Informar desde el Catatumbo, una región del norte colombiano dominada por la guerrilla y los narcotraficantes, siempre ha sido un desafío, pero las condiciones para el ejercicio del periodismo se han deteriorado gravemente debido a protestas antigubernamentales que ya llevan dos meses y enfrentan a miles de campesinos enardecidos contra soldados y policías antimotines.
Los campesinos están molestos por una campaña gubernamental que busca erradicar los cultivos de coca, planta que es sembrada por muchos y es la materia prima de la cocaína. Las protestas iniciales atrajeron a otras organizaciones de campesinos molestos por la falta de asistencia del gobierno a la región, que contiene algunas de las municipalidades más pobres de Colombia. Durante las últimas seis semanas, han bloqueado carreteras, han incendiado edificaciones y vehículos, y han chocado con las fuerzas gubernamentales.
“La violencia viene de todas partes y los periodistas están en medio de ella”, aseguró al CPJ Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar, asociación de derechos humanos con sede en la cercana ciudad de Cúcuta.
El 16 de julio, Richard Gálvez, camarógrafo del canal RCN TV de Bogotá que cubría protestas en el pueblo de Tibú, sufrió lesiones en la ingle cuando un proyectil de una bazuca de fabricación casera disparado por los manifestantes explotó cerca de él, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá. A Gálvez le dieron el alta del hospital al día siguiente.
A medida que el conflicto se ha vuelto más violento, el gobierno colombiano ha pasado de declaraciones conciliatorias a catalogar las manifestaciones de ilegales y de infiltradas por la guerrilla marxista. El 19 de julio, la Fiscalía colombiana les imputó a 10 manifestantes cargos por los delitos de terrorismo y posesión ilegal de explosivos.
Mientras tanto, periodistas de varios medios de prensa vistos como simpatizantes de los manifestantes se han quejado de hostigamiento policial. El 20 de junio, un reportero del canal regional de noticias Telesur fue golpeado por policías antimotines que trataron de evitar que filmara, informó la FLIP.
Personas que han documentado las protestas en nombre de organizaciones políticas también han sufrido represalias. El mismo día que el periodista de Telesur fue agredido, un equipo reporteril de Marcha Patriótica, organización política izquierdista, fue detenido brevemente y fotografiado por la policía, según la FLIP. En otro caso, Olguer Pérez, camarógrafo de la oficina de Comunicaciones de la Asociación Campesina del Catatumbo, grupo que participa en las protestas, aseguró al CPJ que la policía le disparó mientras filmaba una marcha en el poblado de Ocaña, el 25 de junio.
Pérez afirma que la policía está tomando represalias contra los periodistas de manera deliberada, para evitar que informen sobre las protestas, que se están transformando en un importante problema político para el presidente Juan Manuel Santos. Las carreteras bloqueadas han aislado poblados, como Tibú, donde el gobierno está transportando los alimentos y otros pertrechos por vía aérea y donde los precios de muchos artículos básicos se han triplicado o cuadruplicado. Al menos cuatro personas han muerto y docenas han sufrido heridas, según versiones de prensa.
En un comunicado del 24 de junio, la FLIP hizo un llamado a la policía a sancionar a los agentes involucrados en el hostigamiento de periodistas. La organización tiene previsto enviar una misión de verificación al Catatumbo.
En entrevista telefónica con el CPJ, el general Yesid Vásquez, jefe de policía de la región que abarca el Catatumbo, insistió en que sus unidades no habían hostigado ni disparado a ningún periodista. Vásquez afirmó que muchos reporteros de los medios alternativos apoyaban a los manifestantes y sostuvo que estaban difundiendo información falsa.
“Hay tantas cámaras aquí que si de veras estuviéramos hostigando a los reporteros, alguien lo habría filmado y habría un gran escándalo”, expresó Vásquez.
El 10 de julio, la ONU públicamente criticó a la policía colombiana por el “uso excesivo de la fuerza” en el Catatumbo.
[Informando desde Bogotá]