El periodista de radio y televisión Paul Segundo Garay Ramírez fue encarcelado el 19 de abril acusado de difamar a un fiscal en Coronel Portillo. Fue inicialmente sentenciado a tres años en prisión. El 28 de octubre, la Corte Suprema anuló la condena, citando evidencia defectuosa. Una grabación de audio clave, según reveló la justicia, no había sido adecuadamente autenticada.

Cronología del caso Garay:
19 de abril: Garay fue encarcelado acusado de calumniar al fiscal de Coronel Portillo en un fragmento radial sin fecha.
27 de julio: Un tribunal de apelaciones en Ucayali ratificó la condena pero redujo la pena de prisión a 18 meses.
19 de septiembre: El Fiscal superior Pablo Sánchez Velarde emitió un informe que halló fallas en la evidencia del caso, incluyendo falta de pruebas de que la voz grabada perteneciera a Garay.
29 de octubre: Garay fue liberado luego de 193 días en prisión, un día después de que la Corte Suprema revocara la condena.

Además de Garay, otros tres periodistas fueron condenados en 2011 por cargos penales de difamar a funcionarios públicos en informes críticos. Las leyes penales por difamación de Perú contradicen estándares regionales en la materia.

Un año de casos de difamación:
Julio: El periodista Hans Francisco Andrade Chávez fue condenado por difamar a un funcionario en Chepén; un tribunal de apelaciones anuló su condena en octubre bajo argumentos procesales.

Septiembre: El dueño de televisión y radio Gastón Medina recibió una condena a prisión en suspenso y una multa por difamar a un congresista local.

Noviembre: El periodista de radio y televisión Teobaldo Meléndez Fachín recibió una condena a prisión en suspenso y una multa por difamar a un alcalde local.

Creciente consenso regional para despenalizar la difamación:
2009: Costa Rica revocó las penas a prisión por difamación penal.
2009: Argentina revocó las cláusulas por difamación penal en relación con información de interés público.
2009: Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, que imponía duras penas por calumnias e injurias.

El CPJ documentó ocho casos en mayo en los cuales periodistas fueron atacados, amenazados y hostigados en respuesta a la cobertura periodística de las elecciones presidenciales del 5 de junio.

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Pedro Alfonso Flores Silva, reportero de televisión que había cubierto un caso de corrupción del gobierno local en la provincia de Casma, al noreste del país, fue blanco de disparos el 6 de septiembre y murió dos días después. Otros dos periodistas fueron asesinados en circunstancias aún no esclarecidas. El presentador de radio Julio Castillo Narváez fue abatido el 3 de mayo, y José Oquendo Reyes cayó el 14 de septiembre. El CPJ está investigando los asesinatos para determinar si están vinculados con la labor periodística de las víctimas.

Información histórica:
7: Periodistas peruanos asesinados en relación directa con su labor informativa desde 1992
3: Víctimas mortales en1992
1: Víctima mortal en 1993
1: Víctima mortal en 2004
1: Víctima mortal en 2007
1: Víctima mortal en 2011

En dos casos, los tribunales peruanos dictaminaron que el Congreso había violado la ley de acceso a la información al retener registros vinculados con supuestos ilícitos cometidos por sus miembros. Los tribunales resolvieron que el Congreso debía entregar la información solicitada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). El Congreso no había cumplido con ninguna de las dos resoluciones judiciales a fines de año.

Información demorada:
7-12: Los días asignados por la ley peruana para procesar solicitudes de información.
4: Los años que le llevó a IPYS ganar un fallo judicial confirmando que el público debía tener acceso a un debate en el Congreso que condujo a sanciones contra uno de sus miembros.
2: Los años que llevó ganar un fallo judicial confirmando que el público debía tener acceso a registros vinculados con supuestos pagos del Congreso que no habían sido autorizados.