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  TIJUANA, México |
La violencia se apodera de esta creciente ciudad fronteriza dos años después del asesinato y arresto de líderes del poderoso cartel de Tijuana, dejando a bandas rivales la disputa a los tiros en las bulliciosas calles de la ciudad, en una batalla por el dominio de lucrativas rutas del contrabando de droga. Se cree que el editor Francisco Ortiz Franco, quien fue baleado el 22 de junio a plena luz del día en un tranquilo vecindario cerca del centro de Tijuana, fue víctima de esta sangrienta guerra por el control de la droga.
Ortiz Franco fue asesinado en una operación bien organizada, a solo dos cuadras de la sede de la policía estatal, conocida en México como la Policía Ministerial. Editor y reportero del semanario Zeta, Ortiz Franco era un periodista sencillo, modesto y meticuloso que recientemente había comenzado a escribir sobre el narcotráfico. Las autoridades federales, si bien no descartan otras posibilidades, han vinculado públicamente el asesinato con el cartel de la droga de Tijuana, que es controlado por la familia Arellano Félix. Los investigadores creen que Ortiz Franco fue asesinado en cumplimiento de su trabajo como periodista y están considerando los artículos que escribió sobre el cartel de los Arellano Félix como probable motivo.
“El hecho de que las autoridades federales hayan atraído el caso es un paso adelante importante”, señaló J. Jesús Blancornelas, co-director de Zeta. “Existe voluntad política en los niveles más altos del gobierno mexicano para resolver este crimen. Ahora que los investigadores han identificado a los sospechosos del asesinato, es necesario procesar a los asesinos y enjuiciarlos”.
n la mañana del 22 de junio, Ortiz Franco, conocido por sus amigos como Pancho, regresaba de una cita médica en una manzana mayormente residencial cerca del centro de la ciudad. Había tomado una semana de licencia de su trabajo en Zeta, donde era co-editor, para ser tratado por una parálisis facial que pudo ser provocada por el estrés. Siguiendo las indicaciones de su médico, Ortiz Franco estaba de descanso en la casa y sólo salía para ir a la clínica. Le dio a su guardaespaldas, quien generalmente lo acompañaba, la semana libre.
Los dos niños de Ortiz Franco habían llegado con él a la clínica esa mañana, y caminaron hacia su auto, un Mazda Comfort color azul estacionado al final de la cuadra. Les ajustó los cinturones de seguridad a sus hijos Héctor Daniel, de 11 años, y Andrea, de 9, en el asiento trasero, caminó alrededor del auto e ingresó al vehículo. Antes de encender el motor, una camioneta negra Jeep Grand Cherokee se ubicó a su costado y un hombre con pasamontañas salió de la camioneta. El sicario disparó cuatro veces con un arma calibre .380 hacia la ventanilla del conductor y las balas impactaron en el pecho, la cabeza y el cuello de Ortiz Franco, provocando su muerte al instante, de acuerdo con la viuda del periodista, quien ha revisado el expediente. El asesino subió rápidamente al Jeep Cherokee y se dio a la fuga. El homicidio se produjo en apenas segundos.
Los hijos de Ortiz Franco salieron gritando del auto y se refugiaron en la casa de un vecino. Después le contaron a su madre que el revólver hizo apenas un ruido seco que no hubiera atraído mucho la atención. La policía sospecha que se utilizó un silenciador.
Cinco minutos después del crimen, Blancornelas recibió un llamado urgente del Procurador General de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, quien le dijo que habían baleado a un empleado de Zeta. Blancornelas efectuó un rápido recuento de los empleados en la oficina, olvidándose por el pánico que Ortiz Franco estaba de licencia por enfermedad.
Blancornelas envió a un fotógrafo, su hijo Ramón Blanco, y al reportero Lauro Ortiz Aguilera, medio hermano de Ortiz Franco, a cubrir el atentado. Llegaron diez minutos después del ataque, y encontraron la escena del crimen acordonada con cinta amarilla y a un equipo de la Policía Municipal realizando un análisis forense. Cuando ambos vieron el Mazda, se dieron cuenta horrorizados que Ortiz Franco era la víctima.
Mas tarde ese día, el presidente mexicano Vicente Fox llamó por teléfono a Blancornelas para prometer apoyo federal a la investigación, que estaba dirigida por la Policía Ministerial a cargo de Martínez Luna. Periodistas de Tijuana y de todo el estado de Baja California organizaron marchas reclamando justicia. La semana después del crimen, Zeta publicó un artículo de investigación nombrando varios posibles sospechosos, incluyendo sicarios vinculados con el poderoso cartel de los Arellano Félix.
os hermanos Arellano Félix, quienes dirigen el cartel, fueron iniciados en el negocio del narcotráfico por su primo, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien manejaba el imperio de la droga desde Culiacán, estado de Sinaloa, hasta que en 1989 fue encarcelado por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Félix Gallardo construyó su imperio contrabandeando marihuana producida localmente y heroína a través de la frontera con Estados Unidos, pero los hermanos Arellano Félix llevaron el negocio en otra dirección.
Utilizando su control del lucrativo cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego como instrumento de negociación, los Arellano Félix formaron una alianza estratégica con narcotraficantes colombianos para introducir cocaína en Estados Unidos. El cartel utilizó las enormes ganancias del negocio para sobornar a la policías Ministerial y Municipal y se apoyaron en la violencia brutal pero selectiva contra sus rivales, especialmente el nuevo liderazgo del cartel de Sinaloa que emergió después de que Félix Gallardo fuera encarcelado.
Muchos de los más despiadados sicarios del cartel de los Arellano Félix fueron reclutados de las violentas pandillas callejeras del Barrio Logan de San Diego. El líder de los sicarios del Barrio Logan era un veterano pandillero, llamado David Barron Corona, quien se ganó la lealtad de la familia Arellano Félix por salvar a dos de los hermanos de una emboscada. En noviembre de 1997, Blancornelas publicó un artículo identificando a Barron Corona como uno de los principales jefes de seguridad del cartel.
Apenas unas semanas después, el 27 de noviembre, Barron Corona y un grupo de asesinos emboscaron a Blancornelas mientras iba camino al trabajo. El guardaespaldas de Blancornelas, Luis Valero, murió en el ataque y Blancornelas quedó gravemente herido. El intento de asesinato fracasó debido a que Barron Corona murió cuando una bala de sus propios sicarios rebotó y lo impactó en el ojo.
El ataque a Blancornelas recibió una intensa cobertura en los medios mexicanos e internacionales. Aguijoneado por la indignación popular, el gobierno mexicano lanzó una contraofensiva contra el cartel e hicieron redadas donde cayeron muchos de los principales lugartenientes, entre ellos el cerebro financiero del cartel, Jesús “Don Chuy” Labra Avilés. En marzo del 2002, las autoridades mexicanas arrestaron al líder del cartel, Benjamín Arellano Félix. Un mes antes, su hermano Ramón, el jefe de seguridad del cartel, había caído asesinado en Mazatlán en lo que muchos medios interpretaron como una trampa tendida por el cartel de Sinaloa, liderado por Ismael “El Mayo” Zambada.
“La organización Arellano Félix ha sido dañada por muertes y arrestos recientes”, señala el agente especial John Fernandes, quien es jefe de la DEA en San Diego. “Esto ha creado una oportunidad para que otros grupos ganen territorio”. En particular, esta situación le abrió las puertas a Zambada y al cartel Sinaloa para ingresar a Tijuana, según afirman varias fuentes.
Periodistas tijuanenses advierten sobre el recrudecimiento de la violencia, atribuido en parte a las acciones del cartel de Sinaloa para infiltrarse en la ciudad. El Procurador General de Justicia del estado Martínez Luna rechaza esta afirmación pero reconoce que ha habido una serie de “crímenes espectaculares” que han llamado la atención pública. En el 2004, los tiroteos y las ejecuciones se han convertido en algo corriente en el centro de Tijuana aunque ninguno tan temerario como el asesinato del ex sub-Procurador General de Justicia estatal Rogelio Delgado Neri, quien fue baleado mientras se tomaba un trago en el bar Ruben’s Hood en enero pasado.
La batalla también se libra por el control político, incluyendo influencia sobre las policías Ministerial y Municipal, de acuerdo con el activista de derechos humanos de Tijuana Víctor Clark. “Zambada tiene presencia aquí por sus relaciones con policías, empresarios y políticos,” sostiene Clark. “El cartel de Sinaloa ha comenzado a comprar la lealtad de los ex-asociados de Arellano, y ellos le dan información a Zambada.”
Si bien debilitado, el cartel de los Arellano Félix continúa repartiendo millones en sobornos para las policías Municipal, Ministerial y Federal, según John Blake, agente especial del FBI.
La corrupción que domina a los organismos públicos de Tijuana ha tenido un profundo impacto en la prensa. Muchas de las fuentes usadas por los periodistas de Tijuana, desde la policía hasta funcionarios del gobierno, tienen vínculos con los carteles de la droga e interés especial en filtrar a la prensa información comprometedora acerca de organizaciones rivales. Aunque conscientes de los riesgos generales, los periodistas usualmente desconocen estas relaciones específicas. Los periodistas caen, de forma inevitable, en dos bandos distintos: los pocos que siguen las pistas y ponen sus vidas en riego, y los muchos que simplemente rehuyen de noticias delicadas.
Durante su larga permanencia en Zeta, Ortiz Franco escribió sobre el narcotráfico en contadas ocasiones, pero había comenzado a cultivar nuevas fuentes de información unos meses antes de su muerte. En abril, él interrumpió sus vacaciones en Las Vegas, Nevada, para encontrarse con una fuente en la Ciudad de México, según asegura Blancornelas. Después de la reunión, Ortiz Franco escribió un artículo afirmando que uno de los lugartenientes de Arellano Félix llamado Arturo Villarreal Albarrán (“El Nalgón”) había encabezado el atentado contra el ex sub-Procurador Delgado Neri, el 21 de enero del 2004. Ortiz Franco estaba tan nervioso acerca de la nota que pidió saliera publicada en Zeta con la firma de Blancornelas, quien estuvo de acuerdo y utilizó el trabajo reporteril de su colega para rescribir la nota con su propio estilo. No se pudo localizar a Villarreal para obtener su versión.
Blancornelas sostiene que la fuente de ese artículo es un abogado del bufete de Delgado Neri de nombre David Valle. Analistas y fuentes judiciales confirman las especulaciones, que no se han logrado probar, de que el cartel de los Arellano Félix asesinó a Delgado Neri porque éste había entrado en un pacto con los narcotraficantes rivales.
Martínez Luna rechaza esa idea, apuntando que Delgado Neri dejó la Procuraduría General de Justicia estatal por razones “operativas” y que fue asesinado por negarse a ayudar a un grupo de narcotraficantes.
Blancornelas acusa a Valle de suministrarles el nombre de Ortiz Franco a los narcotraficantes que mataron al periodista. Blancornelas destaca que la historia de Delgado Neri fue publicada bajo la firma de Blancornelas y que sólo Valle, como fuente principal de la nota, pudo haber sabido que Ortiz Franco había realizado el trabajo reporteril. Valle se ha dado a la fuga junto con un segundo abogado del bufete de Delgado Neri y no pudieron ser localizados para ofrecer su versión.
Unas pocas semanas después del artículo de Delgado Neri, Ortiz Franco publicó una segunda nota sobre narcotráfico, pero ésta bajo su propia firma. El 4 de mayo, Blake, agente especial del FBI, ofreció una conferencia de prensa en San Diego y divulgó fotografías de docenas de credenciales falsas de la policía usadas por integrantes del cartel de los Arellano Félix. Blake hizo notar durante la conferencia de prensa que los individuos de las fotografías habían utilizado el mismo saco y corbata, lo que sugiere que las fotos habían sido producidas en grupos. En el artículo del 14 de mayo, Ortiz Franco enfatizó ese punto, resaltando que “de acuerdo a las fuentes de Zeta, la participación de alguien de la Procuraduría General del estado fue necesaria para elaborar las credenciales”.
El artículo no ofreció nueva información, pero al publicarse las fotos con amplio destaque en un semanario de Tijuana, Ortiz Franco enfureció a los narcotraficantes. Tal como expresó una fuente: “Estos sujetos llevan doble vida. Ahora, de repente, los hijos saben que el padre no era un verdadero policía”.
l homicidio es un delito estatal en México y la investigación inicial sobre el asesinato de Ortiz Franco fue dirigida por la Procuraduría General de Justicia de Baja California bajo la dirección de Martínez Luna. Esta situación inquietó mucho a Blancornelas, pues la Policía Ministerial de Baja California tiene una larga historia de corrupción y vínculos con el cartel de los Arellano Félix. En un conocido incidente en marzo de 1994, la Policía Ministerial estaba protegiendo a uno de los hermanos Arellano cuando se enfrentó a tiros con la Policía Federal y luego lo ayudó a escaparse.
Según varios periodistas de Tijuana que hablaron con el Comité para la Protección de los Periodistas, el hecho de que Ortiz Franco fuera asesinado a solo dos cuadras de la sede de la Policía Ministerial sugiere complicidad o indiferencia de la policía. Para Blancornelas, esa impresión se vio agravada por el fracaso de la Policía Ministerial en no llegar a la escena del crimen sino hasta 30 minutos después del asesinato, según Ramón Blanco, fotógrafo de Zeta. Blancornelas también quedó desconcertado por el llamado de Martínez Luna minutos después del crimen para informarle que “alguien de Zeta” había sido asesinado. Cómo es posible que Martínez Luna supiera esto si sus oficiales no habían llegado a la escena del crimen, se pregunta Blancornelas.
Martínez Luna señaló al CPJ que él se enteró de que un reportero de Zeta había sido baleado por el servicio de emergencia de Tijuana, que recibió la primera llamada telefónica. No quedó claro cómo la persona del servicio de emergencia que efectuó la llamada se enteró del crimen.
Según Martínez Luna, sus agentes llegaron a la escena del crimen menos de diez minutos después del asesinato pero afirmó que “me gustaría revisar el expediente”. Martínez Luna subrayó que la Policía Ministerial está integrada por detectives que investigan crímenes, no primeros llamados. El procurador sostuvo que su oficina realizó la investigación con sumo vigor y estuvo en contacto frecuente con Blancornelas.
Tres horas después del crimen, la policía encontró el Jeep Cherokee utilizado para la huida, abandonado supuestamente porque los asesinos cambiaron de vehículo. Pero hubo escaso progreso en la investigación hasta el mes de agosto, cuando las autoridades federales tomaron a cargo la investigación. En una conferencia de prensa realizada en Tijuana el 18 de agosto, el procurador federal José Luis Vasconcelos explicó que habían atraído el caso al fuero federal porque varios hombres bajo arresto por diferentes delitos habían identificado a los asesinos y habían vinculado el crimen con el cartel de los Arellano Félix. La conexión con el narcotráfico, un crimen federal en México, permitió a las autoridades federales atraer el caso.
El 2 de septiembre, el diario El Universal de la Ciudad de México publicó un artículo identificando a integrantes del cartel de los Arellano Félix, entre ellos “El Nalgón”, como sospechosos del crimen de Ortiz Franco. La nota, que fue atribuida a una fuente no identificada en la Procuraduría General de la República (PGR), también señaló que “ex-agentes Ministeriales de Baja California, los principales operadores del cartel de Tijuana en la ciudad de Mexicali… están dentro de los seis sospechosos de planear el asesinato, y al menos dos de ellos son señalados como autores materiales del crimen”.
En una entrevista con el CPJ en Tijuana, Martín Levario Reyes, el procurador especial de la PGR a cargo de la investigación, confirmó que sicarios del cartel de los Arellano Félix son los principales sospechosos, y que Ortiz Franco fue probablemente asesinado en represalia por su trabajo periodístico. Pero Levario Reyes advirtió que la investigación está en curso y expresó que la PGR no tiene aún evidencia suficiente para solicitar órdenes de aprehensión. Agentes encubiertos del AFI, el equivalente del FBI en México, están realizando la investigación. El CPJ solicitó información adicional sobre el caso en una carta enviada a Vasconcelos el 29 de septiembre, pero la PGR negó el pedido, citando la ley mexicana que prohíbe otorgar esa información a cualquiera que no sea familia directa de la víctima.
Para Blancornelas, la voluntad de las autoridades federales para tratar el caso con el CPJ fue una señal positiva. Pero el reconocimiento por parte de Levario Reyes de que las autoridades federales no están preparadas para dictar órdenes de aprehensión preocupa a Blancornelas y a los periodistas de Zeta, quienes son sumamente concientes de que el arresto de poderosos narcotraficantes exige gran determinación y voluntad política.
Hasta entonces, el alevoso crimen de Ortiz Franco continúa enlutando a la prensa de Tijuana. La persistente violencia contra los periodistas, así como la abrumadora impunidad para quienes cometen estos crímenes, significa que los narcotraficantes están libres para intimidar a la prensa y así censurar la información. El 7 de junio, narcotraficantes abandonaron un auto cargado de marihuana en el estacionamiento del diario Frontera de Tijuana y luego llamaron a una estación de televisión local para denunciar que el diario estaba involucrado en el narcotráfico. La estación televisiva informó que el auto con drogas fue colocado para inculpar al diario, pero el mensaje de los narcotraficantes fue claro: ustedes nos acusan a nosotros de narcotraficantes, pero nosotros podemos acusarlos fácilmente a ustedes.
Los periodistas de Zeta, incluyendo a Blancornelas, aparentan calma y determinación, pero la muerte de Ortiz Franco fue una pérdida devastadora. Los nombres de los empleados de Zeta muertos por su trabajo -entre ellos el editor Héctor Félix Miranda y el guardaespaldas Luis Valero- figuran marcados con cruces negras en la cabecera del semanario, un estremecedor recuerdo del costo que ha pagado Zeta. Mientras tanto, Blancornelas es prácticamente un prisionero, moviéndose solamente entre la casa y la oficina, acompañado por 20 guardaespaldas fuertemente armados suministrados por el Ejército de México.
“Siento remordimiento por haber fundado Zeta”, declara Blancornelas, cuatro meses después del crimen de Ortiz Franco. “Después de perder tres colegas, creo que el precio ha sido muy alto. Hubiera preferido retirarme mucho tiempo antes… [pero] no puedo permitir que los narcotraficantes piensen que pueden destruir el espíritu de Zeta, y a los lectores creer que tenemos miedo”.
Joel Simon es el Director Adjunto del CPJ. Carlos Lauría es Coordinador del Programa de las Américas.