El clima de la libertad de prensa en Perú fue similar al de 2012: periodistas fueron blanco de la violencia y fueron objeto de procesos judiciales por difamación debido a sus denuncias de corrupción. Aunque ningún periodista se encontraba preso, dos fueron condenados por el delito de difamación y recibieron penas de cárcel suspendidas. Un proyecto de ley que eliminaba las penas de cárcel por el delito de difamación ha estado paralizado en el Congreso desde mediados de 2011. Los periodistas que cubrían una oleada de manifestaciones contra un proyecto minero al norte del país, sufrieron violencia e intimidación a manos de todos los sectores del conflicto. Del mismo modo, los periodistas y medios que informaron sobre la corrupción y el crimen organizado fueron objeto de ataques que no dejaron víctimas mortales. Un periodista fue asesinado en circunstancias aún no esclarecidas y el CPJ continúa sus investigaciones con el fin de determinar si el asesinato estuvo vinculado al ejercicio del periodismo. Casos anteriores de asesinato de periodistas continúan sin resolverse y los fiscales apelaron la absolución, otorgada en 2012, a un ex alcalde de la ciudad de Coronel Portillo que había sido acusado del asesinato del periodista radial Alberto Rivera Fernández, hecho ocurrido en 2004. Las organizaciones de derechos humanos y los periodistas plantearon sus inquietudes sobre las implicaciones de un proyecto de ley que penalizaría la negación de delitos de terrorismo, sobre una ley contra los delitos cibernéticos que tipificaría como delito algunas expresiones en la Internet, y sobre la decisión de la principal empresa de diarios del país de adquirir otra empresa de medios que le reportaría una cuota de mercado del 78 por ciento en el sector de la prensa escrita.