9 de abril del 2007
Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de la República de México
Los Pinos
México, D.F., México
Por fax: 52- 55 – 52772376
Su Excelencia:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) le escribe para expresar su alarma tras la ejecución del veterano periodista Amado Ramírez Dillanes en Acapulco, en una repetición de ataques mortales contra la prensa que continúa a un ritmo alarmante. Estamos profundamente preocupados por el estado de la libertad de prensa en México y, por ende, instamos al gobierno federal a tomar acciones rápidas y decisivas para ponerle fin a esta ola de violencia.
Ramírez, de 50 años, corresponsal de Televisa en Acapulco y presentador del programa de noticias “Al Tanto” en la estación local Radiorama, fue asesinado a tiros en el zócalo de la ciudad en la noche del viernes. El CPJ está investigando si su muerte está directamente relacionada con su trabajo profesional.
Tras concluir su noticiario, Ramírez salió de las oficinas de Radiorama a las 7:30 p.m. y caminó hasta su automóvil que se encontraba estacionado cerca, indicó un colega que pidió al CPJ no ser identificado. Ramírez acababa de entrar a su vehículo cuando un agresor no identificado le disparó dos veces desde afuera de la ventanilla del lado del conductor, señaló su colega. Herido en el muslo izquierdo y el pecho, el periodista corrió hacia el lobby de un hotel cercano. Su agresor lo siguió y le disparó en la espalda, hiriéndolo mortalmente, informó la prensa local.
Ramírez realizaba informes sobre noticias generales para Televisa y “Al Tanto”, según su colega. En marzo, sin embargo, había presentado una investigación especial sobre el asesinato de policías judiciales locales en Televisa, relacionando el crimen con narcotraficantes locales.
Según Misael Habana de los Santos, co-presentador del programa en Radiorama, el periodista había recibido varias amenazas de muerte en su teléfono celular antes del asesinato. Ramírez no había prestado mucha atención a las amenazas y se había negado a denunciarlas a la policía local, Habana narró en el diario La Jornada.
Las autoridades locales encontraron tres casquillos de balas calibre .38 en el lugar del crimen. Las autoridades elaboraron un retrato hablado del agresor basándose en los recuentos de testigos, informó la prensa local. Investigadores estatales no han especulado aún sobre el posible móvil. La Procuraduría General de la República está cooperando con las autoridades locales en la investigación del asesinato, fuentes indicaron al CPJ.
Desde que la guerra entre poderosos carteles de la droga se ha intensificado, los periodistas locales que informan sobre crimen organizado y narcotráfico están enfrentando graves riesgos. Según las investigaciones del CPJ, seis periodistas han caído en represalia directa por su trabajo desde el 2000, mientras continuamos investigando las circunstancias que rodean otros 11 asesinatos desde entonces, incluyendo el de Ramírez, para determinar si las muertes están relacionadas con el trabajo de los reporteros. Tres periodistas han desaparecidos desde el 2005. Dos de ellos cubrían la fuente policial.
A pesar que la batalla entre los carteles es particularmente severa en los estados del norte del país, la violencia se extendido a cada uno de los estados mexicanos en el último año. Las consecuencias han sido devastadoras: datos de la Procuraduría General de la República revelan que en lo que va del 2007 se han registrado 678 asesinados relacionados con la delincuencia organizada, según informes de prensa.
La violencia y el miedo han tenido un efecto demoledor sobre la prensa, ya que periodistas que informan sobre crimen y narcotráfico han recurrido en forma creciente a la autocensura. Narcotráfico, crimen, corrupción, y otros temas que afectan la vida diaria de la población no están recibiendo cobertura periodística.
A comienzos del 2006, al crear una fiscalía especial para investigar crímenes contra periodistas el gobierno mexicano reconoció que la violencia contra la prensa era un problema nacional. Desafortunadamente, el sistema de justicia mexicano ha sido incapaz de poner fin a este ciclo de violencia y parece lejos de resolver cualquiera de los casos recientes.
Mientras trabaja para determinar cuáles son sus prioridades durante el primer año de gobierno, lo instamos a hacer de la protección de la prensa y la libertad de expresión un sello distintivo de su administración. Creemos que a través de acciones comunes, su gobierno puede ayudar a contener la ola de ataques contra la prensa. A pesar de que el derecho a la libre expresión está garantizado en los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana, muchos periodistas no pueden ejercer este derecho por temor a represalia.
En este clima de terror constante, resulta crucial que todos los mexicanos puedan buscar información y expresarse sin miedo. La violencia sin precedentes que afecta a la prensa está inhibiendo la posibilidad de los mexicanos de comunicarse unos a otros. Creemos que éste es un problema nacional cuya resolución requiere del involucramiento del gobierno federal. Los ciudadanos de México necesitan una estructura legal que proteja la libertad de expresión. Además, el gobierno federal debe asumir su responsabilidad de proteger a los periodistas que se encuentran bajo amenaza.
Lo exhortamos a hacer de la protección de la libre expresión en una prioridad de su administración al apoyar legislación que transforme en crimen federal la conspiración, a través de la violencia u otros medios, de privar a los mexicanos de este derecho fundamental consagrado en la constitución federal.
Gracias por su atención a este asunto urgente. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Joel Simon, Director Ejecutivo