El gobierno de Obama y la prensa

Investigaciones sobre filtraciones y vigilancia en Estados Unidos post 11-s

El Presidente de Estados Unidos Barack Obama llegó al gobierno prometiendo transparencia, pero no ha cumplido con su palabra. Periodistas y activistas en defensa de la transparencia afirman que la Casa Blanca limita la divulgación de información y despliega a sus propios medios para evadir el escrutinio de la prensa. El agresivo procesamiento de informantes de material clasificado y una vigilancia electrónica generalizada está disuadiendo a las fuentes gubernamentales de hablar con los periodistas. Un informe especial del CPJ por Leonard Downie Jr. con investigación de Sara Rafsky.

Publicado el 10 de octubre de 2013

En Washington, durante la administración del Presidente Obama, los funcionarios de gobierno tienen cada vez más temor de hablar con los medios. Los sospechosos de conversar con periodistas acerca de cualquier asunto que el gobierno haya clasificado como secreto son objeto de investigación, e inclusive de pruebas de polígrafo y el escrutinio de los datos de sus teléfonos y correos electrónicos. Un “Programa contra Amenazas Internas” que se está poniendo en marcha en cada departamento gubernamental les ordena a todos los empleados federales que vigilen el comportamiento de sus colegas para ayudar a prevenir filtraciones de información.

Desde 2009, seis empleados gubernamentales –además de dos contratistas, entre ellos Edward Snowden– han sido objeto de procesos penales por delitos graves de conformidad con lo previsto por la Ley sobre Espionaje de 1917 por filtrar información clasificada a los medios, comparado con un total de tres en todos los períodos presidenciales anteriores en la historia de Estados Unidos. Ello sin contar que se han iniciado otras investigaciones penales en torno a filtraciones de información. En dos de esas investigaciones, el gobierno solicitó y confiscó de manera secreta los correos electrónicos y el registro de llamadas telefónicas de los periodistas.

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En una declaración jurada vinculada a una de esas peticiones, un reportero de la cadena Fox News fue acusado de ser “cómplice, instigador y/o conspirador” de una persona procesada por filtrar información, lo que coloca al periodista en riesgo de ser objeto de un proceso penal por su trabajo periodístico. En otro caso, a un reportero del New York Times se le ha ordenado testificar contra una persona procesada por filtrar información y corre riesgo de ir a la cárcel.

Multiplicando las preocupaciones de los periodistas y los funcionarios gubernamentales con quienes entran en contacto, los artículos periodísticos basados en documentos clasificados obtenidos de Snowden han revelado masivas actividades de vigilancia de los teléfonos y correos electrónicos de los estadounidenses por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

Numerosos periodistas que trabajan en Washington explicaron que los funcionarios están renuentes a siquiera conversar con ellos sobre información no clasificada porque temen que las investigaciones en torno a las filtraciones y la vigilancia de los organismos gubernamentales dificulte aún más que los periodistas puedan ofrecer la protección de la fuentes.

“Me preocupa llamar a alguien porque ese contacto puede ser descubierto mediante una revisión de los registros telefónicos o los correos electrónicos”, afirmó R. Jeffrey Smith, veterano periodista y experto en temas sobre seguridad nacional que trabaja en el Centro para la Integridad Pública (Center for Public Integrity). “Ello deja un rastro digital que facilita que el gobierno vigile esos contactos”.

“Considero que tenemos un verdadero problema”, expresó Scott Shane, reportero de la fuente de seguridad nacional del New York Times. “Esos procesos penales por filtrar información disuaden a la mayoría de las personas. Tienen mucho miedo. Existe una zona gris entre la información clasificada y la no clasificada, y la mayoría de las fuentes estaban en esa zona. Las fuentes ahora tienen miedo de entrar en la zona gris, tiene un efecto disuasivo. Si tenemos en cuenta que la cobertura informativa exhaustiva de las actividades de gobierno es uno de los pilares de la democracia estadounidense, la balanza se inclina en forma significativa a favor del gobierno”.

Al mismo tiempo, según confiaron los periodistas, los voceros gubernamentales a menudo no responden las solicitudes de los periodistas o son hostiles, inclusive cuando los reporteros han sido remitidos a esos propios voceros por funcionarios que no quieren dar declaraciones. A pesar de las repetidas promesas del presidente Barack Obama en el sentido de que su administración sería la de mayor apertura y transparencia en la historia de Estados Unidos, los periodistas y activistas en cuestiones de transparencia gubernamental afirman estar decepcionados por el progreso de esta administración en facilitar el acceso a la información que necesitan.

“Esta es la administración más cerrada y obsesionada por controlar la información que yo haya cubierto jamás”, señaló David Sanger, veterano corresponsal del New York Times en Washington.

La administración Obama ha utilizado de manera notable las redes sociales, los videos y sus propios avanzados sitios web para suministrarle al público la información generada por el gobierno sobre sus actividades, junto con una cantidad considerable de datos gubernamentales que son útiles para los consumidores y las empresas. Salvo algunas excepciones, como por ejemplo colocar los registros de visitantes a la Casa Blanca en el sitio web whitehouse.gov y documentos desclasificados en el nuevo sitio web de los organismos de inteligencia, la administración Obama divulga escasa información de la que más necesitan los medios y el público para la rendición de cuentas del gobierno sobre sus políticas y sus actos.

“El gobierno debe ser transparente”, expresó Obama en el sitio web de la Casa Blanca, una declaración que ha reiterado en sus directivas presidenciales. “La transparencia fomenta la rendición de cuentas y les ofrece información a los ciudadanos sobre las actividades de su gobierno”. Pero los actos de su administración con frecuencia han estado en contradicción con las intenciones declaradas de Obama. “Por el contrario”, observó Margaret Sullivan, la defensora del lector del New York Times, “está resultando ser la administración del secreto sin precedentes y de ataques sin precedentes contra la prensa libre”.

“El presidente Obama ha dicho que la opción por defecto sería la divulgación de información”, describió Shane, el reportero del New York Times. “La cultura que han creado no es una que favorece la divulgación de información”.

En distintas conversaciones los funcionarios de la Casa Blanca objetaron con firmeza esas aseveraciones y citaron estadísticas que muestran que Obama durante toda su gestión ha ofrecido más entrevistas a medios digitales, noticiosos y de entretenimiento que los presidentes George W. Bush y Bill Clinton ofrecieron en sus respectivos primeros períodos sumados. También aludieron a directivas presidenciales que ordenan la colocación de mayor cantidad de datos en la Internet, que agilizan el trámite de las solicitudes en virtud de la Ley de Acceso a la Información, y que limitan la cantidad de información gubernamental clasificada como secreta. Al mismo tiempo, señalaron la desclasificación y difusión pública de información sobre los programas de de la NSA de vigilancia de comunicaciones en el período posterior a la filtración por parte de Snowden de un gran volumen de documentos secretos a los diarios The Washington Post y The Guardian.

“La idea de que las personas no están hablando ni filtrando información a los periodistas es desmentida por los hechos”, respondió Jay Carney, el secretario de prensa de Obama, mientras se refería con frustración a artículos noticiosos, publicados ese mismo día y basados en fuentes que solicitaron el anonimato, sobre preparativos de acciones militares contra el gobierno sirio.

“Hacemos un esfuerzo por comunicar cuestiones sobre seguridad nacional en encuentros que nuestras fuentes autorizadas sostienen con los medios, y esas fuentes ofrecen información con atribución y también sin atribución”, afirmó Ben Rhodes, asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca. “Y seguimos viendo investigaciones periodísticas, basadas en fuentes no autorizadas, con mucha información no clasificada y con alguna información delicada”.

Rhodes ofreció como ejemplo la creciente –aunque tardía– apertura oficial de la Casa Blanca acerca del empleo de aeronaves teledirigidas para atacar a sospechosos de actos de terrorismo, lo cual comprende la desclasificación de información sobre ataques en Yemen y Somalia, tras revelaciones de los medios acerca de ataques con aeronaves teledirigidas. “Si puedes ser transparente, puedes defender esa política”, expresó Rhodes. “Pero entonces te acusan de poner en riesgo la seguridad nacional. Si lo haces, te critican, y si no, también. Todo causa tanta controversia política en Washington, que eso puede actuar como un incentivo negativo”.

La guerra de la administración Obama contra las filtraciones y otras iniciativas para controlar la información son las más agresivas que he verificado desde la administración del presidente Richard Nixon, cuando era uno de los editores involucrados en la investigación del The Washington Post sobre el caso Watergate. Los 30 avezados periodistas de Washington que entrevisté para este informe, procedentes de diversas organizaciones de noticias, no pudieron recordar ningún precedente.

“Es indudable que las fuentes están mirando hacia todos los lados”, Michael Oreskes, un editor senior de la agencia de noticias The Associated Press, manifestó meses después de que el gobierno, en una investigación en gran escala sobre filtraciones de información, de manera secreta solicitó y confiscó los registros de las líneas y los conmutadores telefónicos utilizados por más de 100 reporteros de AP en la corresponsalía de Washington y en otras ciudades. “Las fuentes están más nerviosas y distantes, y no solamente respecto a cuestiones de seguridad nacional, sino respecto a otros temas más rutinarios. La administración Obama ha mostrado un extremo afán de control y resistencia respecto a la intervención de los medios. Existe una manera de pensar y un enfoque en el sentido de mantener a mayor distancia a los periodistas”.

Rajiv Chandrasekaran, periodista que cubre seguridad nacional para el Washington Post y miembro de la junta directiva del CPJ, indicó que “una de los consecuencias más perniciosas es el efecto inhibidor creado en todos las oficinas del gobierno en asuntos que son mucho menos delicados pero ciertamente de interés público como contrapeso del gobierno y los funcionarios electos. Sirve para mantener los actos de gobierno al margen de la necesaria rendición de cuentas”.

“Creo que los esfuerzos combinados de la administración están restringiendo el flujo de información en varios puntos”, sostuvo Frank Sesno, ex jefe de la corresponsalía de CNN en Washington y actual director de la Facultad de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. Sesno citó investigaciones de “personas implicadas en filtraciones y periodistas en contactos con ellos” y limitaciones “en cuanto al acceso diario necesario para que la administración ofrezca explicaciones y rinda cuentas”.  

El Programa contra Amenazas Internas que está en marcha en todos los departamentos gubernamentales para detener las filtraciones —detallado por primera vez a finales de junio por la corresponsalía de Washington de la cadena de periódicos McClatchy– ya ha “creado vigilancia interna, exacerbado la paranoia en el gobierno y ha logrado que los funcionarios estén preocupados por los contactos con el público, con activistas y con los medios”, explicó Steven Aftergood, destacado activista en favor de la transparencia y director del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos Estadounidenses (Federation of American Scientists), institución con sede en Washington.

Ninguna de estas medidas se compara con las obstáculos gubernamentales, la censura, la represión y las amenazas contra la integridad física que los periodistas y sus fuentes enfrentan a diario en muchos países de todo el mundo –de Asia, el Medio Oriente y África hasta Rusia y otros países de Europa y Latinoamérica– entre ellas naciones que le han ofrecido asilo político a Snowden. Pero Estados Unidos, con sus singulares garantías constitucionales sobre libertad de expresión y libertad de prensa –esenciales para su tradición de fiscalización del gobierno– no es cualquier país.

“La investigación y potencial procesamiento de periodistas investigativos por el delito de ejercer la profesión lo suficientemente bien como para hacer que el gobierno se sienta avergonzado, no es nada nuevo”, escribió a comienzos de año Suzanne Nossel, directora ejecutiva de la organización PEN American Center. “Sucede en todo el mundo, y es parte de lo que la administración Obama ha combatido al enarbolar la causa de la libertad de prensa y la Internet a escala global. Al permitir que su propia campaña contra las filtraciones relativas a la seguridad nacional se convierta en motivo para pisotear la libertad de expresión, la administración ha puesto en riesgo un elemento significativo de su propio legado en materia de política exterior y derechos humanos”.

Richard McGregor, corresponsal del diario Financial Times,  comentó que, al llegar a Washington hace ya unos años después de ser corresponsal en China, se sorprendió de comprobar que “cubrir esta Casa Blanca es algo deprimente en lo que respecta a tener algo de sustancia que informar en lo que debiera ser un sistema mucho más abierto. Si Estados Unidos comienza a retroceder en este aspecto, no solamente es un mal ejemplo para las naciones más cerradas, sino también para otras democracias que han sido influenciadas por Estados Unidos” para hacer que sus gobiernos sean más transparentes.

Este informe examina todas estas cuestiones: las normas jurídicas de la administración Obama que afectan las relaciones entre periodistas y fuentes gubernamentales; los programas de vigilancia que ponen en duda a la capacidad de los periodistas de proteger a esas fuentes; prácticas informativas restrictivas que entorpecen hacer responsable al gobierno de sus actos y decisiones; y la manipulación de los medios controlados por la administración para evadir el escrutinio de la prensa.

 

11 de Septiembre de 2001, un punto de inflexión

Por supuesto, cada gobierno estadounidense de la época moderna ha intentado, con distintos grados de éxito, controlar su mensaje y gestionar los contactos con los medios y el público. “Cuando me preguntan cuál es la administración más manipuladora y secreta que haya cubierto, siempre digo que es la que está gobernando ahora,” expresó Bob Schieffer, veterano presentador de CBS News y corresponsal jefe en Washington. “Cada gobierno aprende del anterior: actúa con mayor secreto y aplica restricciones más severas al flujo de información. Este gobierno ejerce mayor control que el de George W. Bush, y a su vez éste ejercía mayor control que la administración anterior”.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos marcaron un hito. Condujeron al rápido crecimiento de lo que el Washington Post luego calificó de un vasto “Estados Unidos súper secreto” compuesto por organismos de inteligencia y otras entidades gubernamentales, fuerzas militares especiales, y contratistas privados, quienes tenían como objetivo el combate contra el terrorismo. Solamente el “presupuesto de operaciones secretas” de los 16 organismos de inteligencia estadounidenses fue superior a 50 mil millones de dólares en el año fiscal 2013, según un documento de la NSA que Edward Snowden entregó al Washington Post.

Desde los ataques del 11-S, “la función de seguridad nacional del gobierno se ha ampliado enormemente”, subrayó Jack Goldsmith, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y abogado de alto nivel encargado de cuestiones de seguridad nacional en el Pentágono y el Departamento de Justicia durante la administración Bush. Ello ha significado una “gigantesca expansión del sistema secreto”, sostuvo, “tanto en lo relativo a la cantidad de secretos como a la cantidad de personas con acceso a secretos”.

Para 2011, más de 4 millones de estadounidenses contaban con autorización de seguridad para tener acceso a información clasificada de uno u otro tipo, según un informe presentado ante el Congreso y elaborado por los organismos de inteligencia estadounidenses de conformidad con la Ley de Autorización de Inteligencia (Intelligence Authorization Act) de 2010, y cada vez mayor cantidad de información era clasificada de secreta. Solamente en ese año, los funcionarios gubernamentales tomaron 92 millones de decisiones de clasificar información como confidencial –un indicador de lo que Goldsmith llamó “gigantesco exceso de clasificación”–. Por ejemplo, los 250,000 cables del Departamento de Estado que el soldado Bradley Manning (ahora conocida como Chelsea Manning después de cambiarse el nombre) descargó y entregó al sitio web Wikileaks comprendían numerosos artículos periodísticos publicados anteriormente que fueron clasificados como secretos en despachos diplomáticos a Washington.

La Ley Patriota, adoptada en el Congreso después de los ataques del 11-S y desde entonces modificada y prolongada en vigencia, amplió los poderes del gobierno para proteger la seguridad nacional, e inclusive aprobó investigaciones secretas de sospechosos de actividades terroristas. Durante la administración Bush, la NSA, trabajando en conjunto con la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), de manera secreta vigiló grandes volúmenes de llamadas telefónicas que pasaron por las instalaciones y empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos. Esta vigilancia electrónica para detectar amenazas de terrorismo, a la larga fue autorizada y ampliada por el tribunal FISA –un tribunal que funciona a puertas cerradas y que fue creado en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, adoptada en 1978– y le permitió a la NSA de manera secreta recolectar, almacenar y tener acceso a los registros de la mayoría del tráfico de telefonía e Internet de Estados Unidos o en tránsito por Estados Unidos.

En un inicio, los medios estadounidenses no descubrieron ni éstas ni otras actividades secretas antiterrorismo. Tampoco parecieron cuestionar con firmeza las razones ofrecidas por el presidente George W. Bush para declararle la guerra a Iraq, además de los operativos militares en curso en Afganistán. “El gobierno de Bush se estaba esforzando por venderles las guerras y los programas encubiertos a los periodistas”, comentó David Ignatius, un columnista sindicado de política exterior. “El acceso era una cuestión de rutina”.

Pero la cobertura de los medios cambió de manera gradual. En 2003, el reportero Barton Gellman detalló en el Washington Post cómo una fuerza de tarea estadounidense no había podido encontrar ninguna prueba sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Iraq tras la invasión estadounidense. En 2004, CBS News y Seymour Hersh, redactor de la revista The New Yorker, por separado informaron que soldados e interrogadores de organismos de inteligencia estadounidenses habían maltratado y torturado a personas detenidas durante la guerra y encerradas en la prisión iraquí de Abu Ghraib. En 2005, Dana Priest, reportera del Washington Post, reveló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) ese mismo año había detenido e interrogado “agresivamente” a sospechosos de terrorismo en prisiones secretas al margen del sistema jurídico y ubicadas fuera de Estados Unidos. Más tarde ese año, los reporteros del New York Times James Risen y Eric Lichtblau por primera vez informaron sobre la intercepción de llamadas telefónicas de estadounidenses, sin orden judicial, en el programa secreto de vigilancia electrónica de la NSA. En 2006, Risen publicó un libro en el que reveló un fallido operativo encubierto de la CIA para sabotear el programa nuclear iraní.

Este tipo de revelaciones le permitieron a la sociedad estadounidense enterarse acerca de actos cuestionables de su gobierno y juzgarlos por sí mismos. Al mismo tiempo, enfurecieron a funcionarios de la administración Bush, quienes trataron de persuadir a los directivos de las organizaciones de noticias para que frenaran o retrasaran tales noticias –las que dependían, en parte, de la entrega de información clasificada por parte de fuentes gubernamentales confidenciales–. La administración Bush inició intensas investigaciones para identificar las fuentes de las revelaciones sobre las prisiones secretas de la CIA y la vigilancia electrónica de la NSA, así como del libro de Risen. Al término de la presidencia de Bush, nadie había sido procesado, aunque un funcionario de la CIA fue despedido por tener contactos no informados con Priest, y varias investigaciones del Departamento de Justicia se encontraban en marcha.

La Casa Blanca de Bush y el vicepresidente Dick Cheney no vacilaron en enfrentarse, en público y en privado, con unos medios cada vez más antagónicos, especialmente a medida que las guerras de Iraq y Afganistán se tornaban más impopulares –al igual que la administración Bush–. Pero los periodistas y directivos de organizaciones de medios, todavía éramos capaces de entablar un diálogo productivo con funcionarios informados a los más altos niveles de gobierno, e inclusive sostener conversaciones sobre noticias delicadas respecto a actividades de seguridad nacional clasificadas. “La administración Bush tenía peor reputación”, sostuvo Marcus Brauchli, mi sucesor inmediato como editor ejecutivo del Washington Post, “pero, en la práctica, aceptaba mucho más el papel del periodismo en la temática de la seguridad nacional”.

Y no solamente en la seguridad nacional. Ellen Weiss, jefa de la corresponsalía en Washington de la cadena de periódicos y medios audiovisuales E. W. Scripps, expresó que “el gobierno de Obama es mucho peor que el de Bush” en lo relativo a bloquear la fiscalización periodística de los organismos gubernamentales. Uno de los varios ejemplos citados por Weiss es que la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency o EPA, por sus siglas en inglés) “simplemente se negaba a hablar con nosotros” o a divulgar archivos sobre las comisiones de revisión de la política ambiental, las que estaban “llenas de  personas vinculadas con empresas que serían afectadas”.

 

Obama promete transparencia

Obama –quien durante la campaña presidencial de 2008 había criticado el “secretismo excesivo” de la administración Bush– asumió la presidencia prometiendo un gobierno abierto sin precedentes. Al final de su primer día completo en el cargo, el 21 de enero de 2009, Obama había emitido directivas a los organismos de gobierno para que agilizaran sus respuestas a las solicitudes de acceso a la información y para establecer los sitios web de la “Iniciativa Gobierno Abierto”, con información sobre sus actividades y los datos que recopilan.

Los sitios web gubernamentales resultaron ser parte de una estrategia, perfeccionada durante la campaña presidencial de Obama, para utilizar la Internet con el propósito de ofrecer al público grandes cantidades de información favorable e imágenes generadas por su gobierno, mientras limitaba su exposición a la fiscalización de los medios. Los veteranos periodistas de política Jim VandeHei y Mike Allen describieron la maquinaria de mensajes de la administración de la siguiente manera en el sitio de noticias Politico: “Una técnica auténticamente nueva creada por la Casa Blanca de Obama es la creación de contenido gubernamental –fotos del mandatario, videos de funcionarios de la Casa Blanca, entradas de blog redactadas por asesores de Obama– los cuales pueden ser divulgados de modo instantáneo a las masas mediante las redes sociales. Y ellos están obsesionados por aprovechar a Twitter, Facebook, YouTube y cualquier otro foro de medios sociales, no solamente para hacer campaña electoral, sino para gobernar. Ellos son más disciplinados a la hora de tomar represalias contra el personal que filtra información o contra los reporteros que escriben cosas que les desagradan”.

“Tenemos a nuestra disposición nuevos recursos debido a los cambios en los medios de comunicación”, explicó un alto funcionario de la Casa Blanca, “y cometeríamos un acto de negligencia si no los utilizáramos”. El funcionario puso como ejemplo que la Casa Blanca con frecuencia difundía breves anuncios por Twitter a los más de 4 millones de seguidores  de la cuenta @whitehouse.

“Algunos de ustedes han dicho que yo ignoro a los medios de Washington, que tenemos un afán de control”, observó Obama en tono de broma ante los periodistas reunidos en la Cena Gridiron anual en Washington en marzo pasado. “Bueno, si quieren saber algo, ustedes tenían razón. Me equivoqué, y quería disculparme en un video que ustedes pueden ver en exclusiva en whitehouse.gov”, uno de los sitios web de la administración.  

“No hay acceso a las cuestiones diarias de la presidencia, como por ejemplo con quién se reúne el presidente y quien lo asesora”, comentó Ann Compton, corresponsal de ABC News en la Casa Blanca y quien ha cubierto a todos los presidentes desde Gerald Ford. Compton explicó que muchas de las reuniones importantes de Obama con figuras destacadas ajenas a la administración sobre cuestiones como la atención médica, la inmigración o la economía ni siquiera aparecen registradas en el calendario público de Obama. Ello dificulta que los medios informen a los ciudadanos acerca de cómo el presidente toma las decisiones y quien las está influenciando.

“En el pasado”, expuso Compton, “con frecuencia nos invitaban al Salón Roosevelt al principio de las reuniones para escuchar las palabras introductorias del presidente y ver quién participaba en la reunión, y luego podíamos hablar con algunos de los participantes en la salida para autos. Este presidente ha eliminado ese tipo de cobertura. Es el menos transparente de los siete presidentes que he cubierto, en lo referente a cómo realiza sus actividades diarias”.

En lugar de otorgar mayor acceso para la labor informativa de experimentados periodistas, observó Compton, la Casa Blanca de Obama produce su propio noticiero, llamado “West Wing Week”, que coloca en el sitio web de la Casa Blanca. “Son cinco minutos de video y sonido propios grabados en actividades que los medios ni siquiera sabían que existían”, indicó Compton.

“Cuando llamas a la oficina de prensa de la Casa Blanca para hacer una pregunta o solicitar información, ellos nos remiten a los sitios web de la Casa Blanca”, expresó Chris Schlemon, productor de noticias de la cadena televisiva británica Channel 4 en Washington. “Tenemos que utilizar el contenido del sitio web de la Casa Blanca, los videos de la Casa Blanca de las entrevistas del presidente con los canales locales y fotografías de la Casa Blanca del presidente”.

“La administración Obama emplea a las redes sociales para evadir a los medios por completo”, opinó Sesno, el director de la Facultad de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. “El diálogo abierto con el público sin intermediarios es bueno, pero si se utiliza para la propaganda y para evitar el contacto con los periodistas, es un camino muy peligroso”.

Desestimando tales preocupaciones y considerándolas un intento de los medios de noticias por obtener un trato especial, un alto funcionario de gobierno señaló que los videos de la Casa Blanca de reuniones que por lo demás son a puertas cerradas, por ejemplo, le ofrecen al público “un aumento neto en la visibilidad de estas reuniones”.

Varios reporteros indicaron que la oficina de prensa de la Casa Blanca y los funcionarios de asuntos públicos de muchos organismos gubernamentales con frecuencia no responden sus preguntas y sus solicitudes de entrevista y cuando lo hacen actúan de una manera hostil. “En la administración Obama, existe una hostilidad generalizada hacia los medios”, afirmó Josh Meyer, el veterano escritor y corresponsal en Washington, quien trabaja para el sitio web de noticias nacionales Quartz, perteneciente a Atlantic Media. “No devuelven reiteradas llamadas y correos electrónicos. Se sienten con derecho a recibir una cobertura mediática favorable y la esperan”.

Reporteros y editores sostienen que a menudo reciben llamadas de la Casa Blanca con quejas por el contenido noticioso acerca del gobierno. “A veces me asombra su grado de sensibilidad, acerca de algo que enviamos por Twitter o por un titular en nuestro sitio web”, señaló Kevin Merida, editor gerente del Washington Post.

Carney, el secretario de prensa de Obama, quien había cubierto la Casa Blanca para la revista Time, restó importancia a tales quejas y las calificó como un aspecto de “una tensión natural” en la relación de cualquier administración con los medios. “Eso no es nuevo”, resaltó Carney. “A mí me gritaban los funcionarios durante las administraciones de Clinton y Bush”.

“La gente cercana a Obama pasa una hora contigo, sin permitir la atribución de sus comentarios, para disputar la premisa de una noticia”, aseveró Josh Gerstein, quien cubre la Casa Blanca y sus políticas comunicacionales para Politico. “Si se trata de una noticia que, en esencia, el gobierno no quiere que salga, ni siquiera ofrece los hechos básicos”.

“Casi existe una obligación de controlar el mensaje de la misma forma que lo hicieron durante la campaña electoral”, acotó Eric Schmitt, corresponsal de seguridad nacional del New York Times. “Más insidiosas que el efecto inhibidor de las investigaciones en torno a las filtraciones de información son las dilaciones. Las personas te dicen ‘Ya me pondré en contacto contigo. Tengo que pedir la autorización del personal de asuntos públicos'”.

“Están muy cohesionados respecto al mensaje oficial”, afirmó Schlemon, el productor de noticias de Channel 4. “Yo pensaba que la administración Bush no se salía del mensaje oficial, pero los funcionarios de este gobierno los han superado”.

 

La Casa Blanca bajo presión para detener filtraciones

Mientras esta cultura de control informativo se afianzaba mientras Obama ocupaba la Casa Blanca en enero de 2009, su gobierno fue objeto de una creciente presión por parte de los organismos de inteligencia estadounidenses y las comisiones legislativas a cargo de cuestiones de inteligencia para que frenaran lo que estos consideraban una alarmante acumulación de filtraciones en torno a la seguridad nacional. De acuerdo con un artículo publicado por el New York Times a mediados de año, Dennis Blair, el primer director de inteligencia nacional de Obama, advirtió que, durante los cuatro años anteriores, 153 filtraciones de información en torno a cuestiones de seguridad nacional habían sido remitidas al Departamento de Justicia por parte de los organismos de inteligencia en “informes de delitos”, pero el FBI sólo había investigado 24 de ellas, y nadie había resultado procesado por esas investigaciones.

“De acuerdo con Blair”, informó el New York Times, “la iniciativa se puso en marcha después de que Fox News informara en junio de 2009 que la inteligencia estadounidense había recibido información de fuentes de Corea del Norte acerca de preparativos para una prueba nuclear inminente”. Blair declaró al New York Times que él y el Fiscal General Eric Holder entonces coordinaron un enfoque más agresivo dirigido a agilizar los procesamientos. “Estábamos esperando agarrar a alguien”, Blair le señaló al Times, “y hacer que la gente se diera cuenta que ello tenía consecuencias y tenía que acabar”.

“Nunca hubo una decisión deliberada de procesar más casos que nunca”, Matthew Miller, el portavoz de Holder en esa época, afirmó a mediados de año. “Fue una combinación de varias cosas. Los organismos de inteligencia elaboraron más informes de delitos que en años anteriores. Estábamos sometidos a la presión del Congreso, donde (Holder, Blair y otros funcionarios) eran fustigados por ambos bandos: ‘¿Por qué no están procesando a los que filtran información? ¿Por qué no los están disciplinando”.

“Algunos casos sólidos (heredados de la administración Bush) ya estaban en trámite”, señaló Miller. “Y surgieron varios casos que eran más fáciles de procesar” con “pruebas electrónicas”, entre ellas registros de telefonía y correo electrónico de funcionarios y periodistas. “Anteriormente, necesitabas que la persona responsable por la filtración lo admitiera, lo que no sucede”, añadió, “o que el periodista testificara acerca de ella, lo que no sucede”.

“Los procesos penales contra las personas que filtran información durante el gobierno de Obama ha sido como una bofetada al rostro”, precisó Smith, del Centro para la Integridad Pública, una influyente organización sin fines de lucro y con sede en Washington que fiscaliza la labor del gobierno. “Quiere decir que tienes que apelar a medidas extraordinarias para tener contactos con funcionarios que no tienen autorización para hablar”.

 

El uso de la Ley de Espionaje gana ímpetu

El primer proceso penal de la administración Obama vinculado a filtraciones surgió rápidamente en abril de 2009, cuando Shamai K. Leibowitz, un lingüista especializado en hebreo contratado por el FBI, le entregó a un bloguero información clasificada sobre Israel. La administración nunca ha divulgado la naturaleza de la información, la identidad del bloguero o la bloguera, o las pruebas del gobierno en este relativamente poco notado caso. Leibowitz se declaró culpable en mayo del 2010, y fue sentenciado a 20 meses de cárcel por violar la Ley de Espionaje de 1917. Fue la primera vez que la administración Obama empleó una ley aprobada durante la Primera Guerra Mundial  para evitar las actividades de espionaje de enemigos extranjeros.  

La campaña contra las filtraciones luego cobró ímpetu con procesamientos en virtud de la Ley de Espionaje en dos de las investigaciones heredadas de la administración Bush.

En la primera, el empleado de la NSA Thomas Drake fue imputado formalmente el 14 de abril de 2010 por entregarle información al diario The Baltimore Sun en 2006 y 2007 acerca de problemas de gestión y gastos en el seno de la NSA, entre ellos desacuerdos por programas secretos de vigilancia de las comunicaciones que competían entre sí. Drake le entregó a Siobhan Gorman, entonces reportero del Baltimore Sun, información,  inclusive copias de documentos, que, en su opinión, demostraban que la NSA había cometido el error de desechar un programa de vigilancia menos costoso y con garantías para la privacidad de los estadounidenses en favor de otro mucho más costoso sin tales garantías. Drake y dos de sus colegas de la NSA creían que ellos eran informantes que primero habían transmitido sus inquietudes dentro de la NSA y a un receptivo investigador del Congreso, sin ningún resultado. Los artículos que Gorman publicó en su diario irritaron a funcionarios gubernamentales, entre ellos el general Michael Hayden, quien era director de la NSA cuando Drake objetó la decisión de Hayden de cambiar los programas de vigilancia de las comunicaciones.

En la época en que el Baltimore Sun publicaba los artículos de Gorman, la investigación de la administración Bush en torno al artículo del New York Times publicado en 2005 acerca de la vigilancia de las comunicaciones sin orden judicial, no había encontrado a los responsables de las filtraciones para procesarlos. Aparentemente, Drake, sus colegas de la NSA y el investigador del Congreso entonces se convirtieron en el blanco de esa investigación, aunque el New York Times nunca los identificó como fuentes. Los hogares de los otros tres –William Binney y J. Kirk Weibe, ex funcionarios de la NSA, y Diane Roark, integrante de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes– fueron allanados por agentes federales armados el 26 de julio de 2007. Los allanamientos asustaron y enojaron a los funcionarios, pero no fueron procesados.

No obstante, cuando los agentes federales registraron el hogar de Drake cuatro meses más tarde, encontraron copias de documentos acerca de los programas de la NSA que habían sido abordados en los artículos del The Baltimore Sun. De manera voluntaria, Drake comunicó a los investigadores que, en calidad de denunicante, había enviado copias de documentos y cientos de correos electrónicos al reportero Gorman. Sólo después de que Obama asumiera la presidencia más de un año después, y de que el Departamento de Justicia se tornara más agresivo en el procesamiento de los responsables de las filtraciones, fue que a Drake lo imputaron formalmente y le formularon 10 cargos por delitos graves, entre ellos violaciones de la Ley de Espionaje, por “retener de manera deliberada información sobre defensa nacional” y por “realizar falsas declaraciones” cuando le insistió a los agentes federales en que las copias de los documentos que él poseía no eran secretas.

Con el tiempo, los abogados y partidarios de Drake demostraron que la mayor parte de la información en disputa no era clasificada o, como el ex portavoz del Departamento de Justicia Miller dijo, “otros funcionarios habían estado hablando de lo mismo”. En junio, a medida que la acusación del gobierno “se derrumbaba” en las palabras de Miller, el fiscal federal acordó no solicitar una sentencia de cárcel para Drake a cambio de que se declarara culpable del delito menor de utilizar inapropiadamente el sistema de computadoras de la NSA. Cuando el juez federal Richard Bennett sentenció a Drake a un año de libertad condicional y 240 horas de servicio comunitario, declaró que era “intolerable” que Drake y su familia hubiesen soportado “cuatro años de infierno” antes de que el gobierno desestimara la acusación formal por 10 cargos de delitos graves. Drake, quien fue obligado a renunciar de la NSA, ahora trabaja en una tienda de computadoras Apple.

Hayden, el ex director de la NSA, explicó que, pese a sus diferencias con Drake, él nunca debió haber sido imputado formalmente en virtud de la Ley de Espionaje. “Debieron haberlo despedido por sus reuniones no autorizadas con periodistas”, señaló Hayden. “El fiscal cometió tantos excesos que la acusación se derrumbó bajo su propio peso”.

Cualquiera que haya sido su papel en las rivalidades internas de la NSA en esa época, Drake parece ser un informante cuya información acerca de los métodos secretos de la NSA para vigilar las telecomunicaciones debieron haber dado como resultado una mayor rendición de cuentas por parte del gobierno, en lugar de un procesamiento penal por espionaje.

 

¿Quién es un informante?

En la segunda investigación heredada de la administración Bush, el ex oficial de la CIA Jeffrey Sterling fue imputado formalmente el 22 de diciembre de 2010 y arrestado el 6 de enero de 2011 por presuntamente entregarle al reportero del New York Times James Risen cuantiosa información sobre un fallido intento de la CIA por sabotear el programa nuclear iraní. El New York Times nunca publicó un artículo al respecto, pero la información aparentemente sirvió de fundamento para un capítulo del libro que Risen publicó en 2006, titulado State of War (Estado de Guerra). Sterling, quien es de raza negra, tras perder su empleo en la CIA había demandado infructuosamente a ese organismo por discriminarlo.

Durante la investigación, el gobierno solicitó y confiscó varios años de registros de las comunicaciones de Sterling y Risen, los cuales fueron relacionados en detalle en la acusación formal contra Sterling. Ellos mostraron docenas de llamadas telefónicas y correos electrónicos entre Sterling y Risen, comenzando en 2002, cuando Risen escribió en el New York Times acerca de las acusaciones realizadas por Sterling en el sentido de que sufrió discriminación racial por parte de la CIA cuando trabajaba en la fuerza de tarea de la CIA sobre Irán. En retrospectiva, esa fue la primera prueba clara de que el Departamento de Justicia estaba examinando los registros de telefonía y correo electrónico tanto de funcionarios como de periodistas en las investigaciones en torno a filtraciones.

“Jeffrey Sterling no es un informante”, insistió Miller, el ex portavoz del Departamento de Justicia, inclusive si, cualesquiera que hayan sido sus motivos, Sterling aparentemente estaba al tanto de problemas significativos que aquejaban a la CIA en esa época. “A él lo despidieron por causa justa. Él acudió a los tribunales y su demanda fue desestimada. No estuvo involucrado ningún derroche, fraude o abuso”.

Esta es una inquietante distinción que el gobierno de Obama ha hecho con frecuencia. Revelar “derroche, fraude y abuso” es considerado motivo de denuncias. Pero revelar políticas y actos gubernamentales cuestionables, inclusive si pudieran ser ilícitos o inconstitucionales, se considera con frecuencia una filtración de información que es necesario que detener y castigar. Ello reduce significativamente la capacidad de la prensa para contribuir a que el gobierno rinda cuenta ante los ciudadanos.

Desde principios del 2008, el Departamento de Justicia repetidamente intentó ordenarle a Risen que testificara contra Sterling en lo que se ha convertido en una prolongada batalla jurídica observada muy de cerca por periodistas y abogados de medios. En respaldo de la última orden judicial, presentada en abril del 2010, el Departamento de Justicia argumentó que “James Risen es testigo de los delitos graves que el jurado de acusación imputó a Sterling”.

En julio del 2011, la jueza federal Leonie Brinkema falló que, aunque Risen debe testificar acerca de la exactitud de su investigación periodística, el gobierno no podía obligarlo a revelar su fuente. La jueza Brinkema llegó a la conclusión de que los tribunales, desde el fallo dividido de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Branzburg v. Hayes en 1972, habían, en la práctica, establecido un privilegio condicionado en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que protege a los periodistas contra la identificación de sus fuentes si la necesidad del periodista de proteger el anonimato de las fuentes para ejercer la labor periodística supera la necesidad del gobierno de contar con el testimonio del periodista para respaldar su acusación. Esa fue la primera vez que un periodista había invocado con éxito tal privilegio en la fase de jurado de acusación y la fase de juicio de un procesamiento federal.

La administración Obama apeló el fallo de la jueza Brinkema, con lo cual dejó el juicio de Sterling a la expectativa. Una coalición de 29 medios y grupos afines anunció su apoyo a Risen, dos veces ganador del premio Pulitzer de periodismo. En una petición ante el tribunal de apelaciones, ellos se refirieron al elevado número de  artículos significativos sobre seguridad nacional y fiscalización del gobierno publicados por los medios con el paso de los años, los cuales no hubiesen visto la luz sin la colaboración de fuentes confidenciales.

Sin embargo, en julio de este año, una Sala conformada por tres magistrados del Tribunal Federal de Apelaciones para el Cuarto Circuito Judicial, con sede en Richmond, Virginia, anuló el fallo emitido por la jueza Brinkema en el 2011. Por mayoría de 2 a 1, la Sala de Apelaciones falló que la Primera Enmienda no protegía a Risen de tener que testificar contra su fuente. También citando el precedente jurídico del caso Branzburg, el magistrado jefe William Byrd Traxler escribió: “Claramente, la versión directa y de primera mano de Risen respecto a la conducta delictiva imputada por el jurado de acusación no puede obtenerse por medios alternativos, puesto que Risen es indiscutiblemente el único testigo que puede ofrecer este testimonio”.

De manera ominosa, quizás, Traxler añadió que Risen “está inextricablemente implicado. Sin él, el presunto delito no hubiera ocurrido, puesto que él era el receptor de información clasificada e ilícitamente revelada”.

El magistrado Roger Gregory, en su opinión contraria, argumentó que el fallo podría asestar un duro golpe al periodismo investigativo. “Los magistrados de la mayoría exaltan los intereses del gobierno mientras pisotean indebidamente los de la prensa” escribió, “y, con ello, interfieren gravemente en la labor de la prensa y el libre flujo de la información en nuestra sociedad”.

Risen solicitó al pleno del tribunal de apelaciones, conformado por 15 magistrados, que revisaran el caso, y juró que iría a la cárcel en lugar de identificar a su fuente. Respaldado nuevamente por muchas organizaciones de la prensa, Risen también le solicitó nuevamente al Departamento de Justicia que retirara el citatorio. El Departamento de Justicia continúa presionando para que se aplique el citatorio al solicitar al pleno del tribunal de apelaciones que no conociera más argumentos en el caso. 

 

El caso Manning, un momento crítico

El próximo procesamiento de la administración Obama contra personas responsables de filtraciones tuvo su origen en un artículo fechado 11 de junio de 2009 y publicado en el sitio web de la cadena Fox News. James Rosen, corresponsal jefe de Fox News en Washington, informó que la inteligencia estadounidense había descubierto que Corea del Norte preparaba, en un desafío a la Organización de las Naciones Unidas, acelerar su programa nuclear y realizar otra prueba con armas nucleares. El Departamento de Justicia pronto comenzó una investigación secreta, que trajo como resultado, el 19 de agosto del 2010, la imputación formal de delitos graves contra Stephen Jin-Woo Kim, un analista contratado por el Departamento de Estado. Kim fue acusado del delito de violar la Ley de Espionaje al entregarle información de inteligencia clasificada sobre Corea del Norte a Rosen, quien no aparecía nombrado en la imputación.

La imputación formal de Kim contenía solamente dos escuetos párrafos, la punta del iceberg de una investigación secreta respecto a la cual el gobierno de Obama y los medios chocarían de forma estruendosa casi tres años después.

Otro caso que se desarrolló paralelamente, el arresto en mayo de 2010 del soldado Manning por la mayor filtración de documentos clasificados en la historia de Estados Unidos, eclipsó el caso Kim. Manning era un joven soldado perturbado emocionalmente que estaba preocupado por el comportamiento de Estados Unidos en las guerras de Iraq y Afganistán. Manning utilizó el acceso a computadoras en su calidad de analista de inteligencia del Ejército destacado en Bagdad para descargar una cantidad enorme de información clasificada y entregársela a Wikileaks, una organización que se opone al secretismo gubernamental. La información consistía en más de 250,000 cables diplomáticos del Departamento de Estado, 500,000 informes de incidente del Ejército estadounidense relativos a dos guerras, expedientes sobre sospechosos de terrorismo detenidos en la base naval de Guantánamo, y videos de dos ataques aéreos estadounidenses que causaron la muerte de civiles en Iraq y Afganistán.

Durante 2010 y 2011, los medios de noticias de todo el mundo publicaron decenas de artículos basados en los documentos obtenidos mediante Wikileaks. Los cables del Departamento de Estado contenían opiniones francas de diplomáticos estadounidenses acerca de las actividades de gobierno y diplomáticas de numerosos países. Los informes militares detallaban cuestiones preocupantes, como la muerte de civiles, que surgieron durante el curso de las guerras de Iraq y Afganistán. Si bien las organizaciones de noticias profundizaron la información en los artículos que publicaron, y decidieron omitir algunos nombres y otros detalles tras hablar con funcionarios gubernamentales, Wikileaks subió documentos sin tachaduras en su propio sitio web, y con ello puso al descubierto, entre otras cosas, la identidad de ciudadanos extranjeros en contacto con las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo.

Finalmente Manning fue acusado en un tribunal militar y le formularon 22 cargos, entre ellos violaciones de la Ley de Espionaje, y se declaró culpable en febrero del 2013 de 10 de los cargos menos graves como obtener acceso a información clasificada y comunicar esa información. Pese a lo anterior, el gobierno continuó con el proceso penal, y un juez militar condenó a Manning en julio por el resto de los cargos, con la excepción del delito más serio según lo previsto por el Código Uniforme de Justicia Militar: ayudar al enemigo. En agosto, el juez militar, la coronel Denise R. Lind, sentenció a Manning a 35 años de cárcel. Contando el tiempo cumplido en la prisión mientras esperaba el juicio y el veredicto, Manning podría tener derecho a libertad condicional en siete años. Fue una larga sentencia por filtrar información clasificada –independientemente de ser a una escala tan amplia– a los medios, en lugar de realizar actividades de espionaje al servicio de un gobierno extranjero.

El caso Manning parece haber sido un momento decisivo. “Después de Wikileaks, el gobierno se reunió y decidió que jamás dejaría que ello sucediera de nuevo”, manifestó Lucy Dalglish, quien siguió de cerca los acontecimientos en su condición de directora del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (Reporters Committee for Freedom of the Press o RCFP, por sus siglas en inglés). “Iniciar procesos penales basados en la Ley de Espionaje de 1917 es casi la única herramienta que tienen”, agregó. “Quieren transmitir un mensaje. Es una estrategia”.

Dalglish, en la actualidad decana de la Facultad de Periodismo Philip Merrill de la Universidad de Maryland, junto con Danielle Brian, del Proyecto de Fiscalización del Gobierno (Project on Government Oversight o POGO, por sus siglas en inglés), y otros veteranos activistas en favor de la transparencia gubernamental, se habían reunido con el presidente Obama en la Casa Blanca el 28 de marzo de 2011 para agradecerle sus frecuentes promesas de transparencia y sus actos iniciales en favor de un gobierno abierto. Los visitantes aprovecharon la oportunidad para explicar por qué pensaban que debía hacerse mucho más. Según la versión escrita del encuentro ofrecida por Brian al día siguiente en el blog de POGO, el presidente pareció simpatizar con las cuestiones que ellos plantearon, entre ellas la excesiva clasificación con carácter secreto de la información gubernamental.

Pero cuando Brian sacó a relucir “el actual procesamiento agresivo de los informantes de cuestiones de seguridad nacional” y la “necesidad de crear canales seguros para la divulgación de actividades irregulares en los organismos de seguridad nacional”, apuntó ella, “el presidente cambió de posición en su asiento y se inclinó hacia delante. Dijo que quería abordar este asunto porque podría ser que existieran algunas diferencias entre él y nosotros. Obama dijo que no quería proteger a individuos que les filtraban a los medios planes bélicos que podrían impactar a las tropas. Él diferenció entre estas filtraciones y las de los informantes que revelan que un contratista está siendo remunerado por un trabajo que no está realizando”.

Dalglish explicó que se celebró una reunión de seguimiento en la Casa Blanca en junio de 2011, en la que participaron periodistas especializados en temas de seguridad nacional y abogados de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la CIA, el FBI y el Pentágono. Pero la reunión rindió escaso progreso. “Cuando los periodistas mencionaron que en el pasado se podía negociar con los organismos de inteligencia” acerca de la información de seguridad nacional, “no hubo una verdadera respuesta”, recordó Dalglish. Cuando preguntaron, teniendo en mente el citatorio contra Risen, acerca de una propuesta de ley federal que podía proteger a los periodistas de ser obligados a identificar las fuentes, Dalglish señaló que los abogados contestaron: “Ustedes pueden obtener una ley de protección de las fuentes, pero es probable que ya ustedes hayan visto el último citatorio contra ustedes. Ya no los necesitamos”.

 

Las motivaciones de otro informante, en duda

El 7 de octubre del 2011, la Casa Blanca lanzó una nueva y ambiciosa iniciativa para frenar las filtraciones. “Tras la divulgación ilícita de información clasificada por parte de Wikileaks”, anunció el gobierno de Obama, “el personal de Seguridad Nacional formó un comité compuesto por todos los organismos para revisar las normas y las prácticas relativas a la manipulación de la información clasificada, y para recomendar medidas a aplicar en todos los sectores del gobierno con el fin de reducir el riesgo de filtraciones futuras”. Una orden ejecutiva adjunta del presidente establecía una Fuerza de Tarea contra Amenazas Internas para que elaborara en el plazo de un año “un programa que abarcara a todo el gobierno para la detección y prevención de amenazas internas con el propósito de mejorar la protección y reducir potenciales puntos vulnerables y evitar así que la información clasificada fuera objeto de explotación, acceso inapropiado u otro tipo de divulgación no autorizada”.

Mientras tanto, el gobierno inició otro proceso penal de conformidad con la Ley de Espionaje. El ex funcionario de la CIA John Kiriakou fue imputado formalmente el 5 de abril de 2012 por cinco cargos de delitos graves relacionados con dos incidentes distintos en que había revelado información clasificada, inclusive los nombres de dos agentes de la CIA, al periodista freelance Matthew Cole y al reportero del New York Times Scott Shane. Kiriakou, quien se había retirado de la CIA en 2004, había dirigido el equipo que localizó y capturó a Abu Zubaydah, un operativo de alto nivel de Al Qaeda, en el 2002 en Pakistán. Él se convirtió en una fuente noticiosa muy solicitada –y detestada por la CIA– al confirmar en una entrevista televisiva de 2007 con ABC News que durante el interrogatorio de Zubaydah, éste había sido sometido a intentos de asfixia con agua. Kiriakou manifestó que creía que la medida era necesaria, legal y eficaz, pero que probablemente constituía un acto de tortura que no debía repetirse.

En medio de sus muchas apariciones posteriores ante los medios y sus contactos con periodistas, Kiriakou conversó con Cole acerca de un agente encubierto de la CIA. A su vez, Cole conversó acerca del agente con el asistente de los abogados defensores de sospechosos de pertenecer a Al Qaeda detenidos en la base naval de Guantánamo. Posteriormente, Kiriakou le confirmó a Shane la identidad de un ex oficial de la CIA, Deuce Martínez, quien participó en el interrogatorio de Zubaydah. Shane me dijo que Kiriakou le había mostrado una tarjeta privada de negocios –no de la CIA– de Martínez, a quien Shane estaba tratando de localizar. “Martínez había sido un agente encubierto, pero había pedido dejar de serlo, y ya no lo era”, expresó Shane, quien escribió un pormenorizado artículo en el New York Times acerca de los “interrogatorios reforzados” de sospechosos de terrorismo. El artículo mencionaba que Martínez había declinado ofrecer una entrevista.

Cuando el gobierno descubrió que los abogados defensores de los sospechosos de terrorismo encerrados en Guantánamo estaban identificando a agentes de la CIA que fueron testigos de los interrogatorios de sus clientes, la CIA presentó un informe de delito que motivó una investigación del Departamento de Justicia. Un abogado defensor y un asistente que habían sido investigados por el Departamento de Justicia, a la larga fueron absueltos de todo delito. Sin embargo, la investigación se convirtió en un proceso penal por filtraciones de información después de que los investigadores obtuvieran decenas de correos electrónicos entre Kiriakou y los periodistas. Dichos correos pusieron al descubierto que Kiriakou era tanto la fuente que le reveló a Cole la identidad del agente encubierto de la CIA como un contacto frecuente de Shane, el reportero del New York Times. En un acuerdo con el fiscal, Kiriakou se declaró culpable el 22 de octubre de 2012 de un cargo de violación de la Ley de Protección de Identidades de Inteligencia por haberle dado a Cole el nombre del agente encubierto de la CIA. A cambio, el fiscal retiró los demás cargos, entre ellos tres cargos por violación de la Ley de Espionaje, y Kiriakou fue sentenciado a 30 meses de cárcel.

Nuevamente, hubo desacuerdo respecto a la motivación de la persona responsable por la filtración en un caso de espionaje cuestionable. Kiriakou y sus partidarios lo tacharon de un informante patriota, aunque dado a promoverse a sí mismo, que reveló métodos abusivos de interrogación de detenidos que posteriormente fueron condenados como actos de tortura, mientras que ninguno de los funcionarios gubernamentales responsables de esos actos fue castigado. No obstante, la jueza federal Leonie Brinkema opinó, al dictarle sentencia a Kiriakou, que “este caso no se trata de un informante” debido a la gravedad del hecho de revelar la identidad de un oficial de inteligencia encubierto.

En una declaración dirigida a los empleados de la CIA al día siguiente de la audiencia de sentencia de Kiriakou, el entonces director de la CIA David Petraeus subrayó las intenciones del gobierno. “El caso produjo el primer proceso penal exitoso (según lo previsto en la Ley de Protección de Identidades de Inteligencia) en 27 años, y marca una importante victoria para nuestro organismo, para la comunidad de inteligencia y para el país”, les expresó Petraeus. “Los juramentos importan, y sin dudas hay consecuencias para aquellos que creen que están por encima de las leyes que protegen a nuestros compañeros oficiales y que les permiten a los organismos de inteligencia estadounidenses funcionar con el nivel de secreto requerido”.

La escalofriante lección para los periodistas y las fuentes, me dijo Shane, el reportero del New York Times, a diferencia de Petraeus “es que correos electrónicos en apariencia inocuos y que carecían de información clasificada pueden ser interpretados como delito”.

El periodista y escritor Steve Coll, actual decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, planteó una serie de preguntas acerca del caso en un artículo publicado en la revista The New Yorker en abril pasado. “¿Qué tiene mayor importancia: los motivos de Kiriakou o su confiabilidad, o el hecho de que, aunque con poca elegancia, él haya contribuido a revelar que un presidente en ejercicio (George W. Bush) había ordenado crímenes internacionales?”, preguntó Coll. “¿Es que el énfasis en el mensajero oculta el mensaje?”

“No existe una solución perfecta para el problema” de cómo proteger secretos necesarios mientras se informa a la sociedad acerca del gobierno, comentó Jack Goldsmith, el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y ex abogado de la administración Bush. “Demasiado secreto y demasiadas filtraciones son dos cosas malas”, señaló. “Una persona que filtra información tiene que estar preparada para someterse a las sanciones dispuestas por la ley, pero las filtraciones pueden desempeñar un papel verdaderamente importante en ayudar a reparar actos gubernamentales ilícitos, alentar al gobierno a ser cuidadoso con lo que hace en secreto y preservar procesos democráticos”.

 

Se instala un clima de temor

La próxima escalada en la campaña de la administración Obama contra las filtraciones ya había sido detonada por un artículo fechado 7 de mayo de 2012 y publicado por Associated Press (AP) que revelaba el éxito de la CIA en penetrar una organización con sede en Yemen denominada Al-Qaeda en la Península Arábiga, la cual había creado una versión mejorada de un dispositivo explosivo improvisado que un terrorista suicida se colocaría como ropa interior y detonaría a bordo de un avión con destino a Estados Unidos. A petición de la Casa Blanca y la CIA, la AP había aplazado el artículo por cinco días para proteger algunos aspectos de la operación encubierta que seguían en marcha. Las conversaciones que AP sostuvo con el gobierno fueron similares a muchas en que yo había participado a lo largo de varias administraciones durante mis años como editor ejecutivo del Washington Post, cuando me tocaba decidir cómo publicar noticias significativas sobre seguridad nacional sin causar perjuicio innecesario.

Después de que el artículo de AP apareciera por primera vez en su servicio de noticias, la Casa Blanca habló libremente acerca de él con atribución de la fuente, felicitando públicamente a la CIA. Los funcionarios de inteligencia, por el contrario, estaban furiosos ya que el artículo de la AP y otros posteriores habían revelado su operación encubierta en Yemen. “La filtración irresponsable y perjudicial de la información ocurrió cuando alguien le informó a The Associated Press que el gobierno estadounidense había interceptado un dispositivo explosivo improvisado que se suponía se utilizara en un ataque y que el gobierno lo tenía en su poder y lo estaba estudiando”, declaró después el director de la CIA John Brennan al Congreso. Brennan dijo que hasta él mismo había sido interrogado por el FBI en la investigación de la filtración.

Luego, el 1 de junio del 2012, el New York Times publicó un artículo del reportero David Sanger que describía una operación encubierta llamada en clave “Juegos Olímpicos”, en la cual un gusano cibernético llamado Stuxnet, creado por Estados Unidos e Israel, había sido empleado para ataques cibernéticos contra los sistemas de computación que controlaban las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. Sanger también ofreció pormenores de la operación en su libro Confront and Conceal (“Confronta y oculta”), publicado en la misma época.

Aunque la existencia del gusano cibernético ya era sabida debido a que un error de una computadora lo había distribuido por todo el mundo dos años antes, los detalles del artículo y el libro de Sanger contribuyeron a causarle problemas políticos a Obama. Los legisladores republicanos y comentaristas conservadores estridentemente acusaron al gobierno de filtrar deliberadamente información clasificada utilizada en los artículos de la AP y el New York Times para adornar las credenciales de lucha antiterrorismo de Obama en un año electoral.

El Departamento de Justicia respondió iniciando agresivas investigaciones para encontrar y procesar a las fuentes anónimas de ambos artículo. Rechazando llamados de los republicanos para que nombrara fiscales especiales, el Fiscal General Holder les asignó las investigaciones a dos fiscales federales de alto nivel. El New York Times informó que los fiscales federales y el FBI interrogaron a decenas de funcionarios que tenían conocimiento de ambas operaciones encubiertas o que habían sido identificados en análisis computarizados de registros de telefonía, texto y correos electrónicos por haber tenido algún tipo de contacto con los periodistas implicados.

“Hace como un año el jefe de gabinete distribuyó un memorando al personal de la Casa Blanca y de los organismos de inteligencia que les ordenaba a las personas que almacenaran y conservaran cualquier correo electrónico, y es de presumir que los registros telefónicos, de los contactos que habían sostenido conmigo”, dijo Sanger. Como resultado, explicó, fuentes que lo conocían desde hacía mucho tiempo ya no estaban dispuestas a hablar con él. “Ellas me dicen, ‘David, te aprecio mucho, pero no me envíes correos electrónicos. No hablemos de esto hasta que todo se calme'”.

El director de inteligencia nacional, James Clapper, anunció el 25 de junio de 2012 sus propias medidas internas para frenar las filtraciones. A los empleados de los 16 organismos de inteligencia de Estados Unidos –entre ellos la CIA, la NSA, el FBI y la Agencia de Inteligencia de Defensa– se les preguntaría durante pruebas de rutina con el polígrafo si habían divulgado cualquier información clasificada a otra persona. Y el nuevo inspector general de los organismos de inteligencia, con jurisdicción sobre todos ellos, investigaría casos de filtraciones que no habían culminado en procesamientos por parte del Departamento de Justicia, con el propósito de determinar qué medida alternativa se debía tomar. Un informe confidencial del inspector general dirigido a Clapper, obtenido aproximadamente en el mismo período por el Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos Estadounidenses (Federation of American Scientists), mostraba que el inspector general ya estaba revisando 375 investigaciones no resueltas en torno a empleados de los organismos de inteligencia.

Cinco meses después, el 21 de noviembre de 2012, tras un año de planificación por parte de su Fuerza de Tarea contra Amenazas Internas, la Casa Blanca emitió un memorando presidencial que ordenaba a todos los departamentos y organismos de gobierno a establecer Programas contra Amenazas Internas para vigilar a los empleados con acceso a información clasificada y para prevenir “la divulgación no autorizada”. De acuerdo con la Política Nacional contra Amenazas Internas, cada organismo debe, entre otras tareas, crear procedimientos “que garanticen que los empleados estén conscientes de su responsabilidad de informar, así como sobre la manera de informar y la persona de contacto, acerca de cualquier sospecha de actividad de amenaza interna”. Los funcionaron mencionaron el caso Manning como un ejemplo del tipo de amenaza que el programa se propone prevenir.

Un estudio realizado a mediados de año por la corresponsalía en Washington de la cadena de periódicos McClatchy, acerca de los departamentos y organismos gubernamentales, llegó a la conclusión de que tenían amplias facultades discrecionales para definir qué tipos de comportamiento constituía una amenaza. “Los documentos gubernamentales revisados por la cadena McClatchy ilustran cómo algunos organismos están utilizando esa discreción para investigar la divulgación no autorizada de cualquier información, no solamente de aquella con carácter confidencial”, informó McClatchy en junio. “Los documentos también muestran cómo millones de empleados y contratistas federales deben vigilar ‘a personas o comportamientos de alto riesgo’ entre sus compañeros de trabajo y podrían ser objeto de sanciones, inclusive cargos penales, por no informar acerca de ellos. Se considera que las filtraciones a los medios equivalen a actos de espionaje”.

Michael Hayden, quien fue director de la NSA y luego la CIA durante el gobierno de Bush, explicó que, en su opinión, el Programa contra Amenazas Internas en marcha “está concebido para inhibir cualquier tipo de conversación”.

“La salida más sencilla es evitar contactos con los periodistas”, sostuvo Aftergood, el activista en favor de la transparencia gubernamental, acerca del programa. “Desalienta inclusive los contactos informales con la prensa y el público”.

“Ahora los reporteros están entrevistando a las fuentes mediante intermediarios”, sostuvo Cameron Barr, el editor de noticias nacionales del Washington Post, “para que las fuentes puedan responder en prueba de polígrafo que en verdad no conversaron con periodistas”.

 

Medios indignados por órdenes judiciales secretas en caso AP

Mientras tanto, en mayo de este año, dos revelaciones sobre las tácticas del Departamento de Justicia en la campaña contra las filtraciones provocaron que las tensiones entre los medios y la administración de Obama se exacerbaran.

El 13 de mayo, el Departamento de Justicia informó a Associated Press –tres meses después de los hechos– que, como parte de su investigación en torno al artículo de AP publicado un año antes sobre la operación encubierta de la CIA en Yemen, de manera secreta había solicitado y obtenido todos los registros de 20 líneas telefónicas y conmutadores de AP correspondientes a los meses de abril y mayo de 2012. Los registros de telefonía comprendían las llamadas salientes de las líneas telefónicas de oficina y personales de los reporteros, de las líneas telefónicas de las corresponsalías de AP en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut, y del conmutador de AP en la sala de prensa de la Cámara de Representantes. Aunque solamente cinco reporteros y un editor de AP estuvieron implicados en el artículo sobre Yemen del 12 de mayo de 2012, “miles y miles de llamadas de trabajo” efectuadas por más de 100 periodistas de AP que utilizaron los teléfonos de la redacción, la casa y el celular fueron incluidas en los registros obtenidos, manifestó Gary Pruitt, el presidente de AP, en una entrevista con el programa de televisión “Face the Nation”, de la cadena CBS.

“No puede haber ninguna justificación para una recolección tan excesivamente amplia de las comunicaciones telefónicas de Associated Press y sus reporteros”, escribió Pruitt en una carta de protesta enviada al Fiscal General Holder. “Estos registros tienen el potencial de revelar comunicaciones con fuentes confidenciales respecto a toda la labor reporteril realizada por AP durante un período de dos meses, ofrecen una radiografía de las operaciones noticiosas de AP y divulgan información sobre las actividades y operación de AP que el gobierno no tiene ningún derecho de saber”.

“Desconozco cuál es el motivo”, declaró Pruitt en “Face the Nation”, pero, añadió, “sé el mensaje que se quiere transmitir: si hablas con la prensa, te vamos a perseguir”.

El resto de los medios de inmediato se manifestaron en rechazo a la medida. El día siguiente, una coalición de más de 50 organizaciones de prensa estadounidenses –entre ellas la Asociación de Periódicos de Estados Unidos (Newspaper Association of America), la Asociación Nacional de Medios Audiovisuales (National Association of Broadcasters), la Sociedad Estadounidense de Editores de Noticias (American Society of News Editors), la Sociedad de Periodistas Profesionales (Society of Professional Journalists), ABC, NBC, CNN, NPR, Gannett, McClatchy, Tribune, el New York Times y el Washington Post— se sumaron al Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa (Reporters Committee for the Freedom of the Press) en una firme carta de protesta enviada a Holder. La solicitud y confiscación secreta de los registros telefónicos de AP, afirmaba la carta, “pone en tela de juicio la misma integridad de las políticas del Departamento de Justicia para con la prensa, así como su capacidad de balancear, por sí solo, sus poderes policiales con los derechos de los medios noticiosos consagrados en la Primera Enmienda y el interés público en la cobertura de todo tipo de comportamiento gubernamental, inclusive de cuestiones de seguridad nacional que son el eje de este caso”. La junta directiva del CPJ también le envió una carta de protesta sin precedentes a Holder.

De manera sustantiva, las organizaciones noticiosas denunciaron en la carta que el Departamento de Justicia “aparentemente ha ignorado o descartado casi cada aspecto” de sus propias directivas vigentes desde hace cuatro décadas y que rigen las órdenes judiciales dirigidas a periodistas y medios. Las directivas disponían que tales órdenes judiciales se debían emplear únicamente como último recurso en una investigación federal. Ellas establecían que “la orden judicial debe tener un ámbito tan específico como sea posible”, que el medio investigado “debe recibir aviso razonable y oportuno” para negociar la orden judicial con el Departamento de Justicia o disputarla ante los tribunales, y que “el enfoque por adoptar en cada caso debe ser procurar el equilibrio adecuado entre el interés público en la libre difusión de ideas e información y el interés público en la aplicación efectiva de la ley y la justa administración de la justicia”.

Al presentar la orden judicial de manera secreta directamente ante las empresas telefónicas sin notificar a la AP, el Departamento de Justicia evitó negociar con la agencia de noticias o la impugnación de la amplitud de su ámbito ante un tribunal. Ello estaría permitido como una excepción a las directivas del Departamento de Justicia si los fiscales hubiesen considerado que la notificación previa y las negociaciones “representarían una amenaza sustancial a la integridad de la investigación”. Pero nunca hubo una explicación de qué tipo de amenaza podría haberse suscitado en este caso, dado que la conservación de los registros por parte de las empresas telefónicas nunca estuvo en duda y por otra parte la filtración objeto de investigación había ocurrido mucho antes.

Únicamente puedo recordar un incidente similar durante mis 17 años como editor ejecutivo del Washington Post. En 2008, el entonces director del FBI, Robert Mueller, de manera formal se disculpó ante mí y ante el editor ejecutivo del New York Times por la confiscación secreta y no explicada, cuatro años antes, de los registros telefónicos de nuestros corresponsales extranjeros destacados en Jakarta, Indonesia –porque se había violado las directivas del Departamento de Justicia y no se había emitido ninguna orden judicial–. También puedo recordar varios ejemplos durante varios gobiernos anteriores en que otras solicitudes federales de investigación, respecto a las cuales el periódico había recibido notificación previa, fueron negociadas con éxito en formas que protegían nuestra independencia periodística de acuerdo con las directivas del Departamento de Justicia.

Una semana después de la revelación acerca de la confiscación secreta de los registros telefónicos de AP, el Washington Post informó que el Departamento de Justicia también había solicitado y confiscado de manera secreta los registros de telefonía y correo electrónico de James Rosen, el corresponsal jefe en Washington de Fox News, como parte del proceso penal de Stephen Jin-Woo Kim en virtud de la ley de espionaje. Los investigadores federales utilizaron los registros para rastrear conversaciones telefónicas e intercambios de correos electrónicos entre Rosen y Kim en junio de 2009, en la época de la publicación del artículo de Rosen acerca de la vigilancia del aparato de inteligencia estadounidense del programa nuclear norcoreano. Aunque los investigadores ya habían recolectado pruebas de los registros telefónicos y la computadora de Kim en el Departamento de Estado, donde trabajaba como analista contratado con acceso a información clasificada, ellos utilizaron la orden judicial secreta para confiscar los registros telefónicos y correos personales de Rosen. También utilizaron los registros de los distintivos de seguridad electrónicos para rastrear los movimientos de Rosen y Kim durante sus encuentros en el Departamento de Estado.

Lo más perturbador para los periodistas y los medios: la declaración jurada del FBI presentada en respaldo de la exitosa solicitud de orden judicial secreta ante un tribunal federal, declaraba que “existe causa probable para creer que el reportero ha cometido o está cometiendo una violación” de la Ley de Espionaje –“como mínimo, como cómplice, instigador y/o conspirador”– al buscar y aceptar información de Kim mientras ejercía su labor periodística. “El reportero lo logró utilizando alabanzas y aprovechándose de la vanidad y el ego de Kim”, rezaba la declaración jurada, en potencia –y risiblemente– tipificando como delito un consejo de rutina para realizar entrevistas que se le enseña a cada reportero novato.

Aunque la orden judicial secreta fue aprobada por Holder en mayo de 2010, ni la orden ni la confiscación de los registros fueron conocidas hasta que los expedientes judiciales fueron divulgados al público tres años más tarde. Esos expedientes mostraron que el Departamento de Justicia se comunicó repetidamente con el tribunal durante ese período para recibir aprobación para evitar notificar a Rosen y a Fox News acerca de la orden judicial, en un intento aparente por continuar vigilando el correo electrónico de Rosen en busca de otros contactos suyos con funcionarios gubernamentales, lo cual equivalía a una vigilancia gubernamental por tiempo indefinido de las comunicaciones de un periodista.

“Al igual que con las órdenes judiciales contra la AP, esta búsqueda es excesivamente amplia y tiene un efecto inhibidor sobre los reporteros”, declaró un editorial del diario Wall Street Journal que expresaba un punto de vista ampliamente difundido entre los periodistas. “El efecto inhibidor es inclusive peor en este caso porque las comunicaciones personales de Rosen fueron objeto de búsqueda al parecer por un período prolongado de tiempo. Sumando la búsqueda de los registros de Fox News a las órdenes judiciales contra la AP, ahora tenemos prueba de un patrón de comportamiento contra los medios… Cabe sospechar que tal vez estas investigaciones en torno a las ‘filtraciones’ tienen que ver menos con disuadir a los responsables de las filtraciones y más con intimidar a la prensa”.

En medio de la polémica, Obama afirmó en un importante discurso sobre seguridad nacional en la Universidad de Defensa Nacional el 23 de mayo que le “perturbaba la posibilidad de que las investigaciones en torno a las filtraciones pudieran inhibir el periodismo investigativo que fiscaliza al gobierno”. El mandatario afirmó que “los periodistas no deben correr ningún riesgo con la ley por ejercer su labor”, pero que su gobierno seguiría investigando agresivamente a los funcionarios “que violaran la ley” al filtrar información confidencial.

El presidente solicitó a Holder “que revisara las directivas vigentes del Departamento de Justicia que regían las investigaciones que implicaban a periodistas”. Y Obama exhortó al Congreso a retomar y aprobar una “ley de protección de las fuentes periodísticas” — similar a las ya vigentes en 40 estados y el Distrito de Columbia– que describiría las defensas a disposición de los periodistas que enfrentan procesos judiciales para que divulguen sus fuentes confidenciales y sus contactos informativos.

Dos meses después, tras una serie de reuniones del Departamento de Justicia con directivos de medios, periodistas y abogados de medios, Holder anunció modificaciones, aprobadas por Obama, a las directivas del Departamento de Justicia. Las modificaciones restringían un tanto las circunstancias en las cuales los investigadores federales podían solicitar y confiscar los registros de las comunicaciones de organizaciones noticiosas o de periodistas. Los medios serían notificados de antemano de tales órdenes judiciales, a menos que el Fiscal General personalmente determinara “por razones de fuerza” que la notificación representaría una amenaza clara y sustancial a una investigación. De ahora en adelante se podría emitir órdenes de confiscación de los registros de telefonía y correo electrónico de un periodista solamente si el periodista era blanco de una investigación penal por un comportamiento no vinculado al normal ejercicio periodístico.

“Los medios no serán objeto de procesos penales basados exclusivamente en las actividades periodísticas”, expresó el Departamento de Justicia. También estudiaría “formas en que los propios organismos de inteligencia, en primera instancia, podían abordar las filtraciones de información de manera interna mediante medidas administrativas, tales como el retiro de las autorizaciones de seguridad y la imposición de otras sanciones”, en lugar de procesos penales.

Los abogados de medios que negociaron con el Departamento de Justicia acogieron con beneplácito las modificaciones a las directivas y las calificaron de avance significativo, a pesar de las excepciones que permanecieron vigentes. Las reacciones de los periodistas fueron muy diversas. Sanger, el reportero del New York Times, afirmó que, en su opinión, las modificaciones “solamente formalizaban lo que se observaba en administraciones anteriores. Las directivas funcionaban muy bien hasta que llegó la administración Obama”.

Inclusive mientras el Departamento de Justicia colaboraba con los medios en la modificación de las directivas, utilizaba los registros telefónicos de los periodistas de la Associated Press que había confiscado secretamente para identificar y condenar a un ex agente del FBI por la filtración acerca de la operación encubierta de la CIA en Yemen. El 23 de septiembre, el Departamento de Justicia anunció que Donald J. Sachtleben, un ex técnico en explosivos del FBI que trabajaba como contratista en esa entidad, había acordado declararse culpable de “la divulgación ilícita de información sobre defensa nacional relacionada con un plan terrorista desarticulado” en Yemen. “Sachtleben fue identificado como sospechoso en el caso de esta divulgación no autorizada” a un reportero, según el anuncio, “solamente después de que los registros de números telefónicos relacionados con el reportero fueron obtenidos gracias a una orden judicial y comparados con otras pruebas recabadas durante la investigación de la filtración”. Sachtleben acordó cumplir una sentencia de 43 meses de cárcel en relación con el proceso penal por las filtraciones, además de una sentencia de 97 meses por haberse declarado culpable en un caso de pornografía infantil no relacionado.

Enfocándose en lo que calificó de “traición mayúscula de nuestra seguridad nacional” en el caso en torno a AP, el anuncio del Departamento de Justicia contenía otra severa advertencia a los potenciales responsables de filtrar información clasificada como confidencial a los medios. “Este proceso penal demuestra nuestra firme voluntad de hacer que todo aquel que viole su solemne deber de proteger los secretos  de nuestra nación, pague por sus actos; y de prevenir futuras y potencialmente devastadoras filtraciones por parte de aquellos que caprichosamente ignoren sus obligaciones de salvaguardar la información de carácter confidencial”, declaraba el anuncio. “Con estos cargos, se transmite el mensaje de que este tipo de comportamiento es completamente inaceptable y que nadie está por encima de la ley”.

Tras reiterar que los registros telefónicos confiscados de los reporteros de la AP le habían permitido al FBI identificar a Sachtleben, la declaración proseguía: “El FBI continuará tomando todas las medidas necesarias para perseguir a aquellos individuos que ponen en riesgo la seguridad de nuestra nación y la vida de otros al revelar información sensible”. Si bien el Departamento de Justicia no abordó el amplio ámbito y el secretismo de la orden judicial contra la AP, el organismo parecía estar jurando que, cuando lo estimara necesario, apelaría sin miramientos a las excepciones relativas a la seguridad nacional presentes tanto en sus directivas modificadas como en la propuesta de ley federal de protección de las fuentes periodísticas.

Semanas antes de este anuncio, un partidario de la ley de protección de las fuentes periodísticas, el senador demócrata Ron Wyden, de Oregón, expresó sus inquietudes acerca de la práctica de utilizar como blanco los registros telefónicos de los periodistas para descubrir sus fuentes. “Como miembro de la Comisión de Inteligencia del Senado ya desde hace una década, yo me preocupo por proteger la información genuina de seguridad nacional tanto como el que más, pero ello no quiere decir que todo lo que se hace en nombre de frenar las filtraciones sea una buena política pública”, dijo Wyden. “Alguna de las tácticas que el Departamento de Justicia ha empleado en recientes investigaciones en torno a filtraciones han sido desmedidas. Confiscar los registros telefónicos de los periodistas equivale en la práctica a tratar a los periodistas como cómplices en la comisión de delitos”.

Tanto Obama como Holder han expresado su apoyo a la aprobación en el Congreso de la ley federal de protección de fuentes periodísticas. Un proyecto de ley de compromiso aprobado por la Comisión Judicial del Senado el 12 de septiembre haría más difícil que el gobierno en las investigaciones federales pudiera obligar a los periodistas a revelar sus fuentes, excepto en “casos de filtraciones de información clasificada como secreta cuando la información podría prevenir o mitigar un acto de terrorismo o perjudicar la seguridad nacional”. Requeriría que un juez, no el fiscal general, aprobara las órdenes judiciales para obtener los registros o las fuentes de los reporteros.

Un escollo potencial en el camino de la ley de protección de las fuentes periodísticas había sido la definición de periodista que el Congreso aplicaría en esta era de los medios digitales participativos. El lenguaje aceptado por todas las partes en el proyecto de ley del Senado abarcaría a cualquier persona que tuviera una “relación de empleo” con una organización noticiosa por al menos un año en los últimos 20 años, o tres meses en los últimos cinco años; los estudiantes de periodismo; cualquier persona con una “trayectoria sustancial” de periodismo freelance en los últimos cinco años, y toda persona “que un juez federal decida que deba ser capaz de aprovechar las protecciones del privilegio, de manera coherente con los intereses de la justicia y la protección de actividades periodísticas lícitas y legítimas”. Los periodistas y los activistas en favor de la libertad de prensa están divididos respecto a si el gobierno federal debe definir en lo absoluto quién es periodista, aunque muchas leyes estatales similares ya lo hacen. A periodistas y activistas les preocupa que se impongan restricciones que protejan el periodismo de algunas personas y no de otras.

“Nos das una definición de qué es ser periodista, defines las excepciones de la ley, nos estás limitando”, afirmó Scott Armstrong, periodista investigativo independiente y director ejecutivo de la organización defensora de la transparencia gubernamental Information Trust, en un panel en el Instituto Newseum que debatió en Washington en septiembre sobre el proyecto de ley para la protección de las fuentes periodísticas. Armstrong sostuvo que, como partidario absolutista de la Primera Enmienda, se opone a cualquier proyecto de ley que rija la actividad de la prensa, y añadió que la excepción referida a la seguridad nacional significa que la ley “no protegerá a los reporteros de seguridad nacional. Los organismos federales de todas maneras nos pueden investigar”.

No obstante, otros participantes del mismo panel argumentaron que una ley de protección de las fuentes periodísticas les ofrecería una necesaria protección contra la interferencia del gobierno federal a un elevado número de periodistas que cubren otros temas a lo largo y ancho del país. “Este proyecto de ley podría mantener a muchos periodistas a distancia de los tribunales”, señaló Kevin Goldberg, asesor jurídico de la Sociedad Estadounidense de Editores de Noticias (American Society of News Editors oASNE, por sus siglas en inglés).

La aprobación legislativa de alguna forma de ley de protección de las fuentes periodísticas “no sería un remedio contra todos los males, pero sería útil”, comentó Michael Oreskes, un editor de la Associated Press, si se trata de “una declaración de que el acto de elaborar la noticia y encontrar fuentes es tan importante como el derecho constitucional a publicar información”.

 

Revelaciones sobre vigilancia generan más inhibición

Aunque el destino del proyecto de ley sobre la protección de las fuentes periodísticas permanece incierto, la administración Obama, el Congreso y la sociedad estadounidense reaccionaron ante las revelaciones de Edward Snowden, excontratista de la NSA, acerca de la vasta recolección y vigilancia secreta del tráfico telefónico y de correo electrónico estadounidense y extranjero. El 5 de junio, los diarios The Guardian y el Washington Post comenzaron a publicar lo que se convirtió en un flujo constante de artículos, documentos y muestras de la gran cantidad de información súper secreta que Snowden les había entregado por separado al periodista Barton Gellman, del Washington Post, y al periodista Glenn Greenwald, de The Guardian. Snowden entró en contacto con ellos gracias a la documentalista Laura Poitras, quien trabajaba en un documental sobre la vigilancia electrónica estadounidense, y quien compartió parte de sus investigaciones con los dos periodistas.

Mientras trabajaba como consultor de la empresa Booz Allen Hamilton para la NSA en Hawaii en la primera mitad de 2013, Snowden descargó una cantidad todavía desconocida de información acerca de los programas secretos de vigilancia de la NSA. Snowden se comunicó con Gellman mediante correo electrónico cifrado y se reunió en secreto con Greenwald y Poitras en Hong Kong. Los artículos de los periodistas revelaron pormenores de operaciones secretas de la NSA que adquieren, almacenan y analizan cantidades masivas de datos de llamadas telefónicas, de texto y de correo electrónico de empresas estadounidenses de telefonía e Internet, en virtud de una autorización del tribunal secreto FISA para encontrar y rastrear comunicaciones que pudieran estar vinculadas a actividades de terrorismo. Los documentos publicados también contenían el “presupuesto de operaciones secretas” de los organismos de inteligencia estadounidenses, gráficas gubernamentales confidenciales que ilustraban cómo operaban los programas de vigilancia de la NSA y memorandos jurídicos y fallos del tribunal FISA que servían de fundamento de los programas.

Poco después de que los artículos comenzaran a publicarse en el Washington Post y The Guardian, Snowden se identificó públicamente como la fuente de la información. Cuando Gellman le preguntó en ese momento por sus motivos, Snowden afirmó que había descubierto una inmensa expansión de la vigilancia electrónica del gobierno, la cual constituye “una amenaza tan directa al gobierno democrático que por ello he arriesgado mi vida y la de mi familia”.

El 21 de junio, el Departamento de Justicia divulgó una querella penal, presentada la semana anterior, en la que se acusaba a Snowden de varias violaciones de la Ley de Espionaje. El gobierno estadounidense comenzó una intensa campaña por extraditarlo a Estados Unidos, y hasta le revocó el pasaporte. Pero Snowden finalmente logró viajar de Hong Kong a Rusia, donde el 1 de agosto le ofrecieron asilo temporal.  

Greenwald y Poitras trabajaron en los artículos escritos por él y en el documental de ella en Brasil, pues albergaban preocupaciones acerca de que Estados Unidos y gobiernos aliados pudieran utilizar sus poderes de seguridad fronteriza para hostigarlos y ponerles obstáculos. Poitras, cuyos documentales anteriores fueron críticos de las políticas estadounidenses contra el terrorismo, ya había sido detenida e interrogada por el personal de la Patrulla Fronteriza y Aduanas de Estados Unidos y le habían registrado sus computadoras varias veces al ingresar de regreso al país en los últimos años. La pareja de Greenwald, David Miranda, quien sirvió de correo entre él y The Guardian, fue también detenido y su equipo fue confiscado en el aeropuerto londinense de Heathrow cuando regresaba de Europa a Río de Janeiro a mediados de agosto.

La detención de Miranda aparentemente fue parte de una campaña de las autoridades británicas para detener o limitar la publicación por parte del Guardian de información suministrada por Snowden, que incluía documentos del gobierno estadounidense que describían la colaboración en materia de vigilancia electrónica entre la NSA y su equivalente británico, Government Communications Headquarters (GCHQ). Después de amenazar con emplear la draconiana Ley de Secretos Oficiales británica, los funcionarios supervisaron la destrucción en las oficinas de The Guardian de unidades de disco duro de computadoras que contenían algunos de los archivos secretos obtenidos por Snowden, aunque otras copias permanecieron en Estados Unidos y en Brasil. Al igual que el Washington Post, el Guardian continuó publicando artículos basados en los documentos de Snowden y comenzó a compartir algunos de ellos con el New York Times y la organización de periodismo investigativo sin fines de lucro ProPublica, con sede en Nueva York.

Al momento de redactar este informe, no se había establecido ningún nexo entre los programas de vigilancia de la NSA y las muchas investigaciones en torno a filtraciones realizadas por la administración Obama, pero la vigilancia ha reforzado el clima de temor acerca de los contactos entre los periodistas estadounidenses y las fuentes gubernamentales.

“Hay mayor preocupación en el sentido de que sus comunicaciones puedan estar vigiladas, los teléfonos de las oficinas, los sistemas de correo electrónico”, aseguró Chandrasekaran, del Washington Post. “He tenido que apelar al correo personal o a los encuentros en persona, inclusive para cuestiones que consideraría de rutina”.

Los periodistas que no están preocupados por la posibilidad de que sus comunicaciones estén siendo vigiladas deberían estarlo. De lo contrario, podrían estar poniendo en riesgo a sus fuentes, sostuvo Oktavía Jónsdóttir, directora de programa de la Iniciativa S.A.F.E. de IREX, una organización sin fines de lucro con sede en Washington que defiende a los medios independientes y la sociedad civil en todo el mundo.

“Creo que la clave es si los periodistas hoy día pueden garantizarles el anonimato a sus fuentes, y en este momento eso es muy difícil, pero no imposible”, manifestó Jónsdóttir. “Las fuentes necesitan entender los riesgos que asumen, acordar con los periodistas hasta dónde están dispuestos a llegar y luego depositar su confianza en la capacidad de esa persona  de proteger esa información y garantizar que aunque la información pueda estar en peligro, que lo mismo no le suceda a la fuente”.

“Las personas creen que el gobierno está vigilando los registros de los periodistas”, aseguró Dana Priest, reportero de seguridad nacional del Washington Post. “Cada vez escribo menos cosas por correo electrónico. Hasta tengo temor de decirles a los funcionarios de gobierno lo que me interesa hablar porque todo va a parar a una computadora gigante”. 

El trabajo de los periodistas extranjeros podría ser particularmente vulnerable a la vigilancia de la NSA u otros organismos de inteligencia estadounidenses, porque la ley los autoriza a vigilar las comunicaciones telefónicas y de Internet de los no estadounidenses. Citando documentos de Snowden, la revista alemana Der Spiegel informó en agosto que la NSA había obtenido acceso a las comunicaciones internas de la cadena internacional Al-Jazeera. La cadena de televisión con sede en Qatar y el gobierno estadounidense con frecuencia han tenido enfrentamientos desde que Al-Jazeera transmitiera declaraciones en video de Osama bin Laden tras los ataques terroristas del 11-S.

Peter Horrocks, director de noticias globales de la BBC, señaló que todos los periodistas del canal británico deben capacitarse en seguridad informática. “La naturaleza de su trabajo significa que los periodistas a menudo entran en contacto con organizaciones que representan puntos de vista extremistas y fuentes cuya identidad debe ser protegida, y a la BBC en particular le preocupa proteger a aquellos periodistas que viajan y trabajan en lugares sensibles”, expresó Horrocks. 

La Unión Europea (UE) inició una investigación en septiembre “para determinar el impacto de las actividades de vigilancia de Estados Unidos en los ciudadanos de la UE”, inclusive los periodistas. En un testimonio transmitido por teleconferencia a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, el director de The Guardian, Alan Rusbridger, afirmó que la detención de Miranda en el aeropuerto y la destrucción de los documentos de la NSA en las instalaciones del Guardian pueden tener un efecto “inhibidor y obstruccionista en el periodismo”. Rusbridger hizo un llamado a que la UE fiscalizara actos similares de los gobiernos miembros y añadió: “Por favor encuentren formas de proteger el ejercicio del periodismo”.

Cinco días después de que Snowden fuera querellado penalmente, a Barton Gellman le preguntaron en un panel de debate en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (Center for Strategic and International Studies) de Washington por qué él y el Washington Post habían publicado artículos basados en documentos de carácter secreto suministrados por Snowden. “El Congreso aprueba una ley vaga y un tribunal secreto dicta fallos secretos”, contestó Gellman. “¿Dónde debería estar el límite entre la recolección de información de inteligencia y la privacidad? No hemos tenido ese debate”.

Las discusiones suscitadas por las revelaciones de Snowden rápidamente crecieron para convertirse en un debate nacional. Los legisladores se quejaban en público de que los habían mantenido al margen o engañado acerca de la naturaleza y las dimensiones de los programas de la NSA. Clapper, el director de inteligencia nacional, fue obligado a disculparse por haber negado de manera falsa en un testimonio anterior ante el Congreso que la NSA había recolectado secretamente datos acerca de las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses. Un grupo bipartidista de 26 senadores le escribió a Clapper para demandar más información acerca de la vigilancia de la NSA, la cual dijeron que “suscitaba serias preocupaciones en materia de libertades civiles y prácticamente eliminaba al público de un debate bien fundamentado sobre seguridad nacional y libertades civiles”. Dos jueces del tribunal secreto FISA ofrecieron al Washington Post declaraciones sin precedentes, aunque breves, acerca del funcionamiento del tribunal. La presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado, la senadora Dianne Feinstein, escribió un artículo de opinión en el Washington Post donde defendía la vigilancia de la NSA como una herramienta antiterrorismo necesaria, mientras prometía trabajar en el Congreso para insertar modificaciones “con el propósito de aumentar la transparencia y mejorar las garantías de privacidad”.

En julio, a medida que más miembros del Congreso expresaban su escepticismo acerca de los programas de la NSA y lo que sabían acerca de ellos, varios introdujeron proyectos de ley para restringir los programas. El 24 de julio, un plan bipartidista para negarle financiamiento al programa de recolección de datos telefónicos de la NSA fue derrotado por solamente siete votos en la Cámara de Representantes.

La administración Obama respondió explicando por primera vez el fundamento jurídico, la ejecución y la supervisión de los programas secretos de vigilancia de la NSA. El presidente levantó el secreto y ordenó la divulgación de muchos informes gubernamentales, fallos de tribunales y otros documentos hasta ese momento secretos. Entre los documentos se encontraba el número total de órdenes de vigilancia presentadas cada año ante las empresas de telecomunicaciones. En conferencia de prensa el 9 de agosto, el presidente declaró que le pediría al Congreso que fortaleciera las garantías de privacidad en la autorización conforme a la Ley Patriota de los programas de la NSA y que añadiera un defensor de los derechos de privacidad a las actuaciones del tribunal secreto FISA que rige los programas de la NSA, en las que hasta ahora solo el gobierno ha estado representado. También anunció la creación de una comisión para evaluar los programas de recolección de registros telefónicos y sugerir modificaciones antes de fin de año.    

Reforzando el conjunto de sitios web informativos del gobierno, Obama anunció que la comunidad de inteligencia estadounidense, conformada por 16 organismos, lanzaría su propio sitio web, “IC on the Record”. El sitio web sube declaraciones de los organismos de inteligencia, respuestas a lo que califican de artículos periodísticos erróneos y copias de documentos desclasificados, los cuales fueron dramáticamente rotulados en el sitio web con ilustraciones de candados abiertos.

Si bien la Casa Blanca ha aceptado el mérito de esta nueva y bienvenida apertura acerca de las actividades de la NSA, lo cierto es que el gobierno de Obama –al igual que el de Bush– en primer lugar debió haber sido más abierto acerca de las actividades de vigilancia de la NSA y debió haber rendido cuentas de ellas. Es sumamente poco probable que esta nueva transparencia hubiese comenzado sin las revelaciones de Snowden. Ello lo convertiría en un informante, aunque es obvio que él violó leyes que rigen el acceso a información de carácter súper secreto y su propia autorización de seguridad, y todavía se desconoce la amplitud, la distribución y el potencial impacto en la seguridad nacional de la información que él obtuvo.

En noviembre, el presidente promulgó la Ley de Protección a Denunciantes de 2012 y firmó una directiva presidencial de política dirigida a proteger de las represalias a todos los informantes del gobierno, entre ellos los empleados –pero no los contratistas– de organismos de inteligencia. No obstante, en agosto el gobierno también resultó la parte vencedora en un fallo de un tribunal de apelaciones que les retira a los muchos empleados federales en posiciones designadas como “sensibles para la seguridad nacional” el derecho a apelar medidas de personal tomadas por sus organismos, lo cual podría incluir represalias por hacer denuncias. Y la Casa Blanca ha insistido en que los informantes gubernamentales primero deben plantear las cuestiones internamente, en lugar de ante personas ajenas, entre ellos los periodistas.

El senador Wyden indicó que había estudiado las reglas de personal de los organismos de inteligencia y había constatado que los informantes “primero tienen que acudir ante las personas responsables de los problemas que ellos quieren poner al descubierto, antes de que puedan acudir al Congreso, por ejemplo. Hay un montón de barreras y obstáculos para los informantes de organismos de inteligencia”.

“Tenemos a un presidente con dos posiciones respecto a los informantes“, expresó Angela Canterbury, directora de política pública del Proyecto de Fiscalización del Gobierno (Project on Government Oversight, POGO). “Él tiene mérito por hacer más que cualquier otro presidente, pero hay una política diferente para los informantes de información confidencial”.

Cuando fue consultado acerca de ello al asesor adjunto de seguridad nacional, Ben Rhodes, señaló: “Al presidente no le gustan las filtraciones de información no autorizada que puedan perjudicar la seguridad nacional”.

Pero no toda la información gubernamental “no autorizada” o de carácter confidencial presenta ese peligro. La administración Obama podría  hacer mucho más para reducir la clasificación innecesaria. “El sistema está tremendamente inclinado en la dirección de la clasificación excesiva de la información como confidencial”, aseguró Wyden. “Si se hiciera correctamente para proteger sólo la información de seguridad nacional genuina, sería más fácil proteger los secretos gubernamentales. Pareciera que (la clasificación) se utiliza más para proteger a los funcionarios de un bochorno político”.

“Inclusive cuando actúan de buena fe, los funcionarios son propensos a la clasificación excesiva de los documentos como confidenciales”, aseveró el activista en favor de la transparencia gubernamental Steven Aftergood. “Las decisiones de clasificar una información como confidencial no se revisan”.

En una orden ejecutiva de diciembre de 2009, Obama les ordenó a los funcionarios gubernamentales no clasificar la información como secreta si tenían dudas significativas de la necesidad de que fuera secreta. El número de documentos recientemente clasificados como confidenciales ha disminuido algo desde entonces, de acuerdo con la Casa Blanca y se ha acelerado la desclasificación de documentos más antiguos. Pero la administración aún no ha tomado medidas respecto a recomendaciones más amplias para reducir la clasificación excesiva de información como confidencial. Estas recomendaciones fueron presentadas al presidente en un informe del 6 de diciembre de 2012 elaborado por la Junta de Desclasificación en el Interés Público (Public Interest Declassification Board o PIDB, por sus siglas en inglés), una entidad autorizada por el Congreso que llegó a la conclusión de que “las actuales prácticas de clasificación y desclasificación de información relativa a la seguridad nacional son anticuadas, insostenibles y le ocultan a la sociedad demasiada información”.

Las actividades aceleradas de guerra cibernética de la administración Obama, reveladas en artículos sobre documentos suministrados por Snowden, fueron citadas por Sanger, el periodista del New York Times como un ejemplo de información que el gobierno debió haber desclasificado en alguna forma antes de que fuera filtrada. “Considero que es de interés público revelar cuestiones como esa para alertar al público estadounidense que el gobierno estaba desplegando una clase de armas totalmente nueva a la cual Estados Unidos sería vulnerable –para comenzar el debate público, inclusive si los detalles son clasificados como secretos”.  

En una carta abierta con fecha 23 de abril de 2013, 30 organizaciones en favor de la transparencia gubernamental exhortaron al presidente “a crear con celeridad y proporcionarle el liderazgo de la Casa Blanca a un Comité de Dirección de Reforma de la Clasificación de Seguridad (Security Classification Reform Steering Committee)” para que impulse a los organismos de gobierno a implementar las recomendaciones de la PIDB “para contribuir a corregir lo que usted ha llamado ‘el problema de la clasificación excesiva'”. Las organizaciones instaron a la Casa Blanca “a asumir la responsabilidad de la iniciativa de reforma”.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia también deben aplicar vigorosamente la directiva que emitieron el primer día del presidente en el cargo, que les ordenaba a los organismos de gobierno responder a las solicitudes en virtud de la Ley de Acceso a la Información “con prontitud y en un espíritu de cooperación”. La directiva también ordenaba que no se retuviera la información simplemente porque “los funcionarios públicos podían pasar una vergüenza por su divulgación, porque podrían revelarse errores y fallos, o por temores especulativos o abstractos”. La respuesta por omisión a las solicitudes de información, con o sin solicitudes formales en virtud de la Ley de Acceso a la Información, debía ser la divulgación de la información.

Por el contrario, los periodistas y los activistas en favor de la transparencia gubernamental afirmaron que sus solicitudes de acceso a la información con frecuencia eran objeto de negativas, retrasos, falta de respuesta o pedidos de cuotas monetarias exorbitantes y que la cooperación u obstrucción variaba notablemente según el organismo. Danielle Brian, el defensor de la transparencia gubernamental de la organización POGO explicó que, si bien los “departamentos no relacionados con la inteligencia” del Pentágono respondían a las solicitudes de información, muchos otros departamentos y entidades de la administración Obama –en particular el Departamento de Estado, la Agencia para el Desarrollo Internacional y la Agencia de Protección Ambiental– eran “pésimas en responder las solicitudes de acceso a la información”.

Un análisis de la Associated Press publicado en marzo llegó a la conclusión de que “con mayor frecuencia que nunca, (la administración Obama) citó excepciones legales para censurar o retener el material” y “frecuentemente citó la necesidad de proteger la seguridad nacional y las deliberaciones internas”. Algunas de las nuevas políticas comunicacionales de la administración también contienen imprecisas excepciones sobre privacidad que podrían ser empleadas para ocultar expedientes cruciales para el periodismo fiscalizador acerca de temas tales como pagos de atención médica, subsidios gubernamentales, accidentes laborales o detenciones de sospechosos de terrorismo.

Un consorcio de más de 80 organizaciones defensoras de la transparencia gubernamental llamado OpenTheGovernment.org, con sede en Washington, está elaborando recomendaciones dirigidas al gobierno de Obama con la finalidad de lograr que la Ley de Acceso a la Información funcione mejor para la prensa y la sociedad. Algunas de las recomendaciones son reducir el número y la amplitud de las excepciones utilizadas para retener la información solicitada, crear un proceso efectivo para la apelación y revocación de las negativas de información, reformar los sistemas de pago de cuotas en los organismos federales y simplificar y centralizar el sistema federal para solicitudes de acceso a la información, como lo han hecho otros países.

Cuando se consultó a Lucy Dalglish sobre qué debería hacer la administración para cumplir las promesas del presidente de transparencia y un gobierno abierto, su lista contenía lo siguiente: Guarda menos secretos, mejora el proceso de solicitudes de acceso a la información, sé abierto y honesto acerca de la vigilancia del gobierno y construye mejores puentes con la prensa, en lugar de intentar controlarla o marginarla.

Con tanta información gubernamental accesible de manera digital en tantos lugares y al alcance de tanta gente, es probable que haya más Manning y Snowden entre aquéllos que crecieron en un mundo digital con borrosas fronteras entre la información pública y la privada, la información compartida y la secreta. Ello hace que el acceso por parte de los medios a una variedad de fuentes gubernamentales de información y orientación, sea más importante que nunca.

“Cerrarles las puertas a los periodistas es perjudicarse a sí mismos”, comentó el escritor y periodista del Washington Post Bob Woodward, “porque organizaciones menos responsables publicarán o transmitirán lo que quieran. Al final, no perjudica a los medios, pero puede perjudicar la seguridad nacional”.

Periodistas de otros países señalaron que la hostilidad del gobierno estadounidense hacia los medios puede ser perjudicial para la libertad de prensa en otros países, lo cual contradice la apertura que la administración Obama ha predicado internacionalmente. Mohamed Elmenshawy, un columnista egipcio cuyos artículos gozan de gran difusión y director de estudios regionales del Instituto para el Medio Oriente, con sede en Washington, expresó: “Como periodistas de países del Tercer Mundo, vemos a Estados Unidos como modelo de las mismas cosas que queremos: más libertad de expresión y profesionalismo. Estamos luchando por el libre intercambio de ideas y para que no nos amenacen, y cuando vemos algunas cuestiones aquí respecto a la regulación de la información y el periodismo, es una mala noticia para nosotros, En general nuestros gobiernos, especialmente los no democráticos, utilizan esto como ejemplo de una manera muy negativa”.

El presidente Obama enfrenta numerosos desafíos durante el resto de su presidencia y el resultado definirá su legado. Uno de ellos es cumplir su primera promesa: hacer de su administración la más transparente en la historia de Estados Unidos en un contexto de preocupaciones por la seguridad nacional, incertidumbre económica, polarización política y rápidos cambios tecnológicos. Su éxito o su fracaso pudieran tener un impacto duradero en la rendición de cuentas de los actos del gobierno estadounidense y en la posición de Estados Unidos como ejemplo internacional de la libertad de prensa.

Leonard Downie Jr., vicepresidente y ex editor ejecutivo del diario The Washington Post, es el titular de la cátedra de Periodismo Familia Weil en la Facultad de Periodismo y Comunicación Walter Cronkite de Arizona State University. Es fundador y actual director de la organización de periodismo de investigación Investigative Reporters and Editors y autor de cinco libros.

Sara Rafsky, investigadora asociada del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, colaboró en este informe.

[Este informe fue traducido del inglés por Sauro González]