Nueva York, 23 de febrero del 2007—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena la decisión del gobierno cubano de no renovar las visas de tres corresponsales extranjeros radicados en La Habana.
La decisión del gobierno surge en un período crucial en la historia del país, siete meses después de que a crisis de salud de Fidel Castro derivara en el traspaso transitorio del poder a su hermano Raúl.
“Nos preocupa que esta decisión tenga un efecto inhibitorio en la prensa extranjera y su capacidad para cubrir la situación en Cuba durante este momento crucial”, señaló el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. “Instamos al gobierno cubano a revisar su decisión y permitir que los periodistas puedan cumplir con su labor informativa desde Cuba”.
Las autoridades cubanas informaron esta semana a tres corresponsales extranjeros de La Habana (Gary Marx del diario Chicago Tribune, Stephen Gibbs de la BBC y César González-Calero del diario mexicano El Universal) que sus credenciales de prensa no serían renovadas, según informes de la prensa internacional.
El gobierno fundamentó la decisión al considerar negativo el trabajo informativo de los corresponsales sobre Cuba, informó la prensa. Marx, quien ha trabajado como corresponsal en Cuba desde el 2002, fue informado que sus credenciales no serían renovadas y que tenía 90 días para abandonar el país. “Me dijeron que estoy aquí hace demasiado tiempo y que ellos creían que mi trabajo era negativo”, señaló al ser citado en un artículo publicado ayer por el Chicago Tribune.
“Estamos muy decepcionados y preocupados que el gobierno cubano decidió no renovar la credencial de prensa a nuestro corresponsal y le ha pedido a él y a su familia que abandonen la isla”, George de Lama, editor de noticias del Chicago Tribune, indicó en la nota.
Stephen Gibbs, corresponsal de la BBC en La Habana, recibió la misma orden. “La BBC está hablando con las autoridades en La Habana sobre el estatus de su corresponsal en Cuba, luego que no renovaran su acreditación. Permanecerá en Cuba, pendiente del resultado de las conversaciones”, sostuvo la televisora en un comunicado. La BBC indicó que Gibbs estaba trabajando en noticias de información general y que no podían especular sobre las posibles acciones del gobierno cubano.
Las autoridades notificaron al corresponsal de El Universal, César González-Calero, que la decisión surgía de su “forma de enfocar la situación cubana [que] no es la que más le conviene al gobierno cubano”, indicó el diario. El Centro de Prensa Internacional en La Habana comentó que el trabajo del reportero “no es positivo” para el gobierno de Cuba, informó El Universal.
“Es un claro atentado a la libertad de prensa”, indicó al CPJ el vicepresidente y director general editorial de El Universal, Roberto Rock. “Estamos preocupados por el efecto negativo que está decisión pueda tener en otros corresponsales extranjeros en Cuba”, añadió Rock.
En agosto, mientras la prensa extranjera se apresuraba a viajar a Cuba para informar sobre la salud de Castro, el CPJ documentó por lo menos 10 casos en los que el gobierno negó la entrada a periodistas extranjeros que viajaban con visas turísticas. La ley cubana de inmigración especifica que los periodistas extranjeros deben solicitar visas de periodista a través de las embajadas cubanas en el exterior. Según las investigaciones del CPJ, los funcionarios cubanos históricamente han otorgado visas de manera selectiva a la prensa internacional, excluyendo a los medios de comunicación que considera no amigables.
De acuerdo con el sitio Web del Centro de Prensa Internacional, hay 169 corresponsales extranjeros trabajando actualmente en Cuba, incluyendo a periodistas freelance. Según las regulaciones del CPI, las visas de periodista son otorgadas por el Ministerio de Relaciones Internacionales por un período de un año, después del cual pueden ser renovadas tras la presentación de una nueva solicitud al final del año. El Miami Herald informó hoy que se espera la cancelación de las visas de otros periodistas.
En diciembre, el gobierno cubano presentó un documento actualizando las regulaciones para el trabajo de los corresponsales extranjeros. El documento subrayaba que el CPI puede suspender temporalmente o retirar definitivamente la acreditación de un periodista “cuando el titular realice acciones impropias o ajenas a su perfil y contenido de trabajo”.
Los intentos del CPJ para contactar a las autoridades cubanas en los Estados Unidos y en Cuba resultaron infructuosos.