestiones de prensa, libertad de expresión y derechos humanos, afirmó Martins.
En caso de crearse, según informaron al CPJ funcionarios brasileños, el programa replicaría uno que se halla actualmente en funcionamiento desde 2004 para la protección de defensores de derechos humanos. Dicho programa brinda asistencia, incluyendo traslados y protección policial, para quienes han recibido amenazas serias o sienten que están siendo atacados debido a su trabajo. Mientras que este programa ha ayudado a un número de activistas de derechos humanos, sigue presentando varios problemas, según sostiene Martins. “Carece de recursos, no hay mucha información oficial disponible para el público y existen serios problemas de coordinación entre los estados y el gobierno federal”, afirmó Martins.
Un programa de protección semejante que está vigente en Colombia suele citarse como un modelo para reducir y prevenir la violencia contra periodistas. En Colombia, un comité integrado por funcionarios del gobierno y representantes de la sociedad civil se reúne a menudo para evaluar las necesidades de seguridad de periodistas amenazados. En algunos casos, el gobierno se encarga de la protección en forma directa, incluyendo el suministro de escoltas, mientras que en otros casos respalda acciones como el traslado y la reubicación. Aunque no resulte perfecto, el programa ha sido eficaz en asistir a numerosos periodistas amenazados y ha impedido ataques físicos contra reporteros colombianos, según revela la investigación del CPJ.
Uno de los periodistas de investigación líder en Brasil, Mauri König, quien escribe para el periódico Gazeta do Povo en Curitiba, afirmó que la creación de un programa similar en Brasil está atrasada. “El gobierno perdió demasiado tiempo para establecer un mecanismo de protección y, mientras tanto, los periodistas siguen siendo asesinados con impunidad”, afirmó.
El número de fatalidades entre periodistas en los últimos años refleja el fracaso del gobierno de Rousseff para prevenir la violencia letal contra la prensa. El periodismo es hoy una profesión de alto riesgo en Brasil y la impunidad sigue siendo un problema a pesar del avance esporádico de la justicia brasileña en años recientes. En agosto de 2013, por ejemplo, João Francisco dos Santos fue sentenciado a 27 años de prisión acusado de disparar y asesinar al periodista radial y bloguero Francisco Gomes de Medeiros en la ciudad de Caicó, al noreste del país, según informes de prensa. Gomes recibió al menos cinco disparos delante de su casa el 18 de octubre de 2010. Aunque la condena es un paso adelante para mejorar el deteriorado historial de Brasil en términos de impunidad, la justicia es lenta; algunos casos pueden dilatarse durante años y sólo unos pocos son resueltos, según revela la investigación del CPJ.
Varios periodistas, legisladores y funcionarios del gobierno creen que un proyecto que está en consideración por parte del Congreso aceleraría los casos en el sistema judicial. El proyecto de ley le daría a la policía federal jurisdicción para investigar delitos contra periodistas cuando exista evidencia de fallas o incompetencia a nivel estatal. Los presidentes de ambas cámaras del Congreso, el senador Renan Calheiros y el diputado Henrique Alves, afirmaron al CPJ que brindarán su apoyo a toda medida que apunte a combatir la impunidad en casos de periodistas asesinados.
Dos de los grupos de prensa locales más grandes, FENAJ, y la Asociación de Prensa Brasileña, conocida como ABI, que representan a directores de diarios y editores de todo el país, respaldan la propuesta. “Las investigaciones deben confiarse al manejo de las autoridades federales”, afirmó Schroder de FENAJ, quien cree que en la policía federal existe menos corrupción y tiene más recursos. La asociación de periodistas investigativos de Brasil, conocida como ABRAJI, cuyos directores no han logrado consenso sobre la propuesta, no ha avalado el proyecto de ley. Fernando Rodrigues, uno de los directores del grupo y conocido periodista del diario Folha de Sao Paulo, cree que el proyecto de ley no es suficientemente inclusivo dado que no logra hacer referencia al derecho constitucional sobre libertad de expresión. Rodrigues indicó que teme que pudiese interpretarse como un privilegio para los reporteros en un momento en el que todos se ven amenazados por un nivel creciente de violencia en el país. Durante el congreso anual de ABRAJI en octubre, la Ministra Do Rosário dijo que la federalización de los crímenes que violan los derechos humanos, incluyendo el asesinato de periodistas, ayudaría a combatir la impunidad.
Paula Martins de Artículo 19 afirmó que el proyecto de ley quizás no sea necesario porque una enmienda constitucional aprobada en 2004 aborda graves abusos de derechos humanos. La enmienda constitucional 45 reformó más de 20 cláusulas de la Constitución brasileña, estableciendo mejores mecanismos judiciales para proteger los derechos humanos, según explicó Martins. Las reformas corrigieron el Artículo 109, otorgándole a la Fiscalía General la facultad para transferir un caso a la jurisdicción federal cuando se sospeche que existan graves violaciones a los derechos humanos. Aunque no ha habido casos transferidos a la jurisdicción federal bajo esta reforma, en teoría, los fiscales pueden invocar la enmienda para investigar dichos casos.
Laura Tresca, persona encargada de temas sobre libertad de información en la oficina de Artículo 19 en Brasil, señaló que además de la enmienda, existe una legislación de 2002 que permite que la policía federal investigue los crímenes contra periodistas. Si bien esto es cierto, la legislación sostiene que las autoridades federales pueden intervenir sólo una vez que los funcionarios establezcan que el delito constituye una violación a los derechos humanos. El diputado Delegado Protógenes, ex integrante de la policía federal, presentó la propuesta original en abril de 2011 y expresó que consideraría introducirle cambios al proyecto con el fin de fortalecerlo y luego guiarlo para que atraviese el proceso legislativo.
Otra nación latinoamericana, México, con peores antecedentes de violencia contra periodistas, adoptó una reforma legislativa de gran envergadura para lidiar con su propio problema. El 3 de mayo, el Presidente mexicano Enrique Peña Nieto firmó la ley que implementaba una enmienda constitucional otorgándole al gobierno federal mayor jurisdicción para procesar delitos contra la libertad de expresión.
Con la enmienda del Artículo 73 de la Constitución mexicana, las autoridades federales tienen jurisdicción en cualquier delito contra “periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”. La reforma se aprobó luego de años de campaña por parte del CPJ y de otros grupos de prensa y es solamente un paso adelante para procesar en la justicia a los asesinos de periodistas mexicanos.
En un Brasil exaltado por el fútbol, inclusive los comentarios deportivos críticos pueden volverse letales, motivo por el cual una familia está exigiendo justicia mientras el proyecto de ley propuesto para ampliar las facultades de la policía federal permanece paralizado en la Cámara de Diputados.
Valério Luiz de Oliveira, reportero de Radio Jornal en la ciudad de Goiânia, murió de un disparo efectuado por un hombre armado no identificado que iba en motocicleta en julio de 2012. Luiz era conocido por sus críticas a la gerencia del equipo de fútbol local, el Atletico Goianiense, según los informes de prensa. Antes de su muerte, se le había impedido ingresar a las instalaciones centrales del club. En febrero de 2013, las autoridades arrestaron al ex vicepresidente del club, a tres miembros de la policía militar y a un carnicero, todos ellos acusados de haber participado en el asesinato. Los cinco sospechosos fueron liberados en mayo luego de un requerimiento judicial presentado por sus abogados. Posteriormente, en septiembre, Valerio Luiz Filho, hijo del periodista, solicitó una audiencia federal ante la legislatura estatal en Goiânia, aduciendo que las autoridades estatales eran incapaces de resolver el crimen debido a presiones e intimidaciones. A fines de 2013, su pedido seguía sin respuesta.
La eliminación en Brasil de la infame Ley de Prensa de 1967, promulgada durante la dictadura militar, por el Supremo Tribunal Federal en 2009 fue proclamada como un paso adelante en la campaña contra las restrictivas leyes de difamación penal en las Américas. Pero los periodistas aún pueden ser encarcelados debido a su labor informativa. Diferentes artículos del código penal, (138, 139, y 140) estipulan de un mes a dos años de prisión por injurias y difamación, con penas más severas cuando el delito se comete contra el presidente, o contra el jefe de un gobierno extranjero, contra un funcionario en desempeño de sus funciones oficiales o contra una persona que es discapacitada o tiene más de 60 años (Artículo 141).
Los reclamos judiciales por difamación resultan claramente visibles en el Informe de Transparencia de Google, que fue divulgado por primera vez en 2009. El mismo recopila solicitudes de gobiernos para quitar contenido de las plataformas de la compañía. Brasil aparece en el primer lugar de la lista. Durante la segunda mitad de 2012, Google documentó un aumento en las solicitudes provenientes de Brasil, que representaba un alza de 265 por ciento en comparación con el período previo. La principal causa del aumento fueron las elecciones municipales de 2012. Casi la mitad de todas las solicitudes pedían la remoción de 756 piezas de contenido vinculado a supuestas violaciones del código electoral brasileño, el cual prohíbe la difamación y los comentarios que ofenden a candidatos. Google apeló la decisión sobre la base de que el contenido está protegido por la libertad de expresión según la Constitución brasileña.
Los periodistas locales creen que las decisiones politizadas por parte del poder judicial impiden la cobertura informativa sobre temas de interés nacional. “La censura impuesta por tribunales inferiores a menudo restringe la libertad de prensa y crea un clima de inseguridad legal entre los periodistas”, afirmó Mauri König, galardonado con el Premio a la Libertad de Prensa del CPJ en 2012. En muchas ocasiones, afirmó, los reporteros evitan tratar temas polémicos por temor a la persecución legal.
Pero conocidos miembros del poder judicial minimizan la amenaza. El Presidente de la Corte Suprema Joaquim Barbosa, como así también uno de sus predecesores, Antonio Cesar Peluso, comentaron, cada uno al CPJ, que no creen que la censura judicial sea un problema mayor, a pesar de que investigaciones realizadas por grupos locales e internacionales demuestran lo contrario. Aunque ambos admitieron que hubo casos en que los demandantes, sintiendo que su honor había sido cuestionado o que se había invadido su privacidad, lograron bloquear la publicación, los jueces aducen que esto no representa una amenaza a la libertad de prensa en Brasil. Ambos indicaron que las garantías a la libertad de expresión en la constitución son lo suficientemente fuertes y que los casos de censura judicial no son extendidos y no plantean una seria amenaza. Al ser confrontados con casos documentados por grupos de derechos humanos, afirmaron que la mayoría de las decisiones son posteriormente revocadas luego de su apelación. Ambos defendieron la independencia del poder judicial brasileño.
Existe un aspecto melancólico en el Brasil actual que contrasta con sus paradisíacas playas, sus ritmos de bossa nova, su glorificada tradición futbolística y la maravillosa naturaleza de su selva tropical amazónica. La desigualdad económica y la extrema pobreza, una epidemia de crack y cocaína, la trata de personas y un nivel de violencia letal son algunos de los diversos retos que enfrenta el país. La violencia contra periodistas y la censura son serios inconvenientes que han degradado el escenario de libertad de prensa y exigen una respuesta decisiva del gobierno. Sin un periodismo independiente y libre para informar sobre estas deficiencias y movilizar el debate público, será difícil resolverlos.
Como país anfitrión de la Copa Mundial FIFA 2014 y de los Juegos Olímpicos 2016, Brasil espera recibir un gran flujo de turistas en los próximos años. Con millones de visitantes poblando la cuarta democracia más grande del mundo, y la quinta nación más poblada del planeta, estos problemas estarán bajo creciente escrutinio internacional.
En respuesta a las protestas masivas de 2013, Rousseff intentó garantizarle al mundo que Brasil es una nación pacífica. “El fútbol y el deporte son símbolos de paz y de una coexistencia pacífica de los pueblos”, afirmó Rousseff en un discurso televisado a nivel nacional.
Mientras el perfil de Brasil asciende en proporción con su influencia global, el gobierno de Rousseff cree que el 2014 será una gran oportunidad para que Brasil despliegue la riqueza de su cultura. La presidenta, que estará en medio de la campaña electoral durante la Copa del Mundo, sabe que todos los ojos estarán puestos en Brasil. Los periodistas y los defensores de la libertad de prensa esperan que el gobierno, deshonrado por su lamentable historial en temas de libertad de prensa, inicie acciones decisivas para enfrentar las amenazas contra la prensa local. “La violencia impune contra la prensa y la censura judicial ciertamente dañan la imagen del país ante la opinión pública internacional”, afirmó König.
A medida que se acerca la Copa del Mundo, Brasil deberá pasar de la retórica a la acción. La violencia letal contra la prensa, la impunidad y la censura judicial cuestionan seriamente el verdadero compromiso de Brasil con los valores democráticos y los derechos humanos.
Coordinador Senior del Programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, nacido en Buenos Aires, es periodista y ha sido corresponsal de la revista Noticias.
