12 de enero del 2006
Vicente Fox Quesada
Presidente de México
Los Pinos,
Ciudad de México, México
Vía fax: 52-55-52772376
Su Excelencia:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) lamenta que no se haya designado a un fiscal especial para investigar delitos contra la libertad de expresión a pesar del compromiso asumido por usted de solicitar el cargo en respuesta a una ola de asesinatos violentos contra periodistas en los estados del norte del país.
El CPJ considera que la protección de la libre expresión es crucial en los meses que preceden a las elecciones presidenciales de julio. Un nuevo marco legal permitiría que todos los mexicanos se expresaran libremente y resguardaría el derecho del público a informarse sobre acontecimientos de vital importancia en su país.
Durante un encuentro con una delegación del CPJ en la ciudad de Nueva York el 15 de septiembre del 2005, usted sostuvo que dicha designación sería “un fuerte y positivo paso adelante”, y se comprometió a reunirse con el Procurador General Daniel Cabeza de Vaca para avanzar con la idea. Entendemos que usted analizó la cuestión con el procurador pero lamentamos que cuatro meses después de la reunión nadie haya sido designado.
El CPJ había puesto a su consideración una propuesta antes de la reunión, instando a una más permanente participación de las autoridades federales en la investigación de delitos contra la libertad de expresión. Según la propuesta del CPJ, el fiscal especial investigaría casos de utilización de violencia o amenaza que intenten prevenir el derecho a la libertad de expresión de los mexicanos, derechos garantizados en los artículos 6 y 7 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. El fiscal dependería de la Procuraduría General de la República.
Durante el curso de sus investigaciones el fiscal determinará qué casos deben ser atraídos por el gobierno federal y realizará un monitoreo permanente de todas las investigaciones a través de convenios con las procuradurías estatales. El CPJ solicitó que la designación del fiscal se realice en consulta con los medios y las organizaciones de prensa y libertad de expresión. El fiscal, sugirió el CPJ, debe gozar de la confianza y el respeto de la sociedad mexicana. Durante la reunión de septiembre, usted también prometió considerar la creación de un panel nacional de expertos para evaluar la elaboración de mecanismos que permitan un mayor involucramiento de las autoridades federales en los crímenes contra periodistas. En este caso su gobierno tampoco adoptó ninguna medida.
Las investigaciones del CPJ demuestran que el norte de México -en particular la frontera con Estados Unidos-, se ha convertido en una de las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo de toda Latinoamérica. Los periodistas mexicanos que cubren temas delicados como el narcotráfico, la delincuencia organizada y la corrupción política, a menudo son blanco de ataques como represalia por la labor informativa que desempeñan.
Cuatro periodistas mexicanos han caído en cumplimiento de su labor informativa en los últimos cinco años, según las investigaciones del CPJ. El CPJ sigue investigando los casos de otros cinco periodistas cuya muerte pueda estar relacionada con la profesión periodística. Otro periodista –Alfredo Jiménez Mota, reportero del diario de Hermosillo El Imparcial–, está desaparecido desde el 2 de abril del 2005.
Las investigaciones conducidas por las autoridades estatales en casos de asesinato están estancadas, según el CPJ. Las autoridades estatales y las locales son más proclives a ser corrompidas, tienen menos recursos, y están sujetas a un menor escrutinio, de acuerdo al CPJ.
El sistema judicial de México ha fracasado en su intento por poner fin a este ciclo de violencia y está lejos de resolver alguno de los crímenes recientes. El hecho de que la mayoría de los casos se mantienen sin resolver ha perpetuado un clima de impunidad que deja a los medios de prensa en una posición vulnerable frente a nuevos ataques y limita el debate de temas de interés nacional.
El CPJ reconoce que su gobierno ha dado pasos importantes en el mejoramiento del clima de libertad de prensa en México. Los periodistas que trabajan en la Ciudad de México y otros centros urbanos importantes pueden informar libremente sobre el gobierno, el crimen y la corrupción. Además, su gobierno respaldó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que ha generado mayor escrutinio público de los secretos guardados por el gobierno.
Lo instamos ahora a dar un paso más y asegurar que los periodistas y otros mexicanos en todo el país puedan escribir y hablar libremente sin temor a represalias. La acción no es solamente esencial para asegurar su legado democrático sino también un requisito legal ya que la Constitución de México obliga al estado a garantizar el “derecho a la información”.
Usted ha reiterado que la violencia contra la prensa es un problema nacional y ha asegurado que su gobierno está comprometido en la protección de periodistas. Lo exhortamos a utilizar el poder de su cargo para acelerar la designación de un fiscal especial y que los ciudadanos en México puedan contar así con un marco legal que brinde protección a la libertad de expresión.
Sinceramente,
Ann Cooper
Director Ejecutiva
