Bogotá, 30 de agosto de 2012–Las autoridades bolivianas deben desistir de inmediato de una demanda penal presentada contra tres medios de prensa por su cobertura de un discurso del Presidente Evo Morales, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Los medios son acusados de incitar al racismo y a la discriminación, según informes de prensa.
El gobierno presentó la acusación contra los periódicos El Diario y Página Siete y contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), la agencia de noticias más antigua del país, todos medios de La Paz, el 21 de agosto, según informes de prensa. Las autoridades alegaron que la cobertura de los medios tergiversó las palabras del presidente y buscó crear una confrontación entre la región oriental y la región occidental del país, según indicaron informes de prensa.
En su discurso el 15 de agosto, Morales se refirió a la seguridad alimentaria en Tiahuanacao, una ciudad en el altiplano. El presidente indicó: “En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimento, mientras en el Altiplano es diferente: si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”.
Las declaraciones del presidente generaron protestas en Santa Cruz, la principal ciudad del oriente boliviano, según informes de prensa. El oriente de Bolivia es la region más rica del país y el bastión de la oposición al gobierno, mientras que el altiplano es habitado en su mayor parte por población indígena que apoya a Morales.
El discurso fue cubierto por ANF, y algunos fragmentos fueron reproducidos por El Diario y Página Siete, que tituló: “Evo acusa de “flojos” a los habitantes del oriente”.
“Es lamentable que el gobierno boliviano haya presentado una demanda penal contra El Diario, Página Siete, y ANF simplemente por haber informado sobre los comentarios formulados por el presidente”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “La prensa no debe ser responsabilizada por una polémica iniciada por el propio presidente. La utilización de una demanda por racismo contra la prensa puede producir un efecto inhibidor que coartará el debate sobre temas vitales”.
Javier Baldiviezo, Viceministro de Coordinación Gubernamental, afirmó a reporteros que ANF distorsionó las declaraciones del presidente y como consecuencia los dos periódicos titularon en forma imprecisa. Baldiviezo también alegó que los presuntos crímenes fueron delitos contra el orden público y por lo tanto serán enjuiciados bajo el artículo 281 del código penal, según informes de prensa.
Raúl Peñaranda, director de Página Siete, señaló al CPJ que los artículos invocados por el gobierno habían sido agregados al código penal como parte de la Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, cuya objetivo es prevenir y castigar los actos de racismo y discriminación, pero cuyo leguaje vago preocupó a periodistas y al CPJ, que temían que fuera utilizada para restringir y castigar el periodismo. Peñaranda indicó al CPJ que ésta es la primera vez que se ha utilizado la ley en contra de los medios.
Peñaranda afirmó al CPJ que Página Siete había informado con precisión sobre los comentarios de Morales. “Este es un juicio sin sentido que busca amedrentar a los medios independientes y limitar la libertad de expresión en el país”, indicó Peñaranda. También señaló al CPJ que los delitos de prensa deben ser enjuiciados bajo la rara vez utilizada Ley de Imprenta, que forma parte del código civil.
El jueves, integrantes de la prensa en La Paz y la vecina ciudad de El Alto se enfrentaron con la policía durante una marcha en protesta por la decisión del gobierno de demandar a ANF y a los dos diarios, según informes de prensa.
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