Nueva York, 19 de febrero de 2009–El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) saluda un fallo reciente de un tribunal de justicia argentino que ordenó al gobierno otorgarle publicidad oficial a publicaciones críticas.
El 10 de febrero, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decidió que no otorgar publicidad oficial a varias publicaciones de la Editorial Perfil por ser críticas del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner constituyó una violación a la libertad de prensa, según informes de la prensa local. Editorial Perfil es la mayor editorial de revistas del país.
El tribunal le dio un plazo de 15 días al gobierno para la distribución de la pauta publicitaria oficial en las revistas semanales Noticias y Fortuna, y en el diario Perfil que se publica sábado y domingo. En julio de 2006, Perfil presentó un amparo contra el Poder Ejecutivo, alegando que había sido discriminado por el gobierno por su labor informativa crítica.
“Saludamos el fallo como un paso adelante para poner fin a las prácticas discriminatorias de Argentina en la distribución de la publicidad oficial”, señaló Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Instamos al Congreso a promover legislación que limite la discrecionalidad del gobierno en la distribución de los avisos oficiales”.
La decisión de la cámara, examinada por el CPJ, afirma que existió “una conducta discriminatoria con el único objeto ostensible de castigar a publicaciones no afectas al gobierno de turno”. Según el fallo, “el tratamiento desigual con las demás publicaciones -tanto las que dan a conocer su tiraje como aquellas que no se someten a aquel control- supone una evidente violación del principio de la libertad de prensa, que debe ser reparada de inmediato”. El tribunal indicó que sin los principios de igualdad y de libertad de expresión “no existe democracia en el país”.
La cámara citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que condenó a la provincia de Neuquén por retirar publicidad oficial del diario Río Negro como fundamento para su decisión. En el caso de Río Negro, el máximo tribunal afirmó que el gobierno no puede cancelar la distribución de avisos oficiales a la prensa de modo arbitrario.
Perfil y la Asociación por los Derechos Civiles, una organización no partidaria que promueve los derechos constitucionales, que había presentado un escrito legal en apoyo a la empresa editorial, argumentaron que el gobierno manipuló la distribución de la publicidad oficial en contradicción a las garantías a la libertad de prensa en los Artículos 14 y 32 de la constitución argentina y del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Según el informe anual del CPJ, Ataques a la Prensa en 2008, el gobierno de Kirchner ha manipulado la distribución de la pauta oficial creando un sistema de embargos publicitarios a los medios críticos y recompensando con anuncios a los medios que apoyaron al gobierno.