Ataques a la Prensa en 2000: BOLIVIA

En abril, el presidente Hugo Banzer declaró un estado de emergencia que duró casi dos semanas luego de que disturbios por el aumento de las tarifas del servicio del agua estallaron en Cochabamba, la tercera ciudad del país, y se extendieron luego a otras partes de Bolivia. Varios medios de prensa recibieron amenazas durante este período, entre ellos la red de televisión PAT, que había transmitido imágenes de un francotirador que disparaba contra una multitud de manifestantes. En el primer día del estado de emergencia, las fuerzas armadas ocuparon temporalmente tres pequeñas estaciones de radio en poblados que rodean a Cochabamba. La tensión se disipó luego de que el gobierno de Banzer desistió de sus planes de aumentar las tarifas del agua.

En septiembre, una ola de inestabilidad política y social sacudió a Bolivia. Cientos de campesinos que protestaban contra la construcción de tres bases militares y contra los intentos del gobierno de erradicar plantaciones de coca en el Chapare, una región tropical en el centro del país, erigieron barricadas en la principal carretera de Bolivia; mientras que los maestros salieron a protestar en demanda de mejoras salariales. Aunque varios periodistas locales dijeron que no fue limitada la libertad de prensa, expresaron temores de que la crisis pudiera afectar su trabajo.

Bolivia es un país sin salida al mar con una deficiente infraestructura de comunicaciones y una población de 8,1 millones de habitantes, de los cuales casi el 40 por ciento vive en zonas rurales, según datos del Banco Mundial, con lo cual se hace difícil la distribución de periódicos. Sin embargo, periodistas locales afirman que el bajo nivel de circulación de periódicos se debe más bien a las altas tasas de pobreza y analfabetismo, lo cual deja a la prensa vulnerable a las presiones de un pequeño grupo de anunciantes.

Los medios de prensa que apoyan al gobierno reciben cuantiosa publicidad del Estado, mientras los medios de la oposición o con actitud crítica frente al gobierno deben depender de la escasa publicidad privada que puedan conseguir. Algunos medios de prensa son financiados por políticos o empresarios que los utilizan para impulsar sus intereses particulares. La clase empresarial boliviana es pequeña y la mayoría de los propietarios de medios gozan de conexiones personales con miembros del sector empresarial. Por lo tanto, se les hace difícil a los periodistas escribir sobre manejos irregularidades en las empresas.

El periodismo de investigación sigue siendo una actividad riesgosa. En un ejemplo mencionado por periodistas locales, Gloria Eyzaguirre, jefa de información del diario católico Presencia, de La Paz, recibió por teléfono amenazas de muerte a comienzos de marzo. Presencia recientemente había investigado supuestas actividades de narcotráfico y lavado de dinero por parte de Marco Marino Diodato, un empresario de origen italiano.

El 10 de mayo, el periodista free-lance Ronald Méndez permaneció ocho días encarcelado por acusaciones penales por difamación tras informar sobre la presunta malversación de un millón de dólares por parte de una empresa local de servicio de agua. El periodista fue sentenciado inicialmente a un año de cárcel, pero fue liberado y el caso fue cerrado luego de que un tribunal determinó que se habían violado los derechos constitucionales de Méndez. El 11 de junio, un sujeto no identificado le disparó a Méndez en la pierna y huyó en una motocicleta.

La prensa desempeña un papel cívico particularmente importante en Bolivia, país cuyo poder judicial suele ser acusado de corrupto y de estar sujeto a diversos intereses políticos. El semanario Pulso, de La Paz, se destaca por sus reportajes críticos e independientes. La mayoría de las acciones del diario son propiedad de los mismos periodistas, y en sus páginas se pueden leer opiniones de diversas tendencias políticas.

El año pasado se volvió a introducir en el Congreso un proyecto de ley que buscaba modificar la Ley de Imprenta de 1925 para obligar a los periodistas a divulgar sus fuentes. Aunque muchos consideran obsoleta esta ley, ciertamente garantiza el secreto profesional y la protección de las fuentes. El 23 de octubre, los periodistas protestaron contra el proyecto de ley realizando una marcha con las bocas amordazadas ante el Palacio de Gobierno y el Parlamento Nacional. Más tarde ese mismo día el Senado retiró la legislación.

La Ley de Imprenta además dispone la conformación de jurados especiales de 40 miembros (entre ellos periodistas) en cada municipio a fin de conocer los casos de difamación cometidos por medio de la prensa. Todas las querellas por difamación interpuestas por funcionarios públicos se trasladan a estos jurados especiales, que no tienen la autoridad de imponer sanciones penales. Sin embargo, los primeros jurados de prensa fueron convocados sólo recientemente, debido a la prolongada inestabilidad política e institucional y las dificultades inherentes en constituir jurados de semejante tamaño. Los periodistas locales opinan que es demasiado pronto como para evaluar su efectividad.

Los periodistas en Bolivia deben ser licenciados en periodismo y deben estar registrados en el Registro Nacional del Periodista para poder ejercer la profesión. Aunque estas disposiciones no se cumplen con rigor, las penas pueden ser severas. Según una ley de 1984, «las personas que se atribuyen en la condición de periodistas sin cumplir los requisitos legales correspondientes, serán sancionados y procesados de acuerdo con los Códigos Penal y de Procedimiento Penal». En 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, radicada en Costa Rica, falló que la colegiación obligatoria de periodistas viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos.