Nueva York, 27 de septiembre de 2001 — Luego de una andanada de críticas de parte de los medios y la sociedad civil, el gobierno paraguayo derogó una nueva y controvertida ley de acceso a la información que restringía la capacidad de los periodistas de obtener documentos oficiales.
El 24 de septiembre, el presidente Luis González Macchi derogó la Ley 1728 de Transparencia Administrativa y Libre Acceso a la Información. La Cámara de Diputados —la cámara baja del Parlamento— ya había votado a favor de revocar la ley el 16 de agosto, mientras que el Senado confirmó la derogación el 13 de septiembre.
«Nos complace que el presidente González Macchi haya derogado esta injusta ley», declaró Ann Cooper, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). «Esperamos que esta administración continúe apoyando una prensa libre y abierta.»
El presidente González Macchi había promulgado la Ley 1728 el 16 de julio. (Leer la alerta del CPJ con fecha 25 de julio de 2001.) La ley supuestamente codificaba el Artículo 28 de la Constitución paraguaya, según el cual las fuentes públicas de información son «libres para todos».
En realidad, la Ley 1728 hacía que fuera sumamente difícil para los periodistas obtener cualquier documento oficial y dejaba un enorme poder de discreción en manos del presidente y otras autoridades. Los periodistas paraguayos también alegaron que los funcionarios públicos podían aprovecharse de la ley 1728 para entorpecer o retrasar investigaciones periodísticas sobre la corrupción, y que los complicados trámites burocráticos exigidos para obtener información oficial socavaban la capacidad de la prensa de informar sobre el acontecer nacional.
Ahora que la Ley 1728 quedó derogada, el Parlamento está estudiando un nuevo proyecto de ley para tratar el tema del acceso a la información. El proyecto de ley en estudio, redactado en colaboración con el Sindicato de Periodistas del Paraguay y otras organizaciones de la sociedad civil, acorta los plazos de espera para obtener acceso a la información pública y requiere que toda la información se facilite de modo gratuito.
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