Mientras los compromisos
contra la impunidad alientan esperanza,
el foco vuelve a la acción

Por Elisabeth Witchel

En la residencia presidencial de Los Pinos, el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se lamentó por el creciente índice de muertes de periodistas. “Me duele”, expresó ante una delegación del CPJ en 2010, “que México sea considerado uno de los lugares más peligrosos para esa profesión”. En su oficina en Islamabad, el Presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, aceptó su responsabilidad por los casos de violencia sin resolver contra la prensa. “La protección de periodistas es parte de mi mandato”, afirmó ante los representantes del CPJ en 2011. En el Palacio de Malacañang, en Manila, funcionarios del Departamento de Justicia elaboraron planes para lograr condenas en decenas de asesinatos de periodistas, un compromiso posteriormente reiterado por el Presidente Benigno Aquino III. Y en el cuartel general de la agencia nacional de investigaciones de Rusia, funcionarios de alto rango abrieron sus expedientes y acordaron retomar varios casos de asesinatos de periodistas nunca resueltos.

Desde 2009, jefes de estado y funcionarios de alto rango en varios de los países más peligrosos del mundo para la prensa se alinearon para reconocer el flagelo de la impunidad y prometieron, en sus reuniones con el CPJ, actuar al respecto. Sus promesas siguen en gran medida incumplidas, pero el reconocimiento del problema en las altas esferas sentó las bases para lo que los defensores de la libertad de prensa ven como una larga campaña contra la impunidad.

La actitud oficial no siempre ha sido así. La Presidenta de Filipinas Gloria Macapagal-Arroyo alguna vez ridiculizó la investigación del CPJ como “exagerada”, mientras funcionarios rusos se negaron durante mucho tiempo a analizar detalles de las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas. Pero años de intensa campaña liderada por numerosos grupos de defensa de la libertad de prensa, organizaciones de derechos humanos y periodistas de todo el mundo han provocado que la violencia letal contra la prensa tenga un sitio más prioritario en la agenda internacional. En septiembre, la UNESCO mantuvo una reunión de dos días entre agencias y representantes de estados miembro de la ONU con el objetivo de desarrollar un plan a largo plazo para promover la seguridad de periodistas y poner fin a la impunidad. Un borrador del plan muestra poco que pueda usarse para que los países asuman su responsabilidad, pero establecería programas de respuesta ante emergencias y ubicaría el tema de la impunidad dentro de una agenda de desarrollo más amplia de la ONU.

“Estamos esperanzados”, afirmó Nazdeka Azhgikhina, secretario ejecutivo de la Unión Rusa de Periodistas, quien afirmó que la campaña ha influido en las decisiones del gobierno para mejor. El índice de impunidad en Rusia, aun cuando continúa excesivamente alto, ha descendido ligeramente en los últimos dos años. “Y más aún”, indicó la periodista, “las golpizas se toman más en serio. La gente está preparada para exigir justicia”.

Esta presión pública mostró un notable avance en 2011. En Rusia, dos personas fueron condenadas en 2009 por el doble asesinato de la reportera Anastasiya Baburova y del abogado especialista en derechos humanos Stanislav Markelov. En Ucrania, las autoridades llevaron a juicio a un alto oficial y ex Ministro del Interior acusado de estrangular y decapitar al periodista de Internet Georgy Gongadze en el 2000. En Estados Unidos, la presión de la comunidad empujó a las autoridades a llevar a juicio y condenar a los autores intelectuales del asesinato del Chauncey Bailey, editor de un semanario de Oakland. Con fiscales que lograron procesamientos exitosos en varios casos en los últimos seis años, el registro de Brasil en materia de impunidad ha mostrado signos de mejora. Y en Colombia, una condena reciente y una caída en los casos de violencia letal, han hecho caer el índice de impunidad.

Sin embargo, defensores de la libertad de prensa no pueden sino mostrar cauto optimismo dada esta fría realidad: más de 500 casos de periodistas caídos por su labor–la mayoría de ellos de perfil mucho más bajo que el de Bailey o Gongadze–continuaron sin esclarecimiento en todo el mundo en las últimas dos décadas. La investigación del CPJ muestra que la tasa de impunidad en el mundo sigue obstinadamente elevada, justo por debajo del 90 por ciento, y en gran medida sin cambios en los últimos cinco años.

Roland Bless, principal asesor para el representante de libertad de prensa de la Organización para Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE, por sus siglas en inglés), explicó que la defensa de la libertad de prensa llevó a mejoras en los países de su región. Pero añadió: “Sólo puedo esperar que esta concientización se traduzca en realidades en la práctica para los profesionales de medios, aunque no quiero ser demasiado optimista al respecto”.

“Parece ser una batalla que llevará muchos años”.

Para tener una idea de cómo se desarrollará la batalla, es necesario prestar atención a varios casos y países clave.

Cuando Aquino asumió el poder en Filipinas en 2010, prometió frenar los asesinatos de periodistas y poner fin a una cultura de impunidad que llevaba décadas. Su capacidad para cumplir con este compromiso está siendo seriamente puesta a prueba por el juicio a decenas de sospechosos por la masacre del 23 de noviembre de 2009 en la provincia de Maguindanao. Más de 30 trabajadores de medios se hallaban entre las 57 personas asesinadas en una horrenda emboscada motivada políticamente. Fiscales, integrantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios judiciales han sido criticados por lo que muchos consideran un manejo lento y equivocado del caso. Más de dos años han transcurrido y los tribunales aún mantienen audiencias sobre planteos de los acusados para obtener libertad condicional. Del total de 195 sospechosos, sólo 70 estaban bajo proceso a fines del 2011 y unos 100 seguían prófugos. Para muchos observadores internacionales, si Filipinas enjuiciara con éxito a los autores de esta masacre, la condena se constituirá en una medida que revele el compromiso del país con el estado de derecho y la efectividad del gobierno.

Existen grupos en Filipinas que también han criticado al gobierno por descuidar sus promesas de llevar a cabo una reforma sistémica. El programa para la protección de testigos sigue con una crónica falta de recursos, la experiencia forense continúa siendo una carencia acuciante y las reglas judiciales de Filipinas son habitualmente abusadas por los acusados que buscan demorar sus procesamientos. En el caso Maguindanao, los abogados defensores presentaron una catarata de mociones, muchas de ellas por duplicado, que desafían las bases mismas del proceso judicial, desde la validez de las órdenes de arresto hasta el prestigio del juez responsable del caso.

“Me siento consternada por la lentitud de este juicio. Los sospechosos siguen libres, y lo que en verdad deseamos, y por lo que rezamos, es que sean capturados”, afirmó Mary Grace Morales, cuyo esposo e hija, ambos periodistas, fueran asesinados en la emboscada de Maguindanao. Decenas de organizaciones que defienden la libertad de expresión en todo el mundo intentaron asegurarse de que la atención internacional sobre el caso no menguara. En el segundo aniversario de la masacre, el CPJ y otros grupos celebraron el Primer Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad con el fin de dar notoriedad a los asesinatos de Maguindanao y a otros crímenes no resueltos contra periodistas.

En Rusia, defensores de la libertad de prensa observan acontecimientos recientes con una mirada precavida, pero esperanzada. No sólo han podido los fiscales obtener condenas en el caso Baburova, sino que los investigadores informaron que hubo avances en el caso del asesinato de Anna Politkovskaya en 2006. Este hecho que pone a prueba la voluntad de Rusia para procesar casos sensibles que involucran a poderosos. Una nueva investigación en 2011 condujo al arresto de dos sospechosos y una acusación contra un tercero por el asesinato. Entre quienes siguen detenidos se encuentra un ex policía de alto rango acusado de ayudar a organizar el crimen.

Sin embargo, los fiscales ya han fracasado en la investigación sobre el crimen de Politkovskaya y llevaron a juicio un caso preparado con descuido que finalizó en las absoluciones de los tres hombres sindicados como cómplices en 2008. Inclusive ahora, los autores intelectuales del crimen deben ser identificados. Sergey Sokolov, subdirector de Novaya Gazeta, el periódico de Politkovskaya, describió al foro del Consejo de Europa que el sistema de justicia penal ruso ha sido incapaz hasta el momento de responsabilizar por los crímenes a personas con vínculos políticos. “De un modo u otro, estas personas están vinculadas al poder, lo que significa, a su vez, que están conectadas con grandes sumas de dinero y con el mundo del crimen”, señaló. Y eso, agregó Sokolov, significó que no serán procesados en el sistema de justicia penal.

En Ucrania, 11 años después del asesinato de Georgy Gongadze, los fiscales abrieron un juicio contra el ex Ministro de Interior, General Aleksei Pukach, en julio, acusándolo de haber perpetrado el espantoso crimen. Otros tres funcionarios del ministerio habían sido condenados anteriormente por cargos de conspiración vinculados al asesinato. En una iniciativa potencialmente innovadora, los fiscales también acusaron en marzo al ex Presidente Leonid Kuchma por abuso de su cargo en relación con el complot.

Pero el caso contra Kuchma se derrumbó antes de finalizar el año. Luego de que el Tribunal Constitucional de Ucrania exhibiera una cinta de audio clave que, según se afirmaba, implicaba al ex presidente, un tribunal desestimó las acusaciones en diciembre. Y los abogados estuvieron lejos de mostrarse optimistas en el juicio del caso Pukach, que se realizó en su totalidad en privado. Los jueces que presidían el juicio sellaron las actuaciones judiciales luego de hallar que la evidencia contra Pukach–ex jefe del departamento de vigilancia del Ministerio del Interior–incluía secretos de estado. Los jueces no explicaron porqué decidieron sellar todas las actuaciones judiciales. El juicio seguía pendiente hacia fines de año.

La viuda de Gongadze, Myroslava, llevó adelante durante una década una campaña incansable para asegurar que se hiciera justicia en el asesinato de su esposo. Aunque muy escéptica con respecto a las autoridades ucranianas, Gongadze afirmó que las nuevas actuaciones judiciales han brindado “una nueva oportunidad para que se haga justicia en este caso…. ¿Es acaso profesional la fiscalía y capaz de investigar? Ése es el interrogante”.

Gongadze indicó que la presión externa de los tribunales internacionales había marcado una diferencia en el caso de su esposo. Años atrás, cuando parecía claro que las autoridades ucranianas no procesarían a los asesinos por iniciativa propia, Gongadze llevó el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el organismo arbitral del Consejo de Europa. El mandato del tribunal le permite revisar supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas en estados miembro cuando todas las instancias domésticas se hayan agotado. En 2005, el tribunal halló que Ucrania había violado varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos–notablemente al no lograr proteger la vida del periodista o investigar su muerte–y le ordenó pagar daños por un valor de 100 mil euros (aproximadamente $118 mil dólares estadounidenses en ese momento).

“Luché para comprometer al gobierno a seguir adelante”, relató Gongadze. “La atención de la comunidad internacional fue crucial. Al mismo tiempo, no fue suficiente hablar sobre el caso. Se necesitaba un mecanismo legal para que se hiciera justicia”.

Una de las debilidades que se percibe en el Tribunal Europeo y en otros tribunales regionales similares es la incapacidad para hacer cumplir las decisiones contra estados en rebeldía. Cuando la Fundación Medios de África Occidental planteó un caso contra Gambia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental en relación con el “Jefe” Ebrinah Manneh, un perioista que desapareció estando bajo custodio del estado, no hubo ningún representante que se molestara en participar del proceso judicial. El tribunal falló contra Gambia en 2008 y ordenó que se le pagara a la familia de Manneh por daños y perjuicios, pero el fallo fue ignorado por los líderes políticos. No obstante, el Director de la Fundación Medios, Kwame Karikari, señaló creer que el caso, con apoyo internacional y regional, ha jugado un rol importante al impedir nuevos ataques contra periodistas en África Occidental.

Gongadze afirmó que la influencia de los tribunales regionales no debe subestimarse. “En mis 11 años, lo que tuvo mayor impacto fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pude apelar ante el tribunal y durante algunos años esto mantuvo en alerta al gobierno ucraniano. Se vieron obligados a responder a las preguntas del tribunal”, sostuvo.

“Lo que esto ofrece es un juicio definitivo”, expresó Bill Bowring, abogado especialista en derechos humanos y cofundador del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, entidad dedicada a llevar casos ante el tribunal europeo. En 2011, el centro presentó una petición para abrir un caso en nombre de la madre del periodista Maksim Maksimov, quien desapareciera en 2004 y fue dado por muerto en 2006. El alegato solicitó que la corte determine si Rusia ha fomentado un clima de impunidad en casos de violencia contra la prensa lo cual podría sentar un precedente importante en otros casos no esclarecidos. En septiembre de 2010, el Tribunal Europeo dictaminó que Turquía había fracasado en proteger la vida y el derecho a la libertad de expresión del periodista turco de origen armenio Hrant Dink, quien fuera asesinado en 2007, aun cuando el reportero había notificado a las autoridades sobre una serie de amenazas de muerte. El gobierno turco desde entonces ha establecido una comisión especial para supervisar el proceso, aunque las iniciativas locales siguen siendo muy criticadas porque se enfocan en conspiradores de bajo nivel.

En las Américas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rara vez ha sido usada como un recurso directo para la impartición de justicia; en cambio, periodistas regionales amenazados suelen buscar respuestas inmediatas a los riesgos sobre cuestiones de seguridad, según afirmó Michael Camilleri, especialista en derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Vienen al sistema habitualmente por cuestiones de protección”, explicó Camilleri, quien trabaja en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos. La corte puede decidir que un país miembro adopte medidas de protección, mientras la comisión puede realizar visitas al país en casos de suma preocupación.

Los programas nacionales sobre protección de periodistas han logrado resultados mixtos en la región. Bajo el programa de protección de periodistas de Colombia, un comité de funcionarios gubernamentales y representantes de asociaciones civiles se reúne periódicamente para evaluar las necesidades de seguridad de periodistas bajo amenaza. En algunos casos, el gobierno asigna protección directa como, por ejemplo, escoltas, y en otros casos apoya traslados. El programa es a menudo citado porque ha contribuido a reducir la violencia contra de la prensa, aunque los críticos indican que se ha duplicado como herramienta de vigilancia para el gobierno colombiano. Aún así, afirmó Camilleri, “existen elementos que son útiles para que otros países piensen cómo puede implementarse un programa serio de protección, particularmente en términos de la escala de inversión gubernamental que se requiere”.

En noviembre de 2010, México anunció la creación de su propio programa de protección basado en el modelo colombiano. Pero en su primer año completo, el programa mexicano se mostró limitado e ineficaz, según reveló el análisis del CPJ. Sólo ocho periodistas recibieron protección, y la mayoría de ellos relató al CPJ que los servicios habían sido de escaso valor. “Los compromisos presupuestarios no están a la altura de las necesidades”, afirmó Camilleri en referencia al programa mexicano. “El gobierno comprende que debe hacer algo y ha reiterado a la relatoría su disposición para avanzar en el tema. Pero siguen asesinando periodistas mientras el programa se esfuerza por despegar”. El programa de protección para defensores de derechos humanos en Brasil, creado en 2004, ha sido también criticado por contar con financiamiento y administración insuficientes.

Brasil, de varias maneras, refleja tanto los desafíos como las oportunidades de la iniciativa mundial contra la impunidad. Si bien se trata de un país peligroso para la prensa–19 periodistas han caído en cumplimiento por su labor informativa en las últimas dos décadas–Brasil ha tenido éxitos recientes al procesar en la justicia a los asesinos de periodistas. A nivel nacional, la profesión está bien organizada y ha alzado su voz para impulsar arrestos y procesamientos por ataques contra la prensa.

“Cada caso de amenaza o asesinato de periodistas es inmediatamente denunciado por un gran grupo de personas que exige que el crimen sea castigado. Este ‘ruido’ lleva a las autoridades a hacer su trabajo de un modo más efectivo”, afirmó Clarinha Glock, periodista de investigación brasileña que trabaja para el proyecto de Impunidad de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Brasil sigue siendo un lugar letal para la prensa, particularmente en los estados del noreste. Al menos un periodista brasileño cayó en relación directa con su labor informativa en 2011 y otros cuatro fueron asesinados en circunstancias poco claras. “Es necesario tomar en cuenta que Brasil es un país grande”, explicó Glock. “El efecto de la presión de los periodistas en São Paulo es diferente cuando el crimen ocurre en una zona rural de los estados del noreste, que están muy alejados de los grandes periódicos, suelen ser olvidados y no se castigan como debiera.”

En los últimos seis años, los autores materiales de crímenes de periodistas recibieron condenas en al menos cinco casos, y las autoridades han obtenido condenas contra autores intelectuales en por lo menos dos casos, un logro significativo comparado con otros países violentos en los cuales los principales responsables rara vez son procesados. En 2009, por ejemplo, un tribunal brasileño sentenció a un sargento de la policía militar por conspirar en el asesinato del reportero Luiz Carlos Barbon Filho, quien había expuesto un caso de corrupción dentro de las filas policiales.

Los brasileños citan el caso del periodista de televisión Tim Lopes, quien fuera torturado y decapitado en 2002, como un punto de inflexión en las iniciativas contra la impunidad en ese país. Los periodistas se unieron para formar la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, o ABRAJI, para concluir el trabajo de Lopes y exigir justicia en su asesinato. Glock afirmó que la asociación ha dado ímpetu a los medios de Brasil.

“ABRAJI mejoró la red natural de comunicación”, comentó la periodista. “Tiene una gran capacidad para reunirse y difundir información sobre impunidad, leyes, cómo obtener información precisa y cómo trabajar de manera ética.”

De modo semejante, en Estados Unidos, un grupo de periodistas se unieron para combatir la impunidad. Luego del asesinato de Bailey en Oakland, ocurrido en 2007, periodistas de la zona de la Bahía de San Francisco, conocida como Bay Area, crearon el Proyecto Chauncey Bailey con el fin de concluir el trabajo de investigación del periodista y arrojar luz sobre su asesinato.

Thomas Peele, un periodista que trabajó en el proyecto, recordó que el atacante armado confesó poco tiempo después de haberle disparado a Bailey, pero la policía parecía no tener interés en detener a ningún otro sospechoso. “Quedó bastante claro desde el principio que no se había tratado de un acto en el que hubiera participado un único tirador”, afirmó Peele. “Pasó un tiempo y no veíamos evidencia de que la policía estuviese investigando más allá de la confesión inicial”.

El Proyecto Bailey realizó su propio trabajo de investigación e informó periódicamente a través de múltiples medios sobre pruebas que la policía no había logrado seguir. “Publicamos y mucho”, afirmó Peele. “Había videos, registros de llamadas por teléfono celular y una cantidad de hechos incriminatorios que la policía no estaba siguiendo”. La evidencia expuesta por el Proyecto Bailey condujo a la detención, juicio y condenas de dos sospechosos más en 2011, incluyendo al hombre que había ordenado el asesinato. Ambos se encuentran cumpliendo una condena a cadena perpetua sin opción de excarcelación.

Existe un hilo conductor que recorre estos éxitos, por más calificados que puedan ser: la incesante presión, atención y acción ejercida por grupos defensores de la libertad de prensa, por la familia y por colegas. “Fuimos bastante implacables”, afirmó Peele. “Proseguimos con la información hasta que sucedió algo”.

Elisabeth Witchel es consultora en el Reino Unido para la Campaña Global contra la Impunidad del CPJ; Witchel lanzó la campaña del CPJ en 2006.