22 de mayo de 2001
Presidente Vicente Fox Quesada
Presidente de México
Los Pinos
Ciudad de México, México
POR FAX: 011-52-5-516-5762
Su Excelencia:
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización no partidista dedicada a la defensa de la libertad de prensa en todo el mundo, le escribe para protestar por los cargos penales por difamación presentados contra Carolina Pavón, una reportera del diario de Ciudad de México REFORMA, y Alejandro Junco de la Vega, presidente y propietario del diario.
La ex alcaldesa de Ciudad de México Rosario Robles Berlanga interpuso la acusación en relación con un reportaje de primera plana del 12 de abril en que Pavón informó sobre declaraciones oficiales de que había un faltante presupuestario ascendente a casi el 10 por ciento del presupuesto de su gobierno para el 2000.
Las declaraciones fueron formuladas originalmente en un informe de la Contraloría General del Distrito Federal, según el cual no se había aclarado el destino de casi 6000 millones de pesos mexicanos (650 millones de dólares estadounidenses) del presupuesto del año pasado.
Robles no rechaza las afirmaciones, pero afirma que ella no tenía conocimiento de la presunta irregularidad y que por lo tanto no se le debe considerar responsable.
El 16 de abril, Robles, quien fue alcaldesa de Ciudad de México hasta diciembre del 2000, presentó una denuncia penal por difamación contra Pavón y Junco de la Vega ante el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz.
El gerente legal corporativo de REFORMA, Eugenio Herrera Terrazas, dijo al CPJ que la demanda se fundamenta en el Artículo 350 del Código Penal del Distrito Federal. De ser hallados culpables, Pavón y Junco de la Vega podrían ser sancionados con hasta dos años de privación de libertad.
Consideramos inaceptable que Robles convierta en una demanda penal sus objeciones a un informe basado en los hechos sobre un tema de evidente interés público. El CPJ tiene la convicción de que ningún periodista debe ser encarcelado por su trabajo. El Artículo 6 de la Constitución garantiza la libertad de prensa a todos los mexicanos; en nuestra opinión, las leyes de difamación criminal de México violan este derecho fundamental.
Es particularmente importante que la difamación no sea considerada un delito en casos que involucren a funcionarios gubernamentales, quienes deben estar sujetos al escrutinio y la crítica de los ciudadanos a quienes sirven. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos comparte esta opinión. En su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, la comisión afirma que «La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público».
Exhortamos a Su Excelencia a tomar todas las medidas legales a su alcance para garantizar que se desestimen los cargos contra Carolina Pavón y Alejandro Junco de la Vega, y que en el futuro, ningún periodista mexicano tenga razones para temer ser encausado penalmente por cumplir con su trabajo.
Sinceramente,
Ann K. Cooper
Directora Ejecutiva