Nueva York, 28 de noviembre de 2011–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) está consternado por la sentencia contra un periodista ecuatoriano a seis meses de cárcel por cargos de difamación penal.
El 15 de diciembre de 2009, Carlos Ignacio Cedeño, presentador del programa “Diálogo con Carlos Cedeño” de la radio Sono Onda, supuestamente acusó al médico Melitón García de robar camillas y microscopios de un hospital público para usar en su clínica privada, según informes de la prensa local. El periodista afirmó que aunque mencionó el supuesto robo en su programa, un panelista invitado fue quien usó el nombre del médico. En noviembre de 2010, un tribunal penal en Manabí sentenció a Cedeño a un año de prisión por cargos de difamación penal, pero el 6 de octubre la sentencia fue reducida a seis meses en apelación.
“Estamos preocupados por la sentencia que condenó a Carlos Ignacio Cedeño a prisión”, afirmó Robert Mahoney, el subdirector del CPJ. “La difamación penal no debe ser utilizada en contra de la prensa. Los tribunales civiles son la vía adecuada para resolver casos de supuesta difamación”.
El periodista indicó al CPJ que abandonó la radio Sono Onda para presentar un programa en otra radio, Radio Escándalo, pero su programa fue suspendido después de la condena y no ha podido encontrar otro trabajo. Señaló al CPJ que está actualmente en la clandestinidad porque la policía ha emitido una orden de captura contra él.
Fernando Farfán, el abogado de Cedeño, indicó al grupo de prensa local Fundamedios que presentará un recurso de revisión para apelar la sentencia. El abogado de García, Tito Livio Mendoza, también indicó que continuará con el caso y que está preparando una demanda civil de por lo menos un millón de dólares estadounidenses como reparación para el médico.
La investigación del CPJ muestra que las anticuadas disposiciones penales para difamación en Ecuador han sido utilizadas sistemáticamente para castigar a periodistas críticos. La legislación ecuatoriana también contradice el consenso emergente en América Latina que considera a las leyes civiles como la solución adecuada para resolver casos por supuesta difamación. En diciembre de 2009, la Corte Suprema de Costa Rica eliminó la prisión como condena para casos de difamación. Un mes antes, en noviembre de 2009, el congreso argentino derogó la difamación incluida en el código penal. Y en abril de 2009, el Tribunal Supremo Federal de Brasil anuló la Ley de Prensa de 1967, una medida que aplicaba penas graves por injuria y calumnias.