El momento histórico de Bolivia

Los periodistas irrumpieron en el palacio presidencial en un cálido día de primavera luego que Evo Morales convocara a una conferencia de prensa para atacar duramente dos artículos publicados en la prensa. Apretando con firmeza un ejemplar de La Razón, el diario de  mayor circulación en esta ciudad capital,  el presidente boliviano declaró que el diario “miente y desinforma permanentemente”.  Y les advirtió a los dueños españoles que “hasta pienso en nacionalizarlo”.

Si bien exagerada, la amenaza refleja el antagonismo creciente entre Morales y la prensa boliviana. La Razón,  propiedad del grupo español Prisa radicado en Madrid, había publicado en dos días consecutivos sendos artículos de portada que encresparon a  Morales; uno afirmando que el ingreso de la industria petrolera había caído tras la nacionalización, el segundo asegurando que Bolivia había perdido 600 millones de dólares en  concepto de ayuda financiera de Estados Unidos por la Cuenta del Milenio.
 
Morales condenó los informes como parte de una campaña para dañar la reputación de su gobierno. “El pueblo juzgará esta clase de tergiversaciones que vienen de algunos medios de comunicación”, aseveró. La Razón le respondió con un editorial donde afirmó que la reacción de Morales  había sido tan excesiva que no había un antecedente similar en los 25 años de democracia boliviana de un  gobernante que se hubiera enfrentado así a un medio de comunicación.

En Bolivia, tales confrontaciones son frecuentes en la actualidad ya que el presidente socialista, en su segundo año de mandato, ha convertido en una práctica común el intento de desacreditar a los medios. Las disputas que podrían ser descritas como la tensión usual entre la prensa y los políticos, se producen en un momento histórico para Bolivia que está en el proceso de redactar una nueva constitución que otorgaría mayor poder a la mayoría indígena y marginada al tiempo que afronta temas polémicos como la reforma agraria, las autonomías regionales y los derechos humanos fundamentales, incluyendo el de libertad de prensa.
 
Aunque altos funcionarios del gobierno han asegurado que pretenden promover la libertad de expresión, los periodistas bolivianos y los activistas por la libertad de prensa están preocupados sobre varias propuestas de reforma constitucional que restringirían el trabajo de la prensa. Una de las medidas señalaba que la libertad de expresar ideas y opiniones por cualquier medio debía ser en forma veraz; otra establecería la figura de un defensor del lector que actuaría a favor de ciudadanos afectados por noticias tergiversadas o manipuladas en los medios.

El conflicto manifiesta crecientes tensiones étnicas y de clase en  la sociedad boliviana. Radicada en las tierras altas del Occidente, la población indígena predominantemente quechua y aymara es en su mayoría  pobre y rural, pero con la elección de Morales en el 2005 está escalando posiciones políticas. El poder económico se concentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que está dominada por una una elite de habla hispana, población descendiente de europeos.  Con una perspectiva conservadora, con foco empresarial, controlan buena parte de los medios nacionales audiovisuales. Las críticas constantes a Morales, y gran parte de la cobertura de los medios, entran en juego en las divisiones étnicas y económicas.

La intolerancia del presidente hacia los medios ilustra una tendencia cada vez más pronunciada de confrontación por parte de los líderes latinoamericanos. El ejemplo más notorio es el de Venezuela bajo el mandato de Hugo Chávez Frías, quien ha convertido los ataques contra la prensa en parte de su arsenal diario mientras ha adoptado varias medidas para restringir el flujo informativo. Al igual que Chávez, Morales y su gobierno argumentan que los medios bolivianos  sesgan sus coberturas para favorecer intereses económicos y de otro tipo. Los medios bolivianos se han vuelto vulnerables a este tipo de crítica, admiten algunos periodistas,  al permitir deslices éticos y bajos estándares de calidad.

Desde que  asumió la presidencia en enero de 2006, Morales y su administración han acusado a los medios privados de estar alineados con las fuerzas de oposición. El presidente, un indígena Aymara y antiguo cultivador de coca,  ha dicho que “el enemigo  número uno de Morales son la mayoría de los  medios”. En septiembre de 2006, su gobierno publicó una lista de los periodistas más hostiles de Bolivia, según la calificación del gobierno. La lista, publicada por la revista progubernamental El Juguete Rabioso y la agencia de noticias oficial Agencia Boliviana de Información (ABI), identificó a  altos ejecutivos y  periodistas de los grupos de medios  más importantes tales como los diarios La Razón y El Mundo; las cadenas de televisión PAT, Red Uno, Unitel; y las radios Fides y Oriental.

“El sistema capitalista usa los medios en contra del gobierno”,  afirmó Morales ante una delegación del CPJ en una reunión realizada en junio. “A nivel de los periodistas, ellos simpatizan conmigo; son los dueños quienes están en campaña contra mi gobierno”. La prensa, añadió el presidente, “está discriminando contra los indígenas”.

Varios periodistas bolivianos y líderes de organizaciones de prensa han advertido sobre las consecuencias de tal antagonismo público. En particular, puntualizaron, los periodistas que cubren las protestas en la calle y otros eventos públicos son vulnerables al hostigamiento y las agresiones de los movimientos sociales que simpatizan con el oficialismo.  “El Presidente Morales ha identificado a ciertos medios de prensa como enemigos de su gobierno y esta actitud ha provocado ataques físicos y acoso contra periodistas”, señaló Renán Estenssoro, presidente de Asociación de Periodistas de La Paz, el grupo más antiguo de la capital. “Grupos controlados por el gobierno han hostigado a reporteros  críticos del gobierno”. La asociación  ha documentado 13 ataques en contra de la prensa desde que Morales asumió al gobierno, una cifra que ha escalado a partir de la retórica agresiva del presidente.

En enero, once periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron atacados por manifestantes progubernamentales en la ciudad central de Cochabamba. Miles de manifestantes
–incluyendo grupos indígenas e integrantes del partido de la izquierda  Movimiento al Socialismo (MAS)- habían tomado las calles para reclamar la renuncia del prefecto local Manfred Reyes Villa después de anunciar que convocaría a un referéndum para buscar la autonomía  del departamento de Cochabamba. Manifestantes acusaron a los periodistas de ser parcializados en contra del gobierno de Morales.

Y en Patacamaya, el 21 de marzo, la reportera Wilma Peres y el fotógrafo David Guzmán de La Razón fueron retenidos por un grupo de campesinos que se oponían a un proyecto de construcción de la compañía eléctrica  ELFA. En este caso, los periodistas fueron acusados de ser “mentirosos”. Ambos lograron escapar  ilesos el día siguiente.

 “El pueblo”, indicó Morales al CPJ, “reacciona a las mentiras y a las acusaciones contra mi gobierno”. El presidente replicó que también periodistas que trabajan para medios del Estado han sido objeto de agresiones y hostigamiento. En diciembre del 2006, por ejemplo, asaltantes no identificados intentaron detonar bombas de fabricación casera contra las oficinas del Canal 7 en Santa Cruz,  un medio del Estado.

Amparo Canedo, una prominente editora de La Paz, explica la animosidad de Morales hacia la prensa a través de una perspectiva histórica. “Los cocaleros en Bolivia han sido estigmatizados como traficantes de droga durante mucho tiempo”, sostuvo Canedo, editora del diario La Prensa. “Los gobiernos anteriores, aliados de Estados Unidos,  han retratado a la coca como sinónimo de cocaína. Como resultado de eso, varios medios limitaron a los cocaleros como fuente, siguiendo la lógica del gobierno. Imagino que Morales guarda rencores por discriminación”.

Con un ingreso anual promedio de 8.000 bolivianos (1.010 dólares estadounidenses) en el 2005, según datos del Banco Mundial, Bolivia es el país más pobre de Latinoamérica. Es también un país que ha experimentado grandes cambios políticos y culturales durante el breve período de Morales como primer presidente indígena de la nación. Líder del MAS, Morales ganó las elecciones de diciembre 2005 con más de 50 por ciento de los votos, el porcentaje más alto en la historia moderna del país.

“Respondemos a un nuevo pensamiento de paz, con justicia social”, declaró Morales al CPJ. “Representamos al movimiento popular,  al sector más vilipendiado. No queremos más exclusión; queremos que  el movimiento popular participe de la  toma de decisiones  en Bolivia”.

Durante su primer año en el poder, Morales emprendió una serie de ambiciosas iniciativas, incluyendo la polémica nacionalización de los yacimientos del gas natural y de petróleo, la elección de una asamblea constituyente para reformar la constitución y la reforma de la ley de tierras. Uno de los temas más controvertidos es su apoyo a la producción de la hoja de la coca, cultivo principal de Bolivia que Estados Unidos ha intentado erradicar desde hace tiempo.

Cerca del 55 por ciento de la población boliviana es de origen indígena, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Otro 30 por ciento es mestizo –una combinación entre indígenas y descendientes de europeos- y el 15  por ciento restante es de raza blanca y tiene descendencia europea. La población indígena se dedica en su mayoría a la agricultura para sobrevivir, pero esa actividad representa solo una fracción minúscula de la economía nacional. Los líderes de negocios radicados en Santa Cruz, concientes que ostentan el control económico de Bolivia, han buscado mayor autonomía política, con algunos grupos más radicales que presionan hacia una agenda separatista. Aún cuando las iniciativas domésticas de Morales sean de gran alcance, los analistas sostienen que la cuestión de las autonomías representa uno de los máximos desafíos del presidente.
 
Y para la prensa, esta mezcla volátil de diferencias de clases, etnias y poder político  podría tener vastas implicaciones.

La asamblea constituyente de 255 miembros, encargada de redactar la nueva constitución de Bolivia, comenzó sus deliberaciones en julio de 2006.  Las propuestas necesitan el voto de los dos tercios de la asamblea para su inclusión en la nueva constitución. La falta de consenso en varias cuestiones claves, tales como la representación indígena en el Congreso y la reelección presidencial indefinida, ha retrasado el proceso. La asamblea está apuntando a concluir el borrador del nuevo texto constitucional para  diciembre, aunque la fecha se podría mover para más adelante. La nueva constitución se sometería  entonces a un referéndum popular para su aprobación definitiva.

La actual constitución, redactada originalmente en 1967, y la Ley de Imprenta del año 1925  proporcionan el marco jurídico básico para la libertad de la prensa. El artículo 7 de la constitución de Bolivia indica que “toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión”, mientras que la ley de prensa prohíbe la censura y establece la protección del secreto profesional. En diversas entrevistas con el CPJ, periodistas y activistas expresaron que la Ley de Imprenta es una legislación razonable pero debe ser actualizada; la constitución, apuntaron, debe ser fortalecida.

Por ahora, los periodistas y los grupos de prensa están más preocupados por recuperar espacios perdidos. Los delegados del MAS y otros partidarios del gobierno han propuesto  una serie de medidas que causaría restricciones a los medios. Los delegados oficialistas han instado públicamente a la creación de un “defensor del lector, del televidente y del oyente” para proteger a los ciudadanos de difamación por noticias manipuladas o tergiversadas por los medios y para garantizar el derecho a réplica. La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, el sindicato de trabajadores de la prensa que simpatiza con el gobierno, ha introducido un proyecto de reforma que prohíbe a los dueños de los medios periodísticos la vinculación especulativa con negocios de otra naturaleza, y otra propuesta que otorga al gobierno el poder para revertir las concesiones del espacio electromagnético, según describió el secretario ejecutivo, Marcelo Arce Rivero.

En mayo, la Comisión de Derechos y Garantías de la asamblea  constituyente redactó un artículo polémico que afirmaba que la libertad de expresar ideas y opiniones a través de los medios debe ser condicionada a que sea en forma “veraz, oportuna y transparente”. La medida, que ha sido modificada luego del rechazo de varios delegados, parece contradecir el artículo 19 del Convenio Internacional de  Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Bolivia en 1982, que garantiza “el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole”.

Por si todo esto no fuera suficiente, en una reunión realizada en mayo en Cochabamba, funcionarios del gobierno boliviano recibieron asesoramiento sobre libertad de  prensa del Ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, quien sugirió  la creación de un tribunal de medios de comunicación para sancionar moralmente a los propietarios de grupos privados. Si bien la sugerencia fue bien recibida por los funcionarios bolivianos, aún no se ha convertido en propuesta oficial.

José Antonio Aruquipa, delegado del partido conservador Podemos, enfatizó que Morales y sus aliados están utilizando el proceso constitucional para restringir la libertad de expresión. “El gobierno y el MAS están siguiendo los pasos de Hugo Chávez y Fidel Castro y  proponen remplazar a la democracia boliviana por un régimen totalitario”, criticó.

No es así, según la opinión de altos funcionarios. El Vicepresidente Álvaro García Linera aseguró al CPJ que en el gobierno “no hemos pensado mecanismos estatales coercitivos para imponer control” sobre la prensa. “Respetamos y buscamos promover la libertad de expresión”, agregó.
 

Pero Morales y su administración no tienen reparos en afirmar que los medios del Estado deben convertirse en activos participantes de los movimientos sociales liderados por el oficialismo y deben ser utilizados para contrarrestar lo que su gobierno considera distorsiones de los medios privados.

Hasta hace poco tiempo, el aparato de comunicación del Estado estaba compuesto por tres medios principales: Canal 7, la agencia de noticias ABI y la Radio Patria Nueva. Pero el gobierno boliviano, -siguiendo el ejemplo de Venezuela, que ha comenzado una ambiciosa expansión de medios estatales- también se ha movido para crear más medios. Una red de estaciones de radio comunitarias, que se lanzó recientemente y se llama Radios de los Pueblos Originarios de Bolivia, está siendo financiada con 15 millones de bolivianos de inversión (2 millones de dólares estadounidenses) suministrados por el gobierno venezolano. Más de 24 de éstas estaciones de radio ya están llegando a comunidades rurales e indígenas. En un país con cerca de tres quintos de la población analfabeta, según datos del Banco Mundial, la radio es un medio vital.

“Estas radios les permite tener una voz a muchos bolivianos que viven en zonas rurales”, explicó Morales al CPJ. “Nuestro objetivo es educar e informar a la gente que no tiene acceso”.

El proyecto ha generado un debate sobre si el gobierno usará a éstas emisoras como instrumentos de propaganda. Gastón Núñez, el funcionario que tiene a su cargo el  proyecto, aclaró que la red de radios no tiene como fin hacer propaganda del gobierno y sostuvo que está buscando otras fuentes de financiamiento para no depender solo de los fondos del  Estado. Los periodistas locales creen lo contrario. “Ellos no son independientes, ni tienen equilibrio informativo”, destacó Andrés Gómez, director de noticias de Radio Erbol, una extensa red de radios independientes patrocinadas por de la iglesia Católica.  

El gobierno de Morales ha dicho algo similar sobre el puñado de cadenas de televisión privadas que dominan el mercado. Directores de las cadenas Unitel y Red Uno radicadas en la ciudad de Santa Cruz,  por ejemplo, han estado involucrados en partidos políticos de la oposición, una relación que el gobierno considera “promiscua”. Los periodistas y editores locales admitieron que algunas coberturas noticiosas se han politizado. “Estamos perdiendo nuestra capacidad de ser imparciales y esto viola el derecho de los ciudadanos a estar correctamente informados”, subrayó Raúl Peñaranda, un conocido periodista y antiguo director del semanario La Época.

Un estudio del Observatorio Nacional de Medios difundido en mayo por Unir, una fundación que contribuye al fortalecimiento de la democracia, reveló que la televisión tiene poco equilibrio en su cobertura informativa y se parcializa. El relevamiento hizo hincapié en el trabajo de Unitel. La televisora rechazó la noción que es tendenciosa y parcial con el gobierno de Morales, al afirmar que sus periodistas están cumpliendo con las tareas tradicionales de los medios críticos. “El trato que recibe Morales de Unitel es el mismo que recibían los gobiernos anteriores, no hay ninguna diferencia”, garantizó el director de noticias de Unitel, José Pomacusi. “Nuestro trabajo no es impecable y perfecto, pero es tan imperfecto como fue en los anteriores gobiernos”.

Para algunos en el gobierno y en la prensa, esta confrontación puede arrojar ciertos beneficios. Morales ha reconocido que “el ataque de la derecha me ayuda, me hace crecer”. Según Pomacusi, de Unitel, “mientras más nos ataca Evo, más nos ve la gente”.

Pero el aluvión de críticas del presidente está creando dificultades para la prensa boliviana. “El gobierno cree que cualquier crítica es parte de una conspiración”, afirmó Pedro Rivero Jordán, director ejecutivo del diario El Deber de Santa Cruz y presidente de la Asociación Nacional de la Prensa. “Hay libertad de expresión en Bolivia, pero las constantes agresiones verbales del presidente están enviando señales inquietantes”.

Los periodistas y las organizaciones de la prensa han comenzado a debatir si la autorregulación ayudaría a neutralizar los excesos retóricos tanto del gobierno como de los medios. En mayo del 2006, algunos grupos de prensa, sindicatos y propietarios de los medios crearon el Consejo Nacional de Ética, una iniciativa prevista para publicitar acciones inapropiadas de la prensa como una manera de poner freno a tal conducta. Pero sin  el respaldo de la mayoría de los profesionales de prensa, el trabajo del Consejo ha sido improductivo hasta el momento.

A medida que se acerca el plazo para presentar el texto de la nueva constitución, los periodistas siguen preocupados y temen que la crítica incesante del gobierno los exponga a mayores amenazas físicas. Pero la inquietud central de los medios es la asamblea constituyente y su plan respecto a la libertad de prensa. “Hay ambiente de crispación y tensión”, asintió Rivero, “y estamos en la incertidumbre”.

Carlos Lauría es el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ.