Cientos de agentes tomaron el jueves estaciones de policía a lo largo del país, en señal de protesta por una ley aprobada el día anterior por la cual se reducían beneficios para los uniformados, según informes de la prensa local e internacional. El gobierno declaró el estado de excepción, y la Secretaría de Comunicaciones envió una directiva por la cual ordenaba a estaciones de radio y televisión a transmitir la programación de Ecuador TV, el canal estatal.
Las cadenas nacionales Ecuavisa, Teleamazonas y Canal Uno interrumpieron su programación regular alrededor de las 2 p.m. para transmitir la señal de Ecuador TV, afirmaron periodistas locales. Ecuador TV cubrió los eventos desde la perspectiva del gobierno, entrevistando a una serie de funcionarios de alto rango, indicaron los periodistas. La secretaría suprimió la directiva alrededor de las 8 p.m. y las estaciones retomaron la transmisión de sus propios contenidos poco tiempo después, según los periodistas.
La orden de la secretaría, la cual fue consultada por el CPJ, se basa en la Ley de Radiodifusión y Televisión que permite al presidente y a miembros de su gobierno a interrumpir la programación de las estaciones de radiodifusión para transmitir mensajes oficiales. Pero, ni Correa ni el gobierno transmitían mensajes oficiales, de acuerdo con informes de prensa. La directiva en su lugar censuró la cobertura de los medios independientes, e impidió a los ciudadanos contar con información balanceada en los momentos más críticos, indicó al CPJ el jefe de información regional de Ecuavisa, Freddy Barros.
Oficiales rebeldes irrumpieron en los estudios de Ecuador TV alrededor de las 6.30 p.m. y trataron de interrumpir la programación oficial, según información de la agencia de noticias EFE. Un grupo de ciudadanos también se congregó al frente de las instalaciones del canal estatal para protestar contra la directiva del gobierno, según el diario El Universo con sede en Guayaquil.
“Estamos consternados por la violencia desatada contra periodistas que cubrían estos incidentes, e instamos a las autoridades a traer a los responsables ante la justicia”, afirmó Rob Mahoney, subdirector del CPJ. “Estamos también alarmados por la decisión del gobierno de utilizar facultades de emergencia para ordenar una única transmisión a cargo del canal del estado. Esto privó a la audiencia de contar con diferentes opciones de información en un momento crítico”.
Al menos 22 reporteros y fotógrafos fueron atacados o amenazados mientras cubrían la rebelión de la policía a lo largo del país, según la organización de libertad de prensa Fundamedios, con sede en Quito. Los oficiales de la protesta golpearon e incluso arrojaron gases lacrimógenos contra los reporteros locales e internacionales. También incendiaron y confiscaron en forma ilegal los equipos de los reporteros, informó Fundamedios.
El caos alcanzó su punto más álgido cuando los oficiales rebeldes tiraron una bomba con gas lacrimógeno a Correa mientras éste intentaba dialogar con los manifestantes en una estación de policía en Quito. Correa fue trasladado a un hospital por los efectos del gas. Policías rebeldes en el centro de salud le impidieron salir por 11 horas, según informes de la prensa ecuatoriana. Efectivos del ejército irrumpieron en el hospital y rescataron al presidente alrededor de las 9 p.m., informó El Universo.
Correa acusó a los oficiales rebeldes de intentar un golpe de estado, y prometió investigar y enjuiciar a los responsables de la rebelión. Informes de prensa indicaron que dos personas murieron durante los incidentes.