21 julio 2000
Su Excelencia Mireya Moscoso
Presidenta de Panamá
Palacio Presidencial
Panamá
VIA FAX: 011-507-227-0073
Su Excelencia,
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) está preocupado por la falta de progreso en las reformas a las “leyes mordaza” de Panamá. Dos casos recientes en los cuales periodistas panameños fueron sentenciados a prisión por supuestamente difamar funcionarios públicos muestran la urgencia de abolir esos estatutos injustos sin demora.
El 14 de julio, la jueza Zaida Cárdenas, de la Décimo Juzgado Penal, emitió una sentencia de prisión de 18 meses contra el periodista Jean Marcel Chéry, actualmente trabajando para el diario El Panamá América. Chéry fue encontrado culpable de calumnia por un artículo de 1996, publicado en El Siglo, en el cual reportó que personal de una agencia policial había sido acusado de robar joyas durante un allanamiento. Chéry planea apelar la sentencia ante la Segundo Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo a su abogado.
El 22 de junio, Carlos Singares, el actual director de El Siglo, fue sentenciado a ocho días de arresto por reportar acusaciones de que el Procurador General José Antonio Sossa frecuentaba un burdel que empleaba a prostitutas menores de edad.
El mismo día que el artículo fue publicado, Sossa acusó a Singares de “difamación e irrespeto” bajo el artículo 386, párrafo 1, del Código Judicial, que concede al Procurador General la potestad de encarcelar sumariamente por ocho días a quien lo ofenda. Las personas con cargos bajo este artículo no tienen derecho a defenderse a sí mismos.
Aunque el CPJ cree que los periodistas son responsables de lo que publican, opinamos que las leyes civiles de difamación ofrecen adecuado remedio a quienes se sientan ofendidos injustamente. Ningún periodista debe ser encarcelado por lo que escribe. Es más, el punto de vista del CPJ es que la democracia sale perjudicada cuando un funcionario público tiene derecho a más protección que un ciudadano ordinario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha fallado que las “leyes de desacato” violan los más fundamentales principios del sistema democrático, que sujeta al gobierno al escrutinio de los ciudadanos para que los abusos de poder sean prevenidos o controlados.” La CIDH ha instado a todos los países a trabajar para eliminar esas leyes.
Las leyes mordaza de Panamá incluyen un número de artículos, leyes y decretos, muchos promulgados durante los gobiernos militares, que no solamente penan criminalmente las críticas a funcionarios públicos, sino que también permiten la censura previa. Su Excelencia ha declarado publicamente que tales leyes “no tienen ninguna justificación posible” en la sociedad panameña.
Junto con los periodistas panameños y nuestros colegas en la comunidad de activistas de la libertad de prensa internacional, el CPJ se alegró cuando Usted aprobó una ley eliminando algunas de las leyes mordaza más onerosas.
La Ley 55, que Su Excelencia firmó el 20 de diciembre de 1999, también estipulaba que el Ministerio de Gobierno y Justicia debía presentar dentro de un plazo de 180 días una ley que llevara las leyes de prensa panameñas a los estándares de las leyes internacionales.
El Ministerio no ha cumplido con esto. El 25 de mayo, la Comisión de Transporte y Comunicaciones de la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que en realidad endurece las leyes existentes contra la calumnia e injuria. Luego de protestas de la prensa panameña, la ley fue retirada el 28 de junio. Se espera que llegue a la Asamblea nuevamente en septiembre.
El CPJ espera que el comité legislativo consulte con una amplia gama de periodistas y activistas antes de enviar el proyecto de ley revisado a debate parlamentario.
Aprovechamos la oportunidad para ofrecer nuestros servicios, si el comité desea recibir nuestra opinión sobre cómo equiparar las leyes de prensa panameñas a nivel de las normas internacionales.
El CPJ se alegró de saber que luego de un reciente encuentro con Santiago A. Canton, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Su Excelencia se comprometió a promover la libertad de expresión tal como está garantizada en la Convención Americana de Derechos Humanos y en particular, a derogar las “leyes de desacato” del país. Confiamos en que su gobierno implementará este laudable programa sin más dilación.
Agradecemos su atención a estos importantes asuntos y recibiremos cualquier comentario que pueda hacer.
Sinceramente,
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Ann K. Cooper
Directora Ejecutiva