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7 de junio de 2008 México no está en guerra. Es una democracia. Pero es uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa. Un total de 21 periodistas han caído en México desde el 2000, siete de ellos en relación directa con su trabajo. Desde el 2005, otros siete han desaparecido. México figura en el décimo lugar en el índice de impunidad elaborado por el CPJ, junto a otros países que viven graves conflictos internos como Irak, Somalia y Sierra Leona. El impacto de este registro de violencia sin control está bien documentado. El miedo está presente en las redacciones y el resultado es una autocensura generalizada. En ciudades fronterizas, dónde la situación es dominada por los carteles de la droga, ni siquiera se informa sobre balaceras en el centro de la ciudad. Apenas existen dudas que el crimen asociado con el tráfico de drogas es responsable de buena parte de la violencia contra la prensa. Pero el fracaso del gobierno mexicano para investigar a fondo estos crímenes y enjuiciar a sus perpetradores ha creado una cultura de impunidad que perpetúa el ciclo de violencia. El CPJ ha encargado este informe con la intención de tener una visión más profunda de los factores que impiden la resolución de estos casos. La representante del CPJ en México, Monica Campbell, ha elaborado documentos sobre tres casos emblemáticos–los asesinatos de los periodistas Francisco Ortiz Franco en Tijuana, Bradley Will en Oaxaca y Amado Ramírez Dillanes en Acapulco. Las circunstancias de estos tres asesinatos son muy diferentes, así como las investigaciones iniciales. Pero los tres comparten ciertas características. En México, el homicidio es un crimen estatal y los fiscales estatales fueron los encargados de realizar las primeras investigaciones en los tres casos. Debido a un trabajo policial pobre, al miedo, o a presiones políticas, las investigaciones no lograron avanzar. Las autoridades federales intervinieron eventualmente y atrajeron a su fuero las investigaciones en los casos de Ortiz Franco y Will pero lograron escaso progreso adicional. En México se ha abierto el debate sobre la posibilidad de “federalizar” los crímenes contra periodistas, convirtiendo en delito federal el hecho de inhibir la libertad de expresión. El CPJ apoya esta propuesta, en primer lugar porque permitiría aclarar la responsabilidad de la autoridad competente, y aseguraría que un organismo oficial asuma el compromiso de investigar de comienzo a fin. Además, crearía una responsabilidad política al atribuir al gobierno federal una amplia responsabilidad sobre la protección de la libertad de expresión. ¿Permitirá la federalización de delitos contra periodistas asegurar procesamientos exitosos? No. Tal como queda claro en este informe, los problemas son diversos, desde el poder de los narcotraficantes, hasta un sistema de justicia disfuncional, pasando por las duras rivalidades políticas existentes. Sin embargo, el actual sistema no funciona. México enfrenta muchos problemas, desde la consolidación del poder de los carteles de la droga hasta el ritmo lento del crecimiento económico. Pero no existe razón por la cual México deba permanecer entre los países con más periodistas asesinados del mundo. El gobierno federal debe asumir la responsabilidad de enfrentar el problema, demostrando que existe voluntad política y recursos financieros para asegurar que los asesinos de periodistas sean enjuiciados. Francisco Javier Ortiz Franco, Zeta Francisco Javier Ortiz Franco fue ejecutado a balazos frente a sus hijos a plena luz del día en una calle del centro de Tijuana. Ortiz Franco, de 50 años, era coeditor del semanario Zeta, una de las pocas publicaciones que cubre con regularidad el narcotráfico en los estados del norte de México. Luego de abandonar el consultorio de su médico en la mañana del 22 de junio, Ortiz Franco ajustó los cinturones de seguridad de su hijo Héctor Daniel (11) y de su hija Andrea (9) en el asiento trasero de su Mazda Confort, caminó alrededor del carro y se sentó en el asiento del conductor, según una investigación del CPJ de 2004. Antes de encender el motor, un Jeep Grand Cherokee se detuvo junto a su carro y un individuo con una máscara negra saltó del vehículo. El asaltante armado disparó cuatro veces con un revólver calibre .38 milímetros a través de la ventanilla lateral, impactando a Ortiz Franco en el pecho, la cabeza y la nuca y matándolo en el acto, según la viuda del editor quien ha revisado el expediente del caso. El asesino volvió al Jeep Cherokee y abandonó la escena del crimen. El crimen violento es parte de la vida cotidiana en Tijuana, dónde algunos de los narcotraficantes más poderosos luchan por lucrativas rutas para el contrabando de droga. Las balaceras a plena luz del día son comunes; las investigaciones a fondo y los arrestos oportunos no lo son, en cambio. Un reciente estudio del congreso mexicano encontró que los crímenes federales, incluyendo homicidios y secuestros, han aumento un 25 por ciento en la primera mitad de 2007 comparado con el mismo período el año anterior. El índice de asesinatos de tipo ejecución se incrementó en un 155 por ciento entre 2001 y 2007, según el mismo estudio. Mientras el nivel de violencia puede exceder los recursos de las fuerzas de seguridad, la connivencia generalizada entre la policía y los narcotraficantes socava la integridad de las investigaciones. En octubre de 2005, 25 policías federales fueron arrestados bajo sospecha de proteger al cartel de la droga del Golfo. Tres meses después, cuatro oficiales de la policía municipal en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo fueron acusados de trabajar directamente para el cartel. Un número de reporteros e investigadores académicos han documentado vínculos entre el cartel de la droga de los Arellano Félix y policías. Los narcotraficantes han cultivado también relaciones financieras y personales con funcionarios del gobierno. En el 2000, investigadores de la Universidad Autónoma de México detallaron las relaciones entre líderes del crimen organizado y políticos de alto rango. Los investigadores mencionaron pruebas sobre la aceptación de donaciones provenientes de narcotraficantes para financiar campañas políticas a comienzos de los ’90. En un informe especial de noviembre de 2004, titulado “Bajo fuego”, el CPJ señaló que el cartel de la droga de los Arellano Félix sería el responsable del asesinato de Ortiz Franco. Poco antes de su muerte, Ortiz Franco realizó investigaciones para un artículo que alegaba que uno de los lugartenientes del cartel, llamado Arturo “El Nalgón” Villarreal había participado en el asesinato del ex sub-Procurador General de Justicia estatal Rogelio Delgado Neri. El artículo fue escrito y llevó la firma del fallecido editor de Zeta, Jesús Blancornelas. Ortiz Franco trabajó en un segundo artículo sobre narcotráfico unas semanas más tarde, éste con su propia firma. El artículo se basó en una conferencia de prensa del FBI en San Diego, que había tenido lugar el 4 de mayo de 2004, en la cual la agencia federal de investigaciones estadounidense difundió una serie de fotografías de credenciales policiales falsas utilizadas por integrantes del cartel de los Arellano Félix. La nota no ofreció ninguna primicia, señalaron fuentes del CPJ, pero Ortiz Franco enfureció a los narcotraficantes al publicar las fotos junto al artículo. Como indicó una fuente: “Estos sujetos vivían una doble vida. Ahora, de pronto, sus hijos saben que papá no es en verdad un policía”. Zeta condujo su propia investigación sobre el asesinato, alegando en una nota publicada en la edición del 22 de julio de 2004 que tres individuos figuraban entre los posibles autores intelectuales. La investigación incluía a Villarreal y a Jorge Eduardo Ronquillo, uno de los lugartenientes del cartel de los Arellano Félix, y a Jorge Hank Rhon, político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue elegido alcalde de Tijuana en agosto de 2004. Zeta citó la investigación de Ortiz Franco sobre las acusaciones de que guardaespaldas de Hank Rhon estuvieron involucrados en el asesinato nunca resuelto de Héctor Félix Miranda, uno de los cofundadores de Zeta. Hank Rhon ha negado cualquier participación en los asesinatos de Félix y Ortiz Franco. Como el asesinato en México es un delito del fuero común, la investigación inicial del caso de Ortiz Franco fue conducida por funcionarios estatales. Miembros del plantel de Zeta señalaron al CPJ que este fue uno de los errores cruciales porque algunos de los mismos oficiales encargados de la investigación del asesinato habían sido nombrados en los artículos de Ortiz Franco. Los investigadores no revisaron la computadora en la oficina del periodista o sus archivos, según colegas. Tras el crimen, las libretas del periodista permanecieron sin ser examinadas en su carro, según explicó su esposa al CPJ. Varios amigos, compañeros y familiares comentaron al CPJ que la policía sólo realizó entrevistas superficiales con ellos. Pocos avances investigativos se registraron en el período crucial inmediatamente posterior al crimen -una característica que se repite en otros asesinatos de periodistas mexicanos. La familia de Ortiz Franco está convencida que la falta de avances se debe a las divisiones a nivel de la justicia y fuerzas de seguridad locales. Integrantes de Zeta afirmaron que apoyan legislación que federalice los crímenes contra periodistas. En agosto de 2004, casi dos meses después del asesinato, el caso de Ortiz Franco fue atraído por las autoridades federales. José Luis Vasconcelos, ex Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, decidió atraer el caso luego de determinar que estaba vinculado con el narcotráfico, un delito federal. Vasconcelos indicó al CPJ que uno de los sospechosos de haber participado en el crimen, Jorge Eduardo Ronquillo Delgado, también conocido como “El Niño”, había sido ejecutado por integrantes del cartel de los Arellano Félix en octubre de 2004. Villarreal, un ciudadano estadounidense, fue arrestado en 2006 bajo acusaciones de narcotráfico en aguas fuera de la costa de Baja California y acusado en San Diego de contrabando de drogas. Enfrenta una sentencia de 30 años de prisión. Autoridades federales en México han declarado a periodistas locales que no hay suficiente evidencia para vincular a Villarreal con el asesinato de Ortiz Franco. La extradición a México, dónde Villarreal enfrenta acusaciones por tráfico de drogas, permanece en la etapa preliminar. El procedimiento, por ahora, no incluye el asesinato de Ortiz Franco. Bradley Will, freelance Bradley Roland Will, de 36 años, un documentalista independiente y periodista para el sitio Web de noticias Indymedia, estaba filmando protestas antigubernamentales en Santa Lucía del Camino, un Will, quien estaba trabajando cerca de los manifestantes, filmó la protesta. Su último video, disponible en el sitio Web del CPJ, muestra a los manifestantes arrojando piedras, capta sonidos de disparos y un grito: “Para de tomar fotos”. Un disparo se escucha zumbando al lado de Will. El propio video del periodista graba su grito, cayéndose y pidiendo ayuda en español. Recibió dos impactos de bala, uno de la parte superior del abdomen y otro en el costado derecho. Seis fotógrafos y un camarógrafo estaban trabajando junto a Will ese día, según una investigación del CPJ de 2007. Estos periodistas fotografiaron a cuatro hombres de civil que dispararon contra el grupo de manifestantes. En pocos días, las autoridades estatales detuvieron a dos individuos: el concejal Abel Santiago Zárate y su jefe de seguridad, Orlando Manuel Aguilar Coello. Ambos fueron liberados el 1 de diciembre de 2007, luego que un juez determinara que no estaban suficientemente cerca para haber disparado contra Will. Will–conocido por su cobertura sobre movimientos sociales en Brasil, Bolivia y México–llevaba cuatro semanas documentando disturbios en Oaxaca. El conflicto había comenzado en mayo, cuando una huelga docente se agravó hasta transformarse en un amplio movimiento antigubernamental. La situación se empeoró en junio cuando el gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, ordenó a la policía desarmar la protesta. El desalojo de manifestantes que habían tomado varios puntos de la ciudad se tornó violento y fortaleció la protesta, que fue liderada por un grupo llamado Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Los manifestantes también dejaron episodios de agresiones, esencialmente tomando control de la capital, enfrentándose a grupos progubernamentales, y ocupando una docena de radios privadas. En total, unas 20 personas murieron en los disturbios, la mayoría de ellos manifestantes. En declaraciones a los investigadores, testigos confidenciales alegaron que Ruiz contrató a policías en actividad y otros retirados para que actuaran como agentes de civil y se enfrentaran con los manifestantes, según informes de prensa. Ruiz ha negado tal acusación. Pero grupos de derechos humanos locales e internacionales, y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han señalado que esos paramilitares podrían ser responsables de las muertes de varios manifestantes durante el conflicto. En mayo de 2007, el titular de la CNDH instó a que los paramilitares fueran investigados para determinar quién figuraba entre ellos. Las autoridades de Oaxaca llevaron a cabo la investigación inicial sobre la muerte de Will en el momento de mayor tensión política. Miembros de la familia Will han cuestionado la independencia de dicha investigación. La Procuradora General de Justicia de Oaxaca, Lizbeth Caña, funcionaria nombrada por Ruiz quien calificó a los manifestantes de “terroristas”, señaló a reporteros locales no mucho tiempo después del asesinato que un manifestante pudo haber sido quien disparó a quemarropa contra el periodista. No presentó evidencias para respaldar su teoría, que fue rechazada por el juez de instrucción estatal y por varios testigos. La CNDH, además de pedir una investigación sobre los grupos los paramilitares, también recomendó que se investigara la actuación de Caña. Bajo presión de la familia Will y de funcionarios estadounidenses, las autoridades federales asumieron la investigación del caso en marzo de 2007. El gobierno federal citó la posibilidad de que se hubieran utilizado armas reservadas al uso exclusivo de las instituciones armadas durante la confrontación, lo cual constituiría un delito federal. Sin embargo, para ese entonces, los trabajos de los peritos forenses y de los investigadores habían sido descuidados o mal manejados. Investigadores locales no recogieron ni examinaron las armas de los hombres que fueron fotografiados disparando en la dirección de los manifestantes, según miembros de la familia Will, quienes han revisado el expediente. Los investigadores tampoco interrogaron a todos los hombres armados que aparecen en las fotografías, ni recogieron todos los cartuchos del lugar, según la familia de Will. Los investigadores estatales identificaron erróneamente las balas halladas en el cuerpo de Will como 9 milímetros; pericias de agentes federales determinaron que se trataba de calibre .38 milímetros. En la actualidad, los testimonios de algunos testigos aún no han sido recogidos, incluyendo el testimonio de Raúl Estrella, el fotógrafo de El Universal, que tomó varias de las fotografías de hombres armados disparando contra los manifestantes ese día (Dos de las fotos de Estrella aparecen en el titular gráfico de este informe). Oswaldo Ramírez, un reportero del diario Milenio, quien fue herido de bala en una pierna durante la confrontación, no ha sido interrogado. El video final de Will, que está disponible públicamente, no ha sido recogido como evidencia por las autoridades, según su familia. Coello, uno de los dos hombres detenidos poco después de los hechos, está desaparecido o escondido desde entonces, según ha informado la prensa local. En febrero de 2008, miembros de la familia Will regresaron a México para expresar su descontento con la investigación. En un pequeño paso adelante, funcionarios de la Procuraduría General de la República se manifestaron de acuerdo con que cuatro expertos independientes del programa internacional forense de Physicians for Human Rights, un grupo sin ánimo de lucro radicado en Boston, revisaran la evidencia del caso, incluyendo el informe de autopsia, fotografías, video y pericia balística. Amado Ramírez Dillanes, de 50 años, corresponsal de Televisa, la mayor cadena de televisión de México, y reportero de Radiorama, fue acribillado a balazos por un atacante armado al salir de su trabajo en la ciudad balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero. Ramírez había terminado su programa diario de noticias, “Al Tanto”, en los estudios de Radiorama. A las 7:30 p.m., Ramírez subió a su carro estacionado frente a la radio cuando un agresor no identificado le disparó dos veces desde afuera de la ventana del conductor, según un colega que habló desde el anonimato. Herido en la pierna izquierda y en el pecho, el reportero corrió hasta el lobby de un hotel cercano. Su agresor lo siguió y le disparó en la espalda, según informes de la prensa local. Dos días después, autoridades estatales detuvieron a dos hombres, Leonel Bustos Muñoz y Genaro Vázquez Durán, acusados de posesión ilegal de armas. Integrantes de la Policía Federal detuvieron a los dos individuos durante un retén rutinario en la carretera y se percataron que Vázquez se parecía a un retrato oral del supuesto sospechoso. Según la policía, los agentes también encontraron un arma calibre .38, del mismo tipo que la utilizada en el asesinato. Las rápidas detenciones generaron cobertura considerable en la prensa, pero fue solo un avance ilusorio. Sin evidencia que lo vinculara al asesinato, Bustos fue liberado el 2 de junio de 2007. Vázquez sigue detenido en Acapulco bajo cargos de posesión ilegal de armas, pero no por su participación en el asesinato de Ramírez. No se ha producido ningún otro arresto. Funcionarios y periodistas que han seguido el caso de Ramírez resaltan varios aspectos preocupantes de la investigación. En particular, las autoridades se han concentrado en un sólo motivo–que una riña entre amantes habría ocasionado el asesinato–y han hecho muy poco para determinar si Ramírez pudo haber sido blanco por su trabajo informativo. Tan sólo un mes antes de su muerte, Ramírez emitió en Televisa un informe investigativo en el que vinculaba a narcotraficantes locales con agentes de la policía. El periodista señaló a colegas en Radiorama que después de la emisión del informe había recibido varias amenazas de muerte en su teléfono celular. Ramírez denunció las amenazas a la policía. Sus colegas señalaron al CPJ que las autoridades estatales no se han concentrado en ese informe de Televisa ni en otros trabajos periodísticos de Ramírez sobre el crimen organizado en Guerrero. Los mismos colegas explicaron que las autoridades no indagaron sobre las notas del reportero, sus correos electrónicos ni los archivos de su oficina–los cuales podrían proporcionar posibles claves sobre los motivos del asesinato. Un informe de enero de 2008 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) critica a las autoridades estatales y federales por no haber examinado la oficina y la computadora de Ramírez en búsqueda de posibles pistas. También persisten dudas sobre la veracidad de tres supuestos testigos, según el informe de la CNDH. Los testigos, quienes se presentaron días después de que ocurriera el crimen y cuyo testimonio se utilizó para producir el retrato hablado que implicó a Vázquez, explicaron que vivían cerca de la escena del crimen. Pero ninguno de los tres tiene una dirección registrada en el área, y son desconocidos por las personas que viven en la colonia, según el informe de la CNDH. Uno de los supuestos testigos, Salvador Cabrera, reveló a un tribunal en Acapulco que fue obligado a identificar a Vázquez en una rueda de presos en noviembre de 2007. Vázquez y Bustos afirmaron a funcionarios de derechos humanos que habían sido torturados durante el proceso de interrogación y que se les había negado su derecho a representación legal inmediata. La muerte de Ramírez ocurrió en medio de una ola creciente de violencia en Guerrero. En Acapulco, a comienzos de 2007, un vertiginoso aumento en los asesinatos de tipo ejecución relacionados con los carteles de la droga fueron foco de la atención nacional. En febrero de 2007, varios asesinos vestidos como soldados irrumpieron en dos estaciones de la policía local, pidieron armas y dispararon. Siete personas, incluyendo varios agentes de la policía, murieron en el violento asalto. La cultura del miedo se ha extendido por todo Acapulco mientras aumenta la preocupación sobre los narcotraficantes y su presencia cada vez más visible en la región. Como en otras regiones de México, dónde los narcotraficantes controlan el poder, los ataques a estaciones de policía y los posibles vínculos entre la policía y los narcotraficantes han entorpecido seriamente el orden público. Observadores del caso de Ramírez explican que el miedo a represalias por parte de grupos del crimen organizado podría explicar porqué aún no se ha llevado a cabo una investigación rigurosa. Joel Simon es el director ejecutivo del CPJ. Monica Campbell es consultora del CPJ radicada en Ciudad de México. |