Estimado Sr. Millán:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización independiente y sin fines de lucro radicada en Nueva York que se dedica a defender la libertad de prensa en todas partes del mundo, está sumamente preocupado por la situación de la periodista mexicana Irene Medrano Villanueva, quien ha sido hostigada y amenazada durante los últimos dos meses en relación con su labor periodística.
Medrano, reportera del diario El Sol de Sinaloa, con sede en Culiacán, en el noroeste estado de Sinaloa, recibió varias amenazas de muerte después de publicar una serie de reportajes sobre la proliferación de la prostitución infantil en Culiacán.
De agosto a octubre del 2003, Medrano escribió una serie de reportajes donde informaba que algunas casas de citas y casas de masajes locales estaban empleando a menores de edad. Medrano también criticaba a las autoridades municipales por no actuar contra las casas de citas y casas de masajes que empleaban a menores.
El 6 de diciembre del 2003, Medrano publicó el último reportaje de la serie, que daba a conocer cómo se reclutaba a menores de edad en las escuelas públicas y privadas para prostituirlos. Los reportajes citaban el testimonio de las víctimas y datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la agencia gubernamental para la protección del menor y la familia, que también había criticado a las autoridades locales por no tomar medidas contra tales abusos.
Las amenazas comenzaron el mismo día que se publicó el último reportaje. Un sujeto que no se identificó llamó al periódico y le dijo que Medrano iba a morir. Esa misma noche, otro individuo llamó a la periodista a la casa y le dijo que ella había firmado «su sentencia de muerte».
El 8 de diciembre, tras descubrir que habían pintado la palabra «muerte» en su carro, Medrano presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Sinaloa. Esa noche, un individuo llamó a la periodista a la casa y le dijo que era una «soplona» y que había adelantado su sentencia de muerte. La PGJE entonces le asignó a Medrano un guardia de seguridad para que la acompañara y la protegiera por cinco días.
El 13 de diciembre del 2003, mientras Medrano conducía al trabajo acompañada del guardia de seguridad, un carro sin placas se les acercó por detrás, golpeó el carro tres veces y huyó. El 14 de diciembre, al ver que le habían roto el parabrisas del carro, la periodista llamó a la Policía Ministerial, que se presentó al día siguiente para recoger evidencias. A Medrano luego se le asignó de nuevo un guardia de seguridad.
Medrano relató al CPJ que, sintiéndose presionada, pidió un permiso en el trabajo para ausentarse por unos días. Al regreso, cuando iba manejando hacia el trabajo el 28 de diciembre, Medrano trató de frenar ante una señal de «Alto», pero los frenos no le respondieron y como resultado se estrelló contra un taxi. Al llevar el carro al taller, un mecánico le dijo que le habían cortado la manguera del freno.
A comienzos de enero del 2004, las amenazan se intensificaron. El 8 de enero, agentes de la PGJE instalaron un identificador de llamadas con grabación en el teléfono de Medrano para registrar las llamadas. El 12 de enero, inmediatamente después de una primera llamada desde un teléfono público, otra amenaza telefónica quedó registrada. Según Medrano, la PGJE le informó que la llamada procedía del despacho de Jesús Enrique Hernández Chávez, alcalde de Culiacán. Debido a que la investigación se encuentra en la etapa de averiguación previa, la PGJE no puede divulgar ninguna información sobre las actuaciones salvo a las partes involucradas.
El 16 de enero, Medrano denunció las amenazas en conferencia de prensa que sostuvo con el apoyo de las dos principales asociaciones de periodistas de Sinaloa. Según el diario capitalino El Universal, el 19 de enero Hernández Chávez compareció a las oficinas de la PGJE en Culiacán para entregar una respuesta por escrito en relación con las amenazas telefónicas provenientes de su despacho. El alcalde no es considerado un sospechoso en la investigación, pero se le ha solicitado información dado que las llamadas vinieron de su despacho, según versiones de la prensa local. El diario de Sinaloa Noroeste informó que Hernández Chávez pidió que se investigaran a fondo las amenazas y se enjuiciara a los responsables. Hernández Chávez también expresó su respeto por el trabajo de la periodista, según Noroeste, pero evitó hacer declaraciones a la prensa.
No obstante, las amenazas telefónicas han continuado y el carro de Medrano fue seguido a finales de enero, la periodista comentó la semana pasada.
Medrano ha sido amenazada por informar sobre un asunto de interés público. Dado que las autoridades estatales están a cargo de la investigación del caso, lo instamos a usted, en su calidad de gobernador de Sinaloa, a realizar una investigación exhaustiva de las amenazas contra Medrano y a asegurarse de que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley. Además, lo exhortamos a que se asegure de que todos los periodistas de Sinaloa puedan ejercer su trabajo sin temor a represalias.
Sinceramente,
Ann Cooper
Directora Ejecutiva