En una de las ciudades más peligrosas de México, informar requiere de suma precaución. La autocensura, el sesgo en la noticia y la manipulación de la información son cuestiones de todos los días. Por Mike O’Connor
Colgado el 24 de junio
CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua, México
Poco después de la una treinta de la tarde del 27 de mayo, Luz Sosa, reportera de policía del periódico El Diario, salía de la oficina de la Procuraduría Estatal de Justicia como parte de sus rondas en Ciudad Juárez. Su fotógrafo, Julio Aguilar, recibió una llamada al teléfono celular. El fotógrafo comenzó a correr hacia el auto mientras le hacía señas de apremio para que lo siguiera. Se trataba de otra ejecución.
Ese solo hecho representaba un peligro para ellos. El año pasado, los dos grandes cárteles de las drogas, que se disputan el control de Ciudad Juárez, transmitieron por las frecuencias de radio de la policía que matarían a cualquier periodista que llegara al lugar de una ejecución mientras aún permanecieran allí miembros de las bandas criminales.
El peligro aumentaba mientras que los dos comunicadores se dirigían hacia la escena del crimen. En el camino, se enteraron de la identidad de la víctima. Era el hermano del tesorero del ayuntamiento local. Eso significaba que lo podían haber asesinado por resistirse a los esfuerzos de uno de los cárteles por controlar el gobierno municipal. Los reporteros que redactan su información presentando este tipo de ángulo, rápidamente pueden convertirse en el blanco de alguno de los cárteles.
Sosa también se dio cuenta que la víctima era un empresario perteneciente a una familia prominente, posiblemente objeto de extorsión por parte de alguna de las bandas que operan casi en la impunidad en esta ciudad. Los periodistas de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua ubicado en el centro norte de México, señalaron al CPJ que los reporteros que investigan cómo opera la extorsión o por qué la policía no esclarece los delitos, están en grave riesgo de represalias por parte de los cárteles, o de la policía misma.
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Para la prensa, Ciudad Juárez está entre las localidades más peligrosas de uno de los países más violentos del mundo. Investigaciones del CPJ señalan que desde el año 2000, 27 periodistas han muerto asesinados, al menos 10 de ellos en represalia directa por su trabajo periodístico. Otros siete están desaparecidos. En noviembre, Armando Rodríguez, veterano reportero de policía, fue asesinado a balazos frente a su casa en Ciudad Juárez. Investigadores estatales indicaron al CPJ que habrían identificado a miembros de un cártel como sospechosos del asesinato, pero las autoridades federales encargadas del caso no han hecho nada con esta información. La Procuraduría General de la República (PGR) se negó a comentar sobre el estado de la investigación.
Dentro de esta cultura de impunidad, los periodistas de Ciudad Juárez indican que no hay razón alguna por la cual uno de ellos no sea el próximo en aparecer en de una lista de personas a eliminar por uno de los cárteles. La violencia y la intimidación han causado un daño perdurable en los medios de comunicación de esta ciudad. Lo mismo que en otras partes de México. Aún y cuando el índice de asesinatos sube y baja, la autocensura, el sesgo en la cobertura y la manipulación de las noticias son el pan de todos los días. El gobierno federal se ha jactado sobre sus recientes avances en la seguridad en Ciudad Juárez, pero su responsabilidad no debe limitase a ofrecer seguridad; también debe garantizar los derechos humanos básicos, incluyendo la libertad de prensa.
La autocensura se impone
La víctima de ese día fue Oscar Urías. Yacía en la banqueta debajo de una cobija granate, al lado de una Ford pick-up negra, con el vidrio de la puerta del conductor hecho añicos a disparos. Comenzaban a llegar policías ministeriales de la ciudad, así como policías federales de uniforme azul, chalecos antibalas y rifles de asalto y soldados de uniforme verde y casco.
Ni siquiera el alcalde de Ciudad Juárez confía en que la policía local no esté corrompida por los cárteles o que sea capaz de esclarecer delitos, de modo que la policía federal y el ejército están aquí esencialmente para suplantar a las fuerzas de seguridad locales hasta que se reclute y entrene a una nueva corporación policíaca. Existen actualmente unos siete mil 500 soldados patrullando las calles, poniendo retenes para catear vehículos, allanando domicilios en busca de armas y drogas y apresando supuestos miembros de los cárteles. El jefe de la policía es hoy un militar. Otros jefes del ejército encabezan varias secciones del departamento de policía y del reclusorio de la ciudad.
Pero la ciudadanía tampoco confía mucho en el ejército, según muchos periodistas. Los comunicadores indican que desde que llegó la mayoría de los elementos del ejército en febrero, las operaciones de los cárteles han continuado como si nada, excepto por una breve tregua en los asesinatos. “El ejército arrestó a unos cuantos cientos de narcomenudistas callejeros. Pero eso no cambia nada. ¿Qué hay con la aprehensión de los líderes de los cárteles? ¿De los que se dedican a lavar el dinero? ¿O de los políticos involucrados”? pregunta Sosa. “El ejército no sabe investigar delitos. No están entrenados para eso”.
Prueba de que los periodistas aún consideran muy peligrosa la cobertura de muchas noticias se hizo evidente en la escena del crimen. Tomando en cuenta la importancia de la víctima, debió haber sido una nota de relevancia. Pero solo hubo siete periodistas presentes, en una ciudad con una población de aproximadamente millón y medio de habitantes, que tiene numerosos medios de comunicación.
Uno de los periódicos más importantes es Norte de Ciudad Juárez, que tiene una estricta política de no publicar nada que remotamente tenga que ver con los dos poderosos cárteles. La breve nota de Norte sobre el asesinato apareció en la página seis, originaba de la escasa información contenida en un breve parte policíaco: el nombre de la víctima, la cantidad de heridas, el calibre del arma y el hecho de haber encontrado 10 casquillos de bala. La nota ni siquiera mencionaba que la víctima era primo del dueño del periódico.
“Hemos aprendido la lección: para sobrevivir, publicamos lo menos posible”, apunta Alfredo Quijano, jefe de redacción de Norte, con relación a las prácticas de autocensura adoptadas tras el asesinado de Rodríguez el otoño pasado. “No investigamos nada. Más aún, la mayor parte de lo que sabemos se queda en la libreta del reportero”. Todo esto ocurre en momentos en los que el dinero del narcotráfico fluye con facilidad en las campañas políticas, cuando se compran influencias en la policía o se los amenaza para no investigar y mientras los cárteles expanden sus operaciones al secuestro y la extorsión, señala Quijano.
Ser un reportero de investigación es muy peligroso estos días, explica. “Sí puedes hacer periodismo. Puedes investigar. Luego lo puedes publicar. Pero rápidamente hay que salir corriendo del país”.
El Diario le dio al asesinato un tratamiento distinto. El largo reportaje que escribió Sosa fue el cintillo de la primera plana. Incluía información sobre personas cercanas a la familia de la víctima, que señalaban que había recibido llamadas telefónicas con amenazas de extorsión exigiéndole dinero. El reportaje de Sosa responsabilizó a los cárteles del asesinato, un hecho bastante peligroso.
La plantilla de El Diario también conoce sus límites. Cinco días antes del homicidio, el periódico de Sosa había recibido un recordatorio de lo poco tolerantes que pueden ser los cárteles. El equipo editorial del periódico en Hidalgo del Parral, cuidad del sur de Chihuahua, se topó con un reportaje sobre lavado de dinero y El Diario pensó que la nota podría ser demasiado audaz. Viéndolo en perspectiva, los editores opinan que cometieron tres errores.
El primer reportaje identificaba al grupo criminal que presuntamente estaba involucrado en el ilícito. Mencionaba al Cártel de Sinaloa, que está en guerra con la banda de Juárez por el control del tráfico de drogas en la ciudad y la exportación de drogas a los Estados Unidos. Publicó el nombre del líder del grupo criminal en el área. En un segundo reportaje, el periódico mencionó a los bancos supuestamente involucrados en el lavado de dinero, uno en El Paso, cruzando la frontera en Texas y el otro en Los Ángeles. Fue entonces que recibieron la amenaza telefónica. Tenían un tercer reportaje listo para publicar, pero nunca lo imprimieron. En su lugar, cerraron las oficinas en Hidalgo del Parral y el personal se ocultó.
“Fuimos muy precavidos. Publicábamos solo una pequeña parte de lo que sabíamos”, señala Pedro Torres, subdirector editorial. “Intentábamos hacer una pequeña investigación y de inmediato se nos fueron encima”.
La onda expansiva
tras un asesinato
Armando Rodríguez, el reportero asesinado en noviembre, había recibido meses antes una amenaza de muerte por teléfono. Según periodistas de Ciudad Juárez, Rodríguez se había quejado con la Procuradora General de Justicia del Estado, Patricia González Rodríguez, encargada de las investigaciones por delitos estatales. La funcionaria le dijo que no podía brindarle protección. (La Procuradora General de Justicia estatal niega dicha conversación). Sus colegas señalan que Rodríguez revisó todos sus reportajes recientes y que no pudo encontrar nada que pudiera estar relacionado con la amenaza.
Tener cuidado con lo que publicas ayuda, afirma Sosa, de 39 años y madre de dos hijos, quien ocupó el lugar que dejó Rodríguez en la fuente de policía de El Diario. “Pero eso puede no ser suficiente si el reportero empieza a hacer preguntas delicadas”, continúa, “porque los delincuentes pueden asesinarte no por lo que publicas, sino por lo que creen que sabes”. Días antes de su asesinato, Rodríguez había publicado un artículo que relacionaba al sobrino de la Procuradora General de Justicia con traficantes de drogas.
Los periodistas de Ciudad Juárez sintieron el efecto de lo que le ocurrió a Rodríguez. A medida que la investigación se hacía más complicada, y no había ningún avance, los periodistas comprendieron que nunca atraparían a los asesinos y que cualquiera de ellos podría ser blanco de los cárteles.
Tras el asesinato de Rodríguez, los medios de comunicación implementaron políticas para limitar los riesgos. La mayoría ya no publica las notas de policía firmadas. En un intento por aplacar la violencia de los cárteles, algunos le bajan el tono a su lenguaje, empleando términos como “sujetos armados” en lugar de “sicarios”, por ejemplo. Otros no identifican al cártel responsable de un asesinato, a menos que funcionarios gubernamentales señalen públicamente el nombre de la pandilla. En Norte, editan solamente datos escuetos. Muchos periodistas de la ciudad señalan que una televisora local trasladó sus operaciones a El Paso durante un tiempo, después de que sus empleados recibieran amenazas de muerte. Los ejecutivos de la televisora no quisieron hacer comentarios al respecto.
Las investigaciones de homicidios en Ciudad Juárez son improductivas. Esto significa que una amenaza contra un periodista debe tomarse en serio, porque cualquier ataque contra un comunicador queda casi seguramente en la impunidad. El Diario publicó en mayo que la policía solo había esclarecido el 2.7 por ciento de todos los asesinatos en 2009. Otra nota de El Diario informó que cada investigador de homicidios está a cargo de hasta 130 casos. Ni siquiera los asesinatos de funcionarios policiales se resuelven, conforme a los archivos que lleva El Diario. El año pasado, 71 funcionarios murieron asesinados y a finales de mayo de este año, ya eran 31 las víctimas fatales, sin que ninguno de esos casos se hubiera esclarecido.
El periódico publicó que el año pasado en Ciudad Juárez se registraron 1607 asesinatos, la mayoría por ejecuciones de los cárteles. Después de que la presencia del ejército se incrementara en febrero, las cifras se redujeron en forma importante, pero ahora están nuevamente en alza. Tan solo en los dos últimos días de mayo hubo 34 asesinatos.
Los cárteles no solo restringen a la prensa de Ciudad Juárez; sino que también la manipulan. Edgar Román, director de noticias de Canal 44, señala que los grupos del crimen organizado sincronizan los asesinatos para que tengan cobertura en vivo en los noticiarios nocturnos. “Cometen asesinatos para que salgan en mi noticiero. Ya sea 10 minutos antes o mientras estamos al aire”, dijo. Los periodistas afirman que los cárteles buscan infundir miedo en la población de Ciudad Juárez, para que puedan ver las imágenes de sus enemigos asesinados en vivo por televisión. Un cártel quiere verse más siniestro que el otro, de modo que buscan que sus amenazas salgan al aire.
Román recuerda una noche del invierno pasado, cuando uno de los cárteles dejó un mensaje escrito en una manta afuera de su estación televisiva. El noticiero cubrió el hecho en vivo, pero no leyó el letrero al aire. De inmediato, la estación recibió una llamada amenazante exigiendo la lectura del mensaje. Temerosos de que algo ocurriera, los conductores parafrasearon el recado.
Nuevo cártel, nuevos peligros
Adrián Ventura cree haber presenciado el primer ataque del cártel de Sinaloa contra el cártel de Juárez. Fue casi al finalizar el invierno de 2007. Durante muchos años, la banda de Juárez había gozado del control total de la ruta de las drogas hacia los Estados Unidos, así como del narcomenudeo en las calles de la ciudad, señala el propietario de una página de Internet de noticias que cubre la nota policíaca en Ciudad Juárez. Agrega que el cártel vendía marihuana y cocaína a los obreros del norte de Juárez. Pero había cierto equilibrio que mantenía la paz. El grupo criminal controlaba todo y la policía aparecía solo durante el cambio de turno para recibir sus sobornos diarios. Un día temprano en la mañana, sin embargo, recibió una llamada de que habían asesinado con rifles de asalto a seis o siete narcomenudistas. Fue a la escena del crimen y aún así no podía creerlo. “No puede ser, pensé. Aquí nadie hace esto. Aquí no se usaban esas armas. Nadia mataba a tanta gente”.
“Sabíamos que era un mensaje, pero no lo entendimos”.
El misterio se aclaró muy pronto: a medida que la cifra de muertos aumentaba, la guerra entre los cárteles comenzaba a derramar sangre. El cártel de Sinaloa intentaba tomar el control de la base de operaciones del cártel de Juárez. En estos días, los narcomenudistas desaparecieron de las áreas tradicionales de venta callejera como Barrio Alto y Alta Vista. La gente dice que no fue por la policía o el ejército. Fue porque nadie quiere estar en medio de esta guerra entre cárteles, como les pasó a las primeras víctimas.
Según los periodistas locales, Ciudad Juárez es un caso aparte. Es una ciudad grande, una puerta de entrada de las drogas a los Estados Unidos y un lugar en el que un solo cártel había penetrado de forma tal en la política local y en los rangos de la policía que prácticamente obtenía todo lo que quería. Ahora que un segundo cártel lucha por apoderarse de la plaza, saltan a la vista las debilidades del gobierno (su corrupción e incompetencia inherentes).
Este es apenas un ejemplo extremo de lo que ocurre en muchas ciudades de México, donde los periodistas temen a los cárteles de las drogas y a los funcionarios del gobierno y adaptan lo que escriben o transmiten a las circunstancias que imperan en cada lugar.
En Morelia, capital del estado de Michoacán, el dueño de una organización editorial con cobertura en todo el estado afirma que para estar a salvo de las represalias de los cárteles utilizan la misma estrategia de publicar solo notas escuetas, como lo hacen la mayoría de los medios en Ciudad Juárez. Hace dos años, en Acapulco, un reportero murió asesinado en la calle. Según algunos de sus colegas, el asesino era un sicario de alguno de los cárteles. En abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno para que proporcionara guardaespaldas a una reportera amenazada por el poderoso Secretario de Seguridad Pública Federal. En mayo, ocho sujetos con pasamontañas secuestraron a un reportero del estado de Durango en su casa, frente a su familia. Al día siguiente encontraron su cadáver. En Torreón, lugar donde lo enterraron, aparecieron mantas de uno de los cárteles advirtiendo a los periodistas que tuvieran cuidado, según informes de prensa.
Dos reporteros han huido del estado de Chihuahua hacia los Estados Unidos en el último año. Uno de ellos, Emilio Gutiérrez, solicitó asilo político y está a la espera de una audiencia en un tribunal de justicia para ver si se lo conceden. Escribió artículos que, asegura, enfurecieron al ejército mexicano. Los militares habrían enviado soldados a amenazarlo de muerte. Huyó con su hijo adolescente y estuvo detenido siete meses, pero lo liberaron en enero a la espera de la audiencia.
El otro es Jorge Luis Aguirre. Tiene una página Web de noticias en Ciudad Juárez, que cubre notas de política y policía en forma crítica y a veces irónica. La noche del velorio de Armando Rodríguez, un sujeto que le llamó por celular le advirtió que él era el siguiente. Huyó de inmediato a El Paso, Texas, con su esposa y sus tres hijos y espera solicitar asilo político.
Aguirre sigue trabajando sobre su página Web desde El Paso. Recientemente, mientras viajaba en carro a una conferencia de prensa, en una carretera cercana a la frontera y vio a Ciudad Juárez apenas al otro lado de un estrecho río, enumeró de las dificultades de empezar una nueva vida a los 51 años. Sin embargo, con los ojos hacia México indicó: “No puedo regresar. Me matarían”.
Mike O’Connor es el representante en México del CPJ. Se ha desempeñado como corresponsal extranjero para CBS News, National Public Radio y The New York Times.