RESUMENES POR PAIS
Por Joel Simon y Marylene Smeets
Antigua y Barbuda
Con las elecciones previstas para esta pequeña isla nación del Caribe en marzo de 1999, las tensiones entre la prensa y el primer ministro Lester B. Bird se agravan. Unos pirómanos prendieron fuego a las oficinas de The Outlet el 19 de noviembre, luego que el periódico publicara un reportaje sobre una cuantiosa compra de armas realizada por el gobierno. El propietario L. Tim Hector, también dirigente del opositor Partido Progesivo Unido (UPP), calificó el siniestro como un acto de terrorismo estatal.
Si bien quedó claro que el incendio fue un acto premeditado—se derramó combustible diesel por todo el predio—algunos periodistas aseveran que fue más bien una disputa política, y no un ataque a la libertad de prensa. El día después del incendio, le prendieron fuego al ministerio de Información, acto que algunos han llamado retribución política de parte de los simpatizantes del UPP. El primer ministro Bird prometió solicitar la asistencia de Scotland Yard para investigar ambos siniestros.
Los periodistas concurren, sin embargo, en que la poderosa familia Bird, que controla el gobernante Partido Laborista de Antigua (ALP), durante largo tiempo ha usado su influencia política para impedir la publicación de reportajes negativos. De las tres radioemisoras locales, una es administrada por el gobierno y las otras dos son controladas por miembros de la familia Bird. El único canal de televisión también es administrado por el estado, mientras que un hermano del primer ministro es propietario de la única empresa de televisión por cable en el país. En septiembre de 1996, el gobierno clausuró una radioemisora fundada por Winston Derrick y Samuel Derrick, editor y propietario, respectivamente, del periódico Daily Observer, argumentando que operaban sin licencia. Se esperaba que la apelación pudiera presentarse en 1998, pero ha sido pospuesta hasta febrero de 1999.
Argentina
Ha habido una baja notable en los ataques violentos contra la prensa argentina, lo cual se atribuye a los cambios realizados a raíz del clamor público que desató el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas en 1997. Sin embargo las amenazas, el hostigamiento, y un auge explosivo en las demandas punitivas siguió presentando desafíos a los periodistas, principalmente los de provincia.
En Argentina, como en el resto de Latinoamérica, la prensa ha conquistado amplio apoyo público por el papel que ha desempeñado en exponer la trayectoria asesina de las fuerzas armadas, y por su investigación de la corrupción en el régimen actual. Pero el darle seguimiento a esos reportajes también ha creado nuevos peligros para los periodistas: los que han sido blanco de niveles más serios de escrutinio frecuentemente han lanzado contraataques.
Por ejemplo, durante una entrevista explosiva en enero con Daniela Cerruti, editora de la revista noticiosa trespuntos, el capitán de Marina Alfredo Astiz no sólo se mostró totalmente sin remordimientos por el papel que jugó como miembro de los notorios escuadrones de la muerte en la década de los 70, sino también advirtió a Cerruti que era “técnicamente el hombre mejor entrenado en ese país para matar a un político o a un periodista”. El clamor que surgió cuando se publicó el reportaje forzó al almirante Carlos Marrón a sentenciar a Astiz a 60 días de cárcel. Fue dado de alta después de 12 días, mas le fueron arrebatadas sus enseñas, su uniforme y su pensión. El mismo día que Astiz fue dado de baja, Cerruti recibió dos amenazas por teléfono.
El repudio general por el asesinato de Cabezas pareció crear un ambiente de mayor seguridad para los periodistas en la capital, Buenos Aires, pero los reporteros que trabajan para los medios provinciales han sido amenazados y hostigados por autoridades locales. La Asociación para la Defensa de los Periodistas Independientes (Periodistas), un grupo de prensa fundado en 1996 por 24 prominentes periodistas argentinos, documentó más de 100 de estos casos en 1998.
Una ola de demandas, entabladas mayormente por funcionarios públicos, le ha hecho la vida difícil a muchos de los reporteros más prominentes del país. En marzo Carlos Saúl Menem, el presidente latinoamericano más dado al litigio, ganó un fallo de US$150.000 contra la revista semanal Noticias. El Juzgado Nacional de Apelaciones falló que la revista y sus editores, Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, habían violado la privacidad del presidente al publicar un artículo que describía la fuga del hijo ilegítimo de Menem y la madre del menor a Paraguay, temiendo ambos por su seguridad. El presidente jamás disputó la veracidad del reportaje. Si bien Noticias ha apelado el fallo ante la Corte Suprema, hay pocas esperanzas de un juicio imparcial, ya que seis de los nueve magistrados fueron nombrados por Menem después de incrementar el número de magistrados, una maniobra descarada para conquistarse el control político de la Corte.
Después de procesos largos y costosos, se ha fallado en contra de los periodistas, cayendo sobre ellos el peso de enormes indemnizaciones. En marzo, un juez le ordenó a Bernardo Neustadt, reportero para un noticiero televisivo, pagarle US$80.000 a otra jueza, quien declaró que fue difamada por uno de los invitados a su programa en 1993. En agosto, un ex funcionario público ganó una demanda de US$50.000 contra Eduardo Aliverti, reportero para un noticiero radial y columnista para el diario bonaerense Página/12, a raíz de un reportaje que Aliverti había transmitido en 1991. Ambos casos han sido apelados.
Otro fallo perturbador se registró en abril. A Página/12 se le ordenó publicar la declaración hecha por un edecán presidencial, provocado a la ira por un reportaje publicado en el mencionado periódico que declaraba que él había estado reclutando mercenarios argentinos para combatir en Croacia. Si bien las leyes argentinas no reconocen específicamente el derecho a réplica, los magistrados sí tienen autoridad para obligarle a los medios de comunicación a publicar declaraciones de personas que sienten que su reputación ha sido mancillada, aún cuando la veracidad de los reportajes no esté en tela de juicio (como fue el caso con Página 12).
Los periodistas argentinos también han expresado su preocupación porque el gobierno está utilizando la legislación para controlar a la prensa; hay proyectos de ley pendientes que aumentarían los impuestos a los periódicos y declararían ilegal el uso de cámaras ocultas (los programas investigativos de televisión han utilizado cámaras ocultas para exponer la corrupción policial). También hubo amplios debates públicos—en foros, programas radiales de debate, y en la prensa misma—sobre el hecho de que la posesión de los medios de comunicación se está concentrando más y más en manos de unos pocos conglomerados que no tienen ninguna responsabilidad para con el público. Los periodistas que han criticado al gobierno han sufrido la cancelación de sus programas radiales y televisivos. Hay periodistas que aseveran que la presión gubernamental estuvo detrás del despido de Olga Wormat, anfitriona de un programa radial popular en la FM Horizonte. Wormat fue despedida después de transmitir una entrevista controvertida con el ministro del Trabajo Ermán González. En otro incidente, el periodista de televisión Joaquín Morales Solá acusó a Constancio Vigil, uno de los accionistas principales del Canal 9 y amigo íntimo de Menem, de forzar la cancelación de su programa noticiero en septiembre.
Bolivia
La prensa boliviana es una prensa vibrante e independiente, pese a la pobreza del país y a su elevada tasa de analfabetismo. Después de una larga batalla, los periodistas tuvieron éxito en julio, cuando lograron frenar ciertas enmiendas a la ley de prensa que hubieran permitido a jueces obligar a periodistas a divulgar sus fuentes. La ley para los medios de comunicación de 1925 define la difamación como ofensa criminal, so pena de un máximo de dos años de cárcel (la sentencia puede ser el doble al tratarse de un presidente, un vice presidente o un ministro), mas no hubo una sola demanda en 1998. Los periodistas dicen que los estatutos de difamación criminal no son impedimento a su trabajo, porque los tribunales extraordinarios establecidos por ley para los medios de comunicación, cuya función es la de entablar demandas contra los periodistas por asuntos relacionados a su profesión, en la mayoría de los casos fallan a favor de los periodistas. El CPJ, sin embargo, se opone a cualquier tribunal extraordinario para periodistas, porque estos pueden ser—y generalmente son—usados para perseguir, y no proteger, a la prensa.
Aunque la Asociación de Periodistas de La Paz ha presentado una petición al gobierno para que haga cumplirse una ley que limita la práctica del periodismo a los titulados universitarios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica decretó en 1985 que toda ley que prescribe licencia obligatoria a los periodistas viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los ataques físicos contra periodistas son poco comunes, pero hubo dos incidentes separados, en la ciudad de Santa Cruz, en que fueron maltratados periodistas. Después de las protestas por grupos de periodistas locales, el comandante de la policía de Santa Cruz fue despedido y el presidente Hugo Banzer pidió disculpas públicamente.
Brasil
En medio de una profunda crisis económica, los brasileños re-eligieron al presidente Fernando Henrique Cardoso en las elecciones del 4 de octubre. A varios periódicos regionales se les multó ese mes bajo una ley electoral que prohibe la publicación de opiniones políticas o propaganda electoral antes de una elección.
Los asesinatos de dos periodistas ponen en evidencia los peligros que enfrentan los reporteros que trabajan en las zonas más remotas del país, donde los caudillos políticos y los militares aún mantienen un control de facto. Manoel Leal de Oliveira fue ultimado en marzo, después de criticar a funcionarios locales en el poblado de Itabuna; más tarde ese mismo mes, el anfitrión de un noticiero televisivo, José Carlos Mesquita, fue asesinado luego de criticar a las autoridades locales en Ouro Preto do Oeste.
La mayoría de los medios de comunicación regionales son dominados por familias poderosas que los consideran vehículos potentes para adelantar sus ambiciones políticas. El mejor ejemplo es la familia Collor de Mello, que utilizó su imperio periodístico en Alagoas, un estado sumido en la miseria, de trampolín para entrar en la política local y, eventualmente, la presidencia. Los reporteros que critican a las autoridades civiles y militares regionales están de cara a las amenazas constantes y algunas veces, la violencia.
Irónicamente, mientras las condiciones para los periodistas en áreas rurales del Brasil están entre las peores de Latinoamérica, sus colegas que trabajan en los principales mercados, como Río de Janeiro y São Paulo, gozan de las mejores. Gracias a la reputación que se han ganado por sus reportajes investigativos, y al respaldo de los recursos de conglomerados enormes, los periodistas brasileños han conquistado apoyo público amplio y mayor poder político. Desde 1992, cuando reportajes agresivos sobre corrupción obligaron a renunciar al presidente Fernando Collor de Mello, el periodismo investigativo se ha vuelto el plato fuerte de los medios brasileños (tanto así que ya algunos periodistas están preocupados porque los reportajes se basan excesivamente en los escándalos).
Los periodistas en todo el Brasil comparten la preocupación porque la anacrónica ley de imprenta, redactada bajo la dictadura militar, se está usando para limitar la libertad de prensa. Persisten las demandas. Aunque no hubo nuevas sentencias de cárcel, el riesgo aún persiste para todos los periodistas brasileños. Hay una cláusula de la ley de 1967 que sanciona con hasta de seis meses de cárcel a periodistas que publiquen noticias falsas o truncadas que resultaren en una pérdida de confianza en el sistema bancario; un periodista que ofenda la moral pública y las buenas costumbres puede ser encarcelado hasta un máximo de un año.
Las iniciativas para reformar las leyes y garantizar que toda legislación nueva afirme y fortalezca las libertades contenidas en la constitución de 1998 han sido obstaculizadas por miembros del Congreso, quienes han propuesto que los periodistas sean sancionados con multas de un máximo de $100.000 por difamación, y que no haya límite a las indemnizaciones que pueden ser impuestas a los propietarios de medios de comunicación. Las propuestas también facilitarían a los políticos invocar el derecho a réplica, bajo el cual los medios de comunicación están obligados a darle a las partes agraviadas espacio o tiempo igual para responder a las acusaciones hechas en la prensa. El actual proyecto de ley está detenido en el Congreso, y no se espera voto hasta que se proponga nueva legislación en enero de 1999.
Otras leyes limitan la práctica del periodismo a los titulados universitarios, y prohiben a los periodistas publicar el nombre de menores de edad acusados de cometer crímenes. Un proyecto de ley que está ante el Senado prohibiría a los periodistas publicar los nombres de las víctimas de crímenes.
Chile
Las restricciones legales siguen obstaculizando a la prensa, pese a la robusta economía chilena y el desarrollo de instituciones democráticas. Una panoplia de leyes onerosas—muchas de las cuales fueron promulgadas en los 70 y los primeros años de los 80 bajo la dictadura del general Augusto Pinochet—declaran que las críticas a los funcionarios públicos son ofensas criminales, controlan las licencias para televisión y permiten a los tribunales militares enjuiciar a los periodistas acusados de sedición.
Si bien las demandas son escasas, la amenaza de acción legal pesa sobre todos los medios de comunicación. En enero, Rafael Gumucio, anfitrión del noticiero Plan Zeta en el Canal 2, y Paula Coddou, reportera para la revista Cosas, fueron encarcelados por una noche luego que Gumucio criticara a Servando Jordán, Magistrado de la Corte Suprema, en una entrevista con Coddou. Conforme las disposiciones de la ley de seguridad del estado, que declara que las críticas a los funcionarios públicos son ofensas criminales, Jordán entabló una demanda contra José Ale y Fernando Paulsen. Los dos fueron instruídos de cargos formalmente durante la primera semana de enero de 1999.
Si por un lado los periodistas reconocen que la amenaza de acciones legales socava su habilidad para trabajar libremente, las iniciativas de reforma a las leyes para la prensa han estado estancadas en el Congreso por casi cinco años. Un reportaje publicado por Human Rights Watch en noviembre, titulado Los límites de la tolerancia: La libertad de expresión y el debate público en Chile, señaló que actualmente las libertades de expresión e información en Chile están restringidas a un grado singular entre las sociedades democráticas del hemisferio occidental.
La reforma legal es tan sólo el primer paso hacia la creación de una prensa más profesional y pluralística. La auto-censura y la concentración de los medios de comunicación en unas pocas manos también limitan la diversidad de puntos de vista de que puedan disponer los chilenos. Dos empresas periodísticas—ambas vinculadas a la línea conservadora—controlan casi todos los periódicos del país (dos periódicos independientes, La Epoca y Hoy, fueron clausurados en 1998). Si bien la prensa chilena reportó extensamente sobre la detención de Pinochet en Inglaterra en noviembre y diciembre, los editoriales y las columnas de opinión reflejaron las perspectivas conservadoras de los propietarios, y no los diversos puntos de vista sobre Pinochet que las encuestas de opinión pública daban a entender existían.
La buena nueva es que los periodistas chilenos han comenzado a debatir los desafíos que enfrenta la prensa en foros auspiciados por universidades e instituciones públicas. Durante la Cumbre de las Américas, realizada en Santiago en marzo, el Comité para Proteger a los Periodistas fue co-anfitrión de un panel titulado Libertad de prensa y la consolidación de la democracia en Latinoamérica. Al comentar sobre un estudio reciente que encontró que 85 por ciento de los reportajes televisivos en Chile se basaron en información de fuentes estatales, Alejandro Guillier, reportero de televisión, dijo: “Creo que nosotros, los periodistas, seguimos atrapados en una sociedad profundamente autoritaria que fomenta la hipocresía como mecanismo de sobrevivencia”.
Colombia
Cuatro periodistas fueron asesinados en Colombia en el transcurso del año como represalia por su trabajo—más que en cualquier otra nación—dándole al país la dudosa honra de ser el lugar más mortífero para la prensa en el mundo. Los cuatro periodistas asesinados fueron: Oscar García Calderón, reportero para el diario bogotano El Espectador; Nelson Carvajal Carvajal, productor de Radio Sur; Bernabé Cortés Valderrama, reportero para el noticiero nocturno Noticias CVN; y Amparo Leonor Jiménez Pallares, ex reportera de noticieros televisivos. El CPJ sigue investigando las muertes de cinco periodistas más asesinados durante 1998 para determinar los motivos de las mismas.
Una guerra civil en escalada y una ola de violencia criminal han creado circunstancias fulminantes para la prensa. Todas las partes en el brutal conflicto colombiano, desde los escuadrones de la muerte paramilitares hasta las guerrillas y los políticos locales, tienen en la mira a los periodistas, pero la amenaza principal sigue siendo la violencia vinculada al narcotráfico. Si por un lado los dos poderosos carteles que dominaron el narcotráfico durante la década de los 80 han sido casi totalmente desmantelados, las organizaciones más pequeñas y más decentralizadas que han surgido recientemente también han sido vinculadas a los ataques contra la prensa.
Las ganancias del narcotráfico también subsidian la violencia política. Los grupos paramilitares de derecha, vinculados a las fuerzas armadas y a los latifundistas, ahora controlan y se financian con la producción y el procesamiento de la coca en todo el país. En agosto, miembros de una unidad paramilitar asesinaron a Amparo Leonor Jiménez Pallares, en represalia por un reportaje que produjo en 1996 sobre una hacienda en el departamento de Cesar, propiedad de un ex funcionario de gobierno.
Los dos grupos guerrilleros izquierdistas del país aseveran que su involucramiento con el narcotráfico se limita a proteger a los pequeños cocaleros, sin embargo las circunstancias entorno al asesinato de Bernabé Cortés Valderrama sugieren un papel más directo. En mayo, narcotraficantes de Cali, alterados por un reportaje televisado en que Cortés mostraba a guerrilleros protegiendo un laboratorio de cocaína, ordenaron su asesinato, según las investigaciones preliminares realizadas en el despacho del fiscal.
Los guerrilleros suelen secuestrar a los periodistas y soltarlos sólo cuando prometen diseminar propagandas rebeldes. En abril, un grupo de reporteros estuvo cautivo durante tres días en manos de guerrilleros izquierdistas del Ejército de Liberación Nacional. Tres periodistas que salieron en busca de sus colegas fueron detenidos dos días más tarde por miembros de un grupo paramilitar.
La trayectoria de la violencia contra la prensa en Colombia—superada tan sólo por Argelia en el total de periodistas asesinados en la última década—es un testimonio triste de la integridad del periodismo en un país donde las otras instituciones se han visto seriamente comprometidas por la corrupción. La prensa colombiana, pese a un panorama estadístico aterrador, sigue vital y agresiva, pero ciertos eventos recientes han despertado preocupaciones sobre lo que un periodista describió como un resquebrajamiento en la reputación de la prensa. Varios reporteros deportivos han sido acusados de aceptar dinero del cartel de Cali, y dos periodistas fueron acusados de enriquecimiento ilícito en octubre (uno de ellos luego fue declarado inocente).
Los periodistas locales también aseguran que el entonces presidente Ernesto Samper, ardido por reportajes sobre contribuciones del cartel de Cali a su campaña presidencial en 1994, siguió usando el poder de su puesto para socavar a la prensa independiente. Bajo Samper—sucedido en agosto por Andrés Pastrana—el gobierno negó licencias de transmisión a ciertos noticieros televisivos que lo criticaron, mientras distribuyó concesiones para frecuencias de transmisión radial a amigos y contribuyentes del presidente. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación también se aceleró bajo Samper. Algunos periodistas temen que la independencia de la prensa se verá más comprometida por los intereses políticos y económicos de los nuevos propietarios. Varios miembros de concejos editoriales, incluído el columnista y reportero investigativo Fabio Castillo, se vieron obligados a abandonar el diario bogotano El Espectador en marzo cuando este fue adquirido por un grupo financiero estrechamente vinculado al Partido Liberal de Samper, en diciembre de 1997.
Pastrana, un ex-reportero de televisión, ha prometido “recobrar la libertad de prensa”, perdida bajo Samper. Antes del diálogo de paz que Pastrana inició con miembros de la fuerza guerrillera más grande de Colombia, en enero de 1999, los periodistas jugaron un papel activo en el proceso de paz, al reportar de forma extensa sobre las distintas facciones, incluídas las unidades paramilitares, y ofreciendo reportajes de análisis y contexto sobre las mismas. Los periodistas también pueden consolarse en cierta medida porque lo que podría haber sido el ataque más mortífero del año, fue abortado cuando la policía desactivó una potente bomba colocada frente a las instalaciones del diario El Tiempo, en Medellín.
Costa Rica
Las fuertes instituciones democráticas de Costa Rica han alimentado una prensa vibrante, y el presidente Miguel Angel Rodríguez, en términos generales, ha apoyado a los medios. Sin embargo, las leyes de prensa punitivas algunas veces han inhibido el pleno ejercicio de la libertad de prensa.
Costa Rica tomó un gran paso hacia la eliminación de los estatutos más onerosos en octubre de 1998, cuando el presidente Rodríguez propuso en un discurso que las leyes de calumnia e injuria se enmendaran para ceñirse a los criterios internacionales. De aprobarse los cambios propuestos en la legislatura costarricense, solamente se podría demandar a los reporteros bajo acusaciones de calumnia e injuria por actuar con malicia, cuando publicaren declaraciones que saben de antemano, o deberían saber a la hora de publicar, son falsas (esta cláusula sobre la malicia fue enunciada por vez primera en la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso The New York Times Co. v. Sullivan). Bajo las disposiciones actuales, la responsabilidad de presentar evidencias que corroboren la veracidad de los informes publicados yace exclusivamente con el reportero.
Rodríguez, que asumió el poder en mayo, también ha propuesto la abolición de una ley que responsabiliza legalmente por cualquier artículo difamatorio a los jefes de redacción de los periódicos. Se espera que el Congreso apruebe la nueva legislación a principios de 1999.
Otros eventos positivos incluyen la derogación, por parte de la Corte Constitucional, de aquellas leyes que prohibían a los medios de comunicación publicar los resultados de las urnas electorales el día mismo de una elección; la corte también remitió otro proyecto de ley, que dificultaría el acceso de los reporteros a los datos financieros, de vuelta a la Cámara Legislativa por errores de procedimiento en su redacción.
No obstante los avances, aún quedan serios problemas por delante. En Costa Rica, la difamación es una ofensa criminal, y no civil. Además, los individuos que se sienten víctimas de amancillamiento de su reputación, amparados en el derecho a réplica bajo la ley, pueden obligar a cualquier medio de comunicación a concederles espacio o tiempo igual para su réplica. Finalmente, los legisladores pueden obligar a los periodistas a testificar sobre sus artículos, como ocurrió en junio, cuando la Asamblea Legislativa le ordenó a los editores del diario La Nación comparecer ante la misma, para responder a sus preguntas sobre un reportaje que vinculaba al cartel de Cali con empresas y políticos costarricenses. Uno de los legisladores que participó en la sesión de preguntas fue mencionado por nombre en el reportaje.
Cuba
Casi 3.000 periodistas extranjeros viajaron a Cuba en enero para reportar la visita del papa Juan Pablo II. Sin embargo, en clara señal de que Cuba utiliza una política selectiva al otorgar visados para influenciar los reportajes, el gobierno le negó visados a un puñado de reporteros extranjeros que habían escrito reportajes que criticaban al presidente Fidel Castro. El CPJ protestó por esta política, como también por las restricciones contra la prensa independiente que le ganaron a Castro su lugar en la lista de los 10 Máximos Enemigos de la Prensa, publicada por el CPJ.
Si bien se le permitió trabajar sin impedimento a los reporteros que llegaron para la visita del Papa, los periodistas cubanos declararon que los agentes de la seguridad del estado los mantuvieron bajo constante vigilancia.
Aún cuando el gobierno comunista de Cuba controla todos los medios de comunicación, los periodistas independientes han logrado evadir las restricciones al dictar sus reportajes por teléfono a sus colegas en el extranjero. Esos reportajes—desde los comentarios políticos hasta los informes sobre derechos humanos—circulan en Internet, se publican en
los periódicos de Miami y en Europa y se transmiten de vuelta a Cuba por Radio Martí, emisora controlada por el gobierno estadounidense para transmitir señales hacia Cuba. Algunos periodistas cubanos se autodefinen como personas disconformes con el régimen de Castro, pero otros dicen que su único fin al sumarse a la prensa independiente es ofrecer información veraz.
Desde que se fundó la primera agencia de prensa independiente en 1994, muchos periodistas han sido exilados, encarcelados u obligados a abandonar la profesión por el hostigamiento constante. En octubre, Ana Luisa López Baeza, una de las periodistas más prominentes de Cuba, se hizo defectora y se mudó a Miami; ese mismo mes, el reportero Jorge Luis Arce Cabrera se fue para Francia.
Pero siempre hay periodistas nuevos que suplantan a los que se van o a los que ya no pueden trabajar. En la actualidad hay unos 40 periodistas independientes repartidos entre ocho agencias. La más nueva, Cuba Verdad, se fundó en enero, justo antes de la visita del Papa.
Las condiciones de trabajo son extraordinariamente difíciles. A los cubanos se les prohíbe poseer máquinas de fax o computadoras, y hasta las máquinas de escribir han sido confiscadas. Los teléfonos de los periodistas están bajo constante intervención electrónica, y frecuentemente los cables son cortados en medio de conversaciones delicadas. Muchos periodistas aseguran que agentes de seguridad les persiguen descaradamente a corta distancia, una técnica de presión sicológica llamada “el jaque japonés”. Los periodistas han sido hostigados o callados a gritos por turbas organizadas; frecuentemente son detenidos e interrogados por agentes de la seguridad del estado.
El gobierno tiene una batería de leyes represivas a su disposición para silenciar a la prensa independiente. La pena por publicar propaganda anti-gubernamental es de un año de cárcel; los que critican a Castro pueden sufrir penas de hasta tres años de cárcel; ayudar al enemigo conlleva penas de hasta catorce años de prisión. Tres periodistas se encontraban presos a finales de 1998; un cuarto ha sido sentenciado a un año de trabajo forzado. Las condiciones para los presos políticos son especialmente duras. El periodista Bernardo Arévalo Padrón, que cumple hoy una condena de seis años por falta de respeto, fue agredido en abril por oficiales de seguridad del estado, quienes lo acusaron de escribir afiches en contra del gobierno en prisión.
Aunque la apertura de la sociedad cubana que se anticipaba como la secuela de la visita del Papa no se materializó, sí hubo una tregua de seis meses en la represión sistemática de los periodistas independientes. Esta terminó en agosto, cuando el disidente Reynaldo Alfaro García fue hallado culpable de ofrecer información falsa, lo que provocó una enérgica protesta. Las autoridades, a fin de suprimir posibles protestas, detuvieron a algunos disidentes—entre ellos periodistas—en la víspera de una procesión religiosa en honor a la santa patrona de Cuba.
Antes de una concentración de partidos opositores el 10 de diciembre, cuando se cumplía el 50o aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, oficiales de la agencia de seguridad estatal se presentaron a los hogares de ciertos periodistas para impedirles físicamente que reportaran sobre el evento. Seis días más tarde utilizaron la misma táctica para impedirle a los periodistas reportar sobre el juicio a un disidente arrestado en esa misma concentración.
Pese a las restricciones, se han abierto espacios dentro de Cuba tanto para los periodistas locales como para los extranjeros. Castro había declarado en junio, ante una delegación visitante de la Sociedad Estadounidense de Editores de Periódicos (ASNE), que no daría cabida a ninguna oficina noticiosa estadounidense en Cuba. En noviembre, anunció que había dado permiso a la AP para abrir una oficina en La Habana. La AP, que fue expulsada de Cuba en 1969, se suma a la CNN como las únicas empresas noticiosas estadounidenses que tienen presencia permanente en el país.
Los periodistas cubanos dicen que los periodistas extranjeros suelen servir de escudo contra los abusos de las autoridades. Por ejemplo, la presencia de un equipo técnico de la CNN afuera del juzgado donde se llevaría a cabo el juicio por calumnia e injuria del periodista Mario J. Viera, el 27 de noviembre, aparentemente obligó a las autoridades a refrenarse cuando irrumpió una protesta. Después de que fueran arrestados tres de los que protestaban, el juicio se postergó por tiempo indefinido. En un artículo el 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, Raúl Rivero, poeta y principal periodista de Cuba, escribió: “El periodismo independiente sin fax, sin computadoras, en medio de constantes interrupciones del servicio telefónico, servirá de base para el retorno a una prensa libre, seguido por el crecimiento de una sociedad democrática con instituciones civiles potentes”.
Ecuador
Con las inundaciones traídas por El Niño, la vertiginosa caída de los precios de petróleo, la devaluación de la moneda, los motines y una campaña política presidencial chispeante en la que el ex alcalde de Quito, Jamil Mahuad, derrotó al caudillo bananero Alvaro Noboa, no han escaseado las noticias. Y por lo general los periodistas dicen que pudieron reportarlas sin mayores impedimentos.
El incidente más grave ocurrió en febrero, luego que el diario quiteño Hoy publicara un reportaje con acusaciones contra un asesor del presidente interino Fabián Alarcón, de que malversó fondos destinados para los damnificados de las inundaciones. Pedro Castro, un político del puerto de Guayaquil, encabezó una turba que lanzó piedras contra el despacho local del periódico. Alarcón, que asumió el cargo de presidente en febrero de 1997, después de que el Congreso derrocara al presidente Abdalá Bucaram por incompetencia mental, fue reemplazado por Mahuad en agosto.
Inmediatamente después de asumir el cargo, Mahuad negoció el fin a la antigua disputa fronteriza con Perú. Los periodistas de Hoy, que apoyó la iniciativa de paz, dicen que recibieron una serie de amenazas telefónicas y cartas de lectores molestos por ciertos reportajes.
Si bien la difamación es una ofensa criminal en Ecuador que conlleva hasta tres años de cárcel, ningún periodista fue procesado en 1998. Las iniciativas de reforma de las leyes para los medios de comunicación se han visto obstaculizadas por divisiones internas dentro del cuerpo periodístico, entre los que favorecen la licencia obligatoria y los que se oponen a ella.
El Salvador
Ha habido pocos ataques violentos contra la prensa desde que terminó la guerra civil salvadoreña en 1993, pero los impedimentos legales, la falta de recursos y capacitación y una serie de incidentes menores obstaculizaron el trabajo de los periodistas salvadoreños. Aunque la difamación es un delito criminal que conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel, el problema legal más grave que amenaza a la prensa salvadoreña es la implementación del Artículo 272 del código penal, que otorga a los jueces autoridad para vedar reportajes sobre juicios que podrían afectar el orden moral, los intereses públicos o la seguridad nacional. En al menos tres instancias desde que la ley entró en vigencia en abril, jueces salvadoreños impidieron a los periodistas cubrir juicios delicados, como el de los hombres acusados del asesinato en agosto de 1997 de la reportera radial Lorena Saravia.
En febrero, la policía salvadoreña anunció con bombos y platillos que había arrestado a trece personas, entre ellas varios ex oficiales de la policía, por el asesinato de Saravia, quien, argumentaron, había sido asesinada por orden de un amante despreciado. Cinco hombres fueron puestos en libertad inmediatamente por falta de evidencias. Siete meses después, los ocho restantes fueron puestos en libertad por un juez, que falló que habían sido falsamente acusados en el marco de una disputa interna en el departamento de policía. Si bien los motivos del asesinato de Saravia no se han esclarecido, el manejo de la investigación ha despertado inquietudes sobre un posible encubrimiento.
Pese a que una nueva generación de periodistas jóvenes ha mejorado la calidad del periodismo, el énfasis actual en reportajes de última hora y comunicados de prensa indica que hay poco periodismo investigativo o de fondo. Por la posibilidad de represalias violentas, ciertos temas siguen siendo vedados, particularmente el creciente poder de los narcotraficantes. “Eso nadie lo está investigando”, señaló un periodista veterano. “Simplemente es demasiado peligroso”.
Estados Unidos
Desde su fundación en 1981, el enfoque del CPJ, por motivos de estrategia y política, son las violaciones a la libertad de prensa y los ataques contra periodistas fuera de Estados Unidos. No vigilamos de forma sistemática los problemas que aquejan a los periodistas en ninguna de las democracias industriales desarrolladas. Dedicamos la mayor parte de nuestros esfuerzos a aquellos países donde los periodistas tienen mayor necesidad de apoyo y protección internacional.
El CPJ reconoce que la libertad de prensa depende de la constante vigilancia y la defensa agresiva en todas partes. Sin embargo, en Estados Unidos contamos con el trabajo esmerado y altamente profesional de organizaciones de enfoque nacional, como la Sociedad Estadounidense de Editores de Periódicos (ASNE), la Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ), el Comité de Reporteros pro Libertad de Prensa (RCFP), Fundación Fronteras Electrónicas (EFF), la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), y la Asociación Nacional de Transmisores (NBA), entre otras. A periodistas y otros investigadores, recomendamos el trabajo de estas, y de otras organizaciones afines, así como los reportajes contínuos sobre asuntos de la Primera Enmienda que ofrecen publicaciones como American Journalism Review, Columbia Journalism Review, Editor & Publisher y otras especializadas. Con respecto al tema de políticas estadounidenses que permiten a los reporteros trabajar de forma legal y segura en el extranjero, el CPJ está mancomunado con organizaciones periodísticas estadounidenses para lograr cambios constructivos.
La preocupación primordial del CPJ dentro de Estados Unidos sigue siendo la seguridad de los periodistas inmigrantes y las instancias de periodistas asesinados por razones directamente ligadas a su profesión. Como organización estadounidense que reclama enérgicamente al gobierno que investigue y procese los asesinatos de periodistas locales, consideramos esencial exigirle que sea responsable y rinda cuentas de la misma forma cuando se cometen crímenes similares a nivel nacional. A partir del asesinato ampliamente difundido del reportero Don Bolles, del Arizona Republic en 1976, al menos 11 periodistas más han sido asesinados en Estados Unidos por causa del trabajo que hacían. Todos menos uno eran periodistas inmigrantes, que trabajaban no en inglés sino en otros idiomas. De esos once asesinatos, aún quedan siete por esclarecerse. La mayoría recibió poca o ninguna atención nacional en los medios de comunicación. En diciembre de 1993, el CPJ publicó un informe sobre estos asesinatos titulado Enmudecidos: Los asesinatos no esclarecidos de periodistas inmigrantes en Estados Unidos.
Como parte de su campaña por abolir las leyes de difamación en las Américas, el CPJ expresó sus inquietudes a las autoridades estadounidenses sobre el hecho de que por lo menos 19 estados, y el Distrito de Columbia, aún tienen leyes vigentes que clasifican calumnia e injuria como ofensa criminal. Estos estatutos son claramente anticonstitucionales y serían abolidos por la Corte Suprema de intentarse demandar a periodista alguno bajo las mismas. Ya que las leyes de difamación criminal no tienen cabida en una sociedad democrática, el CPJ cree que las Legislaturas estatales deberían expurgar todos los estatutos de difamación criminal de los cánones legales, sentando así el ejemplo para todos los países del mundo donde los periodistas son encarcelados rutinariamente por lo que escriben.
Guatemala
Considerando que el CPJ ha documentado 29 asesinatos de periodistas por el ejercicio de sus funciones desde 1981, el virtual cese de violencia contra los periodistas este año indica cuánto han mejorado las condiciones para la prensa guatemalteca. En el único incidente documentado este año por el CPJ, un oficial de la policía que amenazó a un reportero fue suspendido de sus labores.
Aunque la violencia ha mermado, las tensiones entre la prensa y el gobierno del presidente Alvaro Arzú Irigoyen se han agravado. A principios del año, Arzú lanzó un ataque contra la prensa por reportar sobre la delincuencia, argumentando que los reportajes de ese tenor ahuyentan el turismo.
El gobierno de Arzú ha procurado controlar a la prensa privando a ciertas publicaciones de anuncios publicitarios gubernamentales, estrategia que forzó la venta del aclamado semanario Crónica en diciembre. Los nuevos propietarios de la revista nombraron como editor a un periodista conservador que tiene estrechos lazos con el gobierno de Arzú. La mayoría de los reporteros de Crónica dimitieron en un acto de protesta. “Guatemala Flash”, un programa radial que se transmite hace más de 50 años, también fue vendido a un inversionista que simpatiza con el gobierno, después de lo que algunos periodistas locales describieron como un boicot económico dirigido por el gobierno.
Aunque alguna medida de hostigamiento económico fue dirigida al diario elPeriódico, al mismo le ha ido bien en lo que va de 1998. Adquirido en 1997 por la casa editorial propietaria de Prensa Libre, el mayor periódico de Guatemala, elPeriódico ha logrado mantener su independencia al mismo tiempo que desarrolla sus reportajes investigativos.
A pesar del hostigamiento del gobierno, la prensa guatemalteca sigue avanzando hacia su objetivo de lograr mayor independencia y profesionalización, con el apoyo de una sociedad civil cada día más imponente. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la más grande de las organizaciones pro libertad de prensa, se hizo miembro del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), y organizó talleres de periodismo en colaboración con la Universidad de San Carlos.
“El gobierno no se da cuenta que los espacios políticos y la libertad de expresión no son concesiones generosas del gobierno, sino el resultado de cruentas luchas”, señaló Eduardo Villatoro, prominente columnista y presidente de la APG.
Haití
Si bien no hay evidencias claras de que el gobierno esté involucrado directamente en la persecución de la prensa a partir de la instalación del gobierno democráticamente electo de René Préval en 1996, el auge en la violencia vinculada a las drogas y la corrupción supone nuevos desafíos para los periodistas. Además de que los grupos paramilitares como los tontons macoutes se han desbandado, los periodistas también corren riesgo a manos de los comandantes de policía corruptos y las fuerzas de seguridad privadas. En un
incidente, los reporteros del parlamento sufrieron maltrato a manos de los guardias de seguridad; en otro, guardias de seguridad privados agredieron a un reportero de televisión en el predio del Hospital de la Universidad Estatal de Haití.
El alto índice de analfabetismo en Haití hace que la radio sea el medio de comunicación primario. El número de radioemisoras radiales se ha duplicado en años recientes. Los programas radiales con participación del público dan voz a toda una gama de perspectivas nuevas.
Años de reportar sobre la turbulencia política han afilado las destrezas de los reporteros locales en lo que a noticias de última hora se refiere. Con todo, el periodismo investigativo y analítico aún es escaso, lo que los periodistas locales atribuyen a la falta dinero y de personal. La prensa haitiana ha esquivado por lo menos un reportaje importante, pero potencialmente peligroso: el auge en el narcotráfico y la corrupción, debido a que la isla se ha vuelto uno de los puntos de transbordo predilectos para los carteles colombianos de la droga. Dado que algunas disputas políticas aún se resuelven con violencia en esta democracia ascendiente, la prensa sigue observando cierta medida de auto-censura.
Honduras
Las estrechas relaciones personales entre los propietarios de los medios de comunicación y el presidente Carlos Flores, junto con la corrupción de periodistas individuales, trabajan mano a mano para socavar la confianza del público en la prensa hondureña. Flores, que asumió el poder en 1997, es propietario del diario capitalino La Tribuna, cuyos reportajes han sido uniformemente favorables hacia su administración. Los críticos argumentan que Flores ha sido blanco de reportajes generalmente favorables porque ha presionado de forma personal a los propietarios de los medios que lo han criticado, y ha recompensado a aquellos que apoyan su política. En su primer año como gobernante, Flores nombró a por lo menos 20 ex periodistas para que ocuparan puestos diplomáticos, según reportajes de la prensa local. Francisco Morales, ex jefe de redacción del diario capitalino El Heraldo, fue nombrado embajador ante España.
La corrupción también asume modalidades más rústicas. Muchos reporteros aceptan sobornos de funcionarios gubernamentales a cambio de reportajes favorables. Por ejemplo, los periodistas señalan que los reportajes locales sobre la reacción del gobierno al Huracán Mitch fueron altamente favorables, mientras que la prensa extranjera cuestionó la eficacia de los esfuerzos de socorro y la exageración oficial del saldo de muertos.
El gobierno obstaculiza el trabajo de la prensa al controlar al Colegio de Periodistas, que otorga licencias a los periodistas para que puedan practicar. Cuando Elam Reyes, portavoz de la primera dama de la nación Mary Flake de Flores, se convirtió en presidente del colegio en noviembre, varias docenas de periodistas abandonaron la sala en acción de protesta.
Jamaica
Salvo algunos incidentes menores en que los reporteros que asistían a concentraciones políticas fueron hostigados, la prensa diversa e independiente de Jamaica pudo trabajar sin impedimento. The Gleaner Company Limited, propietaria de The Daily Gleaner, continuó con su apelación de un fallo por 2,5 millones de dólares, a raíz de un artículo publicado en la AP en 1987. El artículo contenía acusaciones contra el ex ministro de turismo, Eric Anthony Abrahams, de que había aceptado sobornos.
México
Comparado con sus antecesores, el presidente Ernesto Zedillo ha dado muestras de estar fuertemente comprometido con la libertad de expresión y la tolerancia de críticas, y los periodistas han dado pasos marcados hacia la independencia e iniciativa empresarial durante su gobierno. Mas la violencia aún plaga a los periodistas que trabajan en las provincias: Luis Mario García Rodríguez, reportero especializado en el narcotráfico, fue asesinado en febrero y el corresponsal estadounidense Phillip True fue asesinado en diciembre. Ya para finales de año, el CPJ seguía la investigación del asesinato de True, corresponsal para México del San Antonio Express-News, estrangulado mientras reportaba sobre los indígenas Huichol en el noroccidente de México. Como respuesta a la petición del CPJ, el presidente Zedillo comprometió al ejército mexicano para buscar a True cuando se reportó que había desaparecido, y ordenó a las autoridades federales ofrecer apoyo logístico en la investigación del asesinato.
En los últimos días de diciembre, las autoridades mexicanas arrestaron a dos indígenas y declararon que estos habían confesado haber asesinado a True porque True había tomado fotos sin su permiso. Sin embargo, cuando los dos fueron traídos al juzgado dijeron que lo mataron en defensa propia. También dijeron que habían sido torturados por las autoridades mexicanas.
García, un reportero policial que trabajó para el diario capitalino La Tarde, fue acribillado a balazos en una esquina del centro de la Ciudad de México, aparentemente en represalia por sus reportajes sobre la corrupción.
Más de un año después del intento de asesinato de Jesús Blancornelas en Tijuana, que dejó gravemente herido al jefe de redacción del semanario Zeta y muerto a su guardaespaldas, no han habido avances de notar en la investigación, pese a que un pistolero muerto en el lugar de los hechos fue identificado como miembro del cartel de drogas de Tijuana. Blancornelas, quien se recuperó completamente de sus heridas, ha publicado descripciones detalladas y fotografías de los que se creen son los responsables de los ataques.
El tráfico de drogas, la corrupción policial y el conflicto civil en el sur de México siguen siendo temas peligrosos para los reporteros. Los periodistas, particularmente los extranjeros, que trabajan en los estados de Chiapas y Guerrero han tenido que soportar demoras, interrogaciones y ocasionalmente detenciones en las postas policiales. Los consulados locales también han querido desanimar a los periodistas estadounidenses mediante largos períodos de espera para realizar sus contactos. El gobierno federal mexicano en repetidas ocasiones ha asegurado al CPJ que las demoras y las peticiones de divulgación de fuentes se han hecho sin autorización.
Una iniciativa de reforma y actualización de la ley para los medios de comunicación—que define la difamación como ofensa criminal que conlleva una pena de hasta 18 meses de cárcel—fue descartada en octubre por los propietarios de los medios, quienes objetaron disposiciones según las cuales una comisión gubernamental supervisaría las concesiones a los medios de comunicación. No obstante, muchos periodistas mexicanos dicen que los propietarios de los medios obstaculizaron la legislación porque hubiera requerido de ellos hacer del conocimiento público el monto de los anuncios gubernamentales que reciben. Los periódicos mexicanos suelen publicar anuncios gubernamentales disfrazados de reportajes noticiosos.
Los periodistas mexicanos se han anotado avances de sustancia en su autodefensa. La Sociedad de Periodistas, un grupo pro libertad de prensa formado a finales de 1997 e incorporado en 1998, ya ha tenido impacto. El grupo estuvo activo a la hora de exigir seguridad para el poeta y columnista Homero Aridjis, quien recibió múltiples amenazas de muerte después de pronunciarse sobre la falta de libertad de prensa en México. El grupo también ha presionado al gobierno mexicano para que continúe la investigación en torno al ataque a Blancornelas, y ha presentado peticiones al gobierno para que realice una investigación a fondo sobre el asesinato de True.
Nicaragua
El gobierno del presidente Arnoldo Alemán otorgó informaciones oficiales y anuncios publicitarios de forma selectiva, en un intento de premiar a los medios de comunicación que lo apoyaron y castigar a los que lo criticaron. A pesar de estas prácticas colusivas, la mayor parte de la prensa nicaragüense reportó de forma agresiva los escándalos políticos, la designación de fondos de asistencia internacional en la secuela del Huracán Mitch y las acusaciones de corrupción gubernamental.
En julio, la empresa mexicana multinacional Zeta Gas (que tiene una subsidiaria nicaragüense) demandó al canal de televisión Telenica 8, por repetir un segmento del noticiero televisivo estadounidense “60 Minutes” que vinculaba a la empresa con el nacrotráfico internacional. La difamación es una ofensa civil y criminal en Nicaragua, aunque el castigo por la difamación criminal es de tenor exclusivamente económico.
Panamá
Aunque el presidente Ernesto Pérez Balladares prometió en 1997 abolir las leyes mordaza que existían desde la época del gobierno militar de Omar Torrijos a finales de los 70, las autoridades siguen usándolas de bozal para aquellos periodistas que reportan sobre la corrupción y la creciente influencia de los narcotraficantes.
En un incidente dramático transcurrido en diciembre, oficiales de la policía intentaron detener al periodista Herasto Reyes, acusándolo de difamar al presidente Pérez Balladares en un artículo que publicó en agosto. La detención se vio frustrada cuando los colegas de Reyes del diario La Prensa, de la Ciudad de Panamá, rodearon al periodista. Al mismo tiempo, dos reporteros más de La Prensa, el editor asociado Gustavo Gorriti y el reportero investigativo Rolando Rodríguez, han estado combatiendo una demanda entablada por el fiscal general José Antonio Sossa. Las acusaciones parten de un artículo escrito por los dos periodistas en 1996, que establecía lazos entre Sossa y un narcotraficante. En 1997, las autoridades intentaron expulsar a Gorriti, que es oriundo dPerú, por sus reportajes sobre la corrupción en el gobierno de Pérez Balladares. Por su defensa de la libertad de prensa en Panamá y en su país natal Perú, Gorriti fue galardonado con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa de 1998, otorgado por el CPJ.
Bajo las leyes mordaza, las críticas al presidente o al gobierno conllevan pena de hasta diez meses de cárcel; la difamación es punible con hasta dos años de cárcel. Las leyes disponen que todos los jefes de redacción tienen que ser panameños, y otorga amplios poderes de censura al ministerio del Interior. Una junta de censura, que rinde cuentas directamente al presidente, tiene autoridad de confiscar periódicos, clausurar radioemisoras o imponer multas a los reporteros. Al gobierno le tienen sin cuidado los canales de televisión: la mayoría son propiedad de familiares y asociados del presidente.
Antes que derogar dichas leyes, el congreso panameño está considerando medidas legislativas que obstaculizarían aún más el trabajo de los periodistas. Bajo las leyes propuestas, los reporteros nacionales o extranjeros podrán ser encarcelados por escribir reportajes que afecten a los embarques mundiales o al comercio internacional.
Pese a los riesgos, los periodistas panameños siguen publicando reportajes agresivos sobre lo que son grandes noticias. En noviembre, Gorriti publicó un reportaje en tres partes en La Prensa sobre José Castrillón Henao, notorio narcotraficante colombiano que por poco logró escaparse de una cárcel panameña a base de sobornos.
Paraguay
Un código penal nuevo, que entró en vigencia a finales de noviembre, podría presentar grandes obstáculos al funcionamiento de la prensa libre. El gobierno ahora tiene el derecho de confiscar las publicaciones escritas que estén bajo investigación por actividades ilícitas indeterminadas. Otra disposición del mismo código prohíbe filmar, fotografíar o grabar la voz de persona alguna—incluídos los políticos—sin su autorización o consentimiento. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) ha denunciado las nuevas leyes y ha puesto su constitucionalidad en tela de juicio.
El SPP también protestó públicamente cuando el entonces presidente Raúl Cubas Grau, que asumió el cargo en agosto, restringió el acceso a los periodistas al Palacio Presidencial. Cubas primero aseguró que la acción se implementaba por motivos de seguridad, pero luego se retractó cuando los periodistas describieron la maniobra como un intento de obstaculizar su trabajo.
Los comentarios hechos por el ex golpista general Lino Oviedo en diciembre, en los que acusó a los propietarios de los medios de comunicación de ser corruptos y de evadir los impuestos, despertaron preocupación sobre el nivel de tolerancia del gobierno para la libertad de expresión. Oviedo, remitido a la cárcel a cumplir una condena de diez años por el papel que jugó en un golpe frustrado contra el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy, fue indultado por Cubas en agosto. Cubas y Oviedo son aliados políticos en el gobernante Partido Colorado. Oviedo hizo los comentarios críticos sobre la prensa en diciembre, poco después de que la Corte Supema del Paraguay fallara que debía re-ingresar a la cárcel. Oviedo se negó a acatar el fallo de la Corte Suprema, lo cual causó una crisis constitucional.
Perú
Preocupados por evidencias de una campaña oficial sistemática para desacreditar a la prensa independiente dPerú, miembros del personal del CPJ se desplazaron hacia Lima en junio como parte de una delegación internacional de organizaciones pro libertad de prensa. Los ataques contra la prensa mermaron en la secuela inmediata de esa visita—que incluyó entrevistas con el presidente Alberto K. Fujimori y otros altos funcionarios—pero volvieron a incrementarse a finales de año, al mismo tiempo que una serie de escándalos mermaba la popularidad del gobierno.
Las pandillas delincuentes son responsables de una porción cada vez mayor de la violencia contra los periodistas en Latinoamérica, pero en Perú hay evidencias claras de una campaña oficial contra la prensa que incluye encarcelamientos, detenciones, amenazas y vigilancia constante. En marzo, varios tabloides en Lima comenzaron a publicar artículos que atacaban a prominentes reporteros investigativos, acusándolos de ser comunistas, traidores y profetas del diablo. Los artículos cesaron después de la visita de la delegación internacional pro libertad de prensa a Fujimori, pero volvieron a erguir la cabeza en agosto, en una página electrónica de Internet, que los periodistas aseveran fue creada por los servicios de inteligencia para desacreditar a los que manifiestan su oposición al gobierno.
Los periodistas independientes también son blanco de formas más rústicas de amedrentamiento. Declaran que son seguidos frecuentemente y que sus líneas telefónicas están intervenidas. La presión gubernamental ha clausurado las transmisiones de dos programas de televisión, uno de forma temporal, el otro permanentemente. También ha habido brotes de violencia esporádica. En agosto, fue baleada la residencia de Hugo Guerra, jefe de redacción del diario limeño El Comercio.
Perú y Cuba son los únicos países en las Américas donde los periodistas cumplen condenas por delitos relacionados a su trabajo. Cuatro periodistas siguen encarcelados bajo acusaciones de terrorismo, después de haber sido sentenciados por jueces militares encapuchados en 1994 y 1996. Un quinto periodista fue encarcelado en noviembre, después de leer un comunicado del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en el aire.
El hecho de que los periodistas puedan trabajar bajo circunstancias tan difíciles se debe en gran parte a los esfuerzos del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), una organización radicada en Lima y fundada en 1993 que vigila de forma sistemática los abusos y que ha presionado a las autoridades para que respondan. Si bien la mayoría de la atención está centrada sobre los periodistas en Lima, en noviembre el IPYS estableció una línea telefónica gratuita, abierta las 24 horas, para reportar las violaciones a la libertad de prensa. El IPYS recibió de inmediato un diluvio de quejas, de parte de los periodistas de provincia, sobre demandas criminales por difamación, amenazas y detenciones.
República Dominicana
La libertad de prensa, en términos generales, es respetada en la República Dominicana y los periodistas señalaron escasos problemas con los principales reportajes del año pasado: desde la desvastación del huracán Georges hasta las huelgas y protestas que siguieron a las elecciones municipales en agosto. El único incidente violento ocurrió durante la visita del presidente cubano Fidel Castro en agosto, cuando el comentador de televisión Rafael Bonilla Ayber sufrió heridas en un encontronazo violento entre simpatizantes de Castro y facciones anti-Castro.
En diciembre, las autoridades federales estadounidenses, actuando a petición de las autoridades dominicanas, arrestaron a Mariano Cabrera Durán, propietario de una tienda de licores en el Bronx, acusándolo de participar en el asesinato en 1975 del reportero Luis Orlando Martínez. Se espera que Cabrera sea juzgado en Santo Domingo en enero de 1999. Martínez, que trabajó para la revista Ahora, fue asesinado después de publicar artículos que criticaron al presidente Joaquín Balaguer.
Suriname
El antagonismo entre la prensa y el gobierno que marcó los últimos días de 1997, cuando el asesor de estado Desi Bouterse insultó públicamente a los periodistas, disminuyó una vez que los periodistas denunciaron el conflicto en los foros nacionales e internacionales. La prensa ha podido reportar las grandes protestas y huelgas que comenzaron en junio, luego de la devaluación de la moneda surinamesa y de que la economía se fuera a pique. Mas la intimidación, la falta de información y la ausencia de una tradición de periodismo investigativo, contribuyen de forma global a que exista cierta medida de autocensura.
Bouterse, ex comandante del ejército que encabeza el gobernante Partido Nacional Democrático (NDP), en repetidas ocasiones llamó a los reporteros “malhechores y golfos” en las asambleas del NDP a comienzos del año. Los insultos cesaron después de que los reporteros notificaron a las autoridades locales y a la Asociación Caribeña de Obreros de los Medios de Comunicación. Sin embargo, los periodistas que publican reportajes que critican al gobierno siguen recibiendo amenazas telefónicas, y los periodistas holandeses que trabajan en Suriname dicen que también son blanco de intimidación.
Suriname tiene dos periódicos y 19 radioemisoras. Los tres canales de televisión de propiedad privada transmiten solamente programas recreativos y noticieros internacionales; en los dos canales de televisión estatales, figura en primera plana el punto de vista del gobierno. Según reporteros locales, los funcionarios de gobierno solo ofrecen información a los medios de propiedad privada durante conferencias de prensa programadas de forma esporádica.
Trinidad y Tobago
Las tensiones entre el primer ministro Basdeo Panday y los medios de comunicación llegaron a nuevos extremos luego que a Julian Rogers, un periodista de televisión muy popular de Barbados, se le negara un visado de trabajo y se le obligara a abandonar el país en mayo. Cientos de personas vociferaron “¡Que se vaya Panday!” y “¡Que se quede Rogers!” mientras Rogers abordaba un avión que lo sacaría de Trinidad. En una manifestación política el 8 de noviembre, Panday instó a sus simpatizantes a tratar a los medios como “nuestros contrincantes políticos, que pretenden destruirnos”. Varios simpatizantes de Panday interpretaron de forma literal la amonestación y maltrataron a algunos reporteros que cubrían la manifestación.
La guerra de tres años que libera Panday con los medios de comunicación es, en gran parte, reflejo de las complejidades de la política racial del país. La población está dividida, en partes iguales, entre los de descendencia africana y los de descendencia de la India, pero los negros llevan la mano fuerte en el poder hace mucho tiempo. Panday, el primer primer ministro de ascendencia india, ha descrito a la prensa como una institución racista. En 1997, la Asociación de Medios de Comunicación de Trinidad y Tobago (MATT) logró impedir que se apruebe un proyecto de ley de prensa respaldado por Panday que hubiera obligado a los periodistas a reportar con la debida veracidad e imparcialidad.
También hubo protestas generales en abril, luego que el gobierno rehusara renovarle el visado a Rogers, quien había trabajado en Trinidad y Tobago por cinco años. Su programa matutino, “Morning Edition”, frecuentemente incluía invitados que criticaban a Panday y al gobernante Congreso Nacional Unido (UNC). Panday acusó a Rogers en cierto momento de seleccionar deliberadamente a los que llamaban para excluir a los simpatizantes de la UNC. MATT describió la expulsión de Rogers como una violación de un acuerdo internacional que permite a los periodistas caribeños trabajar en cualquier país de la región sin necesidad de un visado. Al rechazar la solicitud de extensión de Rogers, el gobierno declaró que a Rogers se le habían concedido visados anuales de trabajo en Trinidad y Tobago, de forma legal, desde 1993, con la condición de que adiestrara a un periodista local para asumir sus funciones.
Uruguay
Los periodistas uruguayos no reportaron impedimentos notables a su trabajo, pero han expresado su preocupación sobre una ley punitiva para los medios de comunicación que castiga la difamación con condenas de hasta tres años de cárcel. En mayo se le impuso una sentencia suspendida a Carlos Ardaix, anfitrión de un noticiero radial local en Tabere de Salto, luego de que este leyera en el aire la carta de un radioescucha que acusó a un obstetra local de mala práctica. El caso fue declarado nulo en agosto.
Los grupos de prensa también han objetado varios proyectos de ley que se encuentran ante el Congreso; uno de los mismos obligaría a los medios a publicar artículos sobre los acusados que son declarados inocentes usando titulares del mismo tamaño que los usados en el artículo que anunció el arresto. En un incidente que creó profundas divisiones entre los periodistas de Uruguay, Manuel y Felipe Flores Silva y Eduardo Alonso, jefes de redacción del semanario Posdata, fueron arrestados en abril y detenidos durante casi un mes bajo acusaciones de fraude y de emitir cheques sin fondos. Los jefes de redacción argumentaron que su arresto se realizó como represalia por los reportajes agresivos que publicó la revista sobre la corrupción policial, pero periodistas locales prominentes consideran que esa explicación es un intento de desviar la atención de transacciones financieras y actos ilícitos.
Venezuela
Un grupo de propietarios de medios de comunicación ha pedido a la Corte Suprema abolir la Ley de Ejercicio del Periodismo de 1994, que dispone que sólo los titulados universitarios y con licencia pueden practicar el periodismo. Se anticipa el fallo de la corte sobre la constitucionalidad de la citada ley a comienzos de 1999. Poco antes de las elecciones presidenciales de diciembre, reportajes publicados en la prensa declaraban que Hugo Chávez, ex coronel del ejército y entonces principal candidato a la presidencia, había maquinado un complot para balear a periodistas y dirigentes de oposición si el voto no iba a su favor. Chávez negó rotundamente las acusaciones contenidas en los reportajes, a los que calificó como una maniobra de sus enemigos para desacreditarlo. Fue el vencedor indiscutible de las elecciones y asumió el cargo en febrero de 1999.
La difamación es una ofensa criminal en Venezuela que acarrea hasta 18 meses de cárcel. Si bien los periodistas aseveran que las acciones legales son poco comunes, a William Ojeda se le declaró culpable en 1996 por difamar a dos jueces en un libro de su autoría sobre la corrupción en la rama judicial. Ojeda cumplió cinco meses de cárcel en 1997.
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