Su Excelencia:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) condena enérgicamente la más reciente campaña del gobierno cubano contra la prensa independiente, campaña durante la cual 27 periodistas han sido detenidos y aguardan procesos penales. El momento escogido para estos actos hace pensar que el gobierno cubano se ha aprovechado de que la atención del mundo está concentrada en la guerra de Estados Unidos contra Iraq.
El 18 de marzo, agentes de la policía comenzaron la ola de arrestos de periodistas, allanaron y registraron sus hogares y les incautaron libros, máquinas de escribir, cuadernos de apuntes y materiales de archivo, cámaras, computadoras, impresoras y aparatos de fax. La policía también se llevó libros de poesía, retratos familiares y medicinas de algunos periodistas.
Hasta esta semana, los periodistas independientes Jorge Olivera, Ricardo González Alfonso, Raúl Rivero, José Luis García Paneque, Omar Rodríguez Saludes, Pedro Argüelles Morán, Edel José García, José Gabriel Ramón Castillo, Julio César Gálvez, Víctor Rolando Arroyo, Manuel Vázquez Portal, Héctor Maseda, Oscar Espinosa Chepe, Adolfo Fernández Saínz, Mario Enrique Mayo, Fabio Prieto Llorente, Pablo Pacheco, Normando Hernández, Carmelo Díaz Fernández, Miguel Galván, Léster Luis González Pentón, Alejandro González Raga, Juan Carlos Herrera, José Ubaldo Izquierdo, Mijaíl Barzaga Lugo, Omar Ruiz, Iván Hernández Carrillo y Alfredo Pulido permanecen detenidos en celdas del Departamento de Seguridad del Estado. Otros dos periodistas, Roberto García Cabrejas y Adela Soto Álvarez, están en arresto domiciliario.
La semana pasada, familiares de los periodistas detenidos recibieron permiso para visitarlos brevemente, y algunos fueron advertidos de que no podían conversar de ningún otro tema que no fuera asuntos familiares. En la mayoría de los casos, los instructores policiales estuvieron presentes en las visitas.
Según fuentes del CPJ, a la mayoría de los periodistas se les procesará por violar la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, que dispone sanciones de privación de libertad de hasta 20 años para toda persona culpable de «apoyar, facilitar, o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton [ley que fortaleció el embargo económico de los Estados Unidos contra Cuba], el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba».
Otros periodistas podrían ser encausados por violar el Artículo 91 del Código Penal, que prevé sanciones de privación de libertad de 10 a 20 años o muerte para todo el que, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho contra «la independencia o la integridad territorial del Estado».
No obstante, fuentes cercanas a los periodistas manifestaron al CPJ que por lo menos tres de los 27 periodistas podrían enfrentarse a cadena perpetua. Otros hacen frente a sanciones de privación de libertad que oscilan entre los 15 y los 30 años.
Las autoridades cubanas acostumbran a acusar a los disidentes y a los periodistas independientes de ser «contrarrevolucionarios» al servicio de Estados Unidos. La edición del 19 de marzo del órgano del Partido Comunista de Cuba, el diario Granma, recogió una declaración en la que se vinculaba a los detenidos con «actividades conspirativas» patrocinadas por Estados Unidos. Sin embargo, el CPJ considera que se ha encarcelado a estos periodistas por la única razón de ejercer su derecho a la libertad de expresión conforme está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Exhortamos a Su Excelencia a liberar de inmediato y sin condiciones a todos los periodistas detenidos y a asegurar que les devuelvan todos los equipos y documentos de trabajo incautados. Además, hacemos un llamado al gobierno cubano a respetar las garantías internacionales sobre libertad de expresión y a cesar el hostigamiento de la prensa independiente.
Sinceramente,
Joel Simon
Acting Director