Nueva York, 23 de octubre, 2012– Las autoridades en Guinea Ecuatorial suspenden indefinidamente un programa de radio en una emisora controlada por el Gobierno durante una transmisión el pasado viernes, la cual incluía críticas al Presidente de la Suprema Corte, según periodistas locales e informes de prensa.
El show “Cultura en casa”, que cubría temas sociales locales y era transmitido tres veces por semana por RTVGE, dejó de transmitir el viernes alrededor de las 9:15 por orden de Benjamin Mangue Micha, director asistente de la estación, afirma el periodismo local. El blog de noticias local Malabo News citó a Micha diciendo que la orden de censura provino de un alto cargo y que no existe una decisión oficial escrita. Los técnicos del estudio remplazaron la entrevista con el jingle del programa, dijeron los periodistas.
El show estaba transmitiendo una entrevista con Teresa Mbasogo. Se le pidió a la invitada hablar al aire como representante de las 18 familias que buscan justicia por la demolición arbitraria de sus hogares y la confiscación de sus terrenos en Bata (la capital económica) en noviembre del 2011, según informes de noticias. Durante la entrevista Mbasogo criticó al Jefe de justicia Martin Ndgong Nsue por su participación personal en la disputa.
“Cultura en casa” no volvió a transmitir el lunes como estaba programado, dijeron periodistas locales.
“Silenciar ‘Cultura en casa’ por entrevistar a una ciudadana agraviada es una ofensa a todos los derechos del pueblo a recibir e impartir información.” Dijo el coordinador africano de apoyo a la CPJ, Mohamed Keita. “El presidente Teodoro Obiang pregona los supuestos logros de su gobierno en cuanto a derechos humanos, pero este acto de censura refleja una determinación de aplastar esos derechos. Le exigimos al gobierno que permita que ‘Cultura en casa’ vuelva a transmitir inmediatamente”.
La CPJ colocó a Guinea Ecuatorial en el quinto lugar de su lista de países con mayor censura. El gobierno de Obiang custodia y controla las ondas de radio nacionales en el país, según la investigación de la CPJ. La censura del gobierno impone reglas que aseguran que el régimen sea mostrado positivamente; los periodistas que no se acaten a las normas corren el riesgo de ir a prisión por cargos criminales, incluyendo difamación. La administración del presidente estipuló que los medios estatales lo aplaudan y que eviten cubrir la conflictividad social en el exterior.
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